El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió una carta al gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, sobre la sucesión de hechos graves de violencia policial y la falta de políticas dirigidas a democratizar a la fuerza de seguridad provincial.
La Policía de Tucumán cuenta con muy malos antecedentes en materia de violencia. En los últimos diez años, fueron asesinades Ismael Lucena (2011), María José Gordillo (2012), Adrián Astorga (2014) y Miguel Reyes Pérez (2016). De especial gravedad fue el homicidio del niño Facundo Ferreira, de 12 años, el 8 de marzo de 2018, a manos de dos efectivos de la policía. Recientemente, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, confirmó que ambos policías continúan en funciones, una decisión injustificable que es un mensaje de impunidad para toda la institución policial.
El asesinato y ocultamiento de Luis Espinoza, el 15 de mayo de 2020, es uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años. Pocos días después, el 17 de junio, la policía tucumana ingresó con violencia al domicilio de Roxana Monteros, quien denunció haber sido atacada a golpes y haber sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento. Diferentes dependencias policiales se negaron a tomarle la denuncia. Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal, acusado de haber robado una gorra.
El caso de Espinoza, en particular, visibiliza las tramas de complicidades que puede desplegar la policía para ocultar un crimen, a la vez que deja al descubierto cómo la provincia arrastra y acumula casos de violencia policial sin dar una respuesta política o judicial efectiva. Los policías Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, ambos imputados por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra Luis Espinoza, fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune: están acusados de golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos. Las autoridades no tomaron ninguna medida para evitar que estos policías siguieran trabajando. Dos años más tarde volvieron a participar de hechos aberrantes.
Esta sucesión de casos gravísimos son los ejemplos más extremos. Pero hay decenas de casos de abusos, violencia, hostigamiento y humillaciones cometidos por efectivos de la fuerza policial que no trascienden, cuyas víctimas suelen ser jóvenes o familias de escasos recursos. Se trata, por lo tanto, de un problema extendido y persistente que nunca fue asumido por el gobierno provincial. Así, la pasividad del poder político se presenta como un aval a la intervención policial abusiva y discriminatoria.
Los hechos de estas últimas semanas reafirman la necesidad de encarar un cambio urgente y profundo en el gobierno y conducción de la policía provincial, en su formación y en el funcionamiento de los mecanismos de control. Un cambio en este sentido debe contemplar como mínimo las siguientes cuestiones:
-Actualizar el marco normativo de la policía provincial, ya que el vigente es de 1970 y nunca fue discutido democráticamente.
-Recuperar el gobierno político de las fuerzas, desarmando los mecanismos de delegación de las decisiones estratégicas, del diseño de políticas, etc.
-Construir un organismo de control externo verdaderamente autónomo, dirigido e integrado por personal sin estado policial, con capacidad real de investigar y sancionar independientemente de lo que actúe la justicia penal.
-Producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos comunes).
-Desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos.
-Revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como recurso de ultima ratio.
La nota completa enviada al gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, a continuación (PDF):
Fuente: https://www.cels.org.ar/web/2020/07/violencia-policial-en-tucuman/