Discurso presidencial en medio del escándalo de los vacunatorios VIP

Discurso presidencial en medio del escándalo de los vacunatorios VIP

Mario Hernandez

El presidente habló de sus apuestas y “propuestas” para superar la crisis económica. En ese sentido, hizo hincapié en el Plan de Desarrollo Federal, impulsando obra pública para mejorar la exportación de materias primas; reforzando el Acuerdo Federal Minero y Vaca Muerta, terreno privilegiado de las multinacionales extractivistas y contaminantes; expandiendo las tierras para el cultivo, centralmente de commodities y fomentando la expansión portuaria sin cuestionar su apropiación en manos de pulpos exportadores.

También habló de salarios y precios, donde reiteró su “plan” de equilibrar el aumento de ambos, dando por hecho que lo perdido ya no se recuperará, a partir de acuerdos entre empresarios y sindicatos. “Cada sector debe estar dispuesto a contribuir, nadie se salva solo, es central coordinar esfuerzos para que el salario le gane a la inflación”, afirmó.

 

En medio del escándalo por el vacunatorio VIP que había montado el ex ministro de Salud, Ginés González García, los trabajadores esenciales continúan a la espera de vacunas y protocolos serios para hacer frente a la pandemia.

Walter Piris, Rubén Figueroa, Jorge Suárez y Oscar Ibarra fallecieron en menos de 24 horas. Jorge trabajaba en la estación de Constitución en el área de limpieza y tenía 49 años. Rubén también era de limpieza, pero en Wilde. Walter de 53 años era señalero en la Línea Urquiza y Oscar se desempeñaba en el sector de Resguardo del Belgrano Norte.

Nadie puede negar el rol estratégico de los ferroviarios y los trabajadores del transporte en general. Sin embargo, todavía no son parte del plan de vacunación del gobierno como servicio esencial. Tienen prioridad de vacunación las fuerzas represivas por sobre los trabajadores del transporte. Por ejemplo, la Policía Bonaerense. Por esa razón, Walter y Rubén a pesar de ser factor de riesgo y personal esencial todavía no estaban vacunados.

Esta misma semana se reunió la conducción de la CGT, entre ellos se encontraba Sassia, dirigente de la Unión Ferroviaria. Los temas a tratarse en la reunión fueron el lanzamiento del Consejo Económico y Social, la marcha del acuerdo de precios y salarios junto al clásico e infaltable reclamo por los fondos de las obras sociales. El escándalo de la vacunación VIP se coló en la reunión. Según lo confirmaron algunos de los presentes, la CGT salió a “acompañar al gobierno” pocos días después de que se destapara la olla. No sorprende, siempre cerca de los privilegiados como buenos amigos del poder.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad confirmó que las dosis de la vacuna contra el covid-19 que llegaron desde China no serán destinadas a la inmediata vacunación de docentes, sino que primero se terminará de aplicar al personal de la salud porteño.

“La vacuna que llegó de China sólo puede aplicarse a menores de 60 años, entonces la Ciudad continuará con su plan y vacunará a médicos menores de 60 años y el remanente se destinará al personal estratégico, grupo en el cual se encuentran los docentes”, junto con el “personal de Seguridad y Desarrollo humano”, declaró el ministro de salud porteño, Fernán Quirós.

Sin embargo, a comienzos de la semana pasada salió a la luz que Rodríguez Larreta, en lugar de destinar las dosis a terminar de vacunar al verdadero personal estratégico, como los trabajadores de la salud, que están en primera línea enfrentando la pandemia, o al personal docente, que están frente a grupos de estudiantes todos los días, destinó una parte importante de las dosis recibidas (9.900) para distribuirlas entre los entes privados de la salud, como obras sociales y empresas de medicina prepaga.

El escándalo de las vacunas vip alcanzó a la Ciudad, cuando se conoció que los sindicalistas Hugo Moyano y Amadeo Genta, junto a sus familias, recibieron la vacuna, no precisamente por ser “personal estratégico”.

La diputada porteña Myriam Bregman del PTS/FIT presentó junto a Alejandrina Barry un pedido de informes urgente, para que el gobierno porteño dé explicaciones sobre esta distribución deliberada y se clarifique cómo será aplicada.

 

Conflictos sindicales

 

Los trabajadores del frigorífico Arrebeef ubicado en la localidad de Pérez Millán vienen exigiendo mejores condiciones de trabajo y aumentos de salario. Vienen de realizar un paro ante lo cual la patronal amenazó, como ya lo ha hecho anteriormente, con un cierre de la planta de 1.000 trabajadores. Ante la falta de diálogo con la empresa, el cansancio por el maltrato por parte de la patronal y el abandono del sindicato que, según denuncian los trabajadores, “patean para el lado de la empresa”, han decidido hacer una permanencia pacífica en la planta.

En Arrebeef no pagan salarios según paritaria sino a través de un acuerdo entre la empresa y el sindicato. Es por eso que los trabajadores enviaron una carta a la patronal pidiendo que negocie con ellos el aumento de salario. Actualmente cobran solo $20.000 pesos por quincena mientras los frigoríficos se llenan de plata y el precio de la carne aumenta en las góndolas mes a mes.

Cabe resaltar que esta empresa posee una planta de 26.000 m2, que es la segunda exportadora de carnes del país y que faena unas 30.000 cabezas de ganado por mes.

El pasado 5 de febrero, las y los trabajadores de ArreBeef se movilizaron a la sede gremial del Sindicato de la Carne de Pérez Millán. La protesta tenía la intención de exigir la renuncia del Secretario General, Luis Pérez, y que fueran convocadas las elecciones a delegados en la planta. Luego de varias horas de movilización, no fueron atendidos. Finalmente, Luis Pérez, junto a su mano derecha, Griselda Lafuente, abandonaron la sede gremial bajo una fuerte custodia policial.

El delegado comunal de Pérez Millán fue a dialogar con la empresa y se ofreció a encabezar las negociaciones con la condición de que los trabajadores levantaran la permanencia. Esto fue ampliamente rechazado en asamblea donde los trabajadores denunciaron que es una maniobra para que se lleven las carnes.

Afuera de la planta los acompaña una multitud de familiares y vecinos de la localidad de Pérez Millán que afirman que están dispuestos a pelear por sus derechos y condiciones de trabajo. Familiares denuncian que el abuso es de años con bajos salarios, engaños y amenazas.

Los trabajadores emitieron un comunicado para pedir que se difunda su situación: «Desde esta madrugada la policía nos amenaza con desalojarnos para que no podamos mantener nuestro reclamo. Rechazamos que nos quieran criminalizar cuando solo pedimos lo que nos corresponde. Pedimos que el gobierno dé una solución a nuestros reclamos. Nosotros nos mantenemos firmes en los portones.»

Finalmente, este martes tendrán una mesa de diálogo con la empresa y el intendente de Ramallo.

Durante todos estos días, además del aguante de las familias y amigos afuera de la planta tomada, tuvieron solidaridad y apoyo de trabajadores de la fábrica recuperada Madygraf, de los jóvenes de Hey Latam que ocuparon el call center en defensa de sus puestos de trabajo, junto a referentes políticos. Además, de los trabajadores aceiteros de Bunge Ramallo y de la empresa Ecocarnes de San Fernando.

Los trabajadores del call center Exactor, uno de los tantos que nuclea trabajadores que exclusivamente prestan tareas para Claro, salieron a la calle.

Denuncian que la firma «no cesa de mudar sus operaciones de un call center a otro» y que ese modus operandi de larga data va dejando a su paso «un sinnúmero de trabajadores en la calle».

Por ello, mientras aguardaban los avances de las audiencias ministeriales con el acompañamiento el Sindicato de Empleados de Comercio, los trabajadores se convocaron en las puertas de Claro.

Los trabajadores, además, manifestaron su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en el marco de la tercerización laboral que, según remarcan, se ha profundizado durante la pandemia.

La UTA acordó un bono de $ 15.000 y dejó sin efecto la amenaza de paralizar el transporte en todo el país.

Según informaron fuentes gremiales, el acuerdo consiste en «el pago de una suma fija de $ 15.000 en tres cuotas con los haberes de marzo, abril y mayo para cerrar las paritarias 2020».

También resolvieron que el próximo 4 de marzo reiniciarán las negociaciones de la paritaria 2021.

El acuerdo no resuelve el malestar de miles de choferes de la zona metropolitana y el interior que, en el mejor de los casos, vieron cómo sus salarios perdieron 12 puntos frente a la inflación del año pasado.

En muchas provincias siguen abiertos conflictos y un profundo malestar que difícilmente se resuelva con esta suma fija. Hay bronca para imponer un verdadero aumento para recuperar lo perdido en 2020 y los años anteriores.

Con la notificación del Ministerio de Trabajo, el gremio de Dragado y Balizamiento que conduce Juan Carlos Schmid puso fin al paro dispuesto el pasado viernes en reclamo de certezas para 800 puestos de trabajo que penden de un hilo por la falta de avances en la renovación de la concesión de la Hidrovía Paraná Paraguay, pero amenazó con otro paro de 48 horas de no haber soluciones concretas.

Junto a la conciliación llegó el compromiso de funcionarios de la cartera de Transporte y de Trabajo y Seguridad Social respecto a que los nuevos adjudicatarios de la licitación de la Hidrovía incluirán en su nómina a la totalidad de los trabajadores que hoy se emplean.

La medida de fuerza había sido establecida en virtud de la «incertidumbre» laboral con respecto a la concesión de la Hidrovía, «las condiciones laborales» para los trabajadores y contó con la solidaridad y el apoyo de la FeMPinRa y de la Confederación General del Trabajo.

Las tareas se normalizaron recién a las 22 horas por cuestiones logísticas, explicaron desde el gremio en el texto difundido, donde además advierten que de no haber una solución «el gremio tiene previsto un paro de 48 horas» para la semana entrante.

Por éste tema, el sindicato venía realizando asambleas permanentes desde el 22 de este mes, en ocasión del primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía, y «no se detendrá» hasta no «asegurar los puestos de trabajo», según confirmaron oficialmente.

La Policía Bonaerense y un fiscal amenazaron con desalojar e iniciar causas penales si los trabajadores no levantan las medidas de fuerza en Siderar Canning.

“En momentos que se realizaba una asamblea de trabajadores al interior de la planta, un comisario y un fiscal se presentaron para presionar a los trabajadores amenazando con causas penales e incluso un posible desalojo, si no permiten que la patronal retire los camiones cargados con productos”, denuncian los trabajadores.
También recuerdan los motivos del conflicto: “el grupo Techint que despidió 35 trabajadores, que no respeta el convenio ni el salario, que le paga el 40% a los trabajadores con enfermedades preexistentes empujándolos a ir a trabajar y poniendo en riesgo sus vidas, cuenta con la policía y la justicia para intentar quebrar nuestra lucha que lleva 15 días de paro y acampe. Esto sucede luego que el ministerio de Trabajo que permite todos estos atropellos patronales, nos apriete a los trabajadores para que levantemos el paro y que la patronal pueda sacar su producción. Todos defienden los intereses de esta patronal multinacional de Techint”.

Pero los trabajadores aseguran que seguirán con su reclamo. “Llamamos a todos los trabajadores y vecinos a que rodeen de solidaridad nuestra lucha. ¡¡¡Fuera la policía de la planta!!! Que se respete nuestro convenio metalúrgico rama 17, nuestros salarios, y se reincorporen todos los despedidos”, dicen.

Tras realizarse la reunión entre directivos de la UOM Avellaneda y representantes de la empresa Siderar Canning, luego de que finalizaron los 5 días de conciliación obligatoria, la patronal no ofreció ninguno de los puntos en reclamo. Por lo tanto, los trabajadores retomaron el paro total de la producción y el acampe frente a la planta.

El jueves pasado los trabajadores de Latam volvieron a movilizarse desde el Ministerio de Trabajo hasta la Casa Rosada, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con sus promesas de continuidad laboral para el personal aeronáutico despedido sin justificación y violando todas las normativas nacionales.

Así lo denuncian los trabajadores en su comunicado de prensa: “La multinacional LATAM demuestra una vez más un notorio desprecio hacia el marco normativo local y los decretos en vigencia notificando formalmente la ’extinción de la relación contractual’ a lxs 193 trabajadorxs que no accedimos a su extorsivo plan de retiros “voluntarios”, maniobra a través de la cual la compañía ha logrado despedir encubiertamente a 1.500 personas a lo largo de la pandemia Covid19”.

Hace casi un año que los trabajadores de Latam vienen enfrentando a una multinacional que los deja en la calle a pesar de la existencia de un DNU que prohíbe los despidos. A su vez los trabajadores e incluso los sindicatos aeronáuticos tuvieron reiteradas reuniones con funcionarios de la cartera de Trabajo y Transporte donde recibieron distintas promesas de continuidad laboral.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la decisión del INTA de despedir a cinco trabajadores del programa ProHuerta por considerar la “incompatibilidad” de sus tareas, por contar con otras fuentes de ingreso, cuando se trataba de personal flexibilizado con contratos temporales, algunos por más de diez años, como parte del programa de asistencia a la agricultura familiar. “Esperamos revertir estos despidos y alertar sobre lo que empieza a suceder con los cruces de información. No se puede hablar de ‘incompatibilidad’ cuando estamos hablando de flexibilización”, señaló Sebastián Fajardo, trabajador del ProHuerta y delegado de ATE-INTA.

“La condición multilaboral siempre fue común en los contratados en general, incluso muchas veces alentada por la misma institución”, explica el comunicado de ATE y resalta: “En los últimos años, con la caída general de los salarios por debajo de la línea de pobreza, esta condición de auto explotación se ha convertido en algo casi inevitable para poder llegar a fin de mes”.

El programa, con más de 30 años, es ejecutado por el INTA, en conjunto con el ministerio de Agricultura y Ganadería y el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras del INTA, el programa cuenta con una red federal de 9.192 promotores voluntarios –un 67 % son mujeres–, 744 ferias agroecológicas y la coordinación con más de 3.000 organizaciones e instituciones. Del total de las huertas con las que trabaja en todo el país el 97 % son familiares.

El gremio de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano levantó la huelga de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires que había lanzado el martes pasado, tras alcanzar un acuerdo con las empresas por el pago de un bono de $25.000 para los casi 500 trabajadores.

Sin embargo, mantiene en pie el reclamo al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por lo que considera un “recorte” en el servicio que afectará el ingreso de los trabajadores.

Según denuncian desde el gremio, funcionarios del Gobierno presionaban constantemente a las empresas para empezar a armar un proyecto de achique de cuadros, de horas extras, de días a la semana, que no se trabaje los feriados y eso recorta notablemente el salario de los trabajadores, cosa que «Camioneros no estaría dispuesto a aceptar».

Luego de meses de acampe en la puerta, los trabajadores ocuparon pacíficamente el call center Hey Latam (Rosario) ante la quiebra de la firma. Buscan conservar los más de 300 puestos de trabajo.

«Frente a la quiebra pedimos al juez que nos atienda, que nos permita el resguardo y utilización de los bienes que nos pueden permitir continuar trabajando. Pedimos al Estado en todos sus niveles que nos permita acceder a la prestación de servicios, nosotros nos encontramos a disposición para constituirnos como cooperativa para poder trabajar de inmediato», concluyeron.

A mediados de febrero los directivos de la firma suiza Just, dedicada a la producción de aromaterapia, despidieron a 52 trabajadores de la planta de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. Las y los trabajadores denunciaron que fueron notificados de los despidos a través de la plataforma Zoom.

Frente al reclamo sindical los directivos de la firma informaron que serían trasladados a una empresa tercerizada, sin seguridad de continuidad laboral y a 60 kilómetros de la planta actual. El jueves 24 de febrero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligaba a la firma a retomar la producción.

Sin embargo, las y los trabajadores denuncian que Swiss Just incumple con la resolución del ministerio. Mediante un video mostraron las instalaciones vacías de la planta.

Las 52 familias que se emplean en la planta de Lomas del Mirador solicitan la más amplia difusión, a la vez que exigen su continuidad laboral.

Trabajadores de distintas áreas del Conicet convocaron a una nueva jornada de paro y movilización para el 18 de marzo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación encabezado por Roberto Salvarezza para reclamar por salarios, mejores condiciones laborales y un Convenio colectivo propio.

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria en el conflicto protagonizado por los desmotadores de algodón. Los obreros habían declarado una huelga nacional frente al accionar de la cámara patronal, que lleva cuatro meses estirando la negociación de la cláusula de revisión salarial pautada para el 15 de octubre.

La FTCIODyARA protagonizó recientemente, en diciembre pasado, un importante conflicto salarial junto a los recibidores de granos de URGARA y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo, que no integra la Federación, y que culminó con un importante triunfo para los trabajadores.

El lunes 22 de febrero por la mañana trabajadores ferroviarios despedidos de distintas líneas cortaron las vías en la Línea General Roca reclamando por su reincorporación. La situación afecta a más de 300 ferroviarios de las Líneas General Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Ferrobaires.

Simultáneamente otro grupo de ferroviarios fue a entregar una carta al ministerio de Trabajo pidiendo de manera urgente una mesa de negociación para tratar las reincorporaciones. El ministerio y la operadora ferroviaria (SOFSE) respondieron que en 48 horas darían una mesa de dialogo a los despedidos. Aunque no sería la primera vez que el ministerio les miente a los trabajadores, hay un estado expectante por parte de las y los ferroviarios.

En la reunión paritaria entre dirigentes de los gremios AATRAC, SAL, FEJEPROC, FOECOP, FOECYT y FATPREN, y las autoridades de Radio y Televisión Argentina S.E., el sector empleador propuso para los trabajadores de Radio Nacional la miserable cifra de un 3% para cerrar la paritaria 2020/2021, y un 5% para la paritaria 2021/2022, la que fue rechazada por la totalidad de los gremios.

“La indignante propuesta de la empresa, marca la continuidad en el Gobierno de Alberto Fernández, del modelo del gobierno macrista que dejó a miles de trabajadores estatales y de entes descentralizados con salarios por debajo de la línea de pobreza.

Con esta miserable propuesta salarial de parte de Radio y Televisión Argentina S.E., el básico de la categoría 5 (categoría que ostenta la gran mayoría de los trabajadores de Radio Nacional) quedaría en $39.924,67, siendo que en enero de 2021 se necesitaron $56.459 para no ser pobres en Argentina”, sostienen los trabajadores.

La próxima reunión ha sido fijada para el 3 de marzo a las 16:00.

 

Trabajadores de la salud reclaman por salarios y vacunas

 

La asamblea de residentes de la Nación movilizó el viernes 26 del Obelisco al Ministerio de Salud. La medida fue para exigir el reintegro del sueldo adeudado y reclamar un salario digno. El sábado 27 de febrero se realizó una jornada al cumplirse un mes desde que los y las trabajadoras de la Salud comenzaron frente al Ministerio de Salud de la Nación un acampe para exigir el pase a planta permanente y el reconocimiento de la profesión, así como su carácter de esencial.

Este sábado 27 de febrero se realizó una jornada al cumplirse un mes desde que los y las trabajadoras de la Salud comenzaron frente al Ministerio de Salud de la Nación un acampe para exigir el pase a planta permanente y el reconocimiento de la profesión, así como su carácter de esencial.

“Nosotros venimos reclamando aumento de salario, que nuestro salario sea mayor a la canasta básica familiar o por lo menos igual porque nuestro sueldo básico acá en la ciudad más rica del país, la ciudad de Larreta, es de 35.000 pesos. Igualmente tenemos compañeros de provincia que se han sumado a esta lucha por eso decimos que esta lucha es de AMBA, ellos tienen un salario básico de hasta 9.000 pesos ¡o sea nada! Al momento de jubilarse ¿qué les espera? Ni siquiera somos reconocidos profesionalmente, estamos exigiendo el pase a carrera profesional, estamos exigiendo la pensión para los familiares de los colegas fallecidos.

Tenemos alrededor de 800 esenciales fallecidos en el área de Salud, y nadie lo menciona, nadie dice nada, los medios lo ocultan, los medios nos invisibilizan, estamos acá en frente del Ministerio de Salud pero ninguno mira la problemática real sobre lo que es el sistema de salud. Porque el sistema de salud si bien no ha colapsado es gracias a nosotros al personal de salud que supimos encarar, nos tuvimos que comprar los elementos de protección personal porque al inicio de la pandemia nos han negado esos elementos de protección personal.

Y cuando nos dieron elementos fueron de baja calidad o sea que no nos quedó otra. Una por miedo por nuestras familias, por no contagiar a nuestras hijas, muchas somos jefas de hogar así que la mayoría lo que es el personal de salud el 80% somos mujeres, decimos basta de violencia institucional porque nos han perseguido nos han violentado en las instituciones, hospitales sanatorios, y no solo adentro, sino también afuera la maldita policía de Larreta una vez más reprimió enfermeras y otros momentos ha reprimido a residentes, a compañeros del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” les rompieron la cabeza por llevar un petitorio a la Legislatura”, relató Elena, trabajadora del Hospital.

Ella fue detenida por estar manifestando por sus derechos. Junto con otro compañero que trabaja en el Hospital Piñero se los llevaron violentamente y los “pasearon” por varias comisarías.

Trabajadores de la salud nucleados en ATE-Capital le reclamaron al gobierno porteño «políticas activas en defensa del sistema sanitario», a la vez que pidieron que se concluya con la vacunación de todos los trabajadores en los hospitales y Centros de Atención Comunitaria (CAC) de la Ciudad. «¿Dónde están las vacunas para los médicos, enfermeros y para los camilleros de nuestros hospitales?», preguntaron.

 

Docentes: comenzaron las clases con protestas y paros

 

El gobierno nacional y los gremios docentes acordaron el viernes una suba salarial del 34,55 %. Se pagará en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. El acuerdo también incluyó dos cláusulas de revisión, en julio y noviembre.

Un plenario impulsado por las seccionales opositoras de SUTEBA de la Lista Multicolor, que reunió a docentes de 50 distritos de la Provincia de Buenos Aires, votó el no inicio de clases con un paro por 48 horas el lunes 1° de marzo, que tendrá su correlato también en CABA mediante el sindicato porteño Ademys, y una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en varias provincias. El martes 2 el paro continuará con clases públicas y otras medidas distritales.

Además definieron la convocatoria a un nuevo paro el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y reclamaron a la conducción provincial de SUTEBA, y la nacional de CTERA, la convocatoria a asambleas, reuniones y plenarios de delegades con mandatos de base para resolver un plan de lucha.

En el comunicado firmado por las conducciones multicolores de La Matanza, Tigre, Bahía Blanca, Ensenada, Marcos Paz, Escobar, General Madariaga, junto a la minoría de SUTEBA La Plata, fundamentaron la medida en el que “el gobierno de Axel Kicillof no garantiza las condiciones edilicias, de provisión de elementos de limpieza, sanitización y protección personal para el regreso a las actividades presenciales” en el marco de un riesgo epidemiológico alto, con aumento de contagios de COVID-19 en los últimos días.

La situación se agrava, además, porque el gobierno provincial “flexibilizó” los requisitos para la presencialidad en las escuelas. “Rechazamos la imposición de presencialidad sin condiciones que pone en riesgo a la comunidad educativa”, señalaron.

El Congreso Provincial del SUTEF (T. del Fuego) resolvió rechazar la oferta del Gobierno y no iniciar el ciclo lectivo. No conforma la respuesta sobre el tema salarial y las condiciones sanitarias para la vuelta a clases. Mientras tanto siguen las medidas en toda la provincia con caravanas, pronunciamientos en las redes y concentraciones en las instituciones educativas.

El jueves sesionó en forma virtual el plenario provincial del SUTE (Mendoza). Allí los y las congresales ratificaron el no inicio y votaron un paro activo por 48 horas para el 1° y 2 de marzo y una movilización el lunes desde las 11:00 para reclamar por la reapertura de paritarias y por recomposición salarial y aumento. También por el retorno seguro a las escuelas.

El lunes el No inicio de clases se sintió fuertemente en la provincia con un paro activo. Alrededor de las 11 de la mañana las caravanas del Gran Mendoza y el este llegaban al microcentro mendocino para terminar en un importante acto frente a la Casa de Gobierno. Cientos de autos, bicis y otros caminando colmaron las calles de la capital.

La presencia de miles en las calles en este paro activo fue “una enorme muestra de fuerza y de valentía, estamos perdiendo el miedo” afirmó Laura Espeche, miembro del Secretariado Ejecutivo del SUTE.

En el Valle de Uco y sur provincial el acatamiento también fue alto. La cita de miles de docentes y no docentes se hizo en los centros de los departamentos. Las imágenes de las y los trabajadores a la orilla de la ruta 40 en Tunuyán, marchando desde el monumento a la plaza en Alvear o una masiva concentración en el Km 0 de San Rafael.

En la movilización se destacó una delegación de mujeres de Cooperativa La Terre, que vienen peleando contra el intento de remate de la fábrica puesta a producir por sus trabajadorxs. Se sumaron organizaciones sociales, estudiantiles y de precarizados que acompañaron esta importante jornada. El martes continúa el segundo día del paro.

En Santa Cruz el congreso de ADOSAC votó por unanimidad el rechazo a la propuesta del gobierno del 20% en cuotas por considerarla insuficiente y el no inicio de las clases por no estar garantizadas las condiciones para volver a la presencialidad.

Después de 10 años de trabajar precarizados, desde el Ministerio de Educación de Tucumán, se expusieron los cargos en los cuales ya se desempeñaban docentes del Plan Fines. Se lleva a cabo de este modo, la desvinculación de un grupo significativo de docentes.

Reproducimos las palabras de Pía Mustaquí, vocera de los docentes del Plan Fines:

“Para el Ministro de Educación de Tucumán, los y las docentes de Plan Fines que estuvimos años precarizados, hoy somos descartables.

En estos últimos días nos enteramos que arbitrariamente por decisión del Ministro Juan Pablo Litchmajer, muchos cargos que cubrían los docentes de Plan Fines fueron expuestos en Junta de Clasificación, sin los requerimientos legales que se solicitan como, por ejemplo, el pedido F 501, documento legal por el cual se solicita la cobertura de la vacante.

Queda al descubierto que este gobierno no tiene pensado dar ninguna solución a la precarización, sino que directamente apuestan a seguir manteniendo a cientos de trabajadores en condiciones paupérrimas.

Desde la Asamblea de Fines repudiamos absolutamente este proceder arbitrario, que lo que refleja son despidos encubiertos. Años cubrimos esos cargos y hoy nos dejan en la calle, como lo hicieron en todo el 2020.

[…] Por estas situaciones, porque mientras se reparten las vacunas entre ellos, pretenden que volvamos a clase sin condiciones sanitarias, edilicias, ni salariales, y que hagamos la vista gorda ante los despidos y la precarización. Pero ante esto, la docencia se está poniendo de pie nuevamente y convocamos a un paro de 48 horas a partir del lunes 1° de marzo.”

El llamado a un paro docente tuvo un acatamiento contundente, con más del 90 % de adhesión. Las imágenes de escuelas cerradas fue la postal de la fecha que el gobernador Juan Manzur omitió mientras daba su discurso en la Legislatura. Minutos antes, junto al ministro de Educación, Juan Pablo Litchmajer, como no encontraron escuela abierta en la Capital, tuvieron que ir hasta San Pablo para sacarse una foto.

A pesar de las amenazas de descuentos por parte del ministerio de Educación, que envió una circular a las escuelas pidiendo un listado de quienes adherían al paro, hasta las últimas horas del lunes circulaban por WhatsApp listados de escuelas que adherían en un 100%.

El acuerdo que firmaron ATEP y el Frente Gremial Docente por un 30 % es rechazado por el conjunto de la docencia y fue un motor para el alto acatamiento. El salario docente está estancado desde septiembre del 2019, luego de que se quitara un 15, 5% que correspondía a la cláusula gatillo. El año pasado hubo un aumento miserable del 6 % frente una inflación cercana al 40%. Este año, con el 30 % en dos cuotas, no se recupera nada de lo perdido y el salario docente sigue bajo la línea de pobreza.

Con la paritaria firmada, la primera cuota del aumento se cobraría en abril. Si se tiene en cuenta que sólo en febrero la inflación fue del 4 % mientras se estima un 5 % para marzo, entonces el aumento real solo sería de un 6 %. Además del paro masivo, hubo movilizaciones en la Plaza Independencia y también las ciudades del interior como Alberdi, Concepción, Monteros y Famaillá. Además, para este martes desde las 10:00 se espera una masiva movilización en Plaza Independencia, en el marco de una segunda jornada de paro.

El alto acatamiento al paro se debe también a que la mayoría de las escuelas no están en condiciones, muchas todavía no tienen agua, falta de personal auxiliar y de elementos de bioseguridad, con un insuficiente monto de $ 10.000 por única vez para cada escuela. En definitiva, el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a los reclamos de que el Estado garantice las condiciones para un regreso seguro.

También en Chaco, Misiones y Entre Ríos se arranca con paro. En el marco del inicio del ciclo lectivo en la Provincia del Chaco, el Frente Gremial Docente de Chaco junto a la CTA Autónoma llevan adelante una medida de fuerza, que incluye paro de actividades durante toda la semana, con concentraciones, marchas y movilizaciones en toda la provincia.

El Frente Gremial marchó a la Legislatura en oportunidad de la apertura de las sesiones por parte de la máxima autoridad provincial. “Tenemos innumerables reclamos en todos los órdenes y ninguno ha sido respondido convenientemente; continuaremos manteniendo el reclamo salarial como eje central… Hoy comenzamos con el paro de no inicio del ciclo lectivo 2021 y por toda la semana hasta el viernes 5; con la docencia movilizada visibilizando sus legítimos reclamos en todos los rincones del Chaco, y nos preparamos para la gran movilización tanto en Resistencia como en todas las localidades del interior de la provincia para el día Jueves 4 de marzo. Aquí, en Resistencia, será con la concentración a partir de las 19:00 en el mástil de 9 de Julio y Frondizi”.

En Salta, asambleas de docentes autoconvocadxs de toda la provincia, votaron parar toda la semana.

 

La derecha macrista volvió a manifestarse

 

A pesar de que el presidente Alberto Fernández le puso fin a la discusión por las irregularidades en la campaña de vacunación tras el pedido de renuncia del ahora ex ministro, Ginés González García, desde Juntos por el Cambio convocaron a una nueva marcha este sábado en todo el país, con el objetivo de insistir en mantener el tema en agenda para sacar rédito político en un año electoral.

Si bien la concentración principal fue en Plaza de Mayo y en el microcentro porteño, también se registraron protestas que fueron menos numerosas en la localidad bonaerense de Olivos, frente a la quinta presidencial, en Mar del Plata y plazas de algunas provincias como Mendoza y Córdoba.

En esta oportunidad se percibió una fuerte presencia de dirigentes de la oposición, como los diputados Mario Negri, Toty Flores, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros.

Dentro de las figuras del «ala dura» estuvieron la líder del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, y el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, a quien se lo vio junto al actor Luis Brandoni.

La marcha también fue difundida en redes sociales con el hashtag #27F y #27FYoVoy, mientras que otros sectores, como Republicanos Unidos, integrado por Ricardo López Murphy, Yamil Santoro y Darío Lopérfido, se sumaron a la convocatoria.

Los discursos de los dirigentes de Juntos por el Cambio se destacaron por el tono de indignación y las denuncias de corrupción. «Decidimos salir a la calle para acompañar a todas las personas mayores. Estamos decididos a ir contra la indicación que se lleven las vacunas para la oligarquía kirchnerista. Estamos totalmente indignados», enfatizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También se presentó el senador Martín Lousteau, quien le reclamó a Alberto Fernández que «pida perdón» por lo sucedido en la apertura de sesiones legislativas el 1° de marzo.

La convocatoria impulsada por la oposición se da luego de que el Gobierno profundizara el mensaje sobre mantener los cuidados sanitarios correspondientes para impedir el incremento de casos de coronavirus.

En este sentido, el presidente solicitó a organizaciones sociales y sindicales que no convoquen a manifestarse en las inmediaciones del Congreso para respaldar a su gobierno.

A las remeras con insultos, discursos enrarecidos y consignas poco claras se sumó la instalación de bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada que fue repudiada por el presidente Alberto Fernández. «Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República», destacó en Twitter. Tildó lo sucedido como un «acto de barbarie».

A las bolsas negras rellenas con forma de cadáveres les imprimieron distintos nombres. En un cartel figuraba Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, otro hacía alusión a «los pibes de La Cámpora» y también había uno que llevaba como etiqueta «El sobrino de Ginés».

Poco antes, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero también había recurrido a las redes para repudiar lo sucedido. «Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio», escribió en Twitter y agregó: «¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad?».

 

Los Moyano vs Mercado Libre

 

El juez de Garantías de San Isidro, Esteban Eduardo Rossignoli, rechazó el desalojo de los sindicalistas del gremio de Camioneros, que protestan frente al Parque Ader, en Villa Adelina.

En la resolución, el magistrado sostuvo que el conflicto se está canalizando en la instancia laboral y que no corresponde hacer lugar al “lanzamiento” solicitado por el fiscal Alejandro Musso.

El conflicto en las puertas del Parque industrial tomó amplia trascendencia pública después de que ya habían pasado seis días de la medida de lucha. “Ellos reclaman por una marca con oficinas acá que se dedica al comercio online y que organiza la distribución de los pedidos con camionetas particulares. En el predio tienen un depósito de almacenamiento y la administración, donde trabajan 50 personas. El día que vinieron me dijeron: ‘echalos ya’. Moyano quiere que todos estos empleados se afilien a su gremio cuando no deberían porque no salen a repartir nada con camionetas”, explicó Bernardo Fernández, presidente del Parque industrial. “Me da mucha bronca e impotencia porque nosotros sólo queremos trabajar, como siempre. Además esto ya había pasado a mitad de 2020 con Mercado Libre”, agregó entre lágrimas.

Este miércoles hubo una reunión para tratar el encuadramiento de los empleados del Parque Ader que ahora están en el gremio de Carga y Descarga, pero los Moyano pretenden que migren al de Camioneros. Se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes.

 

¿Cuáles son los tarifazos de marzo?

 

   Cable, internet y telefonía: harán un ajuste en las facturas de marzo de entre el 5 y el 7,5%. Estos montos se suman al 5% ya autorizado en enero. En total, los aumentos autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) suman entre el 10 y el 12,5% para los primeros tres meses del año.

   Telefonía móvil: habrá aumentos del 7,5% y 2,5% en facturas de febrero y marzo. Se aplicarán sobre el precio de la tarifa en diciembre. Recordemos que ya hubo un 5% autorizado en enero, por lo que el primer trimestre arrastra una suba del 15%.

   Taxi en la Ciudad de Buenos Aires: aumenta un 20%. La bajada de bandera pasa a $71. El costo de la ficha diurna pasa de $5,95 a $7,10; la nocturna a $8,50.

   Subte. Suba del 43% sobre el valor del pasaje, que llevará la tarifa de $21 a $25,50 y en pocas semanas a $30. El Premetro pasará de $7,50 a $10,70.

   Estacionamiento en la Ciudad. El costo para estacionar pasará de $15 a $30 la hora. Un 100%, además de los siderales montos por multas y acarreos que levantan las empresas concesionarias.

   Prepagas. La cuota de marzo tendrá un incremento del 3,5%.

   Colegios privados. Para los colegios subvencionados, el aumento “estará en el orden del 14,5% en la provincia de Buenos Aires y en el orden del 24,5% en la Ciudad. En el caso de los colegios privados, las subas irán del 20% al 25% según el caso”.

 

La canasta de consumos mínimos

 

De acuerdo al INDEC, una familia necesitó $56.458,84 para no ser pobre y $23.722 para no caer en la indigencia. El salario mínimo vital y móvil está actualmente en $20.587. El cálculo se hace por convención para una familia compuesta por una pareja de adultos y dos niños.

Por su parte, la evolución de los sueldos volvió a perder. En 2020 aumentaron un 33% en promedio y tras la reunión del Consejo del Salario, no hubo un incremento que superara el aumento de precios. El acuerdo que se firmó pactó una suba de 12% en octubre y un 10% en diciembre de 2020 y el 6% restante en marzo de 2021, cuando llegaría recién a $21.600 y todavía quedaría detrás de la línea de indigencia. En abril próximo se volverán a reunir.

Por su parte, la Junta Interna de ATE Indec estimó la canasta de consumos mínimos de diciembre en $85.590. Este valor se compone de $ 28.910,5 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $56.679,5 para acceder a otros bienes y servicios básicos.” Los trabajadores explican que el Indec publica una Canasta Básica que no cubre los alimentos requeridos para una alimentación saludable y no toma en cuenta gastos como el alquiler, por eso para el mismo período la Canasta Básica Total calculada por el Indec fue de $56.459.

En el documento los trabajadores de la Junta Interna de ATE afirman que “ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”.

Esto está lejos de cumplirse, la mitad de los asalariados ganaba menos de $30.000 en septiembre de 2020. Además agregan: “Entendemos que solo este cálculo ya constituye un sólido argumento para que nuestros paritarios exijan la reapertura de las paritarias y un piso salarial.”

También explican que: “Los gastos de conectividad, teléfono, etc. están siendo solventados con nuestros magros ingresos. Si a esto, le sumamos el atraso con respecto a la inflación la situación se hace insostenible.” Debido a los anuncios del Gobierno nacional con respecto a la autorización de aumentos en telecomunicaciones, electricidad y transporte el panorama no es alentador. Aún más cuando está previsto un nueva suba de los precios de las naftas el 12 de marzo y está en discusión un alza en las tarifas de los demás servicios.

 

Desempleo en CABA

 

El 10,1 % de las personas en edad de trabajar y buscando trabajo activamente se encuentra desempleada en la Ciudad. Las cifras del último trimestre de 2020 resultan 0,9 puntos porcentuales mayores que las de un año atrás. Pero la crisis no sólo impactó en los niveles de empleo sino también generó cambios internos en su composición, que se sostienen por segundo trimestre consecutivo: muchos trabajadores disminuyeron sus horas de trabajo, y muchos otros comenzaron a trabajar desde su domicilio.

También la desocupación agudizó las diferencias socio económicas de género y de región, con una mayor incidencia negativa en las mujeres que en los varones y en la zona sur respecto de la norte.

El desempleo en el período octubre-diciembre del año pasado fue del 9,8 % en el caso de los hombres y de 10,4 % en el de las mujeres. La brecha de seis décimas entre la desocupación masculina y femenina triplica la del año anterior.

El desempleo expuso un incremento interanual en zona Sur y Norte; liderado por zona Sur por 2,3 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de desempleo del 14,5 %, mientras en la zona Norte aumentó 1,9 puntos y alcanzó un valor de 9,1 %.

Del total de la población ocupada, 24,3 % declararon que la cantidad de horas trabajadas en su ocupación principal se modificó por la situación de emergencia sanitaria: el 63,5 % expresó una disminución de las mismas.

Recuperar el salario para salir de la depresión económica

 

Basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al tercer trimestre de 2020, un equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas liderado por Claudio Lozano elaboró el informe “La intensificación de la pobreza frente a los límites de la recuperación” donde afirma que a finales de 2020 3.7millones de personas salieron de la situación de pobreza y casi 800.000 de la indigencia.

La comparación fue obtenida al cruzar los datos con los del segundo trimestre. “Al tercer trimestre de 2020, la pobreza alcanza al 38,7% de la población (17,6 millones de personas) mientras la indigencia se mantiene en los dos dígitos, alcanzando al 10,6% de los habitantes (4,8 millones de personas). Estos resultados implican un descenso de la pobreza de 8,3 puntos porcentuales respecto al fatídico segundo trimestre, mientras la indigencia baja 1,8 puntos”, reza el informe.

Este descenso estuvo marcado por la recuperación de la actividad económica que devino del levantamiento de las restricciones de la cuarentena por el COVID-19. La recomposición del empleo destruido durante estos meses también jugó un papel importante. “En el segundo trimestre se habían perdido 3,7 millones de ocupaciones, de los cuales lograron recomponerse en el tercer trimestre 1,7 millones de empleos, en su mayor parte correspondientes a la informalidad. Además, durante este período todavía estaban vigentes las políticas de contención implementadas por el Gobierno, como el IFE”, destacaron los especialistas.

El equipo del IPyPP también señaló: “Si exceptuamos el segundo trimestre por ser el eje de la tormenta económica causada por la pandemia, los niveles de pobreza e indigencia del tercer trimestre son los más altos de los últimos años, incluso por encima de los elevados valores alcanzados hacia fines de 2019. Comparando con el mismo trimestre del año anterior, vemos que la pobreza está 5,6 puntos porcentuales por encima de aquel entonces (33,1 % en el tercer trimestre del 2019), mientras la indigencia creció 3 p.p. Es decir, que más de 2,7 millones de personas cayeron en la pobreza, al tiempo que 1,4 millones cayeron en la indigencia”.

Por otra parte, el avance en la recuperación económica se ve limitado puesto que el mercado interno está deprimido y hay una desaceleración del crecimiento del PBI. Además, la discontinuidad de las medidas como el IFE, la caída del 1,7% del poder adquisitivo y la aceleración inflacionaria impiden augurar la mejora de estos indicadores en los meses siguientes.

En este sentido, desde el IPyPP expresaron: “Si queremos salir de la espiral depresiva en la cual nos metió el gobierno de Macri, y que fue potenciada por la pandemia del COVID-19, debemos impulsar la recuperación del poder adquisitivo del salario y garantizar un piso de ingresos digno para el conjunto de la población. Para ello también es indispensable una política antiinflacionaria que tome control de los principales precios de la economía (tipo de cambio, tarifas) y que se complemente con acuerdos de precios y salarios consistentes con la promoción de la demanda agregada”.

En esa línea se inscribe la propuesta de universalización de ingresos sobre la población en situación de informalidad y desempleo elaborada por el director del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular en el Frente de Todos, Claudio Lozano, y el equipo de trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

En ella plantean que con una inversión de entre 1,6% y 2,9% del PBI se pueden promover 4 millones de nuevos empleos. Para hacerlo, proponen crear -en paralelo al acuerdo de precios y salarios- dos instrumentos que intervengan en el ingreso de los sectores que están por fuera del empleo formal:

  • Establecer un ingreso básico universal, que recupere y profundice la estrategia del ingreso familiar de emergencia (IFE) que “inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación social, se eliminara del Presupuesto 2021”.
  • Instrumentar un salario social de empleo y formación que reformule, integre y supere los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar al tiempo que promueva la creación de un Programa de empleo y formación de acceso universal “garantizado por la política estatal en articulación con las organizaciones populares”.

 

 

Fuentes: Tiempo Argentino, Prensa Fesprosa, Infogremiales, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, APU, Clarín, argentina.indymedia, folweb.com.ar, CTA -A Córdoba,  www.canalabierto.com.ar

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