El Gobierno concluye su primer año de gestión en un contexto complejo, no sólo por el efecto de la pandemia del coronavirus, sino y especialmente por la profunda crisis económica y social que golpea, por supuesto, en el plano de la política.
Abriendo Caminos
Luego de una agresiva oferta de bonos atados al dólar (un seguro contra la devaluación para los especuladores) y letras, el Ejecutivo pudo contener la escalada del dólar paralelo pero no reducir la brecha cambiaria que se ubica alrededor del 100%. Este costoso freno que pudo imponer, sin embargo, se ve ahora amenazado por una creciente presión inflacionaria.
La inflación de octubre fue la más alta del año con 3,6%, la canasta básica subió un 6,6% en noviembre y las naftas vienen aumentando todos los meses con su impacto en el resto de los productos. Además, el gobierno ya anticipó que para poder hacer calzar las cuentas del Presupuesto 2021 -que establece reducir el déficit hasta el 4,5%-, habrá un “descongelamiento segmentado” de las tarifas de luz y gas.
Todo esto configura un panorama no sólo inflacionario, sino potencialmente recesivo como el aumento de las tasas de interés y que esto repercuta en la proyección de recuperación económica sobre la cual el gobierno especula para tener margen sobre el cual recortar en un año electoral sin perder sus chances en las urnas.
En paralelo, el gobierno apuesta a cerrar su acuerdo de Facilidad Extendidas con el FMI con el respaldo de una ley del Congreso. Pero este programa planteará nuevos sacrificios para el pueblo, como ya se verifica en el techo a las paritarias de trabajadorxs publicxs y a la reforma previsional que se plantea para los jubiladxs.
Por supuesto, de la mano con la negociación con el FMI, el ministro Guzmán viene aceitando su vínculo con la cúpula de AEA, integrada por los principales holdings del país. La táctica de buscar un acuerdo social pero solo con el capital es una ecuación que no traerá ninguna resolución.
Para atenuar este panorama, un sector del oficialismo -en el marco de las contradicciones y discusiones al interior del Frente de Todos que no se traducen aún en ninguna resolución- impuso una agenda con reclamos populares como el impuesto a las grandes fortunas, la legalización del aborto y los cambios en la Ley del Manejo del Fuego. apoyandose en la movilización, activismo y simpatía popular generados a partir de esos ejes.
Pero profundizar esta orientación implica justamente una salida popular a la crisis para que la estafa de Macri y el FMI la paguen los grandes sectores concentrados que se beneficiaron con la bicicleta financiera, el endeudamiento record y todos los regalos otorgados por Cambiemos.
Desde Abriendo Caminos, como hemos hecho a lo largo de este año, seguiremos aportando a construir unidad y organización de los sectores populares por una agenda que cuestione la concentración de la riqueza y plantee un programa en defensa de las grandes mayorías.