El gobierno de la provincia de Mendoza informó que rescindirá los convenios que dan marco a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de gestión social. Esto implica el cierre de la Escuela Campesina de Agroecología.
Pese a su relevancia para la formación de las comunidades rurales, el 28 de diciembre el gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Gestión Social y Cooperativa, informó que rescindirá los convenios que dan marco a los CENS de gestión social, entre los que se encuentra la Escuela Campesina de Agroecología GS502, en el departamento de Lavalle.
En 2009, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) comenzó a elaborar un proyecto educativo basado en la agroecología y en la pedagogía de alternancia para dar una respuesta a las necesidades de acceso a la educación en las zonas rurales. Así, a partir de la lucha de las comunidades organizadas en la UST, en 2011 fue creada la Escuela Campesina de Agroecología por Resolución de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza. Desde 2013 más de 100 estudiantes finalizaron su formación en la escuela campesina, que además, permitió revertir las dificultades históricas de acceso al sistema educativo para quienes viven en el campo.
La escuela es gestionada por la organización bajo la modalidad de Educación de Gestión Social, reconocida, supervisada y parcialmente financiada por el Estado provincial. Todo el proceso pedagógico y administrativo se enmarca dentro de la legislación provincial y nacional y se encuentra supervisado y monitoreado por la Dirección General de Escuelas.
Es decir, que la rescisión del convenio con la Escuela Campesina de Agroecología impedirá que pueda entregar el título secundario a quienes estudian allí, afectará su reconocimiento académico y, también, los salarios docentes. A la vez la rescisión acarreará el quite del financiamiento estatal a la escuela.
La decisión del gobierno provincial implica una regresión en el derecho a la educación y formación de les campesines, y pone en riesgo experiencias que deben ser promovidas, de acuerdo a lo establecido por la ley federal 27.118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena.
De acuerdo a esta norma, el Estado nacional debe elaborar y proponer propuestas relacionadas a la educación rural “en todos los niveles que tienen carácter de obligatoriedad, afianzando así una educación que revalorice su contexto inmediato, facilitando la construcción ciudadana de niños y jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo desarrollará programas que permitan adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de la agricultura familiar.”
La Declaración de ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales también es clara respecto al derecho de les campesines a una formación adecuada que esté adaptada al entorno agroecológico, sociocultural y económico. La decisión también atenta contra el deber de fomentar el establecimiento de iniciativas de colaboración entre el ámbito de la agricultura y el de la ciencia, como indica la Declaración.
Es necesario y urgente que el gobierno de la provincia de Mendoza revise la decisión adoptada a fin de asegurar el derecho a la educación y a la formación de las comunidades campesinas, y que cuando inicie el calendario escolar de 2021 esté asegurada la vigencia de los convenios del CENS.