La Justicia absolvió a Alejandro Garzón y Olga Reinoso tras la condena dictada en 2019 por el juez Guido Otranto, en la causa en la que se judicializó una protesta gremial. Tras la apelación, finalmente quedaron absueltos, sentando un precedente: cortar la ruta no es delito.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz celebró la absolución de los sindicalistas estatales Alejandro Garzón y Olga Reinoso, tras la apelación del fallo condenatorio dictado por el juez Guido Otranto, el mismo que fuera duramente cuestionado, y posteriormente recusado, por su actuación en la causa de Santiago Maldonado.
El 13 de junio de 2019 el juez Otranto condenó a Garzón y Reinoso por “entorpecimiento de servicios públicos”, artículo 194 del Código Penal, por una protesta del 2017 que fuera reprimida por la Gendarmería Nacional.
Ahora, en un nuevo fallo, el poder judicial resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de los acusados, anular la resolución recurrida y absolver a los imputados.
Según el fallo con fecha de 19 de agosto del 2020 , el caso se refiere “a una protesta de contenido social que no puso en peligro el bien jurídico cuya ofensa reclama el art. 194 CP que es por el único hecho por el único hecho por el que fueron acusados y que, además, puede inscribirse dentro de los estándares internacionales de jerarquía constitucional del ejercicio del derecho a la libertad de expresión; las violencias ejercidas se subsumen en otros tipos penales sobre los que no ha tratado el caso; y los hechos no versaron en un caso de un piquete como medio para cometer otros delitos, por ejemplo, extorsiones a autoridades o a particulares, etc., que serían perfectamente punibles”.
La sentencia, consideraron desde ATE, “tira por la borda las definiciones del juez Otranto respecto a una absurda condena para los protagonistas de una lucha social del pueblo de Santa Cruz ante las continuas provocaciones y falta de respuestas para los trabajadores estatales”.
En este sentido, desde el gremio recordaron que en el año 2017 la Provincia de Santa Cruz atravesaba una situación social “convulsionada”, “con retrasos en el pago de salarios, cuyo monto final de bolsillo que percibían los trabajadores rondaba los $10.000 o $12.000 y sin percibir un aumento salarial por dos años consecutivos. Los trabajadores, debían afrontar y optar entre pagar el alquiler de la vivienda, o comer”.
“Obviamente, las estrategias utilizadas y llevadas adelante por las organizaciones, son decisiones que asumen las conducciones a referéndum de los trabajadores que representan. En este caso, hubo movilizaciones, llevando adelante medidas de fuerzas consistentes en paros generales, quite de colaboración y permanencia en los sectores de trabajo” señalaron los estatales.
El conflicto culminó con el corte de ruta judicializado, que fue reprimido por la Gendarmería nacional “en un contexto nacional que optaba por el ninguneo constante a la provincia de Santa Cruz, el vaciamiento del Estado y la depreciación constante de lxs trabajadores del estado”.
La Secretaria General de ATE Santa Cruz, Olga Reinoso, sostuvo que “el hambre, es un delito, y no la provocamos nosotros. El hambre y las distintas necesidades de los trabajadores, eran el reclamo constante y permanente por parte de los trabajadores y trabajadoras en las asambleas sectoriales y generales llevadas adelante por nuestra organización. La medida fue apoyada solidariamente por el conjunto del pueblo de la provincia, y ello es en cierta medida, porque somos los trabajadores y trabajadoras estatales los que movemos la economía regional.”
Por su parte Alejandro Garzón, actual Secretario Gremial de ATE Nacional, indicó que “buscaron criminalizar la protesta social, durante la etapa macrista se dio una profundización del castigo a los sectores populares, un clima represivo que se diseminó a lo largo y ancho del país; en aquel momento nuestro único pedido era el diálogo y que no sean los estatales quienes pagaran la crisis que estaban generando para después terminar como terminó, con un país en ruinas, para nosotros es una buena noticia pero es evidente que la justicia y la corporación de familias juristas enquistadas en la trama judicial, tiene que tener un corte, la justicia tiene que parecerse un poco más a la cosa juzgada, al pueblo, por ello hay que empezar a reformarla”.