Los integrantes de la Comunidad Nicoleña por el Ambiente (CoNA), acompañados por vecinos, organismos de derechos humanos locales y las madres de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial –los jóvenes asesinados en junio del año pasado cuando la moto en la que se trasladaban fue intencionalmente embestida por un patrullero policial- realizaron este viernes 29 de enero una conferencia de prensa para visibilizar y denunciar la brutalidad policial con la que fueron sacados del “Parque Rafael de Aguiar” el martes pasado y luego trasladados a la Comisaría Tercera donde permanecieron hacinados en un calabozo hasta que el reclamo popular provocó la liberación de los 11 activistas. Dos de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por las graves lesiones recibidas durante la golpiza del martes.
“Esta violencia institucional, esta brutalidad policial creíamos que había quedado atrás hace más de 40 años, pero evidentemente como sociedad no hemos crecido demasiado. Yo amo el parque Aguiar…”, intentó cerrar Oscar su testimonio en la conferencia de prensa, aunque no pudo hacerlo por la emoción que lo invadió súbitamente. La comparación con la última dictadura cívico-militar se reiteró en varios momentos a medida que cada una de las víctimas de la represión y la detención ilegal del pasado 26 de enero fue tomando la palabra.
“Estábamos ejerciendo un derecho legítimo, constitucional, que es el de reclamar y protestar frente a acciones ilegales del municipio sobre una reserva natural protegida por ordenanzas y legislación nacional. Por eso decimos que lo que ocurrió el martes 26 debe ser un llamado de atención, un llamado a la conciencia colectiva en San Nicolás, porque la represión fue para permitir un crimen contra la naturaleza, que es la verdadera víctima de esta historia”, afirmó una de las integrantes de la organización ambiental CoNA.
La reserva “Parque Rafael de Aguiar” es un área protegida, de 1500 hectáreas, que se que se extiende sobre la costa del arroyo Yaguarón, en San Nicolás, en el norte bonaerense. Además de un vasto ecosistema de flora y fauna nativa, cumple una importante de control de aguas por ser zona de humedales. Tanto por ordenanzas municipales, como legislación provincial y nacional, el Parque no puede ser objeto de modificación de suelos, emprendimientos públicos ni privados ni sometido a la libre explotación turística.
Es esta reserva natural la que desde el viernes 22 de enero un grupo de vecinos autoconvocados e integrantes de la asociación CoNA intentaron proteger, exigiendo el cese de las obras de ensanchamiento de un camino que el municipio de San Nicolás pretende llevar a cabo en la reserva. Cabe destacar que las acciones de los vecinos en defensa de la reserva ya habían comenzado tres meses antes, mediante un acampe, cuando surgió la noticia del inminente inicio de la obra. Finalmente desde el 22 de enero, al menos 50 camiones descargaron escombros a pesar de que en dos ocasiones la fiscalía departamental ordenó el retiro de las maquinarias.
En efecto, el viernes 22 y el lunes 25 de enero se frenaron por orden judicial las descargas de escombros, pero el 26 volvieron los camiones municipales al lugar, en esa ocasión escoltados por un operativo policial que nadie pudo justificar ni avalar. “La policía nos quiso sacar del parque, pero nosotros –éramos una decena de vecinos, y luego se fueron sumando otros- le pedimos la orden formal: nunca la mostraron porque, en efecto, no existía. Y en un momento comenzaron a empujarnos con violencia hacia afuera del camino que estaban rellenando”, describió unos de los integrantes de CoNA que participó de la conferencia.
Desde ese momento los manifestantes comenzaron a ser esposados, tirados al suelo violentamente, golpeados con puños y patadas, amenazados con ser “tirados al río”, y arrastrados por la fuerza hasta ser ingresados a los patrulleros que se fueron llevando detenidas a 11 personas. Una joven, incluso, fue despojada de su pantalón debiendo permanecer en ropa interior mientras también recibía golpes e insultos misóginos.
Las víctimas de la brutalidad policial fueron llevadas a la Comisaría Tercera de San Nicolás, donde los mantuvieron tirados en un patio de la dependencia y luego los alojaron, hacinados, en un mismo calabozo. Otro de los integrantes de CoNA -que llegó a la reserva cuando ya trasladaban a los detenidos- se dirigió a la Comisaría para asistir a sus compañeros pero también resultó violentado, primero verbalmente, y luego esposado y arrojado al suelo junto a los demás.
Javier es padre de dos hijos, y los tres fueron víctimas del accionar policial. En la conferencia relató que “en plena golpiza intentaba tirarme encima de mis hijos para que no recibieran los golpes. Esta violencia tiene que ver con una política del gobierno local que no puede justificar, dentro del marco de la legalidad, determinadas obras de infraestructura por lo que necesita un brazo duro, una ‘guardia pretoriana’, y qué mejor para eso que los serviles de la Policía Comunal”, se preguntó Javier, quien agradeció la presencia y acompañamiento de Sandra y Verónica, las madres de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, jóvenes nicoleños que en junio pasado fueron asesinados por la policía tras ser embestidos con un patrullero.
“La lucha de Sandra y Verónica tiene mucho que ver con esto que hoy nos convoca, y debemos aunar esfuerzos, acciones y reclamos para que se termine la impunidad y la violencia institucional en San Nicolás”; agregó.
Otra de las integrantes de CoNA afirmó que “vivimos momentos de pánico y horror, pero quiero remarcar que la víctima acá es la naturaleza y quien está viviendo el hecho más aberrante es el Parque Rafael de Aguiar. No nos olvidemos que es una zona de humedales, hay que tomar conciencia de esto, de lo que hace esta gestión y de lo que hicieron los anteriores gobiernos, utilizando la reserva como un sitio de descarga de desechos, de cloacas de barrios privados, de grandes empresas que vierten contaminantes por no realizar el tratamiento adecuado”.
“Esto es un llamado a la conciencia de toda la ciudadanía, no sólo por lo que se hace en la reserva sino en todos los espacios naturales de San Nicolás. Es el último pulmón verde que queda”, concluyó.
Las víctimas de la represión también llamaron a la reflexión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por su apoyo explícito al accionar policial del 26 de enero, así como al intendente Manuel Passaglia, quien no sólo justificó el operativo en la reserva sino que mantiene desde hace semanas una fuerte presencia policial en la puerta del Palacio Municipal, también sin orden expresa y formal del Ministerio de Seguridad o de alguna instancia judicial.
Frente a este grave escenario, la CPM manifestó su rechazo y preocupación por la violencia ilegal de la policía en San Nicolás y la calificó de inadmisible: “No hay ningún bien o interés público a resguardar que justifique la violencia ilegal por parte del estado. Las lesiones ocasionadas a los manifestantes y su detención arbitraria no responden a ningún protocolo de actuación de fuerzas de seguridad reguladas por el estado de derecho”.
“Es imprescindible la investigación administrativa y penal de estos hechos, para determinar las responsabilidades de los funcionarios y agentes del Municipio de San Nicolás y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que la CPM ha realizado una denuncia penal y presentaciones administrativas a la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Bs. As. y al Municipio de San Nicolás”, agregó.