Los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos enfáticamente la formación y los objetivos de la “Mesa de Enlace” que agrupa a jefes retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Según su documento, es “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional” y se plantea “participar en los debates sobre defensa y seguridad nacional, amalgamar a la ‘familia de los uniformados’ y determinar sus intereses comunes”.
Como pueblo hemos sufrido un genocidio bajo el terrorismo de Estado y la dictadura militar, cuyos crímenes de lesa humanidad aún siguen siendo juzgados, y además desde 1983, bajo los sucesivos gobiernos, sufrimos la represión y el gatillo fácil de las policías y otras fuerzas de seguridad. Por ello, a todo ese aparato represivo del Estado que ha violado y viola los derechos humanos y democráticos no le reconocemos ni la más mínima legitimidad.
Ni la Constitución nacional ni la propia legislación vigente en materia de defensa y seguridad autorizan la formación y los fines de semejante engendro, que además se autoatribuye la función de representar a “los uniformados” en actividad. Por ello, y como de hecho constituye un grupo corporativo de presión frente a los poderes públicos y la sociedad, lo consideramos un peligro antidemocrático.
La actitud del gobierno nacional, que les otorgó a los uniformados el control social de la cuarentena, que cedió ante el motín de la Bonaerense y que aumentó el presupuesto represivo, envalentona aún más a estos sectores autoritarios. Ya días atrás el jefe del Ejército, al ordenársele bajar un tuit reivindicando el Operativo Independencia -inicio del terrorismo de Estado-, recorrió regimientos para reivindicarlo en persona. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ni siquiera lo apartó de su cargo por desobediencia y hasta ahora tampoco denunció penalmente a esta repudiable Mesa, a la que él mismo acusó de “conspiradores”. No bastan quejas periodísticas.
CABA, 12/11/20
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL);
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP);
Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos (CADHU);
Comité de Acción Jurídica (CAJ);
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH);
Colectivo Memoria Militante (CMM);
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI);
Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF);
HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia;
H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio);
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)