Hidrovía Paraná: Las penas son de nosotros, los barquitos…

Organizaciones gremiales, sociales y políticas manifestaron su rechazo a la marcha atrás del gobierno en su intención de recobrar el manejo estatal de la ruta navegable Hidrovía Paraná. De qué se trata el proyecto del Canal de Magdalena y por qué surge como alternativa “para recuperar en serio nuestra soberanía”.

Foto: Luciano Dico.

En agosto el presidente Alberto Fernández anunciaba la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, en la que participarían Nación y las siete provincias costeras del Paraná, y de un Consejo Federal Consultivo. Ambos organismos serían los encargados de atender el funcionamiento y las políticas de transporte a través de la vía navegable conformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, ante el inminente vencimiento del contrato de la actual concesionaria -Hidrovía S.A., integrada por la compañía belga Jan de Nul y la argentina EMEPA-, que se dará el 30 de abril de 2021.

La concesión fue otorgada por Carlos Menem en 1995, por un plazo inicial de 10 años, aunque luego fue prorrogada en varias oportunidades.

La medida generó expectativas en los sectores vinculados al interés nacional, la industria argentina y el comercio exterior. Sin embargo, tres meses después y a través del Decreto 949/20, el Ejecutivo delegó en el Ministerio de Transporte las facultades de volver a concesionar a privados- sin mediación alguna del Congreso o intervención popular- la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y mantenimiento de la “vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico”.

La importancia de este curso de agua no es menor. Al año, por la hidrovía Paraguay-Paraná -principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera nacional con el mundo- transitan 4.600 embarcaciones que trasladan el 75% de las exportaciones del país. Actualmente están a cargo de la empresa Hidrovía S.A., gracias a una concesión otorgada por Carlos Menem en 1995 por un plazo inicial de 10 años que fue prorrogado en diversas oportunidades. Ésta caduca el próximo 30 de abril de 2021. Pero con el decreto que habilita una nueva concesión, se perdería la oportunidad histórica de recuperar el control estatal sobre ese curso de agua.

Es en este marco que se llevó a cabo este jueves una manifestación frente a la sede de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, donde organizaciones gremiales, sociales y políticas rechazaron la marcha atrás del Gobierno.

“El presidente dijo `si me estoy equivocando que me lo hagan saber´, y acá estamos pidiendo que se reactive el organismo con políticas públicas, con control del Estado para que los fondos queden en el país y para terminar con la entrega constante de la comercialización de los ríos y los puertos. Tenemos que insistir con la construcción de buques por eso, es necesario recuperar la marina mercante porque ya no hay barcos con  bandera Argentina. Por eso insistimos con el Canal de Magdalena. para recuperar en serio nuestra soberanía”, apuntó Oscar Verón, delegado General de ATE Vías Navegables.

Días atrás el senador Jorge Taiana citó al ministro de Transporte Mario Meoni para que informe en el Congreso el motivo por el cual se desestimó la creación de la Administradora Federal y brinde detalles sobre las potenciales concesiones. La consulta de legislador también incluyó las dudas en torno a las razones de la demora en la puesta a punto del Canal Magdalena, una vía de entrada directa al puerto de Buenos Aires que evitaría la escala obligada actual en la capital uruguaya, cuya creación fue dispuesta en 2015 por la entonces presidenta Cristina Fernández, luego dejada sin efecto por el gobierno de Juntos por el Cambio y retomada el año pasado por el Frente de Todos –que la incluyó en el Presupuesto 2021-, con el impulso de Taiana y fuerte respaldo de sindicatos marítimos y de la industria.

“Si va a haber un Estado que defienda la soberanía en función de los intereses populares, necesita organismos que estén compuestos de trabajadores capacitados. Estamos pidiendo lugar de pelea por la soberanía nacional para que sea en función de los intereses populares. Pedimos que se derogue el decreto de la hidrovía para que los grupos económicos no se beneficien más a costa de todos los argentinos”, señaló Orestes “Beto” Galeano, integrante de la conducción nacional de ATE.

El cierre del acto estuvo a cargo de Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): “Está claro que el saber que anida en los trabajadores y trabajadoras, en las organizaciones libres del pueblo, en los movimientos populares, alcanza para hacer esta patria libre y soberana. En este tiempo difícil, nosotros somos optimistas, somos esperanzados. Los movimientos populares y los trabajadores somos sujetos de transformación. En ese andamos y por eso vinimos acá y seguiremos peleando”.


Fuente: https://canalabierto.com.ar/2021/02/18/las-penas-son-de-nosotros-los-barquitos/

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