El agronegocio sigue plantando bandera en las escuelas, donde los niños y los adolescentes son los cobayos para experimentar la construcción de líderes que consoliden el modelo. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) acaba de lanzar un concurso para alumnos del nivel secundario de las escuelas técnicas y agrarias, para alentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Es decir, para enseñarles a usar los venenos que caen sobre las cabezas de los niños en los patios cercados de las escuelas rurales, que enferman a las familias de los trabajadores, que contaminan el alimento que cada día llega a la mesa. Casafe y Aapresid, con la anuencia de autoridades educativas y el aval del estado han traspasado las puertas de las aulas desde hace años con folletos, campeonatos de pulverizaciones, charlas para cooptación docente, manuales intervenidos y otros censurados.
Por Silvana Melo.
Durante el gobierno macrista, donde el empresariado y los ruralistas fueron legitimados en la vidriera de la gestión, los nombres de la Sociedad Rural y de Apresid ocuparon cargos políticos. Y tomaron decisiones que afectaron directamente la currícula escolar y la formación de los niños y las niñas de un país atado en sus necesidades básicas al extractivismo. Con la llegada de un gobierno autopercibido como nacional y popular, la matriz productiva no sólo no cambió sino que se intensificó. Y eso implica mantener a Casafe y sus adjuntos en las pizarras y en los cuadernos de los chicos.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes utiliza, en la convocatoria, el eufemismo de fitosanitarios, que significa el famoso remedio para las plantas de las que les hablan a las gurisadas del norte y al piberío de estas pampas, cuando les cuelgan la mochila para que fumiguen en familia.
La Red de Docentes por la Vida denunció que “quienes desandamos las escuelas rurales somos testigos directos de la explotación de niños, niñas y adolescentes que directa e indirectamente se ven afectados por este modelo, porque sus hogares y producciones familiares son alcanzados por los agrotóxicos, y porque un gran porcentaje de la población adolescente del medio rural realiza distintos trabajos manipulando bidones, maquinaria, e incluso dentro de las plantas de silo, sin protección alguna”.
Las empresas, dejan en claro, “ingresan a las aulas con el consentimiento y apoyo de los organismos estatales”.
Algunos ejemplos de la intrusión del agronegocio en la escuela están a la vista. El 8 y 9 de mayo de 2019, la Municipalidad de Chivilcoy y la Jefatura Distrital de Educación en acción coral con la Sociedad Rural y Aapresid, entre otros, organizaron una capacitación obligatoria y gratuita. El tema: “Cultivos transgénicos: es hora de comprender más y temer menos”. La toma de conciencia obligatoria –daba puntaje, razón tajante para la asistencia- estaba destinada a los docentes de ese distrito. Quienes después habrán bajado su capacitación a las cabezas de un alumnaje que también está atravesado por la experiencia fumigadora.
El 12 y 13 de junio de 2018, en la Escuela Agropecuaria de Olavarría, hubo campeonato. Y fue de pulverizaciones. Organizado por el gobierno de la Provincia, el municipio y el Consejo Federal de Inversiones. Los chicos asistieron a la maravilla de rociar con venenos sembrados y vecindades y se vieron tentados de aprender a hacerlo.
En 2016, el entonces ministerio de Agroindustria –el nombre es una confesión pública de los intereses de su titular, Luis Miguel Etchevehere- aparece Escuelagro, un programa confeccionado por funcionarios del gobierno junto a las corporaciones rurales y tecnológicas. El verdadero poder en las sombras de este tiempo. Esa especie de UTE oficial dio talleres, cursos y seminarios en escuelas públicas hasta 2019.
Los temas son pura bajada de línea sistémica: biotecnología –en realidad, transgénicos- y Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), en lenguaje llano fumigaciones encima de las viviendas y de las personas. Dice Darío Aranda en lavaca.org que “con una gran campaña publicitaria, el agronegocio logró que periodistas y funcionarios, y ahora profesores, hagan propio el término ‘buenas prácticas agrícolas’ según el cual se podrían controlar los efectos nocivos de los agroquímicos”. En la misma nota cita un par de ejemplos: sostienen que “el insecticida Raid (de uso hogareño) es más tóxico que los utilizados en el campo. En base a información de la multinacional Basf afirma que el glifosato es igual de tóxico que el Lisoform”; “compara la toxicidad de los agroquímicos con lavandina, aspirina y sal de mesa. Con la leyenda ‘nada es veneno, todo es veneno’”. A los venenos los llaman fitosanitarios. Los niños, esponjas naturales, son seteados por las multinacionales. Una batalla perdida desde el origen.
Actualmente el programa Escuelagro está suspendido pero aún figura en la página oficial argentina.gob.ar.
Los mismos protagonistas pusieron en escena la censura al Manual de Educación Ambiental que, en 2011, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente habían impreso para las escuelas. Fueron 350.000 y terminaron arrumbados y/o destruidos. A los nombres de Aapresid –uno de los cuales tuvo un cargo en el macrismo- se le agregó el entonces gobernador –y actual diputado nacional y presidente del PJ- José Luis Gioja. El sanjuanino, a partir de sus contactos estrechos con la Barrick Gold –la minera que extrae el oro en Veladero- fue uno de los que gestionó el destierro áulico del manual. Nombres y episodios que demuestran que, gobierne quien gobierne, el extractivismo es el sistema que sostiene financieramente al país. Y es tan estructural que los gobiernos pasan a ser administraciones que no evitan que el poder real irrumpa en las aulas.
Aapresid desarrolló un programa al que, abiertamente, llamó Aula Aapresid. Con las mismas pretensiones que Escuelagro: ellos mismos ingresan a las escuelas públicas y difunden las bondades del modelo transgénico.
Aula Aapresid se guardó en 2020 hasta octubre, cuando presentó “Gran Aula”, un evento virtual para más de 400 alumnos y docentes. Eso significa que el programa está vivo. Intensamente.
A la vez que el poder productivo extractivista se planta en las escuelas, la ruralidad de Tandil mostró, a partir de un estudio de la Unicén durante dos años, que había 16 agroquímicos en el agua y en la tierra que consumen y pisan los alumnos. En esa ciudad Aula Aapresid fue declarada de interés municipal.
La Red de Docentes por la Vida vuelve a pedir, a partir del concurso de Casafe, “a los gremios docentes que se pronuncien a favor de los derechos de los y las estudiantes y trabajadores/as de la educación afectada gravemente por el agronegocio y nos acompañen en esta denuncia para que no se permita la intromisión de las empresas en las aulas”.
Mientras tanto, las fumigaciones del amplísimo territorio de los cultivos del agronegocio no se detuvieron jamás, ni por cuarentena ni por pandemia. Y los niños reciben la deriva del sistema productivo que, según el discurso medular del Presidente, está mucho más sano que ellos.