La continuidad de la crisis sanitaria, a seis meses de iniciada la cuarentena, el amotinamiento sedicioso de la policía bonaerense y la problemática de la toma de tierras son algunos de los conflictos que viene enfrentando el gobierno de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires presenta índices socio-económicos muy críticos y es el distrito del país que más casos de CO-VID presenta. Ante la urgencia que aqueja a lxs bonaerenses es necesario que las organizaciones populares instalemos una agenda de salida de la crisis que para avanzar en las necesidades de amplios sectores del pueblo.
Habiéndose cumplido seis meses desde que comenzó la pandemia del COVID-19, la provincia de Buenos Aires ha superado los 355 mil casos, siendo la jurisdicción con más casos positivos. En cuanto a la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el AMBA presenta un porcentaje que ronda el 65%, y en cada municipio varía día a día. Frente al agotamiento social de la cuarentena el gobernador Kicillof dispuso (al igual que en CABA y el resto del país) una continuidad de modo “intermitente”.
La difícil situación económica que apremia ha ido obligando a reiniciar actividades económicas, incluso aquellas que no están formalmente habilitadas. El IFE, si bien es percibido por 1.3 millones de personas en el Gran Buenos Aires, no es suficiente para cubrir las múltiples necesidades que tienen miles y miles de familias. De igual forma sucede con la entrega de los bolsones de alimentos que se realiza en las escuelas mes a mes. Asumiendo que avanzamos a una fase de mayor apertura se vuelve necesario profundizar los debates respecto a los protocolos que rigen las diversas actividades económicas, donde la organización de les trabajadores es fundamental para confrontar la codicia empresarial y garantizar los mayores recaudos posibles, como así también el abastecimiento de los insumos de higiene y prevención.
Toma de tierras y acceso a la vivienda
Otro aspecto más que delicado es el que tiene que ver con las tomas de terrenos que se llevan adelante en varios municipios del conurbano. Como hemos comentado en notas anteriores el acceso a la vivienda es de los problemas más importantes que tiene nuestra provincia. Problemática directamente relacionada a las deficitarias e inexistentes políticas públicas de los últimos años, que fomenten y permitan acceder a la casa propia; y que durante estos meses la crisis generada por la pandemia ha agudizado ya que miles de personas no pueden seguir pagando un alquiler y se ven obligadas a recurrir a levantar ranchos en terrenos deshabitados.
El caso que adquirió mayor centralidad es el de Guernica, partido de Pte. Perón, en el cual cerca de 2 mil familias ocuparon las casi 100 hectáreas que tiene el terreno. Trascurrido más de 2 meses del inicio de la toma, con fecha de desalojo fijada y con un revuelo mediático significativo a partir de los cruces entre distintas personalidades del FdT, el ministro de Desarrollo Social de provincia Andrés Larroque asumió la conducción del conflicto.
Allí, a diferencia con los desalojos transitados en Ciudad Evita o San Fernando, parece encaminarse una solución dialogada. Las novedades de la última instancia de dialogo entre lxs delegadxs de la toma y el gobierno, plantean la posibilidad de relocalización de 600 familias en otros terrenos del municipio, y la distribución de las restantes entre otros municipios del AMBA, junto a la entrega de subsidios para el refaccionamiento a las familias que cuentan con hogares en situaciones sumamente precarias. Quedó pautada una próxima reunión mientras la orden de desalojo fue reprogramada para inicios de octubre.
Este episodio fue otro en los que la interna del FdT dijo presente. La intendenta massista de Pte. Perón, Blanca Cantero, desplegó una línea taxativa a favor del desalojo que se vio confrontada por la estrategia de diálogo encausada por Larroque, mientras otra parte de los movimientos sociales viene siendo parte activa del acompañamiento a la toma junto a sectores de izquierda.
El escenario aún es abierto, y un desenlace favorable de Guernica puede servir de precedente para resolver las tantas otras tomas que hoy se desarrollan en el país.
Repudiamos todo intento de falsa resolución mediante la violencia, de un problema estructural como es la cuestión de la vivienda en nuestro país. Bajo ningún punto de vista los desalojos y represiones son respuestas para las miles y miles de personas que no cuentan con un techo. Se impone la necesidad de discutir un plan de urbanización que incluya a las 4.400 barriadas populares, acompañado de políticas integrales que permitan el acceso al crédito y la posibilidad de acceso a una vivienda.
Por una paritaria para todo el sector público de la Provincia
El reciente acuerdo salarial entregado a la policía bonaerense (con método de reclamo mafioso y utilización política mediante), reabrió el debate sobre las condiciones de lxs verdaderxs laburantes del Estado Provincial: lxs médicxs que salvan vidas en la primera línea de lucha contra la pandemia, lxs docentes, empleadxs judiciales, etc. Las condiciones salariales en la Provincia son muy delicadas dado que los pocos aumentos que se han dado, si es que llegaron, no alcanzan ante la enorme pérdida del poder adquisitivo. En los últimos 4 años los sueldos estatales bonaerenses decayeron un 30%. Inmediatamente después de lo ocurrido con la policía, lxs estatales salieron a reclamar justamente una apertura de paritarias para finalizar el 2020 con un piso salarial más elevado, expresado en un reclamo unitario de todos los sindicatos. Kicillof ha convocado a los gremios en los últimos días en búsqueda de acordar un piso salarial de acá a fin de año.
La coparticipación recuperada para la provincia debe tener al conjunto de estos trabajadorxs como foco de su beneficio. La recomposición salarial es una urgencia. A la vez hay una extensa agenda de reivindicaciones que atender: pase a planta de miles de trabajadores, finalización de los contratos basura, garantías de permanencia que permitan proyectar los servicios estatales, salarios dignos que permitan dedicación exclusiva y combatan el pluri-empleo. Las condiciones de estos trabajadorxs repercuten en el acceso del pueblo a derechos y servicios públicos. En esta dimensión celebramos el reciente anuncio de pase a planta de los 1.137 residentes del área de salud, medida que debe profundizarse con la incorporación del resto de reivindicaciones arriba mencionadas y que forman parte de los reclamos de CICOP.
Un cuadro alarmante y una derecha a la ofensiva
Cualquier estadística enfocada en el territorio bonaerense refleja una dura situación económico-social, que se ve aún más profundizada en el AMBA. Por solo referir algunas cifras: se calcula que desde el comienzo de la cuarentena un 8,2% de trabajadores perdieron su empleo o vieron duramente paralizada su labor; dentro de este porcentaje un 28,3% responde a las empleadas de casas de familias (en su mayoría mujeres) y un 21% a changarines, que a medida que se restablezca la actividad económica está puesta en duda su recuperación o no. Esto llevo a que en la provincia casi 3 millones de personas accedieran al IFE, y las últimas estadísticas hablan de una pobreza que alcanza el 40% de la población.
A esto debemos sumar el fuerte endeudamiento que pesa sobre la Provincia como legado de la gestión Vidal. Se trata de 70 mil millones de dólares y el reciente vencimiento de pagos fue postergado para el 9 de octubre de cara a una reestructuración.
Este complejo cuadro económico y social, se enfrenta a una derecha lanzada a la ofensiva con un ala que profundiza el despliegue de una estrategia desestabilizadora. Así se vio tanto en la carta del expresidente Mauricio Macri, como en el episodio de boicot en el Congreso, como en la asonada policial. Este último suceso reviste una gran gravedad y muestra lo predispuestos que están los sectores de derecha en nuestro país en avanzar contra el pueblo, incluso poniendo en tensión la propia democracia. La policía bonaerense tiene un nefasto historial de violencia institucional, de muertes y desapariciones. Se trata de la fuerza más grande del país teniendo cerca de 100 mil agentes por lo cual cuenta con mucho poder.
Ante este tipo de sucesos es indispensable la rápida acción y máxima unidad de todo el campo popular para salir a defender los principios básicos conquistados durante décadas. Como también concluido el episodio es necesario que se apliquen las sanciones pertinentes sobre los responsables.
Y no debe perder vigencia de nuestra agenda en defensa de los derechos humanos el pedido de justicia por la muerte de Facundo Castro Astudillo, donde Sergio Berni como responsable debe ser apartado de su cargo.
Por otra parte, también merece su mención el conjunto de intendentes de Juntos por el Cambio, a quienes la necesidad de gobernar les imprime una política más moderada y dialoguista respecto al aislamiento social, pero tras la confrontación con Larreta por la coparticipación se volcaron a reclamar la distribución de esos valores para sus municipios y ahora se disponen a enfilarse detrás de la estrategia del jefe de gobierno de porteño para discutir la vuelta a clases en algunos territorios.
Por una salida unitaria con el protagonismo del campo popular
En síntesis, hoy el territorio bonaerense tiene por delante tres grandes problemas: la crisis sanitaria, la crisis económica y la toma de tierra de tierras. Estos episodios forman parte del debate de cómo debe ser la salida de la pandemia, donde es necesario pujar por un programa que atienda las grandes demandas del pueblo bonaerense.
En primer lugar es necesario que se concretice el impuesto a las grandes fortunas que permita a los gobiernos contar con más fondos para atacar las distintas problemáticas. En segundo lugar, es fundamental que se pongan en agenda planes y programas integrales que contemplen desde una óptica general la grave situación que atraviesan los sectores populares, como el Plan San Martín propuesto por las organizaciones de la economía popular y las centrales obreras. El conurbano es de las zonas geográficas más golpeadas por las problemáticas básicas de acceso a la vivienda y al empleo. En tercer lugar, es central defender y dignificar lo público (salud, educación, servicios, etc.), la pandemia ha puesto en evidencia que acá se juega la vida y el desarrollo pleno de una porción importante de la población. En esa agenda es fundamental incluir la defensa del IOMA y del IPS al igual que se ponga en cuestión las condiciones de precariedad laboral.
Por último, desde Abriendo Caminos hacemos un llamado a la unidad de todo el campo popular para frenar la avanzada derechista traducida en los sucesivos hechos que se describieron y que, como se dijo, adquieren centralidad en la Provincia de Buenos Aires. Quienes luchamos por una transformación social, por un gobierno para las mayorías populares, debemos ser parte fundamental de esa primera línea de batalla, y al calor de esas luchas avanzar en nuestra agenda y el desarrollo de una alternativa política.