Por Oscar Rotundo*. – El gobierno popular del Estado Plurinacional de Bolivia, ha llegado a 100 días de gestión, en medio de una serie eventos meteorológicos y sanitarios, que han requerido de la intervención del Estado; con una campaña electoral en desarrollo y con una operación feroz de la derecha y los multimedios de desinformación para minimizar sus logros y tratar de desestabilizar la democracia.
El resurgir de Bolivia, luego del desastre que dejara la administración de facto de Jeanine Añez, no ha sido sencillo y para llegar al equilibrio que lo coloque en la senda del porvenir, va tener que pasar algún tiempo, que no necesariamente será cronológico.
Los tiempos en política y en economía, están recreados por la firmeza y la justeza de las decisiones que los lideres tomen y por la conjugación con otros tiempos; los tiempos de la concreción de asociaciones en el nuevo espacio que se abre, en medio de las crisis.
Así lo demuestra la amalgama solidaria, que en torno a la del Covid-19, se ha construido entre potencias como Rusia y China y los pueblos del mal llamado tercer mundo, para que juntos puedan combatir el flagelo de la pandemia.
Para el gobierno popular de Luís Arce, la lucha contra la pandemia de coronavirus, es un objetivo estratégico, pues se trata de salvar vidas, partiendo de una situación sanitaria agravada, por medidas improvisadas y por la mala utilización de los recursos del Estado, en los que no faltaron hechos de corrupción, ya identificados.
Según los últimos reportes, al 15 de febrero, el país presentaba 236.732 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 11.202 personas fallecidas y 177.775 pacientes recuperados.
Al asumir el presidente Arce, se adquirieron 2.2 millones de pruebas diagnósticas y se realizaron compras de medicamentos, reactivos, equipamientos e insumos para el trabajo de los laboratorios; se efectuaron testeos masivos, y diagnósticos tempranos, para atacar y disminuir la letalidad de la pandemia.
Se adquirieron un total de 5.2 millones de dosis de la Sputnik V y cinco millones de dosis del fármaco de AstraZeneca-Oxford y se gestionaron 5.1 millones de dosis de otros inmunizadores, a través del mecanismo Covax.
Los primeros días de febrero, la autoridad sanitaria completó el envío de las dosis de la Sputnik V a los nueve departamentos para vacunar al personal de salud, administrando 20.000 dosis hasta el momento.
También, para estos días, se espera el arribo de alrededor de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca-Oxford (900.000) y Pfizer-Biontech (92.430), y 500.000 dosis de la vacuna producida por la biofarmacéutica china Sinopharm para reforzar la vacunación masiva.
A esta situación de pandemia, debemos sumar los esfuerzos que el gobierno viene realizando para abordar las consecuencias de las inundaciones que sacuden a 74 municipios y que, hasta la fecha han ocasionado 8 muertes y pérdidas materiales, por lo cual el presidente Luis Arce ha decretado la alerta roja hidrológica en las cuencas de los ríos Mamoré, Isiboro, y la alerta naranja en los departamentos de Ben, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Como no podía ser de otra manera, la oposición fascista y los sectores económicos que la acompañan en su pretensión de volver al régimen despótico neoliberal, despliegan su campaña de sabotaje y manipulación hacia la opinión pública, tratando de sacar beneficios electorales en los próximos comisión sub-nacionales.
Para fortalecer la gestión de gobierno y atajar las maniobras de los especuladores, la Asamblea Plurinacional está debatiendo la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que plantea cinco ejes, para atender la segunda ola de la pandemia del Covid-19; entre ellos, establece la conformación de un Consejo Nacional Estratégico, para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio para enfrentar las actitudes irresponsables y delictivas de quienes pretendan medrar con la salud del pueblo.
“No podemos abandonar a la población y esta ley busca facilitar el acceso a la salud ante la pandemia. Es una ley especial que va a durar por un tiempo determinado. Están polemizando porque estamos en tiempos electorales”, explicaba el diputado Renán Cabezas del Movimiento Al Socialismo (MAS), al tiempo que la senadora de Oruro Laura Luján manifestaba que, gracias a la norma, se regularizarán los precios de los medicamentos, se podrán contratar a más médicos especialistas y se evitarán los abusos por parte de algunas clínicas privadas.
La ley como garantía para el acceso a la salud y para la reparación de las injusticias ocasionadas por el golpe de estado.
Bajo esa premisa, el parlamento aprobó la “Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” que fuera enviado por el Ejecutivo de Luis Arce al Parlamento, ocasionando, como era de esperar, la lógica protesta de quienes apoyaron el golpe de estado, las masacres y el saqueo del país.
Al concluir el debate, los representantes de la oposición, en desacuerdo con la norma, comenzaron a gritarle, sin ningún rubor, a la bancada oficialista, “dictadores”, “democracia sí, dictadura no” y “debate es democracia”.
Al terminar la sesión, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó a la prensa que, “la amnistía que beneficiará a quienes fueron víctimas de «persecución política desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020”.
Por otro lado, cabe destacar que, en la justicia se libra una batalla importantísima para el sostenimiento de la democracia.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lleva adelante acciones contra la expresidenta Jeanine Áñez por considerarla como la principal responsable de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en noviembre de 2019, por haber firmado el decreto que eximió de responsabilidad penal, a los militares para “restablecer el orden”.
En dialogo con los medios expresó “No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de Defensa y Gobierno) porque hubo una presidenta, que les ordenó a ellos, y esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de defensa de situación de legítima defensa. Una analogía a los decretos que sacaba (Jorge Rafael) Videla en la época de la dictadura de Argentina”
En medio de un proceso, en donde “lo viejo y tristemente conocido” se resiste a morir, la esperanza, la solidaridad y el compromiso con el futuro se abre paso.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías acaba de informar que en los próximos meses entrarán en funcionamiento, tres parques eólicos y tres sistemas de ciclos combinados en plantas termoeléctricas.
Esto, aumentará la capacidad de producción de electricidad a más de 3.500 megavatios (MW) posibilitándole a Bolivia, exportar energía al mercado internacional.
También como parte de la diversificación energética, Bolivia acaba de inaugurar la planta solar fotovoltaica, considerada la más alta del mundo, con una capacidad de producir 100 megavatios al sistema nacional.
Situada en la población altiplánica de Ancotanga, en el departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, posee “más de 300.000 paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas”.
La obra fue ejecutada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) con recursos estatales, un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) de más de US$ 68,6 millones y otros casi 14 millones donados por la Unión Europea (UE).
Todos estos logros se complementan con la decisión política del presidente Arce de implementar el Impuesto a las Grandes Fortunas para que contribuya a la redistribución de la riqueza, dentro del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
El año pasado, el gobierno puso en vigencia la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, que fija porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores.
En 100 días, el gobierno popular del presidente Arce ejecutó medidas económicas como el pago del Bono Contra el Hambre, la reprogramación y refinanciamiento de créditos, la creación de créditos al 0,5 por ciento de interés, y el Impuesto a las Grandes Fortunas, se puso a la cabeza en la lucha contra la pandemia, avanzo sobre la impunidad y consolidó la soberanía nacional frente a los gringos y los israelitas en el tema de las visas, estrecho lazos con las potencias y países de la región y afianzó la democracia posibilitando un proceso electoral, salvaguardando la vida de los participantes.
Para muchos políticos, la adversidad es un problema, para otros un desafío
*Analista político del equipo de Periodismo Internacional Alternativo PIA Global