A las 6 de la mañana, un desproporcionado operativo policial avanzó sobre las obreras y los obreros de la Algodonera Avellaneda, que sostienen una huelga y un acampe ante la planta en el Parque Industrial de Reconquista hace más de 70 días reclamando aumento salarial.
La medida la solicitó el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez y la firmó a última hora del jueves, cerca de las 24, el juez Santiago Banegas. Luego, los funcionarios judiciales operaron de forma exprés para que el desalojo se efectúe inmediatamente, a las 6 de la mañana.
Aunque el argumento patronal consistía en “liberar el acceso”, el mismo estaba libre, lo cual no impidió que el operativo continuara adelante con el objetivo de evitar que los trabajadores se puedan continuar manifestando frente a la empresa donde trabajan.
“El acceso a la planta estaba libre”, contó el delegado Cristian Machuca, entrevistado por Radio Gráfica, “pero nos sacaron igual de todo el Parque Industrial de Reconquista”.
El obrero recordó que la principal razón para el prolongado conflicto es la intransigencia patronal del Grupo Vicentin, que en las sucesivas audiencias se negó a negociar o directamente no asistió: “se fueron agotando las instancias y no hubo solución”.
La Federación de obreros aceiteros y desmotadores apuntó directamente contra los funcionarios judiciales, responsabilizándolos de servir los intereses del grupo empresario.
“Los funcionarios del Poder Judicial, el juez Santiago Banegas y el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez, ceden al propósito repetidamente clamado por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda”, señalaron en un comunicado difundido hace minutos.
En este sentido, recordaron que el gobierno de la provincia le había respondido al juez la semana pasada que no le correspondía intervenir a las fuerzas policiales en un conflicto gremial. Sin embargo, actuaron.
“Poco le importó a los funcionarios policiales locales la respuesta del Ministro de Seguridad de Santa Fe el pasado viernes 21 al juez Banegas esgrimiendo el respeto al derecho a huelga y la condición de servicio a la comunidad que impide la actuación para la vigilancia privada permanente, como pretende este grupo empresarial”.
Se puede especular que el carácter nocturno y la absolutamente infrecuente celeridad del accionar judicial -todo se resolvió en 6 horas de la madrugada- tuvieron que ver con evitar que otras áreas del Estado tomaran conocimiento de lo que ocurría.
Si este fuera el caso, serían pésimas noticias para la ya degradada vigencia de las garantías democráticas en el territorio nacional.
“A los cientos de efectivos policiales que con decenas de móviles se desplegaron ante la planta de la Algodonera Avellaneda en Reconquista, hay que sumarle los cinco patrulleros que se apostaron en el acceso a la aceitera Vicentin en Avellaneda y los otros cinco móviles que hicieron lo propio ante la planta de Buyanor en Avellaneda, todas del mismo Grupo. Es decir, todo el aparato policial en la región de la Provincia, comandado por el juez y el fiscal, estuvo al servicio del Grupo Vicentin en sus tres plantas industriales de la zona”, señalaron los aceiteros y desmotadores.
En este sentido, lo contrastaron con lo sucedido recientemente: “Recordamos que el pasado 18 de agosto, una patota comandada por el abogado de la empresa y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la Algodonera, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial”.
“Hoy, mientras ese hecho continúa impune, el poder judicial actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace más de 70 días reclaman un aumento para los salarios de miseria que paga la empresa, utilizando a la policía como seguridad privada de la empresa”, señalaron desde la Federación.
“Todo esto, además, en nombre de la paz social. La única amenaza a la paz social es la que ejerce el Grupo Vicentin condenando al hambre y a la pobreza a quienes desempeñan tareas en la Algodonera Avellaneda, negándose al diálogo, atacándolos con patotas y clamando por su represión. Repudiablemente, hoy funcionarios judiciales cedieron a su voluntad”.
“Ante la represión dispuesta por el Grupo Vicentin y llevada adelante por sus gestores del Poder Judicial de Reconquista, las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón del país no nos quedaremos de brazos cruzados”, concluyeron desde la organización gremial.