Jenifer Lizarraga, de 19 años, recibió dos disparos de escopeta con munición de plomo, ahora permanece internada. Raúl de 61 años sufrió una golpiza y hoy apenas puede caminar, su hija corrió la misma suerte al tratar de defenderlo, ambos llevan adelante un comedor pegado al predio. El desalojo del viernes pasado en Ciudad Evita dejó una decena de historias como ésta, y una vez más, cientos de familias en la calle. La historia de Jenifer quizás sea el destino que les espera a las miles de familias que ocupan tierras si prospera la vía represiva para resolver la crisis habitacional agravada por la pandemia.
Por Federico Hauscarriaga.
Jenifer recibió dos escopetazos con munición de fuego y a corta distancia cuando fue a recoger las chapas y maderas que había comprado para levantar su casilla en el predio ocupado en el barrio 22 de enero en Cuidad Evita. Uno de los impactos le dio de lleno en la cara, tres perdigones se le incrustaron en el rostro, uno en el ojo y están observando si tiene un disparo en la cabeza. Hoy está internada en el Hospital Santa Lucía a punto de ser intervenida quirúrgicamente por segunda vez; los médicos van a tratar que no pierda la visión en uno de sus ojos, pero tiene otros 40 impactos en el cuerpo, por lo que será trasladada a otro hospital para extraerle las municiones.
#Ahora #Urgente #Desalojo
Hasta el momento hay cinco heridos considerables, una joven podría perder el ojo y hay, al menos, 15 detenidas en un desalojo a 300 familias que ocupaban un predio en el barrio Los Pilares, Ciudad Evita. https://t.co/svucLVdvco pic.twitter.com/3oloIa5SIf— ANRed #25Años (@Red__Accion) September 11, 2020
Jeni, como le dicen sus amigos, tiene 19 años y tres hijos, su pareja trabaja desde hace años en un aserradero, por supuesto en negro, con un sueldo que apenas alcanza para vivir. Cuando no llegan a fin de mes, los dos salen con el carro a buscar la moneda. Pero la pandemia redujo las horas de trabajo y las posibilidades de juntar de la calle lo que hace imposible mantener el pago del alquiler y vieron en la toma de tierras la oportunidad desesperada para poder construir la casa propia. “Estábamos alquilando y ya no nos daba más la plata para pagar y decidimos con mi marido tomar terreno y llevamos chapa y tirantes. La policía empezó a reprimir y cuando trataba de sacar las chapas me dio de lleno el disparo y me caí . Me trajeron de urgencia al hospital 21 en un remis, me pude sacar un perdigón que tenía en el cachete con los dientes en el viaje. Ayer me operaron, hoy me operan otra vez. Espero que dios me ayude y pueda salir adelante”, relató Jenifer, en un audio para ANRed desde la internación. “Me pegaron con 45 perdigones, ayer me cosieron el ojo. Tengo un perdigón en la cabeza. Yo fui a buscar un terreno para mi casita. Me dispararon y después me pegaban mientras yo vomitaba sangre. Ellos filmaban y se reían”.
“Jeni volvió para retirar sus cosas, algunas chapas y maderas que había comprado, y de cerca le tiraron un escopetazo y cuando estaba en el piso le pegaron muy fuerte. Y ahí le tiraron otro escopetazo y quedó muy ensangrentada. Ahora está internada y estamos esperando que vuelva. Hablé con la madre y me dijeron que se quiso quitar la vida, le desfiguraron la cara”, relató en dialogó con ANRed, Raúl que lleva adelante el comedor San Cayetano que está pegado al predio. Él hoy apenas puede caminar de la golpiza que recibió durante el desalojo.
Desalojo y cacería
Las familias denunciaron que la policía llegó disparando armas de fuegos, sin mediar palabra y sin presentar orden de desalojo. El accionar de la bonaerense no contempló el protocolo para desalojos 707/19 resuelto por la Corte Suprema de Buenos Aires en abril del 2019 que garantiza los derechos humanos de las familias vulneradas y exige la intervención de organismos para contener el accionar violatorio de derechos tanto de funcionarios judiciales como del proceder de las fuerzas de seguridad. El horario de inicio del desalojo también fue ilegal porque la crudeza de la represión se dio en la impunidad de la noche. Consultado el fiscal de la UFIJ n°1 en Laferrere, Fabian Garate, explicó que el no estaba notificado de ningún procedimiento de desalojo, lo que supone que la orden habría sido emitida desde el municipio de La Matanza gobernado por Fernando Espinosa.
Varios relatos, afirman que la avanzada policial con disparos de armas de fuego era acompañada por un grupo de vecinos que apoyó a la policía y señalaba a quién reprimir. Este fue el caso de Raúl, que fue señalado, “es ese viejo, el del comedor”, escuchó Raúl a quien acusaron de ser el promotor de la toma de tierras. “Yo solo le doy de comer a la gente que viene y la necesidad hace que la gente busque un terrenito”.
La amenaza de la solución represiva
Los últimos acontecimientos parecen indicar que se asoma una salida represiva ante las ocupaciones de tierras. La crisis habitacional que vive el país desde hace décadas agravadas por la pandemia y el incremento de la pobreza generó un incremento de tomas de tierras que fueron objeto de internas políticas. Desde los medios empresarios de comunicación se lanzó una campaña para criminalizar la ocupación de tierras corriendo el eje social que se expresa en la cifra de 4 millones de personas con problemas habitacionales (tres de cada cuatro familias argentinas) para reducirlo a un echo delictivo.
La reciente sublevación policial que logró un incremento salarial del 30%, y la presentación del Plan de Seguridad que incorpora 10 mil nuevos efectivos en el área metropolitana auguran que la “ola de tomas de tierras” pueda terminar en operativos represivos que se cobren vidas de familias desesperadas por un terreno. La disputa sobre como tratar la problemática en las distintas esferas del gobierno se vio en la interna protagonizada entre el cuestionado ministro Sergio Berni y la ministra Sabina Frederic. Este sábado se conoció una nueva orden de desalojo para la toma de tierras de Guernica, la mas grande del país. En ese predio unas 10 mil personas organizadas en cuatro barrios reclaman la oportunidad para tener sus terrenos en tierras que no tienen un claro dueño y que gran parte reclama un grupo inversor que proyecta realizar en el lugar un country&club.