En busca del esclarecimiento sobre la ejecución de Lilian Mariana y María Carmen Villalba por tropas del ejército paraguayo en Yby Ya’ú, el pasado 2 de septiembre, las madres de las niñas se presentaron, por intermedio de su abogada, ante las distintas fiscalías del Paraguay intervinientes.
En las presentaciones, se solicitó tener acceso a los expedientes relacionados con: 1) el supuesto operativo de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) que tuvo como único resultado los asesinatos de María y Lilian; y 2) con la pretendida investigación de dichos asesinatos que debería realizar una fiscalía especializada en Derechos Humanos.
Entre el miércoles y el jueves, finalmente, se conocieron las respuestas.
En ambos casos, las fiscalías insisten en cuestionar la filiación de las niñas y la relación de parentesco de las mismas con sus madres y con la familia Villalba.
El estado argentino ya ha respondido oportunamente dejando oficial y definitivamente establecida y zanjada la cuestión: las niñas eran hijas de Myrian y Laura Villalba y eran argentinas. El propio estado paraguayo había establecido que no eran paraguayas.
Se trata de una maniobra negacionista, que pretende “embarrar la cancha” con la única intención de continuar la tarea de encubrimiento de los crímenes y sus ideólogos, perpetradores y cómplices. El gobierno paraguayo, sus militares y su poder judicial buscan desesperadamente salir impunes, pisoteando el derecho paraguayo, el derecho internacional y la protección universal a los Derechos Humanos, en particular de las niñas y niños.
En el camino, la grotesca fiscalía de Derechos Humanos (que, a la inversa de las fiscalías que persiguen a campesinos y luchadores populares, nunca consiguió la condena a nadie) deja claro cómo son y cómo van a ser las cosas:
– A menos de un mes de los hechos y cuando, según sus palabras, ni siquiera tiene los informes de los médicos forenses; cuando no ha llamado a declarar a nadie ni ha realizado actividad investigativa alguna; cuando se niega a que la familia vea el expediente; ya dice que las niñas murieron en un enfrentamiento ocurrido el 2 de septiembre entre la FTC y el EPP. Es decir, repite la versión de los militares investigados y la da como cierta. ¡Típico “enfrentamiento” de las fuerzas de seguridad y militares en nuestro continente: 2 niñas de 11 años muertas de un lado; un supuesto rasguño de un soldado, del otro!
– Considera “de suma importancia para la investigación acreditar” circunstancias relacionadas con la identidad e identificación de las niñas y, como no las considera “acreditadas”, niega a la familia el acceso al expediente. La fiscalía entiende que para investigar el asesinato de dos niñas que fueron presentadas por el ejército y el presidente del Paraguay como si fuera trofeos de guerra, no hace falta hacer con urgencia una autopsia que nunca se realizó; solicitar toda la información respecto al cumplimiento de los protocolos establecidos para los operativos militares; establecer las circunstancias del supuesto enfrentamiento despejando la maraña de versiones contradictorias que dieron los militares, fiscales y médicos intervinientes; identificar y citar a declarar a los militares que habrían intervenido; etc. No. Nada de eso. Para la fiscal, lo realmente importante es investigar a Lilian y María.
La agente fiscal de la Fiscalía contra el crimen organizado (no llevado adelante mediante organismos oficiales, debe entenderse), por su lado, prefiere arremeter y poner en duda las certificaciones que el estado argentino, en cumplimiento de las normas internacionales en la materia, extendió para validar el poder otorgado por la familia Villalba en Argentina a la abogada Daisy Irala; cuestionando incluso el papel del consulado argentino en Asunción que, como corresponde, viene acompañando a la familia de las dos niñas argentinas en su búsqueda desesperanzada pero decidida de esclarecimiento del crimen y justicia para María Carmen y Lilian.
Estamos ante una no por previsible menos grosera maniobra de trabar el reclamo de la familia, paralizar cualquier intento de investigación y conseguir la impunidad, en definitiva, para ellos mismos: los y las fiscales, los militares, el poder judicial, el gobierno; el estado paraguayo.
Repetimos lo que nuestra Gremial de Abogados y Abogadas viene diciendo: la consumación del hecho criminal es sólo una parte, tal vez la menos característica, del terrorismo de estado; el encubrimiento, la complicidad de todos los estamentos del estado en la búsqueda de la impunidad, es, tal vez, más trascendente. Y lo que completa el cuadro es, siempre, el escarnio a las víctimas directas y a sus familiares. La mafia que tiene secuestrado el Paraguay no se priva de ninguno de esos miserables actos.
