El 2020 será, en muchos sentidos, un año imposible de olvidar. Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 todavía están lejos de poder ser evaluadas y se expanden sobre prácticamente todos los aspectos de la vida social.
Las relaciones laborales no sólo no escapan a esta afirmación de carácter general, sino que por el contrario han sido una de las dimensiones más relevantes para el interés colectivo luego de aquellas cuestiones vinculadas a la protección de la salud y la vida de la población.
Durante el último año, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente caída del empleo y los salarios fue reflejada en los informes periódicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibió una atención central en los medios de comunicación, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos orígenes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tomó un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervención estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis también fue abordada desde múltiples perspectivas.
El impulso de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), e incluso la promoción de mecanismos institucionales que habilitaron suspensiones masivas de trabajadores y trabajadoras como herramienta para suavizar el impacto en términos de puestos de trabajo, fueron parte de una agenda que estuvo en el centro de la escena a lo largo de todo el año, sumado a la suspensión de la fórmula jubilatoria y el otorgamiento de aumentos discrecionales inferiores a los que hubiera correspondido.
La agenda de intervención estatal sobre el sistema de relaciones laborales, aun en un año muy particular, no se limitó a medidas vinculadas estrictamente al impacto de la pandemia del Covid-19. En efecto, durante el año 2020 distintas iniciativas que afectan de manera más o menos directa a los trabajadores y trabajadoras fueron impulsadas y aprobadas a nivel legislativo. Entre ellas se encuentran la aprobación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, la sanción de la ley 27.555 que reguló la modalidad del teletrabajo, el dictado del decreto 721/20 por medio del cual se garantiza el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, y finalmente la aprobación de la ley 27.605 que estableció una contribución extraordinaria a las grandes fortunas destinada a financiar los gastos originados en la pandemia.
El relato dominante sobre el impulso de este tipo de iniciativas suele relegar a un lugar secundario al papel de los trabajadores y trabajadoras, quienes habitualmente son presentados como meros destinatarios de estas políticas, y no como actores activos en la promoción de iniciativas vinculadas a la regulación de las relaciones laborales.
Por un lado, la primacía del análisis cuantitativo en el abordaje del impacto de la crisis sobre el sistema de relaciones laborales impidió que la atención se focalizara en los mecanismos de acción y organización colectiva que, aun en el marco de una de las peores crisis que se recuerde en décadas, continuaron estando presentes. Ello fue una constante desde los primeros días de la pandemia: trabajadores y trabajadoras que ya desde el mes de abril debieron enfrentar estrategias patronales tendientes a eludir restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno Nacional; ajustes salariales generalizados que alcanzaron aún a quienes debieron trabajar más horas y más intensamente que antes como por ejemplo los trabajadores y trabajadoras de la salud; transformación de millones de hogares en oficinas sin que los empleadores compensaran los mayores gastos; en definitiva, trabajadores y trabajadoras que pusieron en riesgo su salud y sus vidas, sin por ello dejar de organizarse y reclamar por sus derechos. Por el otro, el predominio de una mirada institucionalista, donde los mecanismos de intervención estatal sobre las relaciones laborales aparecen como producto de una decisión tomada de manera autónoma por los miembros del gobierno de turno o las dirigencias sindicales, oculta la existencia de las luchas colectivas, pasadas y presentes, sin las cuales la implementación de dichos mecanismos difícilmente pueda ser explicada.
En efecto, la organización y la acción colectiva siguieron siendo, durante el 2020, una nota distintiva de la intervención de les trabajadores en materia económica, política y social. Aun con los límites que impuso la pandemia, los reclamos tanto centralizados como descentralizados estuvieron presentes a lo largo de todo el año, por cierto que con distinta intensidad y contenidos: desde conflictos por condiciones de trabajo hasta una negociación salarial que, si bien se postergó en el tiempo, finalmente llegó a casi todos los sectores.
El informe anual 2020 del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) apunta a volver a poner en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras. No sólo a partir de sistematizar el impacto de la crisis en el empleo y los salarios, sino principalmente a partir de resaltar cómo el conflicto y la negociación colectiva continuaron siendo mecanismos de acción y organización que dan cuenta de una vitalidad que aún se encuentra presente pese a los obstáculos que crecientemente se vienen acumulando desde hace casi una década.
Por otra parte, el 2020 mostró a las claras los límites de circunscribir la acción y organización sindical a los trabajadores formales. El brutal ajuste de la cantidad de ocupados en el segundo trimestre, que se explica fundamentalmente por la pérdida de puestos de trabajo de asalariados no registrados y de no asalariados, sumado al impacto sorpresivo del IFE que superó las previsiones más extremas del propio gobierno, obligan a poner atención sobre un sector de la clase trabajadora que se encuentra en los márgenes de las organizaciones sindicales tradicionales. Los desafíos aquí son incluso mayores, tanto en un contexto de continuidad de las restricciones a la movilidad como en un escenario optimista, donde una hipotética superación de la pandemia del COVID-19 nos volverá a enfrentar con obstáculos estructurales que ya se encontraban presentes, y en estado crítico.
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