La Asociación Bancaria, ATE y el SiPreBA expresaron su rechazo a la medida, que alcanzará aproximadamente al 37% de los trabajadores estatales. El restante 63% cobrará el 100% del medio aguinaldo en la fecha correspondiente.
El 37% de los empleados del sector público nacional cobrarán la primera parte del Sueldo Anual Complementario -o aguinaldo- en dos cuotas abonadas en julio y agosto, según lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado este martes en el Boletín Oficial.
La norma establece que el monto bruto de la primera cuota del aguinaldo no podrá ser superior los $40.000, es decir que los trabajadores con salarios brutos de hasta $80.000 continuarán percibiendo el aguinaldo en la modalidad habitual.
“Dentro del plazo legal previsto, se abonará por dicho concepto hasta la suma de $40.000 brutos. La suma excedente de dicho valor, se abonará en 2 cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020”, indica el decreto.
Algunos empleados con sueldos levemente superiores a $80.000 podrán percibir el aguinaldo en dos o tres cuotas y no en las cinco que regirán para los salarios más altos. “En caso que el valor de la cuota resulte inferior a $1.000, deberá ajustarse el número de cuotas hasta alcanzar un valor próximo a esa suma”, indica el decreto”.
El alcance del decreto es para todos los empleados de la Administración Nacional, incluyendo a los de la Administración Central, los organismos descentralizados, empresas públicas, el Banco Central, instituciones de Seguridad Social y “entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.
Repudio gremial
“Así no”, tituló su comunicado la Asociación Bancaria, señalando que por los mismos motivos por los que había rechazado la suspensión de la movilidad jubilatoria, que ya el anterior gobierno había convertido en regresiva, ahora expresan su rechazo a “la inconducente decisión de pagar, en el sector estatal, el aguinaldo en cuotas a trabajadores con salarios que ya sufren un injusto castigo impositivo sobre ingresos que tienen carácter alimentario”.
“Esta decisión es además contradictoria con la demora en sancionar la necesaria ley sobre el aporte de las grandes fortunas para la emergencia. Esa demora no la pueden pagar los trabajadores”, plantearon desde la Bancaria, y agregaron: “Reclamamos pues que el Decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes”.
Por su parte, desde el gremio porteño de prensa, el SiPreBA, donde se encuentran afiliados numerosas trabajadoras y trabajadores de medios públicos como Radio Nacional, Agencia Télam y Canal 7, evaluaron que la decisión “contradice” políticas públicas sanitarias y económicas tales como “el esfuerzo del aislamiento social obligatorio para preservar la salud de la población en medio de una pandemia, al igual que el programa ATP que lleva adelante el Estado para garantizar el salario de les compañeres en el sector privado, aún cuando muchos de esos empresarios utilizan la crisis como un pretexto para seguir especulando, bajar costos y maximizar ganancias”.
En este marco, la decisión sobre el aguinaldo “hace recaer los costos de la crisis sobre trabajadores y trabajadoras que nos exponemos a diario para garantizar nuestras tareas esenciales. A su vez, pensamos que es una señal negativa que puede ser aprovechada a su favor por los empresarios especuladores”.
“Rechazamos el pago del aguinaldo en cuotas y cualquier decisión que vulnere los derechos de les trabajadores. Por el contrario, pensamos que es momento para proponernos una agenda de recomposición de derechos y conquistas en pos de poner en pie nuestro país”, concluyen desde el SiPreBA.
Por su parte, desde el ATE volvieron a plantear su rechazo a la decisión, ya expresada la semana pasada tras la reunión de su consejo directivo, tras la cual enviaron una carta al presidente Alberto Fernández explicando las pérdidas que vienen acumulando las y los trabajadores del estado nacional, además de la posibilidad de que esta medida se extienda a las provincias y municipios.