El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado por la Ley 23.302 a los fines de ser el organismo que implemente dicha legislación y los derechos constitucionales que derivan del art. 75, inc. 17, además de acompañar los reclamos de las comunidades de los Pueblos Originarios que así lo requieran, y del que hoy podemos decir que más que nunca está cumpliendo con las funciones para lo que fue creado y tratando de continuar y llevar adelante los relevamientos de las distintas comunidades, tal como lo establece la Ley 26.160, es sin embargo, cuando más ataques recibe.
Efectivamente, el organismo, llevado adelante por la actual gestión de Magdalena Odarda como presidenta y Luis Pilquiman, como vicepresidente, es blanco de todo tipo de ataques, no sólo del sector terrateniente, especialmente en la Provincia de Río Negro, sino también de las autoridades provinciales y de la prensa hegemónica nacional y provincial.
Se lo acusa de actuar en complicidad cuando las distintas comunidades efectúan sus recuperaciones territoriales, sustentadas en general por derechos ancestrales, y cuando el Instituto intercede para actuar como mediador y propiciar el diálogo. Esto, para el mencionado sector es complicidad que actúa en contra del derecho a la propiedad privada. Cuando en realidad lo que hace el INAI es intervenir en el marco de sus obligaciones legales.
La campaña nacional de odio, racismo y discriminación parece abarcar distintos sectores de la sociedad, y en este caso está más fuerte que nunca. Además, en diferentes lugares de nuestro país, se están produciendo violentos e injustos desalojos; pareciera que la consigna es: apunten contra los indios, que quiere decir vamos por sus bienes naturales.
Hay que recordarles y repetirles a los funcionarios políticos y judiciales provinciales, que deben estudiar la legislación con la que la Nación Argentina se comprometió al más alto nivel y que a su vez forma parte de la Constitución Nacional; además de exigirle al gobierno nacional que demande a los estados provinciales en caso de no cumplir con estos compromisos, ya que de otro modo se van a acumular las denuncias internacionales en su contra, como ya ocurrió con el caso de la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat (Nuestra Tierra). Porque a raíz de la lucha de estas comunidades se ha condenado al Estado argentino a que lleve adelante políticas públicas en pos de garantizar los derechos a la identidad, a la propiedad comunitaria, a la consulta previa, libre e informada, pero también los derechos al acceso al agua potable y a la alimentación adecuada.
Tantos años el INAI fue acusado de inoperante, y las comunidades indígenas no encontraron el suficiente eco a sus demandas, pero ahora que hay un intento por poner en regla todo aquello que fue dejado de lado, que existe una voluntad de diálogo y compromiso, es cuando más se trata de hostilizarlo con acusaciones infundadas y ataques personales a sus autoridades.
El Equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, hace llegar a través de la presente su solidaridad con la actual gestión del INAI y desea que su trabajo, ahora más que nunca continúe firme acompañando la defensa de los derechos indígenas.
Equipo Pueblos Originarios
SERPAJ
Fuente: https://www.facebook.com/Pueblos-Originarios-Serpaj-1616081138655587