MÁS IMPUESTOS A LOS RICOS: BASTA DE EXPLOTACIÓN PARA NUESTRO PUEBLO TRABAJADOR
Desde el MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS queremos expresar nuestra posición sobre el impuesto a las grandes fortunas, a los más ricos entre los ricos.
Empezamos por decir una verdad elemental: nunca un movimiento popular, o como es un nuestro caso un conjunto de organizaciones que somos parte del pueblo trabajador de la Argentina, que actuamos y sufrimos la vida cotidiana junto a nuestras hermanas y hermanos del pueblo, podría estar en contra o abstenerse de cobrarle un impuesto a los multimillonarios de la Argentina.
Esos mismos millonarios son parte de quienes nos oprimen y explotan desde hace décadas, son parte central del poder real que domina sobre nuestras vidas y nuestros territorios. Junto a los bancos, las grandes empresas transnacionales, y el gran capital nacional de la AEA, son nuestros enemigos de fondo, y lo serán hasta que los derrotemos.
Desde esa perspectiva, queremos resaltar que apoyamos este “aporte solidario y extraordinario” que propone el proyecto del Gobierno, porque hay que sacarle recursos a los de arriba para que las y los de abajo no paguemos todo el costo de la crisis. Pero al mismo tiempo, entendemos imprescindible denunciar los enormes límites del proyecto oficial.
Queremos señalar que este proyecto de “aporte solidario” no forma parte de un conjunto de medidas que vayan en beneficio de las grandes mayorías populares, sino que en la concepción del equipo gobernante es sólo un parche a un problema gigantesco: el crecimiento de la pobreza de millones de compañeres que vivimos en esta tierra, y la falta de recursos del Estado para abordar en serio la crisis económica, social y sanitaria que seguimos atravesando.
Tras una espera que se hizo más larga que esperanza de pobre, comienza a tratarse en el Congreso el proyecto al que llamaron “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”. Pese a las limitaciones de un aporte por única vez, y que sólo pagarían menos de 10.000 personas (los más millonarios entre los millonarios, menos del 0,10 % de quienes vivimos en la Argentina), la resistencia por parte de quienes deberían pagarlo y de la gran mayoría de las cámaras empresariales fue durísima, demostrando una vez más su clara conciencia de clase así como su decisión de no abrir la puerta a otra posibilidad que no sea la de que el pueblo trabajador pague la crisis. La Mesa de Enlace, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, con sus medios masivos como Clarín o La Nación, utilizaron sus clásicas “artillerías”, incluyendo movilizaciones callejeras, para impedir que avanzara el proyecto. Juntos por el Cambio es la expresión política más directa de esos intereses del gran capital.
Presentado ya hace largos meses, todo hacía prever que este proyecto de Ley tendría el mismo destino efímero que otras iniciativas que despertaron la expectativa popular, como la intervención de Vicentín para avanzar a la soberanía alimentaria, la investigación de la deuda externa, la recuperación de salarios y jubilaciones, la posibilidad de una renta básica universal o la implementación de un IFE de $10 mil mensuales que terminó siendo de menos de 4 mil (con 3 pagos en 8 meses) y del que se anuncia su desaparición. Pero, finalmente el proyecto del Frente de Todos de aporte por única vez a las grandes fortunas será tratado en el Congreso, y muy probablemente el proyecto será aprobado.
LOS LÍMITES DEL PROYECTO OFICIAL PARA GRAVAR A LOS MULTIMILLONARIOS
Cuando comenzó la discusión pública de un impuesto a las grandes fortunas hace más de seis meses, desde las organizaciones del FIT Unidad habían presentado una propuesta más completa e integral que la presentada actualmente por el Frente de Todos, aunque igual que el proyecto oficial tampoco planteaba que sea un impuesto permanente, y no por única vez. Luego de una larga demora, el Gobierno lleva su proyecto al Congreso, en un contexto marcado por otras medidas gubernamentales que afectan a las mayorías populares.
En estos momentos, se está planteando la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), dejando sin un ingreso de subsistencia a millones de personas; se presenta un nuevo proyecto de movilidad jubilatoria que no garantiza que las jubilaciones se ajusten, como mínimo, por la inflación existente, mientras los ingresos de la mayoría de nuestres jubilades son de 18.000 pesos, muy por debajo de la canasta de la pobreza; los aumentos salariales de quienes cobramos un ingreso “en blanco” son inferiores a la inflación, muy especialmente entre les estatales de todo el país.
Estas medidas se dan mientras se inicia la renegociación de la deuda con el FMI, y nadie puede ignorar que en estas negociaciones el Fondo habitualmente exige mayores sacrificios a los pueblos, y menos aún que ese organismo representa los intereses del imperialismo yanqui. Cuando nos dicen que la movilidad jubilatoria debe ser “sustentable” o que el salario mínimo es el que “pueda pagarse” hablan de un ajuste de los ingresos populares, aunque busquen emparchar ese ajuste con bonos o pagos especiales para los sectores más castigados de nuestro pueblo.
El gobierno sabe que el pueblo no es tonto, y que cualquiera sabe que nos están ajustando. Alcanza con ir al supermercado o a la verdulería para despabilar a cualquier distraíde. De ahí la proliferación de análisis justificatorios esgrimidos por funcionarios y periodistas adictos en estos días. No existe ley, por más expectativas que despierte, que pueda ocultar esta realidad. Mucho más probable es la desesperación del Gobierno por obtener fondos (dada la magnitud de la crisis que achicó la economía nacional en un 18,8% desde comienzos de 2018) que ya no puede extraer de los bolsillos populares o del endeudamiento todo lo que necesita para motorizar los proyectos con los que espera conmover a los dueños del poder económico, como se evidencia en el destino de los fondos que el proyecto de ley propone.
¿PARA QUÉ SE USARÁN LOS FONDOS RECAUDADOS CON EL “APORTE EXTRAORDINARIO”?
El proyecto de ley determina para que se utilizarán los fondos: un 25% iría a programas de aliento a la producción de gas, un 20% para subsidios a las pequeñas y medianas empresas, un 20% para la compra de equipamiento médico y vacunas dada la pandemia del Covid, un 20% para las becas para estudiantes del Plan Progresar y, finalmente, un 15% para el Fondo de Integración Socio-urbana para mejorar condiciones habitacionales de barrios populares.
Parecen destinos sentidos, pero es conveniente mirarlos más detenidamente.
El principal destino es la producción de gas en los yacimientos de Vaca Muerta. Los beneficiarios directos del 25% de lo recaudado serían las empresas petroleras, en acuerdo con YPF, de la que un 49% pertenece a empresas privadas, entre ellas el fondo de inversión Black Rock, uno de los mayores acreedores de la fraudulenta e ilegítima deuda externa. Esto implica la profundización del extractivismo y la explotación de los bienes de la naturaleza para la generación de dólares antes que para el bienestar de la población, en este caso con metodologías peligrosas y contaminantes como el fracking (prohibido en muchos países) y relegando la inversión en energías alternativas.
Otro 20% se destinaría también al sector empresario de pequeño y mediano tamaño, sin contemplar recursos para la generación de proyectos de la economía popular o el apuntalamiento de las más de 400 empresas recuperadas por les trabajadores, poniendo por delante el imaginario por el que sólo a través del empresariado sería posible “defender el salario y el empleo”.
Otro 20% se destinará a la compra de insumos para la pandemia del Covid, lo que es una buena noticia. Uno tiende a pensar que además de vacunas, por fin recibirán salarios dignos “les héroes” de esta pandemia, insumos para trabajar de manera segura, que se abrirán más hospitales y centros de salud barriales, todo lo que se puso en evidencia como déficit en esta pandemia. Sin embargo, bajo el imperio del capital donde lo único importante es el negocio, el Gobierno se asegura la obtención de dinero para la masiva compra de vacunas al empresario del agronegocio y de la industria farmacéutica Hugo Sigman, que viene tejiendo su imperio en alianzas con el Estado y al que poco le importa la salud del pueblo. A pocos días del violento desalojo de miles de familias en Guernica, no está demás señalar que Hugo Sigman es dueño de 200.000 hectáreas en la Patagonia y 75.000 en San Luis, entre otras propiedades en todo el mundo.
El resto de lo recaudado iría para becas estudiantiles y para soluciones habitacionales que, en un país donde la urgencia habitacional para millones es desesperante y la política es desalojar a les pobres mientras se construyen cada vez más countries, resulta menos que insuficiente y más que indignante.
En este marco, la sanción de esta Ley será una buena noticia, pero en nuestra opinión es realmente imprescindible que esos recursos vayan a los sectores populares mayoritarios de nuestro país, y no a seguir subsidiando a las grandes empresas.
Otro problema importante del proyecto oficial es que sólo lo pagarán por única vez unos pocos millonarios, sin incluir a las ganancias empresariales ni a las miles de formas de “contabilidad creativa” que usan los más ricos para no pagar impuestos por sus fortunas.
LAS TAREAS NECESARIAS DESDE NUESTRA IZQUIERDA
El Gobierno presentó esta propuesta de ley tratando de recuperar imagen y de ganar base de apoyo popular, después de reprimir a las familias de Guernica y en las luchas por el derecho a la Tierra para Vivir, mientras negocia nuestras condiciones de vida con el FMI. Desde nuestra izquierda decimos que la crisis la paguen los ricos, que se cumpla el derecho pleno a la vivienda, a la salud, a la educación, y que hay que dejar de favorecer al extractivismo para pagar la deuda.
Necesitamos discutir una verdadera salida popular a la crisis como lo muestra la marea feminista cuestionando el carácter del Estado patriarcal luchando por los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos, cómo vienen luchando los trabajadores de la salud qué son declarados esenciales y luchan por paritarias libres, y en los distintos reclamos populares.
Hay que impulsar las movilizaciones masivas que enfrenten las medidas antipopulares. No será el texto de una ley lo que terminará definiendo quienes pagan, cuánto, cuándo y a dónde irá la plata, sino las peleas que seamos capaces de librar y la relación de fuerzas que seamos capaces de construir colectivamente desde nuestro pueblo trabajador.
Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo
(Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social / Movimiento 8 de Abril)
17/11/2020