La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición. Las medidas de prueba, solicitadas por los fiscales de la causa, los abogados de Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza María Gabriela Marrón. Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que sus decisiones impiden avanzar con la investigación y pretenden cerrar la causa bajo su única hipótesis: la muerte por accidente. Las querellas, que ya habían solicitado su apartamiento, acompañan el pedido del Ministerio Público Fiscal.
Este viernes 12 de febrero los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Leandro Picado, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocaron parcialmente la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y los abogados de Cristina Castro habían señalado en que la resolución de la jueza causaba un profundo perjuicio a la investigación y apuntaban a una única dirección: desestimar la hipótesis de la desaparición forzada, aun cuando siga siendo la más fuerte y probada de todas las hipótesis, y cerrar la causa.
La resolución de la Cámara de este viernes permite subsanar en parte aquel grave error. Los jueces ordenaron que se realicen dos de las más importantes medidas de prueba que se habían solicitado: un nuevo allanamiento del puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.
Sobre el primero de los puntos, el escrito de la Cámara detalla que el nuevo allanamiento e inspección se debe realizar sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, para la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones.
En sus fundamentos, la Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.
A la luz de esta decisión, tanto la CPM como la querella familiar reclamaron que se autorice la pronta participación del perito Marcos Herrero para impedir que nuevas demoras impliquen la pérdida de evidencias que pudieran recabarse en el lugar.
Sobre el segundo de los puntos, la Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto Gonzalez, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación
Asimismo, los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a extraer, mediante software forense, la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.
A la par de esta resolución de la Cámara, también se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolin de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.
En la apelación presentada ante la Cámara, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sostenido que las decisiones de la jueza implican una clara intromisión en las facultades que le competen a la fiscalía y que, en su conjunto, expresan una única idea: seguir como única hipótesis de la causa la muerte por accidente.
Con argumentos similares, la parcialidad manifiesta de la jueza Marrón y el poco interés por conceder medidas de prueba que investiguen la desaparición forzada seguida de muerte, la CPM y Cristina Castro ya habían pedido que la magistrada sea apartada de la causa. En ese momento, la Cámara rechazó el pedido de las querellas, que ahora acompañarán la presentación realizada por los fiscales Heim y Azzolin.