Consideró que la responsabilidad de los hechos denunciados no solo corresponde al gobierno nacional. Insistió en la mesa de resolución de conflictos para no reiterar “los errores del pasado”.
Odarda planteó que el INAI “no juzga”. Foto: archivo
04/08/2020
Después de un nuevo episodio de violencia en Villa Mascardi y el reclamo de la gobernadora Arabela Carreras a Magdalena Odarda que preside el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que “distinga a las comunidades mapuches pacíficas de un grupo de inadaptados violentos”, la respuesta de la funcionaria nacional no se hizo esperar.
Odarda envió una nota a Carreras en la que le pide “mayor información” respecto a “su inquietud” por el posicionamiento del INAI en relación al conflicto suscitado en Villa Mascardi.
Explicó que “el accionar de INAI se circunscribe a efectivizar el respeto a las pautas culturales y a la defensa de los derechos específicos reconocidos al pueblo indígena” y recalcó que “el instituto no dispone de funciones jurisdiccionales. El INAI no acusa, no procesa, ni juzga”.
Odarda condenó “todo acto de violencia, sea material o simbólico, cualquiera sea su origen y exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos suscitados”. Pero consideró que “la responsabilidad en el abordaje por los distintos hechos denunciados en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales desde el año 2017 no solo es del gobierno nacional. Cualquier otro enfoque, implica caer en un simplismo que no se corresponde con las facultades concurrentes entre el gobierno federal y provincial”.
Hizo hincapié en que “compete a la provincia garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los habitantes del suelo rionegrino, sin discriminación alguna”.
“Estamos convencidos de que la represión, la participación del aparato de inteligencia del Estado y la formación de comandos especiales aplicado en la criminalización de miembros de pueblos indígenas, ha traído muertes y una grave violación de los derechos humanos”, dijo Odarda.
Puso como ejemplo “la reciente denuncia formulada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que deja en claro las consecuencias del accionar represivo sobre reclamos sociales y las responsabilidades de quienes participaron directamente o como autores ideológicos en la muerte de Santiago Maldonado”.
“Ese mismo camino –agregó la funcionaria nacional- fue el que eligió el gobierno anterior con la comunidad Lafken Winkul Mapu, cuyo fracaso dejó como saldo irreparable la muerte de Rafael Nahuel. El pueblo indígena reclamó la falta de repudio por parte de los gobiernos en aquella oportunidad”.
Odarda planteó que a fin de “no cometer los errores del pasado, seguiremos apostando a la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos”, conformada entre organismos nacionales y provinciales, la Coordinadora del Pueblo Mapuche, Codeci, la Universidad de Río Negro, entre otros actores.