El vencimiento del DNU 766 y la demanda por su extensión y ampliación ha evidenciado la emergencia de movimientos de inquilinos/as y habitantes (tanto desde la formalidad como la informalidad). Esto se relaciona con las necesidades urgentes en medio de esta crisis sin precendentes a nivel mundial y que pone de manifiesto las peores desigualdades que provoca el capitalismo. Anclar las necesidades del corto plazo con planes a largo plazo para vencer las problemáticas estructurales en el acceso a la tierra y la vivienda, es la tarea que tenemos por delante.
Por Emiliana Gómez y Gigi Krein de Consejerías de Vivienda.
El viernes 22 de enero del 2021, a 9 días de su vencimiento, se anunció la extensión del DNU 766/20 hasta el 31 de marzo de este año. Sucesor del DNU 320/20, ésta es la única herramienta legal a nivel nacional sancionada a pocos días de iniciado el ASPO que prohíbe algunos desalojos (sólo los del sector formal o con contrato), congela el valor del alquiler al de marzo de 2020 y prorroga contratos de alquiler de manera automática.
Desde las Consejerías de Vivienda, participamos en la Campaña #ProhibidoDesalojar, desde donde realizamos el pasado jueves 21/1 una importante movilización, que contó con la presencia de vecines de hoteles, pensiones, villas y recuperaciones de tierras e inmuebles de todo AMBA, junto a diversas organizaciones sociales. Las demandas que llevamos, primero al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, y luego a Casa Rosada, iban en línea con la extensión y la ampliación del DNU 766. Se exigía que el decreto se prorrogase al 31/12/21, y hasta tal momento se diera un espacio de diálogo con el gobierno para arribar a soluciones estructurales. A su vez, se remarcaba la importancia de que el mismo suspenda todos los desalojos, asi como contar con medidas económicas ante la astronómica acumulación de deuda por parte de les locataries, a saber: que el congelamiento del alquiler no lo abonemos les inquilines (debía ser dado como subsidio a quien sólo percibe un alquiler, o absorbido por los privados en caso de ser una inmobiliaria o dueño con más de una propiedad); que la deuda no compute intereses, y que se dé un plazo de 24 meses para abonar lo adeudado (hoy se plantea un máximo de 6 solamente).
Durante varios días corrieron rumores que el gobierno iba a extender el DNU, pero no se sabía si por 1 o 2 meses más. Estamos convencides que la fuerza de la movilización que realizamos terminó de definir la prórroga a 2 meses. Sin embargo, nos preguntamos si Alberto Fernandez y su gabinete realmente consideran que dentro de menos de 60 días, la situación económica y habitacional va a ser distinta a la actual, siendo que no se está ampliando el DNU para generar dispositivos como un plan de desendeudamiento real u otras medidas de fondo ante la verdadera emergencia habitacional que estamos atravesando.
¿Qué es la Campaña #ProhibidoDesalojar?
Dicha campaña surgió en CABA, en el mes de julio del 2020, frente a la necesidad de juntarnos entre vecines, asambleas y distintas organizaciones compañeras ante las continuas y numerosas denuncias que recibimos por amenazas de desalojos o desalojos consumados, particularmente en alquileres informales (hoteles, pensiones, villas, etc). Los mismos se aplican sin distinción, y, como no es sorpresa, la población que más se enfrenta a estas violencias somos las mujeres, lesbianas, travestis y trans, migrantes, familias con niñes, personas con enfermedades de base y personas embarazadas.
Llevamos adelante acciones callejeras buscando difundir y acercar a vecines la toma de conocimiento del DNU 320/20 en su momento, y 766/20 luego, así como advertir a las mafias hoteleras, dudosos dueños de inmuebles, y al GCBA encabezado por Horacio Rodriguez Larreta, que estamos organizades, y que exigimos el cumplimiento de dicho DNU.
En el marco de una pandemia mundial en la que se exige a nivel estatal no salir de tu casa para no propagar el contagio, se hace visible la importancia de la cuestión habitacional en nuestro territorio y la cantidad de gente que no puede acceder a un techo. Como venimos exigiendo desde la sanción del DNU 320/20, no es suficiente con la prórroga del decreto, sino que es esencial su ampliación, ya que no contempla a quienes viven en circuitos informales de vivienda los cuales se calculan más de 500.000 personas habitando en hoteles, pensiones, casas recuperadas y piezas en villas sólo en CABA. Tampoco se dice nada de quienes habitan en casas o tierras recuperadas, en cuyo caso siguen al borde del desalojo e incluso han sido desalojades, ya que el decreto no frena los desalojos que se dan por la vía judicial civil, penal o contencioso administrativo, como vimos en el caso de Guernica y tantas recuperaciones de tierra a nivel nacional. La norma tampoco menciona a las personas en situación de calle. El DNU sólo se centra en la gente que posee contrato en donde reside. Esto invisibiliza la situación de trabajadoras/es precarizades o desocupades que no cuentan con todos los requisitos que el mercado formal pide (adelanto, garantía propietaria en capital o seguro de caución y recibo de sueldo) por lo cual terminan en circuitos informales de alquiler, quedando librades al abuso de quienes les alquilan sin ningún tipo de control o regulación a nivel estatal, aumentando las posibilidades de desalojo, incluso muchos de manera muy violenta.
¿En qué contexto estamos?
Nos encontramos en una etapa de crisis capitalista sin precedentes a nivel mundial, producto de la pandemia del coronavirus y la incapacidad del sistema de dar respuesta ante tamaña urgencia sanitaria y social. En un panorama de crisis económica creciente, donde la inflación avanza sobre nuestros salarios de manera sostenida, una familia necesitó $ 50.000 para no ser pobre, aunque los índices de canasta básica siguen sin contemplar alquileres o cuotas hipotecarias. A pesar de esa cifra, el salario mínimo, vital y móvil se ubica en menos de la mitad ($ 20.587.,50 en diciembre del 2020). El desempleo aumentó en el tercer trimestre del 2020 hasta 11,7% y se mantiene en los niveles más altos de los últimos quince años.
Sin embargo, con medidas de ajuste el gobierno de Fernandez sigue descargando la crisis sobre les más humildes. Además del pago de la deuda ilegal e ilegítima al FMI, hemos visto avanzar a este gobierno sobre les jubilades y les estatales. Toda medida anunciada de caracter expropiatoria o redistributiva quedó sin hacerse o como algo meramente discursivo. Tomemos la expropiación de Vicentín o el impuesto a las grandes fortunas devenido en aporte unico y extraordinario a un número reducido de multimillonarios en el país. Es por esto que acciones frente a la concentración de la tierra en nuestro territorio debe contar con mucha fuerza social organizada, para torcer el brazo de un gobierno que claramente no quiere ir en serio contra los intereses de quienes detentan miles de hectáreas e inmuebles en su haber.
¿Derecho o mercancía?
Este cuadro coexiste con considerar a la tierra y la vivienda como una mercancía y no como un derecho. Mientras el deficit habitacional se ubica en las 4.000.000 de viviendas requeridas para decir que se cumple con un derecho constitucional para toda la población, se sostiene un mercado inmobiliario dolarizado. A su vez, la búsqueda de inversiones (entrada de dólares) en el sector lleva a ministros como Kulfas a impulsar blanqueo de capitales de enormes fortunas, exenciones impositivas y demás «favores» a empresarios multimillonarios. Favorecer a desarrolladoras inmobiliarias que construirán vivienda con una óptica especulativa, es cuando menos contradictorio con acciones (por cierto muy insuficientes) de otras carteras del gobierno nacional en el área de tierra y vivienda, como ser las impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat encabezado por Jorge Ferraresi, o el Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Daniel Arroyo.
El Plan Nacional de Suelo Urbano avanza de manera muy lenta y el Consejo de suelo se ha reunido sólo una vez. El programa de lotes con servicio, si bien se está implementando, deja de manera discrecional a cada municipio el tema de la adjudicación, sin espacios centralizados de cuentas claras y apertura de la información de lotes disponibles y criterios de entregas. El cambio de cabeza del Ministerio de DTyH de Bielsa a Ferraresi ha implicado una nueva mirada sobre el manejo de las negociaciones del estado para con quienes sufren el déficit habitacional. Ferraresi con su amplia experiencia de manejo discrecional de fondos en su rol de intendente de Avellaneda tiene un conocimiento más profundo sobre cómo y qué negociar con las organizaciones sociales. Esto fue lo que en su momento motivó también el pasaje de la Secretaría de Integración Sociourbana a la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, llevándose una caja millonaria y todo lo referido a lo que RENABAP abarque.
Otro gran problema sin resolución por parte del gobierno nacional es la de les tenedores UVA, también alcanzades por un decreto (el 319) que más allá de exigir la medida inmediata del congelamiento de la cuota, exigen que Fernandez cumpla con su promesa de campaña de reveer el millonario negocio usurero de bancos. Muches han visto incluso duplicarse su capital adeudado, mientras denuncian que desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat han cortado el diálogo, sin dar ninguna respuesta.
¿Y el estado?
En medio del debate sobre si debía o no extenderse el DNU 766, propietaries y empresarios inmobiliarios rasgaron sus vestiduras en defensa de la propiedad privada, criticando la excesiva intervención estatal al continuar con un decreto que suspenda algunos desalojos y congele precios de los alquileres. Así, aprovechando el momento político, Juntos por el Cambio rápido de reflejos, presentó de la mano de un grupo de diputados nacionales, encabezado por Alberto Asseff (PRO), un proyecto para que se derogue en su totalidad la ley 27.551 ó «Ley de alquileres». Si bien la nueva ley está encontrando muchas trabas para ser efectivamente cumplida por dueños e inmobiliarias, hay puntos que resultan ser regresivos para les inquilines, como el índice de ajuste y la posibilidad de acelerar los tiempos de desalojos. De esta manera, queda en evidencia que la intención de estos diputados no se basa en la rapidez o no de efectuar desalojos, sino en cuánta injerencia tendrá el estado sobre la propiedad privada.
Creemos que el estado puede y debe tener mucha más injerencia que la actual en el denominado «mercado inmobiliario». Sin respuesta para un negocio sin fin sobre todo en las grandes urbes, un problema que se ha puesto de manifiesto con los DNU 320 Y 766, sumado a la nueva ley de alquileres, es que el malhumor propietario llevó a que muchos retiren sus propiedades de alquiler. El efecto de esto es catastrófico, ya que al bajar la oferta y subir la demanda (producto de los desalojos que se efectúan aún habiendo un DNU que «los prohíbe»), el descalabro es total y las condiciones que se exigen resultan ser muy abusivas. Muchos alquileres (ya moneda corriente en los informales y cada vez más común en los formales) no aceptan familias con niñes o mascotas, sólo por dar un ejemplo. Los valores de renovación de contrato se ubicaba en algunos casos por encima del 60% de la última cuota del alquiler, y así podríamos continuar enumerando. El fenómeno que ocurre, es la tendencia creciente al alquiler temporal, con tiempos más acotados a nivel contractual y orientado a personas solas y jóvenes.
La desregulación del suelo también es total, por caso tenemos el incumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en Provincia de Buenos Aires, que debería haberse aplicado en el caso de Guernica, y aun asi no se hizo, avanzando con el desalojo de miles de familias, que habían quedado en situación de calle luego de ser desalojadas a pesar de estar vigente el DNU 766, y también de muchas compañeras huyendo de la violencia de género ejercida por el violento con quien compartían la vivienda. Cabe destacar en este punto que no existen medidas de respuesta habitacional urgente para mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries que sufren violencia de género, ni a nivel local ni a nivel nacional.
¿Hay salida? Sí, hay.
La lucha por la tierra y la vivienda entendemos que debe verse desde dos ángulos: el primero, desde el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. El segundo, como una lucha enmarcada en crear resistencias y alternativas a la reproducción del capitalismo a través del acaparamiento de suelo y la creación de ciudades y viviendas con fines especulativos.
Es urgente pelear porque se declare a nivel nacional la Emergencia Habitacional, y que en ese marco se dé lugar a un esquema de alquiler social, nacionalización de las cooperativas de vivienda, plan de viviendas desde y para la clase trabajadora, se suspendan de manera efectiva todos los desalojos por 2 años, se decrete un impuesto a la tierra y la vivienda ociosa, en conjunto con un esquema de uso social y expropiación para aquellos espacios habitables que transcurren sin uso durante más de 1 año, a la vez que se de una disposición inmediata de inmuebles y tierras del estado).
En la pasada movilización del jueves 21 al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, y luego a Plaza de Mayo, se vio la unidad y continuidad de lucha de diversos métodos y diversos territorios. Las lógicas que nuestro pueblo encuentra ante el incumplimiento de derechos por parte del estado y la criminalización por parte de sus fuerzas represivas y medios hegemónicos de desinformación, son diversas. La unidad de quienes recuperan espacios ociosos (ya sean tierras o inmuebles) ante la falta estructural de tierra y vivienda, así como las distintas realidades de las grandes metrópolis frente a espacios más alejados de la centralidad, sin dejar de mencionar claro está a quienes sufren los constantes abusos del mercado tanto formal como informal de alquileres, es un primer gran paso. Muches recordamos en esa jornada de lucha el importante pre-encuentro de Tierra y vivienda realizado en Guernica el 12 de Octubre de 2020. Alentamos a sostener y fortalecer ese tipo de armados, sumamente necesarios para que desde las múltiples realidades y estrategias que nos damos desde la clase trabajadora, surja un movimiento de habitantes e inquilines que de batalla, aporte ideas y fuerza movilizada en la conquista de nuestros derechos.