Desde que se instaló el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, (ASPO) y luego el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DASPO), las detenciones de personas, clausuras de locales y secuestros de vehículos se han transformado en un paisaje cotidiano para la ciudadanía tucumana.
Por Pablo Gargiulo, coordinador del área de Empresas y Derechos Humanos de Andhes.
A partir de este lunes 14, por disposición del Comité Operativo de Emergencia (COE) en Tucumán se ‘desalienta’ circular de 23.30 a 7 horas salvo para “trabajadores esenciales y de actividades autorizadas por el COE” o “casos de emergencia”. Sin embargo, bares podrán abrir hasta las 23 y deliverys hasta las 24 horas. En ese intersticio, la ciudadanía queda a merced de la arbitrariedad policial para hacer cumplir esa disposición.
En este escrito Andhes propone algunas reflexiones en torno a la legalidad de esos procedimientos, en el convencimiento de que aun en las circunstancias excepcionales en que las que vivimos, a raíz de la pandemia de Covid 19, es necesario y productivo para el afianzamiento de la democracia y el estado de derecho, un ejercicio crítico en torno a estas medidas y la manera en que son implementadas.
Fuente: https://andhes.org.ar/analisis-la-criminalizacion-de-la-emergencia-sanitaria/