Por más de cinco años, desde su desaparición el 31 de enero de 2009, familiares, amigxs y organizaciones del campo popular exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga.
Teníamos desde el primer momento la certeza de que la policía era responsable, no había dudas. Meses antes de su desaparición, Luciano había sido detenido ilegalmente y torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Una práctica habitual que se descarga sobre la juventud en las barriadas, muchas veces para forzar su reclutamiento para robar para la policía, a la que este emblemático caso vino a dar mayor visibilidad. Por supuesto, esos años pasaron sin que desde la justicia y el resto del estado se dieran respuestas, era sólo un pibe pobre desaparecido.
El 17 de agosto de 2014, la familia de Luciano anunció que su cuerpo había sido hallado en el cementerio de la Chacarita, enterrado como víctima no identificada, arrollada por un auto en la avenida General Paz el mismo día de su desaparición. Como NN, Luciano había sido llevado al Hospital Santojanni por el SAME; luego fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia ordenada por un juzgado nacional, que finalmente dispuso su inhumación en el cementerio de la Chacarita. El mismo hospital en el que estuvieron, en enero de 2009, su madre y hermana, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, preguntando si había alguien de la descripción de Luciano, la misma morgue que recibió un oficio judicial de la fiscalía de San Justo preguntando lo mismo poco después. Es impensable que fuese una simple sucesión de errores o torpezas que en todos esos lugares en los que tuvieron a Luciano no lo identificaran y respondieran negativamente cada requerimiento.
Dato central al que debemos volver es que la desaparición y muerte de Luciano no es un caso aislado, sino consecuencia de la sistematicidad con la que policía hostiga, detiene arbitrariamente, tortura y mata a lxs pibxs en las barriadas pobres, a la que la lucha popular por Luciano visibilizó como pocas veces antes.
Luciano forma parte de una lista de 203 personas desaparecidas en democracia, entre los que también se encuentran casos tan emblemáticos como los de Adolfo Garrido y Raúl Garrido (1990), Andrés Núñez (1990), Miguel Bru (1993), Iván Torres (2003), Jorge Julio López (2006), Daniel Solano (2011), Facundo Rivera Alegre (2012), o los más recientes de Santiago Maldonado (2017), Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro (2020). En algunos casos sus cuerpos fueron encontrados semanas, meses o años después, en otros permanecen desaparecidxs, todos con el denominador común de la intervención decisiva de alguna fuerza de seguridad.
En nuestro país, la lucha por los DDHH contra el terrorismo de estado de la dictadura cívico-militar-eclesiástica ha sido un ejemplo para el mundo. Esto sin lugar a dudas ha contribuido a que el repudio generalizado contra los crímenes cometidos por el estado tenga un consenso muy fuerte. Las banderas del “Nunca Más” y el “Juicio y Castigo” se han arraigado en la mayoría de nuestro pueblo.
Pero esas 203 desapariciones, parte de la lista de 7.587 personas asesinadas a manos del estado desde 1983 que contiene la última actualización de nuestro Archivo, nos dicen que la represión a manos de las fuerzas policiales y de “seguridad” es política de estado.
Es la vigencia de las facultades de las fuerzas para detener, controlar y amedrentar la que garantiza el poder sobre los sectores más vulnerables, como lxs jóvenes y lxs pobres. Es la garantía de impunidad que otorgan jueces y fiscales los que sostienen el permiso de matar con el gatillo fácil, de torturar, de asesinar en las cárceles y comisarías. Es el estado que, en el mejor de los casos, habla de casos aislados de “policías malos y corruptos” pero que garantiza sus aumentos de sueldo y les lava la cara ante la sociedad otorgándoles funciones “sociales y asistenciales”.
La lucha para conseguir una sociedad más justa y sin represión no exige que hoy sigamos peleando. Para que no hayan más Lucianos, ni Julios, ni Santiagos, ni Facundos.
Desde nuestro humilde lugar seguimos exigiendo que el estado atienda una Agenda Antirrepresiva de manera urgente. Y seguimos exigiendo justicia en las calles por Luciano y por todxs lxs pibes asesinadxs por la policía.
BASTA DE GATILLO FÁCIL
FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS
BASTA DE REPRESIÓN, TORTURAS, ASESINATOS Y DESAPARICIONES
Fuente: http://www.correpi.org/2021/yo-sabia-que-a-luciano-lo-mato-la-policia/