PANORAMA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EMPRESAS RECUPERADAS

11 marzo, 2021 por Publicación Abierta

Organizaciones sociales marcharon al Obelisco: exigieron salario, vivienda y vacunas para todos

Mario Hernandez

Diversas organizaciones se movilizaron el jueves 4, en el marco de un plan de lucha, que se extenderá por todo el mes de marzo con medidas progresivas el 11/3, y 18/3 y 6, 7 y 8 de abril, combinando cortes de ruta, puentes y distintos acampes.

La movilización, que se concentró en el Obelisco, había sido decidida a fines de febrero en una asamblea de diversas organizaciones, que se llevó a cabo en Parque Lezama.

En el comunicado que enviaron a los medios denunciaron la situación social crítica que viven las familias más pobres del país, así como el ajuste en curso. Allí, en relación al discurso presidencial del pasado 1° de marzo, se señala también que “el primer mandatario no dijo ni una sola palabra sobre la miseria salarial que sufrimos la mayoría de los y las trabajadores/as en el país y la miseria en la que han colocado (burócratas sindicales, patronales y gobiernos) al salario mínimo, vital y móvil: hoy en poco más de ¡¡20.000 pesos!! Por debajo de la línea de ¡INDIGENCIA!”

También denunciaron que “el presidente tampoco se refirió a un enorme problema cotidiano que va creciendo y empobreciendo a las familias obreras: la inflación, que reduce a la mínima expresión el poder adquisitivo en la compra de víveres para el hogar o, mejor dicho, en alimentos”.

Durante la movilización también se denunció que “la CGT y las CTAs no abren la boca contra esta miseria, porque cuidan los intereses de sus mandantes, que no son los trabajadores, sino son las patronales con las que amasan un pacto social antiobrero, al servicio del gobierno ajustador y el FMI”.

Entre las organizaciones convocantes estaban el Polo Obrero, MTR Histórico, MTR votamos luchar – C.U.Ba.☆M.T.R. y Bloque Piquetero Nacional. Acompañaron la movilización organizaciones sindicales y políticas. En el comunicado se señala también que “el Frente de Lucha Piquetero, tal como lo votó en su plenario del 26 de febrero, sale a la calle este jueves 4 de Marzo, a reclamar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, un seguro a los/as trabajadores/as desocupados/as al costo de la canasta básica alimentaria hoy en $ 56.459 y el aumento de los programas sociales sometidos por ese piso; por tierra y trabajo genuino”.

No fueron parte de la convocatoria otras de las organizaciones sociales independientes del gobierno, como Barrios de Pie, MST-TV y FOL, que enviaron un saludo. Tampoco estuvieron presentes como invitados sectores de trabajadores ocupados ni del Plenario Sindical Combativo.

Contra el pacto social

Ante la creación del Consejo Económico y Social impulsado por el gobierno nacional, movimientos sociales y de desocupadxs rechazamos rotundamente esta nueva iniciativa que intenta instaurar un pacto social en el que la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos paguen los platos rotos de una política de ajuste. Por tal motivo, el martes 23 de febrero a las 11:00 volvimos a salir a las calles para exigir que ningún salario esté por debajo de la Canasta Básica y que no se le ponga techo a las paritarias.

En la semana en la que el Indec aseguró que una familia tipo necesitó en enero de 2021 más de $56.000 para no ser pobre y más de $23.000 para no caer debajo de la línea de la indigencia, el presidente Alberto Fernández propone crear una mesa de diálogo entre los empresarios especuladores, la burocracia sindical y sectores rancios de la Iglesia para implementar políticas en el marco de la crisis económica reinante.

Pero como la historia lo marca, lxs de abajo sabemos muy bien que nada bueno puede salir de este tipo de encuentros. Es que los empresarios que se enriquecen a costa de lxs trabajadorxs exigen que el “esfuerzo” lo hagan -una vez más- lxs laburantes ante la complicidad del Gobierno y las conducciones gremiales que responden a las patronales.

Esto es evidente si se tiene en cuenta que el gobierno viene haciendo oídos sordos a nuestras demandas por aumento salarial de emergencia y por trabajo genuino, tal es así que la semana pasada, en el marco de que el presidente se reunía con distintos sectores, realizamos una masiva movilización y no fuimos recibidxs por ningún funcionario.

A lo largo de la pandemia, los movimientos sociales trabajamos en los barrios populares de todo el país: sostuvimos las ollas populares y los merenderos, realizamos el mantenimiento de las calles y las zanjas, asistimos a las familias aisladas, participamos de los operativos Detectar y acompañamos a nuestrxs compañerxs que se encontraban en situaciones de violencia de género. Todos estos trabajos deberían ser reconocidos dentro de los convenios de trabajadorxs municipales, pero lejos de eso el gobierno nos precariza a través de programas de empleo de 10.000 pesos que se encuentran por debajo del nivel de indigencia.

Por otro lado, el presupuesto elaborado por Martín Guzmán estima una inflación anual del 29%, cifra que contrasta con las previsiones de consultoras privadas que calculan un 50% y con las subas de enero que fueron de 4,6% en la Canasta Alimentaria y 4,2% en la Canasta Básica Total. De esta manera, el gobierno pretende discutir paritarias en base a un cálculo inflacionario irreal que generará un año más de pérdida salarial para los sectores ocupadxs. Esto significa un pacto entre los empresarios y el gobierno para poner, de hecho, un techo a las paritarias.

A todo este panorama económico desfavorable para la clase trabajadora se le suma la vuelta a clases y las dificultades para garantizar la presencialidad a raíz de las pésimas condiciones edilicias de las escuelas y del vaciamiento de la educación pública. Esto afecta los derechos de lxs estudiantes y también golpea de lleno a lxs docentes que además de ser obligadxs a volver al trabajo en condiciones precarias, se lxs carga con toda la responsabilidad de tener que abordar falencias estructurales para garantizar la continuidad pedagógica.

Por último, mientras el gobierno busca estrategias para seguir ajustando a lxs trabajadorxs, las mujeres, lesbianas, trans y travestis seguimos siendo asesinadxs cada 24 horas sin que el Estado haga nada. Hace años venimos planteando que sin un presupuesto real para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género no hay ni una menos. El femicidio de Ursula volvió a poner al descubierto la inacción y la falta de políticas públicas que nos deja expuestas una y otra vez a la violencia machista.

Por todo esto, nos movilizamos para exigir que se dé respuesta a nuestras justas demandas y para rechazar la creación del Consejo Económico y Social, que será otra plataforma más para favorecer los intereses de los grupos concentrados de la economía en detrimento de los intereses y derechos de lxs más vulneradxs. No estamos dispuestxs a formar parte de este pacto social ni tampoco a quedarnos inmóviles mientras el Poder Ejecutivo se desvive para acordar con el Fondo Monetario Intencional (FMI) y hacer pagar al pueblo una deuda multimillonaria hipotecando nuestro futuro.

Por una salida sin ajuste, ni represión. La deuda es con el pueblo no con el FMI ni los especuladores.
Aumento de emergencia para lxs trabajadorxs cooperativistas y abajo el techo paritario y la pérdida de derechos de lxs trabajadorxs.
Aplicación de la Ley de Abastecimiento contra los grandes especuladores.
Solidaridad activa con los conflictos obrerxs.
Solidaridad con el pueblo de Chubut ante el intento de depredación minera.
Tierra para vivir y producir.

Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y Copa en Marabunta, FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base-Autónoma) OLP Resistir y Luchar

Cooperativas de la Ciudad movilizaron a Jefatura de Gobierno

Cooperativistas de la Ciudad, que realizan tareas de servicios, refacciones y limpieza en distintos puntos y barrios populares se encuentran actualmente en una situación de extrema precarización. Actualmente en salario no superan los $15.000 pesos cuando la canasta básica se encuentra en $56.459 pesos.

“No solo no se nos aumenta el salario acorde a la inflación sistemática que existe en el país, sino que nos quieren pasar a convenios “productivos” de 4 meses de duración, generando total incertidumbre en nuestra ya precaria estabilidad y futuro laboral”, expresaron a través de un comunicado los distintos frentes gremiales que participaron de la convocatoria.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta mientras la crisis económica se sigue profundizando, pandemia mediante, continúa tomando medidas que precarizan y empobrecen cada vez más a los sectores más vulnerables de la Ciudad.

Entre los diferentes reclamos, desde el Frente de Organizaciones en lucha (FOL), el Movimiento Resistencia Popular (MRP) y el Frente Darío Santillán se exige un aumento de las raciones de alimentos para los comedores.

2.500 cooperativistas del programa «Veredas Limpias» cortaron el Metrobús

Los movimientos sociales anunciaron que se encuentran en «alerta y movilización a raíz de un conflicto desencadenado con el gobierno porteño por la continuidad laboral de 2.500 cooperativistas que integran el programa ‘Veredas limpias’, que funciona desde hace quince años a través de la firma de convenios anuales, por el cual realizan tareas de limpieza y desinfección en espacios públicos y reciben un salario que ronda entre los $11.000 y $16.000 pesos mensuales».Por ese motivo es que realizaron un corte total del Metrobús porteño a la altura del Obelisco el jueves 25 de febrero.

«El gobierno de Larreta pretende desvincular a los cooperativistas del programa ‘Veredas Limpias’ y conformar, en su reemplazo, ‘polos productivos textiles’, con convenios que tendrían tan sólo cuatro meses de duración, donde serían las propias cooperativas las que deberían absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción, generando una gran inestabilidad sobre los futuros ingresos de las y los cooperativistas, quienes cuentan con su salario para solventar los gastos de sus familias, pertenecientes a los sectores más vulnerables de la Ciudad», denuncian desde las organizaciones cooperativistas.

Además, también suman a ese reclamo central la «actualización de los salarios de los cooperativistas» y «la ampliación de los cupos para incorporar a nuevos trabajadores».

La jornada de lucha fue protagonizada por Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el FeNaT CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), La Dignidad Confluencia, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma.

Chubut: Suspendieron la sesión para sacar adelante la zonificación minera

El vicegobernador, Ricardo Sastre, suspendió la sesión «por falta de garantías de seguridad para los diputados».

En la noche previa al 4 de marzo, los manifestantes antimineros trasladaron su protesta frente a los domicilios de diputados. Eso hizo que en la mañana del jueves, en una reunión antes de la sesión virtual entre los presidentes de bloque y el vicegobernador, Ricardo Sastre, se decidió la suspensión de la sesión prevista.

La decisión fue tomada en conjunto por el vicegobernador Ricardo Sastre y los presidentes de Bloque Adriana Casanovas (PJ), Manuel Pagliaroni (Cambiemos), Sebastián López (Integrando Chubut) y Juan Pais (Chubut Al Frente).

Los grupos antimineros mantuvieron un corte de la Ruta 3 entre Trelew y Madryn

Un grupo de manifestantes que se vienen expresando en contra de la aprobación de la Ley de zonificación minera se apostaron el jueves 4 a primera hora en el acceso norte a Trelew, cortando el tránsito sobre la Ruta 3 que une la ciudad con Puerto Madryn. El reclamo era por el tratamiento del proyecto de zonificación minera en la Legislatura de Chubut, algo que finalmente no ocurrió debido a que las autoridades legislativas decidieron levantar la sesión por el ataque que sufrió en su vivienda el diputado -y autoridad legislativa- Roddy Ingram.
Sin embargo, y aunque la sesión fracasó, los grupos antimineros decidieron igualmente quedarse sobre la ruta a la altura de la estación de servicio que hay en el lugar, causando largas colas de vehículos y camiones a ambos lados.
Los líderes del corte, entre los que están dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el abogado y líder del Partido Por Trelew, Eduardo Hualpa, decidieron en una asamblea realizada a la vera de la ruta seguir con el corte. Un rato antes se vivieron momentos de tensión porque algunos de los manifestantes increparon a trabajadores de prensa que querían cubrir la asamblea que debieron retirarse por pedido de los manifestantes.

La CTA de los Trabajadores había declarado un paro

«En defensa del agua, el territorio y la vida. En rechazo a la megaminería».

Con motivo del tratamiento en la Legislatura del proyecto de zonificación minera en la provincia de Chubut impulsado por el gobernador Mariano Arcioni, la medida de fuerza de 24 horas de la Central de Trabajadores de Chubut impulsada junto a los gremios de base SUTAP (Portuarios) y ATECH contenía a todos los trabajadores públicos de Chubut que desearan adherir a la misma y sumarse a las marchas que se realizaron en toda la provincia junto a otras organizaciones sindicales, sociales, políticas y ambientales en Chubut.

El secretario general de la central de Trabajadores y de Organización de la ATECh, Tomás Montenegro, manifestó al respecto: “declaramos el paro y movilización en rechazo al intento de imponer la megaminería a espaldas del pueblo que desde hace dos décadas se viene manifestando en contra de esta actividad extractivista que venimos denunciando como instrumento de saqueo y contaminación. No hay licencia social y el gobierno debe respetar la voluntad popular. Le exigimos al gobierno provincial, como a los diputados y diputadas, trabajar en proyectos sustentables en el tiempo y respetuosos del medioambiente”.

Afirmaron al respecto que la megaminería “es el negocio de unos pocos vivos que no resuelve los problemas de las demandas que venimos planteando los trabajadores de la provincia de Chubut”.

Concluyó el dirigente gremial que “la megaminería significa la continuidad de un modelo de saqueo y concentración de la riqueza que se intenta vender como ingresos a la provincia y promesas de puestos de trabajos que no son sostenibles en el tiempo y no son tales en cantidad; son pocos. Esta acción del gobierno tensiona la crisis que sufrimos en la provincia. Desde nuestra Central, en defensa del agua, el territorio y la vida, nos movilizaremos en contra de este proyecto que es una imposición porque son innumerables los rechazos de las organizaciones científicas, sociales y de la mayoría del pueblo de Chubut. No es No”.

8M: Mujeres de Guernica y otros sectores en lucha convocan a corte y movilización

Con marchas y movilizaciones en todo el país, mujeres y disidencias reivindicaron la lucha de las trabajadoras y de todas aquellas que enfrentan al capitalismo, al patriarcado y al imperialismo. En Buenos Aires, hubo una multitudinaria marcha, se leyó un documento en el Congreso Nacional y, además, concretaron un “verdurazo” por el acceso a la tierra y la producción agroecológica. La aplicación efectiva de la IVE y autonomía económica fueron otros de los ejes del paro para este año de pandemia.

Mujeres de Guernica, otras tomas y sectores en lucha convocaron a un corte y movilización a las 14:00, en el Obelisco, luego confluyeron a las 17:00 en la movilización unitaria. Reproducimos la convocatoria que difundieron sus protagonistas bajo el lema “Juntas contra la violencia, por tierra, vivienda, trabajo y todos los derechos de las mujeres”.

Las mujeres de Guernica resistimos, no nos callamos, no aceptamos la pobreza y la miseria a la que nos quieren condenar. Ocupamos tierras e hicimos oír nuestra voz para decir que tenemos derecho a la tierra y la vivienda, pero también por trabajo genuino. Nos organizamos, peleamos, hicimos marchas, cortes, asambleas, festivales, conformamos la Comisión de Mujeres de Guernica, la Asamblea Permanente, le dejamos claro al gobierno nacional, provincial, a la justicia, a los especuladores inmobiliarios y sus defensores, que nuestro destino y el de nuestras familias están en nuestras manos y vamos a luchar por lo que nos merecemos.

Resistimos el frío, el hambre, la represión, un brutal desalojo comandado por Sergio Berni el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nos quisieron humillar, quemaron nuestras casillas, pero seguimos de pie y unidas. Escribimos cartas a los ministerios de Género reclamando una solución definitiva para las mujeres que exigimos el derecho a la vivienda digna. Que todo el mundo se entere, somos mujeres trabajadoras y tenemos derechos, nuestras vidas valen.

Seguimos luchando porque el gobierno de Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque, cumplan con el acuerdo alcanzado con la Asamblea Permanente de la que somos parte, y con el resto de las organizaciones, que se firme la totalidad de los lotes comprometidos, los subsidios y las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género. Mientras esto se demora nuestras condiciones empeoran, algunas nos vimos obligadas a vivir en la calle, otras estamos en la precariedad habitacional, la mayoría de nosotras no tiene trabajo, nuestras familias pasan hambre. También tenemos que afrontar la violencia de género, sin tener siquiera un techo, trabajo ni recursos económicos. No contamos ni con acceso a refugios de emergencia para quienes estamos en esta situación. No queremos que ninguna de nosotras termine como Úrsula o Guadalupe. Luchamos por Ni Una Menos, acompañamos y nos movilizamos frente al caso de Úrsula como también lo habíamos hecho contra la violencia y por los derechos de las mujeres, una vez más estuvimos y estaremos en las calles por ellas, y por nosotras.

Nos seguimos organizando, estamos avanzando en la coordinación con otras tomas con vecinos y vecinas de Los Ceibos y la toma de Rafael Castillo, con trabajadores tercerizados de Edesur que pelean contra suspensiones y sus compañeras que se empiezan a organizar, las ferroviarias y ferroviarios despedidos del Roca que están peleando por sus puestos de trabajo, la Comisión de Mujeres de Coca Cola que lucha por las reincorporaciones y contra la discriminación sindical, las aeronáuticas que enfrentan los cierres, despidos y persecuciones, las docentes que defienden la educación pública y se organizan contra la precarización laboral, las trabajadoras de la salud de la primera línea que le pusieron el cuerpo a la pandemia. Junto a las estudiantes que nos apoyaron desde el primer día.

Para que nuestras luchas triunfen te necesitamos. Unámonos todas juntas, con el apoyo de nuestras familias y nuestros compañeros, en una acción unitaria este 8M en el Obelisco a las 14 horas, para luego participar de la movilización

Vení, trae tu pancarta, tu reclamo, hacé escuchar tu voz. Todas juntas. Llamamos a todas las organizaciones de mujeres, feministas, sociales y políticas y a los sindicatos a acompañarnos.

Comisión de Mujeres de Guernica
Asamblea Permanente de Guernica

Vecinas y vecinos de la Asamblea Permanente y la Comisión de Mujeres realizaron el sábado 20 de febrero en la Plaza San Martin una jornada para recibir donaciones de útiles escolares para las niñas y los niños de Guernica que comenzaron las clases. Hubo una importante participación de trabajadores de distintos sectores en lucha.

La actividad, que había sido votada en la última asamblea, contó con espectáculos circenses, bandas, y malabaristas y muestras de fotos que llevaron adelante artistas solidarios, y con un buffet económico impulsado por los vecinos.

“Hace tiempo lanzamos esta campaña por los chicos. Hoy en día está todo carísimo y es muy difícil comprar los útiles, muchos estamos desocupados, con changas. Queremos agradecer las donaciones de alimentos y de útiles, y el apoyo que venimos recibiendo del sector de trabajadores y a pesar de todo lo duro que venimos viviendo es algo para festejar también”, detalló una joven integrante de la Comisión de Mujeres.

De la actividad participaron trabajadores de la metalúrgica Gotan, de Coca Cola, aeronáuticos, trabajadores de la salud y la educación, de la tercerizada EMA de Edesur, del Anfiteatro del Parque Centenario, de Shell y ferroviarios en lucha, entre otros. Se acercaron a brindar solidaridad también Eve -la madre de Matías Dimuro, joven asesinado por la precarización laboral-, familias de la recuperación de tierras de Los Ceibos, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios y vecinos de Guernica.

El jueves 25 de febrero realizaron una concentración en Estación La Plata y marcharon al ministerio de Desarrollo de la Comunidad: «porque no se encaminan las soluciones comprometidas es que volvemos a las calles, volvemos para exigir que el gobierno nacional y el gobierno provincial se hagan cargo de la situación urgente de las miles de familias del conurbano bonaerense que hoy siguen padeciendo las injusticias de un sistema que permite a los poderosos perpetuarse mientras la clase trabajadora está y sigue expuesta a las situaciones de emergencia frente a la falta de trabajo y de condiciones dignas de vivienda».

En cuanto a la situación habitacional en la que se encuentran luego del violento desalojo, expresaron: «quienes durante cuatro meses vivimos en la recuperación de tierras de Guernica soportamos las condiciones adversas ya conocidas y sufrimos la brutal represión de la mano de Berni. Exigimos la reparación inmediata de nuestras condiciones de vida, se trata de la Tierra para Vivir reclamo legítimo del pueblo en una situación de crisis que se acrecienta por las condiciones de la pandemia, el hambre y la falta de trabajo. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires responsable político de la situación de desalojo y la falta de intervención ante tan grande y digno reclamo salió en medios públicos diciendo que el problema de Guernica estaba resuelto con promesas de subsidios habitacionales y pre adjudicación de lotes más servicios en 180 días comprometiéndose a visitar a las familias y dejar resuelto el problema. Durante los meses de diciembre, enero y luego a principios de febrero, el ministerio, de la mano de Andrés Larroque, se había comprometido a solucionar el problema habitacional con las firmas de actas de pre adjudicación de lote más servicio y subsidio único por 30.000 pesos. A sus efectos esto no está ocurriendo y las familias siguen a la espera», denuncian, y agregan: «mientras tanto el gobierno municipal sigue loteando tierras comercialmente y de paso encubre femicidas. Les vecines de Guernica seguimos en las mismas condiciones sin poder pagar alquileres, viviendo hacinados o directamente en la calle. Reclamamos la solución inmediata. Que se cumpla el plazo de la firma de lotes más servicio. Pago urgente de los subsidios habitacionales», finaliza el comunicado.

Seguí la transmisión en vivo desde el perfil de Facebook de la Historia desde Adentro de la Recuperacion de Tierras en Guernica: https://www.facebook.com/tierraparavivirGuernica/videos/900657784020056/

La UTEP obtiene la personería social

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) encabezada por Jorge “el Gringo” Castro de la CTEP y otros dirigentes de la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, recibirá la personería social.

La «personería social» es un recurso especial creado bajo el mandato del entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en diciembre de 2015, y resulta un peldaño previo a la personería gremial que reconocería el carácter de sindicato de primer grado a la organización que agrupa a un sector muy amplio de trabajadores que se desempeñan sin la existencia de patronales en tareas como el cartoneo, la agricultura familiar u otras actividades de esa naturaleza.

Como continuidad de aquella norma, en febrero de 2016, la resolución 32/2016 de esa misma cartera, pero bajo el gobierno de Cambiemos, se creó un registro destinado a este tipo de organizaciones que incluyen cooperativas de trabajo enroladas en los programas del ministerio de Desarrollo Social, así como empresas recuperadas y autogestivas.

La letra de esa resolución indica que “serán objetivos de tales asociaciones la protección y formación profesional de los integrantes de la Economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas, procurando la adecuada expresión de sus intereses, la satisfacción de sus derechos, la asistencia en el campo de la salud y en el de la seguridad social y facilitando el desarrollo y la justa compensación de las tareas desempeñadas por aquellos en todos los ámbitos”.

Además, asegura que “cada entidad fijará su ámbito de actuación personal y territorial, su modalidad de constitución, elección de autoridades y funcionamiento, de acuerdo a las normas correspondientes a su condición de persona jurídica y con plena sujeción al contralor que efectúe a su respecto la autoridad competente”.

Al mismo tiempo la resolución establece las facultades de aquellas organizaciones inscriptas en el registro que, ahora, serán formalizadas. Entre ellas destaca la de “proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática” y la de “promover la incorporación de sus representados en el sistema previsional teniendo en cuenta su especial situación de laboral”. De la misma forma apuntan plasmar junto con la cartera laboral “la implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el ámbito de sus competencias”.

El bloque de organizaciones de la Economía popular que se constituyó como tal en 2018 aspira abiertamente a ingresar a la CGT. Si así fuera podría ser el sindicato más grande del país ganando influencia en el Congreso de la entidad y, a su turno, en el Consejo Directivo de la organización.

Desde la CGT, su Secretario de Prensa, Jorge Sola, explicó que “tenemos muy buena relación con “el Gringo” (Jorge Castro) y hemos transitado situaciones en conjunto. Si logran la personería, de todas maneras, los términos de su ingreso deberán ser tratados en un Congreso de la entidad. No alcanza con el visto bueno del Consejo Directivo”.

Sola reconoció que “por la situación política todo gremio de trabajadores debería poder ingresar. Es un desafío ver cómo integrar las nuevas formas de relaciones laborales que vinieron para quedarse”.

El mismo dirigente recordó que “tienen una inscripción gremial con la que han presentado su solicitud de ingreso a la CGT hace ya un par de años y, de hecho, han participado de manera informal en el Consejo Directivo ampliado”. Con todo, explicó que “para eso, deberán ceñirse al estatuto y cumplir con todas las situaciones. Siendo un gremio con simple inscripción no pueden ingresar. Luego deberán pagar las cuotas y ver la cantidad de cotizantes. El número de afiliados es un dato que se tiene que contrastar y demostrar. El nivel de afiliación puede ser muy grande pero puede ser una ilusión”.

Finalmente, se preguntó: “¿Cómo es la cuota? ¿Dónde pagan? ¿Cómo se votan sus dirigentes? Por ese motivo no le dieron nunca la personería a la CTA. Porque es un abanico de representaciones más altas con un abanico más difuso”, concluyó.

La Federación Nacional Territorial lanzó la campaña «Somos Esenciales»

La iniciativa tiene por objeto poner en valor al trabajo que hace años vienen realizando las trabajadoras y trabajadores de los espacios comunitarios barriales y que, en el contexto de pandemia, ha sido particularmente arduo para paliar las consecuencias del fuerte incremento de la pobreza e indigencia producto de la tragedia social y económica del neoliberalismo.

En esta etapa, la campaña «Somos Esenciales» se realizará a través de la difusión de contenidos audiovisuales en redes sociales y tiene por objetivo visibilizar el reclamo por la urgente inclusión de las trabajadoras y trabajadores comunitarios en el calendario de vacunación contra el Covid 19.

Al respecto, Omar Giuliani, Coordinador Nacional de la FeNaT-CTAA, expresó: “Desde el inicio de la pandemia las organizaciones populares no solamente han continuado con sus actividades de sostén comunitario, si no también que han tenido que ir adaptándose a las condiciones de cuidado sanitario imprescindibles. Lejos de aislarse, miles y miles de compañeres han seguido brindando el plato de comida y la copa de leche, el apoyo escolar, la contención a las familias en situaciones cada vez más difíciles».

«El reclamo por la vacunación de estas compañeras y compañeros es transversal a todo el campo popular y a nuestra CTAA en particular”, insistió Giuliani.

La FeNaT lanzó formalmente su Unidad de Gestión

En la compra de las herramientas se favoreció a cooperativas y fábricas recuperadas: la indumentaria la confeccionó la Cooperativa Nueva Generación y los zapatos fueron fabricados por la Ex Gatic, una empresa recuperada que fabricaba para Adidas: “porque apostamos a otra clase de sociedad y en la clase trabajadora”, dijeron.

“En la UST, la autogestión nos cambió la vida. Nos dio la oportunidad para potenciar nuestra articulación y empezar a pensar en una nueva etapa empezar a producir», remarcó Diego Ledesma, presidente de la UST.

Los recursos que provee el Estado a través de la Unidad de Gestión serán para la construcción de espacios comunitarios y salones de usos múltiples en distintas provincias, acciones para favorecer la salud comunitaria, relevamientos socio ambientales, mejoras en el espacio público, instalación de postas sanitarias en barrios con brigadas sanitizantes.

El coordinador Nacional de la FeNaT, Omar Giuliani, agradeció la presencia de tantos compañeros y compañeras de las provincias y el compromiso puesto en la militancia cotidiana: “No es casual estar inaugurando la Unidad de Gestión en la UST, ejemplo de construcción solidaria. Porque en la FeNaT sabemos que no hay felicidad posible con más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza. Ahora debemos ver qué capacidad política tenemos como clase para que esto no nos duerma y sea una herramienta de construcción, transformación y fortalecimiento de nuestras experiencias.”, remarcó Giuliani.

Reclaman justicia y seguridad para las familias quinteras

Las organizaciones campesinas realizaron una concentración y un acto el pasado 17 de febrero en la rotonda de Ruta 36 y Av. 44 para denunciar la situación de inseguridad e indefensión que sufren las y los productores de la región, como consecuencia del abandono de la periferia de la ciudad por parte las autoridades de la Municipalidad de La Plata.

Los movimientos que nuclean a productores y productoras de La Plata vienen denunciando que existen zonas liberadas en el cordón hortícola y que los robos se repiten casi cotidianamente y son cada vez más violentos. Esto es posible por la falta de políticas públicas por parte del intendente Julio Garro para este sector.
También salieron a la ruta porque una chica de 14 años fue violada por un delincuente que, junto a tres cómplices, ingresaron a robar armados y encapuchados en varias quintas de horticultores. Exigen justicia y reparación para ella y su familia productora.
Los reclamos se vienen repitiendo todos los años pero las autoridades locales y provincial no han tenido vocación para resolver esta situación que se agrave diariamente. En muchos casos, la delincuencia cuenta con la complicidad policial ya que en las comisarías incluso se niegan a tomar las denuncias y las y los quinteros son discriminados por las autoridades de las fuerzas de seguridad.
Por esto, las organizaciones convocantes exigen: patrullaje real en toda la zona quintera; cambio de personal en las comisarías cómplices; alumbrado público como en el centro de la ciudad, arreglo de calles y caminos rurales, recolección de residuos, y señalización para que pueda llegar la policía cuando se denuncia; oficinas para recibir denuncias porque en la comisaría no las toman y discriminan; registro único de camiones que cargan verduras; garitas de control policial; alarmas zonales.
Es tiempo de que se respete, se valore y se proteja a quienes producen buena parte de los alimentos sanos, frescos y a bajo costo para la mesa de las y los argentinos.

Trabajadores ceramistas movilizaron a la Legislatura de Neuquén

La situación de Cerámica Neuquén sigue en la incertidumbre, con una amenaza de remate y desalojo que continúa vigente. Por eso las y los trabajadores ceramistas resolvieron en asamblea movilizar el lunes 1° de marzo hasta la Legislatura provincial, cuando el gobernador dio su discurso de apertura de sesiones legislativas. Los obreros exigen que se avance en las negociaciones para que la fábrica pueda seguir produciendo bajo gestión obrera y se cierre definitivamente la amenaza de remate y desalojo, de lo contrario avanzarán en su reclamo para que la Legislatura avance en la expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera.

La actividad fue precedida de una reunión multisectorial en las instalaciones de Cerámica Neuquén para coordinar con otros sectores y confluir en una movilización común. “Queremos organizar una gran movilización donde hacer oír los distintos reclamos que hay en la provincia. Por respuestas para nuestras gestiones obreras, pero también por un plan de obras públicas para construir viviendas y arreglar las escuelas, por aumento salarial para las y los docentes y estatales, por condiciones de seguridad e higiene para las y los trabajadores de la salud, por una vuelta segura y en condiciones a clases presenciales, por un plan de vacunación que contemple a las y los esenciales y no a los funcionarios, como saltó con la vacunación vip”, adelantó Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista.

Negativa municipal de preservar las fuentes laborales en la COOPI de Villa Carlos Paz

Ante la falta de alternativas por parte del municipio para incorporar a lxs trabajadorxs de la COOPI garantizando sus derechos laborales, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) decidió dar por terminada la negociación.

Lo hizo en el marco de la audiencia desarrollada en el ministerio de Trabajo convocada para abordar el eventual traspaso de trabajadorxs de la COOPI, ante la decisión municipal de despojar a la institución del servicio de agua, que fue tomada por decreto para el próximo 26 de febrero.

Durante casi cinco horas, los abogados municipales, Darío Pérez y Marcelo Ambroggio, sostuvieron la postura de mantener el registro municipal ampliando hasta el 17 de febrero la posibilidad de que lxs trabajadorxs se anoten.

Vale recordar que el traspaso a la órbita municipal de lxs trabajadorxs de esta forma significa la pérdida de las condiciones de trabajo (salario, antigüedad, etc.) que hoy asegura la cooperativa.

Ante la intransigencia municipal, el SIPOS planteó que da por terminada la negociación, dado que la ampliación de días del registro no es una alternativa. Esta opción implica que los derechos laborales de lxs trabajadorxs de la Coopi serían violentados, ya que se los contrataría bajo régimen municipal, es decir, en absoluta precarización.

En las últimas audiencias, el municipio ha mostrado su rechazo a resolver la continuidad de los puestos de trabajo digno que hoy sostiene la COOPI. Por eso, como en cada una de las instancias anteriores, lxs trabajadorxs se manifestaron en la sede del ministerio en la ciudad de Córdoba para reclamar por la preservación de las fuentes laborales y la intervención del gobierno provincial para resolver el conflicto.

A pesar de que se conoció que el oficialismo avanza en la elaboración de un proyecto para expropiar bienes de la Coopi, que plantea declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” gran parte de la flota vehicular de la institución e instrumental de telemetría, así como el Centro Operativo Paraguay, en la reunión los asesores letrados negaron su existencia.

“Se han burlado de nosotros y del ministerio. Es una negociación terminada. Falta que el ministerio resuelva, hemos pedido que se haga cargo de lo que está haciendo la municipalidad”, expresó Gustavo Valdez, secretario general del SIPOS.

Mientras tanto, afuera del ministerio, la resistencia de lxs trabajadorxs de la Cooperativa Integral y su lucha para preservar sus fuentes de trabajo digno se visibilizaba a través de una protesta con bombos, banderas y cánticos repudiando el accionar municipal.

El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) ha convocó a un abandono de tareas, concentración y movilización de lxs trabajadorxs de la COOPI en Villa Carlos Paz, en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales que hoy les garantiza la institución.

La decisión se tomó luego de que en la última audiencia en el ministerio de Trabajo el municipio de Villa Carlos Paz reiteró su negativa a tomar a las y los trabajadores de la COOPI con los derechos laborales que hoy les garantiza la institución.

Piden más ayuda para las cooperativas

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) solicitó que se incluyan a casi 40.000 asociados dentro del cupo de Potenciar Trabajo, que depende del ministerio de Desarrollo Social. Ocurre luego de que se pagara la última cuota de la Línea 1 a fines de febrero que fue de $ 9.000, que el ministerio de Trabajo recreó para el sector cooperativo en la pandemia.

Desde Conarcoop sostienen que se podría incluir a los trabajadores cooperativos dentro de Potenciar Trabajo, que contempla unos $ 10.000 mensuales.

Peleándola desde abajo

Por Nahuel Zárate

Un informe realizado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por el INAES, recorre la situación de las empresas recuperadas durante el último año, donde le hicieron frente a la pandemia y la crisis económica.

Conocer el impacto de la pandemia en la actividad productiva de las cooperativas y las empresas recuperadas por trabajadores (ERT) y cuáles fueron las políticas de asistencia tomadas por el gobierno nacional para poder evitar el cierre masivo de compañías del sector autogestionado de la economía. Ese fue el objetivo del informe diseñado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). ¿Fueron realmente eficaces las medidas tomadas o todavía falta acción por parte del Estado para acompañar al sector autogestionado de la economía?

Para el estudio, los investigadores contaron con la colaboración del Proyecto de Vinculación con Empresas Recuperadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y distintas organizaciones del sector. “La participación de este año fue mayor porque, al no tener la necesidad de pactar una visita y hacerla presencialmente, eso es un trabajo de organización. En el último ordenamiento que habíamos hecho entre 2017 y 2018, hicimos unas 87 empresas recuperadas y, ahora, fueron 135, 195 en total porque, este año, se agregaron cooperativas de trabajo”, comenta Andrés Ruggeri, director del informe y asesor del ministerio de Trabajo.

Si bien las restricciones propuestas en el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) involucraron el cierre de gran cantidad de empresas dedicadas a actividades denominadas no esenciales, según el informe, solo un 20% del total de las cooperativas y empresas recuperadas encuestadas tuvo que detener su actividad productiva en los meses de confinamiento más estricto. El 80% restante representa a los sectores que realizan actividades esenciales en forma directa o indirecta, como es el caso de las cooperativas textiles. “Trajimos una máquina para fabricar barbijos desde China y tuvimos la suerte de incorporar 45 compañeras y compañeros, pudimos completar un plantel de 160 personas”, cuenta para Anccom Francisco Martínez, secretario de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES, asociado fundador y ex presidente de Textiles Pigüé.

El impacto económico que significó la pandemia a nivel global y la limitación en la actividad productiva profundizaron la crisis que venía atravesando el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la cual perjudicó principalmente al bolsillo y calidad de vida de los trabajadores. En este contexto es que el gobierno se vio en la necesidad de implementar distintas medidas de apoyo económico, las cuales fueron eficientes en cierta proporción para las empresas privadas, que pudieron solicitar la Asistencia de Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasas subsidiada del 24% para las PyMEs. “Cuando arranca la pandemia, las industrias la pasamos realmente mal. No nos entendían que éramos empresas cooperativas, entonces, todos los decretos que salían para que los bancos den algún crédito no nombraban la palabra cooperativa. Hablaban solo de PyMEs”, menciona Hugo Cabrera, presidente de la Cooperativa Gráfica Campichuelo, del barrio de Caballito.

Estas políticas de contención no pudieron ser concretadas por las cooperativas y las ERT, debido a imposibilidades normativas, lo que generó grandes críticas desde el sector. “No fueron específicas para la cooperativa. Había que acondicionar mejor esas medidas para que lleguen mejor a las cooperativas de la misma manera que llegan a las empresas privadas”, destaca Andrés Ruggeri.

Frente a la difícil situación en que se encontraban inmersas las cooperativas, el Estado reactivó la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, que aporta un subsidio mensual a los asociados; lanzó créditos especiales para las cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación; implementó Potenciar Trabajo, que fue otro de los programas destinados a los trabajadores de la economía popular; e implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual benefició a gran cantidad de trabajadores asociados a cooperativas.

El informe señala que el 67% del total de las cooperativas solicitó el programa Línea 1 y el 82% de ese total tuvo acceso a él. Si bien tuvo un alto nivel de demanda, no significó una solución del todo eficaz para los trabajadores. Manuel Azurmendi, presidente de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, del barrio de Montserrat, señala que “la línea 1 fue un aporte que es para cooperativas trabajo autogestionado. Lo hemos tramitado, han sido 8 meses, pero en esa línea es incompatible con otros programas, así que se cayó a todos los compañeros que han accedido a otros programas, por ejemplo, potenciar trabajo, IFE”.

Otros de los puntos reclamados es el que atiende Silvia Díaz, de Cooperativa La Cacerola, también ubicada en Caballito: “Estamos reclamando que haya continuidad en el programa Línea 1 que solo lo han prolongado por el mes de febrero, cuando el gobierno nacional ha prolongado para los trabajadores de empresas privadas la ATP en algunos casos, que son equivalentes lo que era la Línea 1 para las cooperativas de trabajo”.

La línea de crédito lanzada por el Ministerio de Desarrollo y el Banco Nación fue otra de las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento económico de las cooperativas. Con una tasa subsidiada del 18% y con la posibilidad de pagarlo a un año con 3 meses de gracia y otros 3 meses solo de pago de intereses. Sin embargo, los resultados de la encuesta arrojaron que solo el 12% de las cooperativas solicitaron créditos del Banco Nación. La baja demanda se debe, principalmente, a la falta de información, incertidumbre en capacidad de pago y a las dificultades a la hora de entregar la documentación requerida. “Toda la operatoria de los créditos es lenta y piden muchísimos requisitos”, señala Silvia Díaz. “Nos costó completar toda esa documentación y, cuando la terminamos, le dieron de baja y fue reemplazado por un nuevo proyecto”, agrega la presidenta de la FACTA.

No obstante, con respecto a la negativa de las cooperativas a la hora de acceder a estos créditos, Francisco Martínez, comenta que “más del 80% de las cooperativas de trabajo de este país nunca habían accedido a un crédito, entonces, se hace este programa afectando 2 mil millones de pesos, usando una tasa del 18% y con dos simples papelitos: estar registrada en la secretaria PyMEs y un certificado legibilidad del INAE, comunicación con el Banco Nación y se terminó en menos de 20 días. Nosotros lo hicimos”.

Sin dudas, el decreto 311/2020, que prohibió los aumentos y corte del servicio por falta de pago para el gas, la electricidad y el agua, fue una de las medidas más importantes que tomó el gobierno en los meses de mayor restricción de la actividad económica. Además, prevé que las empresas prestadoras de estos servicios deben otorgar planes de facilidad de pago para las deudas que se generen y hace referencia exclusivamente a las cooperativas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el INAES.

Todas estas medidas se fueron tomando sobre la marcha con el objetivo de mantener a flote la actividad productiva de estas,pero de nada sirven si no se implementan políticas a largo plazo que regularice la situación de los trabajadores. “Lo que hace falta es resolver esa situación para que sea más equivalente, para que no sea una pérdida o una cuestión menor trabajar en una cooperativa en relación a tener un trabajo formalizado”, menciona Ruggeri. “La ley de cooperativas es muy vieja, donde el cooperativismo de trabajo no está casi contemplado. Entonces, se fueron haciendo distintos parches por decretos o resoluciones del INAES que fueron regulando la cooperativa de trabajo, pero que no lo terminan de contemplar como un sujeto laboral. Entonces, los trabajadores de las cooperativas no tienen los derechos de los trabajadores asalariados”, concluye el director del informe.

*Por Nahuel Zárate para ANCCOM