Se postergó hasta el 1° de octubre el desalojo de la toma de tierras en Guernica. La solicitud había sido presentada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense ante el juez de la causa, Martín Rizzo, para “continuar negociando una salida sin violencia” para las 2500 familias. Sin embargo, no está clara cuál será esa salida. Numerosos organismos de derechos humanos se habían pronunciado a favor de la suspensión total de la medida judicial de “lanzamiento”, programada originalmente para entre hoy y el viernes.
Fotos: Reinaldo Ortega.
La toma del terreno, que reclama la empresa inmobiliaria El Bellaco S.A. comenzó el 20 de julio pasado; en cuatro días, cuando la justicia ordenó la prohibición de nuevos ingresos, llegaron más de 2500 familias. Una semana después, el 31 de julio, en la causa por usurpación que tramita en la UFI N 1 descentralizada en Presidente Perón, partido judicial de La Plata, el fiscal subrogante Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó el desalojo.
A pesar de no haber existido el delito de usurpación, la medida de “lanzamiento” fue ordenada por el juez de garantías Martín Miguel Rizzo y luego convalidada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, apresurándose a privilegiar los intereses de la inmobiliaria -cuya denominación parece una confesión de parte, como los vinos de Vicentin- por sobre la necesidad de miles de víctimas de una crisis feroz.
La inmensa mayoría de quienes se encuentran luchando por vivienda digna en Guernica son “gente de trabajo que se ha quedado desocupada a raíz de la pandemia” y que por esa razón se vieron expulsados de sus alquileres y sin ningún lugar a donde ir, plantearon desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), una de las organizaciones que acompaña la toma.
Postergación del desalojo
Este martes 22, a pocas horas de la concreción efectiva del desalojo, el juez Martín Miguel Rizzo pospuso el desalojo para el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes, haciendo lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para “continuar negociando una salida sin violencia”, con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
En el pedido, Larroque presentó al magistrado los resultados del censo finalizado el lunes 21, donde 1.904 personas respondieron a la encuesta.
Según escribió el juez en su fallo, “el norte de esa estas decisiones no es otro que dar una salida pacífica a la decisión que fuera adoptada y confirmada por el Superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes”.
“Lo que aquí se esta resolviendo entonces no es dejar sin efecto la orden librada, sino su postergación por este plazo razonable, donde a su vez se extenderán las medidas cautelares que fueran dictadas y prorrogadas tiempo atrás, como la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos”, afirmó Rizzo en su resolución.
El juez consideró que -a criterio de los funcionarios que integran el Gobierno Provincial, y conforman el dispositivo interministerial- los diez días venideros serían “cruciales para lograr una desocupación pacífica de los predios”.
En el mismo sentido se expresó el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien aseguró hoy que “la idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen”.
“Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia”, expresó Lorenzino y destacó que “las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito”.
El problema de la idea de “relocalización” al “origen” es que estas familias no tienen dónde volver.
Preocupación de organismos de derechos humanos
En el predio viven “cientos de mujeres con niñas y niños que sueñan con un techo propio y viven la pesadilla de no tener donde dormir”, señalaron organismos y activistas de derechos humanos en una carta pública difundida ayer.
“Producto de la pandemia muchas familias se quedaron sin sus trabajos precarizados o changas, con los que pagaban un alquiler”, refirieron.
En la misiva, firmada por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Plata, la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), la Coordinadora contra la represión policial e Institucional (CORREPI), HIJOS La Plata, el Centro de abogados por los Derechos Humanos (CADHU), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Colectiva Feminista Las Azucenas, el Colectivo contra el Gatillo Fácil, el Colectivo de abogadxs populares La Ciega, la Comisión por la Masacre de La Plata, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Unión por los Derechos Humanos junto a Alejandrina Barry -Hija de Desaparecidos y Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por FITU-, Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro desaparecido en La Noche de los Lápices, Myriam Bregman –Legisladora de Ciudad de Buenos Aires por el FITU y abogada Querellante en Juicios de Lesa Humanidad-, Maine García – Hija de Desaparecidos-, Jorge Sobrado -Ex detenido desaparecido-, María Victoria Moyano -Hija de Desaparecidos- y Manuela Carricondo -Hija de Desaparecidos-, refieren a la sistemática doble vara que se le aplica a las personas sin hogar por un lado, y a las empresas usurpadoras, por el otro.
“El Estado el que debe destinar presupuesto y adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda a cada familia, niñes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad y a las personas travestis, trans que no tienen vivienda o habitan en condiciones de extrema precariedad. Los derechos de niños, niñas, y sus familias no pueden verse vulnerados en pos de preservar los intereses de empresas que amasan millones en el mercado inmobiliario. Los que ocupan para la especulación inmobiliaria, para barrios privados, ¡no son desalojados!”
En este marco, recordaron los recientes operativos represivos contra otras tomas y advirtieron que no deben repetirse: “manifestamos nuestra preocupación por el abuso y hostigamiento policial en los asentamientos que sufren las familias de manera sistemática. Los violentos desalojos a 20 familias en Estación Victoria de San Fernando y a otras 300, en Los Pilares de Ciudad Evita, que terminaron con personas heridas y detenidas ¡no pueden volver a suceder!”
Marcha contra el desalojo el pasado lunes 21. Fotos: FOL.
La criminalización mediática
La llegada a esta instancia estuvo precedida por una doble campaña: la de los medios hegemónicos, que se ensañan con los más vulnerables -no sólo en este tema- y la de las organizaciones populares, que realizaron distintas actividades para responderles.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Festival Tierra para Vivir, que se realizó de forma virtual y también presencial en los terrenos recuperados de Guernica. El mismo fue motorizado por organizaciones sociales en conjunto con las vecinas y vecinos de la toma con la participación y solidaridad de artistas locales y personalidades como Nora Cortiñas y Pablo Pimentel referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros; y el lunes, una movilización al centro de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco a Plaza de Mayo.
“La idea era visibilizar y convocar a más personas para que se interioricen con lo que está sucediendo, porque por ahí están interiorizadas pero a través de los medios hegemónicos que lo que hacen es estigmatizar y crear difamaciones diciendo que las personas que están ahí están usurpando los terrenos para después venderlos. Emiten una generalidad asociada a la delincuencia” dijo Eli, una de las organizadoras del evento.
“Con el festival queremos interpelar para que vengan y conozcan a las familias de la toma, que pregunten, dialoguen y no se dejen guiar por lo que dicen los medios hegemónicos” dijo Eli y agregó que estos lo único que hacen es “establecer una jerarquía de humanidad, es decir quién es más o menos humano. Cuando presentan a las personas las nombran como ocupas, entonces ahí ya dejan de ser personas, ya dejan de tener identidad. Pero queremos resaltar que estas personas tienen nombre y apellido, quieren vivir bien, quieren pagar sus terrenos no es que quieren nada gratis y tienen derecho a acceder a un terreno y una vivienda digna”.
Mientras estamos aún en los estadios iniciales de la mayor crisis económica mundial de -al menos- los últimos 90 años (está por verse aún si no termina superando a la de la década del 30 del siglo XX), que agrava todos los problemas estructurales de un sistema desigual, la necesidad de las personas que pierden su trabajo y su vivienda no dejará de crecer. Más compleja aún será la perspectiva si la respuesta estatal está liderada por las arbitrariedades de funcionarios judiciales ligados a los intereses de un puñado de especuladores inmobiliarios.