A 75 días de vigencia del DNU 297/2020, el gobierno nacional ha informado que más de 10 millones de personas fueron identificadas por personal de las fuerzas de seguridad federales como infractoras al cumplimiento del aislamiento obligatorio, una cifra a la que hay que sumar lo actuado por las fuerzas provinciales. Aun con esos datos parciales, es fácil concluir que, en dos meses y medio, se ha imputado por delito o contravención, en el mejor de los casos, a casi un cuarto del total de habitantes del país, o a la mitad de su población activa.
La misma fuente oficial indica que, además de las 10.113.236 personas notificadas, 93.177 quedaron detenidas. Al 20 de marzo, la cantidad de personas privadas de libertad estimada era de 120.000 en cárceles federales y provinciales y 12.000 en comisarías y otros lugares no penitenciarios. El informe no aclara si esas 93.177 personas siguen presas, en cuyo caso estaríamos ante un incremento inaudito del 75% de la población detenida en 75 días.
A la par de este festival de detenciones, recrudecen los hechos represivos en todo el país. Hemos denunciado en los últimos días la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Armando Espinoza en Tucumán; los fusilamientos de gatillo fácil de Alan Maidana en Berazategui y de Lucas Barrios en la Isla Maciel (¡18 tiros a un pibe desarmado!); femicidios de uniforme; represión en barrios y villas sitiadas por FFSS en lugar de enviar asistencia sanitaria y material, entre muchas otras situaciones de gravedad.
Particularmente denunciamos lo ocurrido en Fontana, una localidad a sólo 5 km. de Resistencia, a partir de la difusión del video que muestra el momento en que la policía entró golpes de puño y patadas a la casa de una familia, y se llevó detenidas a dos niñas menores de edad, a quienes abusaron sexualmente, rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego. El hecho tuvo tanta visibilidad que hasta el presidente de la Nación tuvo que pronunciarse vía Twitter, definiendo las imágenes como “inaceptables”. Como ya dijimos, el gobernador de la provincia del Chaco forma parte del partido oficialista, lo que compromete aún más al gobierno nacional y lo obliga a dar respuestas más contundentes que la simple difusión.
La ministra de Seguridad, interpelada por la serie de reiterados hechos de extrema gravedad, también se puso en situación de mera espectadora “preocupada”, alegando, como suele suceder, la estructura federal del país: “No tenemos competencia sobre las fuerzas provinciales que tienen autonomía y son comandadas por los gobernadores. Lo que pasó en Chubut, San Luis, y Tucumán, escapa a nuestras manos, pero elevé notas a las provincias manifestando nuestra gran preocupación por las irregularidades y lo sucedido invitando a tener un control riguroso de su personal”. No sabemos cuál es el control “riguroso” ejercido por el ministerio de Seguridad en los casos los policías federales Osvaldo Nicolás Rendichi y Germán Bentos, asesinos de Lucas Barrios y Alan Maidana, por poner los dos ejemplos más recientes.
Mucho más escandaloso es el comunicado emitido por el PRO, partido que desde febrero pasado tiene a Patricia Bullrich de presidenta, en el que “condenan” las muertes de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello en comisarías de San Luis, la desaparición forzada y asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, la muerte, también en una comisaría, de Hugo Coronel en Santiago del estero y la tortura de las niñas Qom en Chaco. En el colmo de la caradurez, a la vez que exhiben su mejor costado oportunista, no sólo responsabilizan a los gobiernos provinciales, sino que reclaman respuestas al gobierno nacional. Estaría muy bien, si no fuera que lo firman quienes son responsables de la peor escalada represiva de los últimos 30 años en Argentina, representantes del único gobierno argentino que explícitamente reivindicó e impulsó el gatillo fácil como política de estado y jamás se hizo cargo, más que para enorgullecerse, de la retahíla de hechos represivos y asesinatos cometidos bajo su dirección.
Es necesario agregar que, en cuanto a muertes en lugares de detención, debemos sumar un nuevo caso a los 23 ocurridos desde el 20 de marzo de este año. Nuevamente en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, un adolescente de 16 años que había sido detenido el domingo pasado a partir de un llamado anónimo que lo denunció como “sospechoso de querer cometer un ilícito”, y estaba alojado en la comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de esa ciudad, fue encontrado ahorcado con una remera en la celda. Es la misma comisaría en la que, el 24 de abril, murió en idénticas circunstancias otro niño de 16 años, Franco Maranguello.
En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus colectivo denunciando “las graves condiciones de detención registradas en la Comisaría 5ª del distrito, el riesgo inminente para la integridad física y la vida de las personas detenidas y las condiciones sanitarias desfavorables para el prevenir el contagio de coronavirus”. El escrito, firmado, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, señala que en marzo había 22 personas alojadas, y 19 en abril, cuando la capacidad de los calabozos es para cuatro. Por eso exigieron la clausura de la dependencia y el arresto domiciliario a los detenidos, y la provisión, mientras así se resuelva, de los insumos básicos necesarios. Es la misma comisaría con jurisdicción sobre el Frigorífico Penta, donde se han cansado de reprimir trabajadorxs, y tiene un largo historial de denuncias de tormentos y violaciones.
En Pico Truncado, después de la represión que sufrieron lxs trabajadorxs municipales que reclamaban por sus salarios caídos, que culminó con 18 detenidos y varios heridos, y nueva represión con disparos de armas de fuego contra quienes al día siguiente reclamaban la libertad, finalmente se logró la soltura de todas las personas detenidas, aunque naturalmente quedaron imputadas en una causa penal.
En este escenario, algunos parecen haber descubierto la represión policial a partir de la reacción popular, las protestas y las movilizaciones en EEUU luego del asesinato de George Floyd por el policía Derek Chauvin, el 25 de mayo, en Minneapolis.
Por nuestra parte, seguimos diciendo:
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-47-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/