“El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería”. Así lo afirmó la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH), al tiempo que denunció en la noche del jueves allanaron el domicilio de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular.
“Luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional, el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno”, sostienen desde la UAC-CH, y denunciaron el allanamiento del domicilio de una de las impulsoras de la Segunda Iniciativa Popular, herramienta legislativa elegida desde la propia UAC para proteger a la provincia de la avanzada minera.
Además, señalaron que “previamente, los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de ‘ecoterrorista’.”
En el marco de una convulsionada Chubut, la UAC-CH asevera que las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el ministro Federico Massoni “no tienen justificación alguna. Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincia”.