La legislatura porteña aprobó el polémico uso del reconocimiento facial: fuerte rechazo de organismos

El uso de tecnologías de reconocimiento facial para la detención de personas prófugas fue aprobado este jueves por la Legislatura porteña, con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazado por 18 legisladores y legisladoras de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque el proyecto original fue presentado por la legisladora del FDT Claudia Neira.  Las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino rechazaron la votación: “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y ​pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, destacaron.

La aprobación en la Legislatura porteña se dio en el marco de la votación de las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública que, entre otros puntos, regula el uso de tecnologías de reconocimiento facial para detectar y detener personas prófugas de la justicia, método objetado por organismos de derechos civiles y humanos en Argentina y varias ciudades del mundo.

La medida fue aprobada con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazada por 18 legisladores de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque originalmente fue presentada por la legisladora Claudia Neira del FDT, luego de lo cual se trató en las comisiones de Justicia y Seguridad, dónde recibió dictamen por parte de los representantes de Vamos Juntos. Lo mismo iba a suceder en la comisión de Derechos Humanos, pero esa instancia fue finalmente anulada y derivó en el tratamiento definitivo que este jueves se le dio en el recinto. Por este recorrido es que varios organismos de derechos humanos y civiles denunciaron que el delicado proyecto avanzaba sin un debate real.

En un comunicado conjunto, Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino expresaron su rechazo a lo que consideran una “legitimación de la vigilancia masiva en el espacio público mediante la sanción de una reforma de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública”. “El proyecto de reforma, expediente 1686-D-2020, propone la incorporación del Sistemade Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) a la Ley 5688 – detalla el comunicado de los organismos – El SRFP fue implementado por el Gobierno de la Ciudad en abril del año pasado, mediante la Resolución 398/19 del Ministerio de Justicia y Seguridad. La incorporación de esta tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron.

Entre los derechos que los organismos identifican como vulnerados por la medida se encuentran la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, la no discriminación, y la presunción de inocencia y debido proceso.

Con respecto a la privacidad, señalan que “el sistema no solo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de todo transeúnte que pase frente a las cámaras. Es, por lo tanto, una modalidad de vigilancia masiva, y su implementación no es necesaria o proporcionada en ninguna circunstancia“. En cuanto a la libertad de expresión expresan que “la idea de estar bajo constante vigilancia produce un efecto inhibitorio, sobre todo en aquellas personas que emiten discursos críticos contra las mismas autoridades que tienen control sobre estas tecnologías”. En cuanto a la libertad de reunión y asociación sostienen que “al eliminar el anonimato, la tecnología de reconocimiento facial impide el libre ejercicio de este derecho por el miedo a futuras represalias”. Sobre la no discriminación consideran que “se ha demostrado que esta tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura, lo cual deriva en un sin número de falsos positivos y afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, con respecto a la presunción de inocencia y debido proceso entienden que “el sistema asume que todos y todas somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar luego si somos o no una persona buscada“.

Además, los organismos señalaron que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso este sistema de manera opaca, esquivando la discusión pública, y sin llevar a cabo estudios sobre el impacto en derechos humanos”. Además, destacan: “los problemas del SRFP han sido reconocidos por el Sistema Universal de Protección delos Derechos Humanos. Durante su visita a Argentina, en 2019, ​el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad Joseph Cannataci manifestó que no veía la ‘​proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud’ .La Legislatura es la instancia democrática adecuada para poner límites a todo accionar del Poder Ejecutivo que afecte el goce y ejercicio de derechos fundamentales. Cabe destacar que este proyecto de ley ni siquiera fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Legislatura. Es preocupante que las y los legisladores desconozcan la grave afectación que el uso de este tipo de tecnologías provoca en la vida de todos”.

En este sentido, las organizaciones firmantes sostienen que “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y ​pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas”. Al mismo tiempo, manifiestan que “el uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.

En la misma línea, durante el debate en el recinto la diputada del FIT-PTS Myriam Bregman rechazó el proyecto porque “legaliza un cuestionado sistema que ha sido denunciado por discriminación en todo el mundo“. En la misma línea, agregó: “esta Ciudad tiene una triste historia de espionaje, persecución arbitraria. Si hay alguien que denunció a este sistema fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se quejó de que le ponían cámaras en la puerta de la casa. Este sistema sirve para la persecución política y la criminalización de la protesta social“, argumentó.


Fuente: https://www.anred.org/2020/10/23/la-legislatura-portena-aprobo-el-polemico-uso-del-reconocimiento-facial-fuerte-rechazo-de-organismos/

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