Este miércoles 23 de septiembre comienzan las audiencias por la llamada causa Klotzman. El juicio investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 personas de las cuales sólo hay un sobreviviente. Es la primera vez que se juzgará a miembros de la Policía Federal de Rosario y los delitos perpetrados en la Quinta de Fisherton. El proceso también es inédito por investigar el caso del robo de un bebé en la ciudad, una nieta cuya identidad fue restituida en 2011.
Por Candela Ramírez.
Después de su elevación a juicio en 2015 y tras sucesivas suspensiones, el miércoles 23 de septiembre a las 9.30 se inician las audiencias por la causa Klotzman que juzga por primera vez los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Quinta Operacional de Fisherton ubicada en San José de Calazans al 9100.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. Se transmitirá en vivo por el canal del Centro de Información Judicial.
En la causa hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio por delitos de lesa humanidad.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 hasta la fecha, fallecieron tres represores vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib, quien murió esta semana. Los tres eran integrantes de la Policía Federal.
Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años.
Es la primera vez que se juzgan los últimos dos delitos en la ciudad.
El fiscal Adolfo Villate, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Rosario, dijo que por lo menos 65 personas prestarán testimonio. Se trata principalmente de familiares, compañeras y compañeros de militancia y vecinos de las víctimas.
De las 29 víctimas cuyo destino intenta esclarecer este caso, solo una sobrevivió: Fernando Brarda. Sin embargo, hay un sobreviviente más cuyo caso no llegó a constituirse para este juicio, pero prestará testimonio.
La causa investiga los delitos cometidos mayoritariamente en agosto de 1976 contra militantes que pertenecían, casi todos, a la organización PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo).
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura González, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
En modo virtual
La actual emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 no permite que las declaraciones sean presenciales. Serán de forma virtual, todos los miércoles a las 9.30. “La virtualidad no es un problema aunque sí limita la cantidad de testigos que se pueden tomar por jornada”, señaló Villate. El tribunal tendrá además que asegurarse que cada uno tenga acceso a los medios tecnológicos y posibilidades de conectividad necesarios para poder testimoniar. El fiscal espera que entre marzo y abril del 2021 haya un veredicto.
La causa lleva el nombre de Klotzman porque es el apellido del primer secuestrado de estos operativos que se llevaron adelante, en casi todos los casos, durante la primera quincena de 1976. Cada uno de ellos expone características similares y se autodenominaron “operativos conjuntos” por la participación coordinada de integrantes del Ejército y de la Policía Federal.
Las víctimas fueron privadas de su libertad y torturadas en la Quinta de Fisherton. “Si se llega a una sentencia condenatoria, va a quedar plasmada la existencia de este centro clandestino de detención como tal, con todas las letras, y eso es muy importante. A su vez, es una causa que refleja una serie de caídas consecutivas que tienen una ilación: están referidas a una misma organización política que era el PRT-ERP y que, se nota, era combatida fuertemente porque el único sobreviviente es Fernando Brarda, que en realidad no era militante sino que tenía contacto cercano con algunos miembros de la organización. Esto motiva su secuestro. Si la sentencia es condenatoria, va a dar cuenta de cuán encarnizada era la persecución a los militantes del PRT-ERP. Además, es el único caso que hemos detectado donde el Ejército se valió de un grupo de tareas de la delegación Rosario de la Policía Federal. Es una particularidad a resaltar, porque en los demás casos el Ejército ya tenía su propio grupo de tareas en el destacamento de Inteligencia 121 o se valía del grupo de tareas del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II”, desarrolló.
Justicia demorada
Las abogadas consultadas, que integran las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS –Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio– y la APDH –Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, cuestionaron el tiempo que se tardó en iniciar las audiencias. En el transcurso fallecieron tres represores.
Gabriela Durruty, de APDH, dijo que es una de las causas más demoradas en la jurisdicción. Durante este tiempo, en 2016, la Quinta Operacional de Fisherton fue demolida. En 2003, el sitio había sido reconocido por Brarda. Formó parte de un circuito represivo que estaba bajo las órdenes de Leopoldo Fortunato Galtieri y Ramón Genaro Díaz Bessone y que incluyó a La Calamita, la Quinta de Funes, La Intermedia, la Fábrica Militar Domingo Matheu y la Escuela Magnasco como centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas.
Si bien hay registros de la quinta de Fisherton en formato de video y hay planos del inmueble, Durruty lamentó que el sitio no esté disponible durante el juicio “ya que durante el oral siempre surgen nuevos elementos que no aparecen en el resto de la investigación, además de que hubiera sido importante preservar un lugar de memoria”.
Una diferencia con la última causa de lesa humanidad investigada en la ciudad, Feced, es que en aquel juicio testimoniaron muchas personas que pasaron por el ex Servicio de Informaciones. Los sobrevivientes pudieron dar cuenta del funcionamiento del ex centro clandestino. En cambio, casi todos los hombres y mujeres que pasaron por la Quinta de Fisherton fueron asesinados o desaparecidos. Sin embargo, tal como pasa con todas las causas de este tipo, las querellas esperan que surjan nuevos elementos durante el juicio que permitan ahondar la investigación.
“Esperamos que a pesar de las restricciones el desarrollo de la audiencia esté a la altura del resto de los juicios que hemos tenido en la jurisdicción. Les pedimos un esfuerzo más a sobrevivientes y testigos para reconstruir estas historias robadas que esperaron tanto tiempo por justicia y se llegue a una sentencia ejemplar”, resumió Durruty.
Nadia Schujman, de HIJOS, resaltó que son muchos los testigos que declararán por primera vez a pesar de que pasaron más de 40 años de los hechos que se investigan. “Es un juicio muy esperado. Nuestra expectativa, como siempre, es que se pueda hacer una reparación a las víctimas y podamos llegar a la verdad y a condenas que estén a la altura”.
Apropiación y robo de identidad
Sofía Barro, querellante por Abuelas de Plaza de Mayo, contó que desde la institución tienen especial interés por esta causa por el caso de la apropiación de la hija de la pareja Barral-Klotzman y porque además hubo otras tres mujeres embarazadas que fueron secuestradas.
Se trata de Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Se desconoce si los embarazos llegaron a término o no. Esperan que durante el juicio se obtenga más información. Según testigos, a las tres se las llevaron con vida de sus domicilios.
“La expectativa está, desde Abuelas siempre vamos a seguir buscando”, planteó Barro. “La causa es muy emblemática porque es un nuevo centro clandestino de detención. Esto genera expectativas por seguir descubriendo todos los circuitos que funcionaron durante el genocidio en Rosario”.
Al mismo tiempo, es la primera vez que se investiga un caso de apropiación y robo de identidad en la jurisdicción.
Cecilia Barral tenía nueve meses de embarazo y su fecha de parto coincide con el momento de secuestro. El 2 de agosto de 1976, Barral y Klotzman fueron secuestrados en su domicilio de Necochea al 2000. Brarda la vio con vida y embarazada en la quinta. Por otros testimonios, se sabe que Klotzman estuvo detenido ahí también.
El 11 de agosto de 1976, Barral fue trasladada para dar a luz. Se desconoce el lugar exacto donde se produjo el parto. La bebé fue entregada en adopción días más tarde por el juez Luis Vera Candiotti. Su identidad fue restituida recién en abril de 2011, luego de que Abuelas se constituyera como querellante para que su ADN pudiera ser analizado por el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos y no por el Cuerpo Médico Forense tal como había solicitado la defensa. Es la nieta recuperada número 103. Su mamá y su papá continúan desaparecidos.