Asambleas de inquilinas e inquilinos, organizaciones sociales y vecinas y vecinos que impulsan la Campaña #ProhibidoDesalojar convocan a marchar este jueves 21 de enero a las 10 hs reclamando la extensión y la ampliación del DNU 766. Demandan también “una respuesta habitacional definitiva ante el deficit estructural de tierra y vivienda para la clase trabajadora”. Advierten por ola de desalojos.
En el marco de las medidas gubernamentales por la pandemia de COVID-19, el presidente Alberto Fernández dictó en marzo pasado el decreto 320/2020 que prorrogó la vigencia de los contratos de locación de inmuebles cuyos vencimientos se produjeran desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre.
Posteriormente, un nuevo decreto, el 766/2020, prorrogó el plazo de vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere desde esa fecha hasta el 31 de enero de 2021.
El decreto 766/2020 fue anunciado pocos días antes de la fecha de vencimiento del 320/2020. Ahora, se repite la situación. Y también como en septiembre, las organizaciones advierten que cientos de miles de familias se encuentran en un estado de absoluta incertidumbre ante el riesgo de perder su hogar, en el marco de una inminente, y gigantesca, ola de desalojos que podría empezar muy pronto, en el mes de febrero.
Compartimos la convocatoria de la Campaña #ProhibidoDesalojar:
ASAMBLEAS DE INQUILINXS Y HABITANTES JUNTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES MOVILIZAMOS POR LA EXTENSIÓN Y LA AMPLIACIÓN DEL DNU 766
Nucleados en la Campaña #ProhibidoDesalojar, el próximo jueves 21 de enero vecinas/os, inquilinas/os y organizaciones de CABA y GBA concentraremos en Obelisco a las 10hs para movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, encabezado por Jorge Ferraresi. Además de exigir la extensión y la ampliación del DNU 766 (que vence el próximo 31/1), demandamos una respuesta habitacional definitiva ante el deficit estructural de tierra y vivienda para la clase trabajadora. Estas demandas fueron ya presentadas al Ministro con un pedido de reunión formal que no fue contestada.
Como ya alertamos en acciones anteriores, en caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago. Además, en cientos de juicios por desalojo se dictarán fechas de lanzamiento, lo cual sólo empeorará el panorama. El decreto de por sí fue de un cumplimiento parcial para muchxs de nosotrxs que vivimos en hoteles, pensiones, villas y casas colectivas. Sin posibilidad de acceder al circuito formal de alquileres, vemos cómo la normativa nos pasa por el costado (tal como sucedió con el DNU que “prohibía” despidos y su incumplimiento para quienes tenemos o teníamos trabajos precarizados).
La creciente pobreza y desocupación, en el marco de una crisis económica mundial sin precedentes, no sólo no tiende a apaciguarse sino que amenaza con profundizarse, al ritmo que una segunda ola de covid azota latinoamérica con una celeridad feroz. En un panorama así, no existen chances de afrontar subas de alquileres y mucho menos las cuantiosas deudas que les trabajadores hemos acumulado desde hace ya casi un año, siendo que muchas veces tuvimos que optar por comer o pagar el alquiler.
A medida que se aproxima la fecha del vencimiento del DNU 766, somos testigxs nuevamente del silencio cómplice de los gobiernos nacional y locales. Un silencio que expresa nuevamente los límites de Alberto Fernández a enfrentarse con los grandes capitales y la propiedad privada, llevando adelante políticas de ajuste sobre el pueblo trabajador. Ya lo vimos con el amague a la expropiación de Vicentín, con el desalojo de decenas de recuperaciones de tierra en todo el país (siendo Guernica la más emblemática) y con el impuesto a las grandes fortunas devenido en un “aporte” extraordinario por única vez que aún no ha podido ser siquiera recaudado. Como contracara, la suspensión del IFE y el recorte a jubiladxs estuvo a la orden del día.
Estamos convencidxs que nuestro derecho a la tierra y la vivienda dignas pesan más que el de la propiedad privada. No naturalizamos nuestra falta de acceso a servicios básicos como agua, cloaca, luz, conectividad, vivir hacinadxs, golpeadxs por el dengue, el covid y la contaminación, mientras millones de hectáreas e inmuebles se mantienen ociosos, siendo considerados como mercancía por unxs pocxs y no como el derecho incumplido de tantxs.
Por eso, en las calles, pelearemos no sólo por la extensión y la ampliación del DNU 766, sino por sobre todo, por una solución habitacional definitiva para todxs y cada unx de lxs trabajadores. En especial para quienes golpea con más fuerza la falta de acceso a derechos: las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, en particular si somos migrantes. La crisis se descarga con especial saña contra nosotres.
Por todo esto, exigimos:
- Extensión del DNU 766/20 hasta el 31 de Diciembre de 2021, prorrogando así los contratos de alquiler y la prohibición de desalojos.
- Que el mismo se amplíe a la suspensión real de todos los desalojos (por falta de pago de locaciones con o sin contrato, así como los devenidos por causas que tramitan en juzgados de distintos fueros).
- Plan de desendeudamiento, con otorgamiento de créditos a tasa 0. Además, creación de programas de subsidios habitacionales para personas y familias en riesgo de situación de calle. En el caso de CABA, exigimos que el IVC habilite una mesa de trabajo con las organizaciones e inquilines, para arribar a una solución real y con participación popular.
- Que el diferencial por congelamiento no deba ser abonado por les inquilines, sino que sea costeado por el estado (en caso que el alquiler del inmueble represente el único ingreso para el Locador) o por el Locador o grupo inmobiliario, inversor, etc (en caso de tratarse de personas o entidades que poseen más de un inmueble para arrendar).
- Disposición inmediata de los inmuebles ociosos estatales para ser utilizados en el marco del Programa Nacional de Alquiler Social (Ley N° 22.751 – Título III).
- Durante la vigencia de la extensión del DNU, que Fernandez, Ferarresi y el Congreso, junto con organizaciones sociales e inquilines, debatan y sancionen una Ley de Emergencia Habitacional, que suspenda efectivamente todos los desalojos por el plazo de 2 años e impulse un plan de tierra y vivienda para la clase trabajadora.
- Seguro para todxs lxs trabajadorxs de 40.000
Campaña #ProhibidoDesalojar
Vecines del Hotel Costa Azul, Vecines de Casa Suipacha, Consejerías de vivienda, MTL Rebelde, Marabunta, APDH, Acción Personas en Situación de Calle, Polo Obrero, Abriendo caminos, Inquilinos en Lucha, Proyecto 7.
Para adherir y sumarse –> prohibidodesalojar@gmail.com // 11.2875.6657
Contactxs de prensa
Gigi (Consejerías de vivienda): 11.4939.4334
Ivana (Hotel Costa Azul): 11,3186-3877