El 9 de agosto pasado, publicamos un resumen de los hechos represivos con el resultado de muerte de personas ocurridos durante la cuarentena. Enumeramos allí 92 casos de fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, además de otras modalidades como femicidios de uniforme y desapariciones.
Transcurridos apenas 20 días, ese listado tiene ya 102 nombres. Ocho ocurrieron con posterioridad al 6 de agosto, y dos son anteriores (mayo y junio), pero recién los conocimos ahora.
A la vez que se siguen sumando muertes a manos del aparato estatal, se sostiene y profundiza la impunidad. No sólo no se ordenan detenciones en el ámbito judicial, ni exoneraciones desde el ejecutivo, sino que en los pocos casos que hubo arrestos, posteriormente se liberó a los perpetradores. Así acaba de ocurrir en Lomas de Zamora, una vez más por decisión de la jueza de Garantías Marisa Salvo, que liberó al policía bonaerense Daniel David Antonio, autor del disparo a la cabeza de Ignacio Seijas, de 17 años, que no lo mató pero lo dejó ciego de su ojo derecho.
Entre los pocos casos de excepción, celebramos, en cambio, que esta semana la titular del Juzgado de Garantías Graciela Cione decretara, a pedido de la fiscal Andrea Palacios, la prisión preventiva del Policía Local Jorge Rodríguez, imputado por homicidio agravado por ser su autor integrante de una fuerza policial con abuso de su cargo en grado de tentativa. Palacios fue el policía que atacó a golpes y disparó contra dos chicos en Zárate, el 23 de julio. A pesar de la claridad de los hechos, a los que siguieron graves amenazas como oportunamente informamos, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que comanda Sergio Berni proveyó al policía un abogado defensor de la institución.
Los dos hechos que debieron incluirse en el anterior informe, ya que ocurrieron, respectivamente, el 8 de mayo y el 7 de junio, sucedieron en la Patagonia. En la localidad de Gaiman, Chubut, Carlos Ciccia, de 74 años, conocido vecino de la zona, circulaba en su auto cuando lo detuvo la policía en el marco del ASPO. La violencia de la situación le provocó una descompensación, que terminó con su muerte por un infarto. Un mes después, en Caleta Olivia, Santa Cruz, Matías “Kush” Bordón, músico de folklore y muralista de 21 años, fue atacado por tres personas que lo empezaron a perseguir. Un vecino llamó a la policía para auxiliarlo, pero en lugar de buscar a los agresores, lo persiguieron a él, que trató de escapar por los techos, lo que provocó su caída al vacío y muerte.
Los ocho hechos de las últimas semanas de mes de agosto suman cuatro muertes bajo custodia y cuatro fusilamientos de gatillo fácil.
El 11 de agosto se inició un incendio en una celda de la Unidad 9 de La Plata, a raíz de la deficiente instalación eléctrica. Enrique Horacio Sánchez Barro y Mauro Daniel Garecco Cosentino, de 21 y 22 años de edad, muy tardíamente auxiliados, sufrieron gravísimas quemaduras, y murieron el 18 y el 22 de agosto.
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Cristian Álvarez, de 21 años, arrebató una cartera en la calle. Fue alcanzado y golpeado por vecinos que lo entregaron a la policía, que le siguió pegando. A poco de ingresar a la comisaría 7ª, sin haber recibido atención médica, murió.
La cuarta muerte de personas privadas de su libertad es particularmente conmocionante, ya que se trata de un chico de 17 años, Lucas Agustín Soraire, que se encontraba alojado en el Centro de Recepción de Menores (CREU) de Pablo Nogués, donde se denuncia que el 70% del personal e internos están contagiados de Covid-19. El viernes 28, Lucas fue encontrado muerto. La familia descree de la versión oficial de un suicidio, y ya se vinculó a CORREPI para intervenir en la causa penal. Como siempre que alguien muere tras las rejas, el estado es responsable.
En materia de gatillo fácil, el 18 de agosto, de nuevo en Santa Fe, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, dos jóvenes de 22 y 18 años, Jorge Armando Wan Vélez y Diego Martín Merlo, intentaron robar, sin armas, a un remisero, que resultó ser el policía provincial Franco Rolón. El policía los puso en fuga al identificarse y extraer el arma, pero igual disparó 8 veces y los mató. Fue imputado por homicidio culposo agravado por el uso de arma de fuego y puesto en libertad.
En Florencio Varela, el 23 de agosto dos jóvenes intentaron robar la mochila a un policía, miembro de la custodia del gobernador Kicillof, que estaba de civil. Huyeron cuando se identificó, pero les disparó y mató a uno de ellos, Alex Ezequiel Temprano, de 20 años. El arma que habían exhibido para sacarle la mochila no tenía municiones.
El cuarto fusilamiento fue en Esteban Echeverría, el 30 de agosto, cuando una mujer de la Policía Federal vio bajar de un auto a dos chicos. Según declaró, “le pareció que uno tenía un arma”, por lo que les disparó. Brian Albarracín, de 21 años, cayó muerto. No tenía armas de fuego ni armas blancas.
Lamentablemente, al mismo tiempo que publicamos esta nota, nos estarán llegando noticias de otros hechos similares, y pronto tendremos que actualizar de nuevo las cifras que ilustran el nivel creciente de letalidad de las fuerzas de seguridad en las calles y tras sus propios muros. Seguimos por eso denunciando que, mientras las respuestas sigan siendo más fuerzas represivas en la calle, ninguno de estos hechos es un caso aislado ni la obra de algún loquito o loquita suelta. Es el resultado, contante y sonante, de una política de estado, que responde a la crisis y a las demandas populares con más uniformes en las calles y construyendo más calabozos en lugar de dar respuestas a las verdaderas necesidades populares. Insistimos con la necesidad de tomar y cumplir la agenda mínima que venimos planteando para reducir la violencia policial.