“Me quitaron todo pero tengo que seguir luchando para que se haga justicia”

Familiares, amigos y amigas de Lucas Verón marcharon hasta la puerta de la fiscalía al cumplirse el primer mes del asesinato del joven. La causa judicial se dividió en dos tramos: uno investiga el homicidio, tiene dos policías imputados y desafectados de la fuerza, y ya se pidió la elevación a juicio; el otro tramo de la causa que investiga las acciones de encubrimiento funcionarios policiales y judiciales no presenta grandes avances. La Comisión Provincial por la Memoria, que patrocina a la familia, reclamó que se tomen todas las medidas necesarias para que las causas avancen de manera asociada y confluyan en un único juicio para garantizar el abordaje integral del hecho y evitar la revictimización de las víctimas, tanto del amigo de Lucas, sobreviviente del ataque policial, como de sus familias.

“Me quitaron todo pero tengo que seguir luchando por mi familia, para se haga justicia porque esa es la meta de todas las personas que nos quieren y lo quisieron a Lucas. Sólo puedo pedir justicia, que la causa de mi hijo sirva para que no le vuelva a pasar a otros pibes”, dice Cristian Verón, papá de Lucas, al cumplirse el primer mes de su asesinato.

En la madrugada del 10 de julio pasado, en el día de su 18º cumpleaños, Lucas Verón y su amigo Marcos iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán. En un momento, el patrullero los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo; el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez les disparó varias veces, una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató.

Benítez y su compañera Cintia Duarte huyeron del lugar, nunca dieron aviso de los hechos. El testimonio de Marcos, que sobrevivió al fusilamiento, y de los vecinos y vecinas permitieron identificar a los agentes. En los días siguientes, se conocería que la pareja de policías tenían una larga historia de hostigamientos y amenazas contras los jóvenes del barrio.

“Cuando pasó esto, los chicos se acercaron solos a denunciar que eran amedrentados y hostigados por esta pareja de policías, que acostumbraban a hacer esta especie de rally en las noches para perseguir a los chicos. Es parte de un sistema que tenemos que cambiar, no podemos naturalizar este tipo de cosas y estamos muy agradecidos a estos chicos que tuvieron el coraje y el valor de testimoniar”, valora Cristian Verón.

Luego del ataque, funcionarios policiales intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Con el aval del fiscal Juan Pablo Tahtagian —que fue recusado y desplazado de la causa—, los mismos compañeros de fuerza de Benítez y Duarte  tomaron declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial; oportunidad que utilizaron para amenazar a Marcos, obligarlo a declarar que venían de robar y justificar así la persecución policial. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años.

Mientras ocurría esto, con la presencia del fiscal en la comisaría, los familiares de los dos jóvenes eran también hostigados: al padrino de Marcos, por ejemplo, lo tuvieron esposados en un calabozo y le pedía que convenza a su sobrino de autoincriminarse. Al papá de Lucas le decían que su hijo era un ladrón.

A lo largo de este mes de instrucción, la causa se dividió en dos tramos: la parte central, que investiga el ataque policial, tramita en la Fiscalía Temática de Homicidios; recientemente, los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi solicitaron la elevación a juicio. Benítez y Duarte tienen dictada la prisión preventiva y fueron desafectados de la fuerza.

El rápido avance de este tramo de la causa no guarda relación alguna con la otra parte del expediente que tramita en la Unidad Fiscal de gravedad institucional, a cargo de Fernando Amador López y María Julia Panzonni. A un mes del hecho, la I.P.P que investiga las maniobras de encubrimiento y la irregular e ilegal intervención de funcionarios policiales y judiciales sólo tiene las constancias y copias certificadas de las actuaciones producidas en la causa central y dos declaraciones testimoniales en la sede de la fiscalía.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Lucas y a Marcos, presentó una nota ante la Fiscalía General de La Matanza y pidió que se tomen las medidas necesarias para revertir esta situación y avanzar con ambas causas de manera asociada. “La íntima vinculación entre el hecho principal y las acciones posteriores de otros funcionarios que tendían a ocultar la verdad de lo ocurrido genera la necesidad de realizar un abordaje integral de las investigaciones de modo tal que permitan contextualizar los hechos”, se sostiene en el escrito.

Además, agrega la CPM, esta actitud procesal “puede afectar la realización de la justicia sobre las responsabilidades de quienes para garantizar la impunidad policial, convalidaron torturas y malos tratos, amenazaron y hostigaron testigos y sometieron a la familia a una revictimización contraria a los principios generales de derechos humanos que deben regir el proceso”.

Este lunes, luego de la movilización de familiares, amigos y amigas de Lucas Verón, se firmó un acta por la cual la Fiscalía General de La Matanza se comprometió a dotar de recursos a la ayudantía fiscal de gravedad institucional para impulsar el expediente que tramita allí en consonancia con lo avanzado en la causa por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio contra Marcos.

“Es importante destacar que la investigación por el homicidio es rápida, porque lamentablemente no es lo que suele ocurrir en estos casos. Las familias de las víctimas a veces están años buscando justicia y el castigo a los responsables nunca llega. Sin embargo, hay que seguir reclamando para avanzar en la causa por los encubrimientos”, señalaron desde la CPM tras la reunión con la fiscal general. Estuvieron el secretario del organismo Roberto Cipriano García, la directora general Sandra Raggio y la abogada y subdirectora del programa de Litigio estratégico Carla Ocampo Pilla.

El pedido de avanzar conjuntamente con los dos expedientes no sólo se justifica en la necesidad de abordar de manera integral el hecho, sino que obedece también a un precepto jurídico que debe garantizarse en los casos de graves violaciones a los derechos humanos: el cuidado de las víctimas y la obligación de no exponerlos a una revictimización innecesaria durante la tramitación del proceso judicial.

Tal como expresan los protocolos y normativas nacionales e internacionales en derechos humanos, debe procurarse que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles y evitando convocatorias recurrentes.

Sin embargo, de persistir en este camino, el trámite dispar de las investigaciones y actos procesales en ambos expedientes se encamina a una separación del proceso judicial, lo que implicaría la realización de dos juicios orales aun cuando se trata de un mismo hecho. “La actual distinción marcada de procesos obstaculizará inscribir los graves episodios, todos, en una práctica marcada y sistemática en la que conviven las voluntades de los sujetos activos de la conducta criminal que, insistimos, no responde únicamente a la conducta homicida”, sintetizó la CPM.

“No tengo más que agradecimiento para la Comisión, desde el minuto que nos conocimos, jamás nos dejaron solos y están pendientes de nosotros. Ese primer día, sólo le pedí que asuman el compromiso de la lucha por Lucas y lo hicieron con enorme responsabilidad”, cuenta Cristian Verón y agrega que, sin el acompañamiento de las organismos de derechos humanos —organizaciones, Lucas podría haber sido un caso más, un caso olvidado.

Cabe recordar que la misma madrugada de los hechos, cuando se pergeñaba el encubrimiento, referentes de HIJOS La Matanza llegaron rápidamente a la comisaría y su intervención, y el contacto inmediato con la CPM, permitieron desmontar ese plan de impunidad.

Cristian también destaca el apoyo del barrio: “Las palabras de aliento de los vecinos se siente en la piel, en ese compromiso que nos demuestran veo reflejado a Lucas, es el cariño y el amor que él sembró”.


Fuente: https://www.andaragencia.org/me-quitaron-todo-pero-tengo-que-seguir-luchando-para-que-se-haga-justicia/

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