A casi dos meses y medio desde la inusitada represión policial en la reserva natural Parque Aguiar de San Nicolás, la investigación penal permanece casi en los mismos términos que al comienzo: la UFI 6 departamental a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio se excusó en los últimos días de marzo por presuntas denuncias en su contra incorporadas a la causa, luego de semanas de licencia por contagio de COVID y sin haber designado nunca a un responsable de la fiscalía para el desarrollo de la investigación. Por otra parte, tramitan en la justicia de San Nicolás dos habeas corpus preventivos en favor, por un lado, de los hermanos Leandro y Martina Aragón y, por otro, de Hugo Damián Caballero, quienes han sufrido amenazas, hostigamiento o detenciones como represalia policial por su participación en los reclamos por el cese de las obras en la reserva natural. Preocupa a la CPM la parálisis y dilaciones judiciales.
Desde fines de 2020 el Municipio de San Nicolás pretende llevar a cabo una obra de ensanchamiento de camino en el corazón de la reserva natural Parque Aguiar, un vasto ecosistema de flora y fauna nativa de más de 1500 hectáreas que cumple una importante función de control de aguas por ser zona de humedales.
El 22 de enero pasado el municipio decidió retomar las tareas de relleno con escombros y en varias oportunidades la fiscalía general departamental ordenó el retiro de las maquinarias, en un juego mediante el cual el gobierno local pretende forzar un hecho consumado entre los avances y frenos a la obra.
Finalmente, el 26 de enero y por tercera vez, las máquinas regresaron a la reserva, reiniciaron el movimiento de tierra, pero en esa ocasión llegaron escoltadas por un operativo policial que nadie pudo justificar ni avalar. Y ante la insistente protesta de los integrantes de la Comunidad Nicoleña por el Ambiente –CoNA- ocurrió una inusitada represión policial que incluyó golpizas, detenciones, amenazas de muerte y hasta agresiones misóginas contra una joven a la que quitaron su pantalón.
La causa penal por el accionar de los efectivos de la Comisaría 3º de San Nicolás tramita ante el Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás a cargo de María Eugenia Maiztegui y, hasta fines de marzo, la llevaba adelante la fiscalía 6 de Rubén Darío Giagnorio que terminó excusándose. Cabe aclarar que el 8 de febrero ya se había excusado la titular de la fiscalía 12, Belén Baños, que había iniciado la investigación.
De allí que entre ambas excusaciones fiscales sumado a la licencia por contagio de COVID por parte de Giagnorio mientras tuvo el expediente a su cargo y la falta de designación de un responsable para llevar adelante la causa, prácticamente no se realizaron actos procesales tendientes a la obtención de pruebas ni imputación de responsabilidades.
En reiteradas ocasiones la CPM, a través del Programa Justicia y Seguridad Democrática, se ha comunicado con ambas fiscalías y con la Fiscalía General Departamental a fin de obtener información sobre los avances de la investigación y siempre las respuestas estuvieron relacionadas con aquellas excusaciones, licencia médica y falta de designación de responsables para llevar adelante la actividad fiscal.
En este escenario, y en virtud de los sucesivos y nuevos actos intimidatorios, amenazas y hostigamientos de la Policía de San Nicolás sobre varias de las víctimas de la represión de enero, preocupa a la CPM la persistente demora y la parálisis de casi tres meses en una causa de violencia institucional donde abundan los testimonios y registros fílmicos y fotográficos.
Además de los pedidos de informe a las fiscalías, desde el día siguiente a la represión de enero la CPM realizó una denuncia penal y presentaciones administrativas ante la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Municipio de San Nicolás, y calificó de inadmisible el accionar policial: “No hay ningún bien o interés público a resguardar que justifique la violencia ilegal por parte del estado. Las lesiones ocasionadas a los manifestantes y su detención arbitraria no responden a ningún protocolo de actuación de fuerzas de seguridad reguladas por el estado de derecho”.
Preocupa especialmente a este organismo de derechos humanos que no sólo la causa principal continúe paralizada, sino también dos habeas corpus de carácter preventivo que tramitan en la justicia de San Nicolás y a los que la CPM acompañó con oficios complementarios.
Uno fue presentado ante el Juzgado de Garantías 3 en febrero pasado por parte de la defensora oficial María Celina Berterame en favor de los hermanos Leandro y Martina Aragón; y el otro fue presentado en favor de Hugo Damián Caballero por su propia cuenta ante el Juzgado Correccional 2 de San Nicolás. En ambos casos se trata personas que, después de la represión de enero, continuaron padeciendo amenazas y hostigamiento policial.
En efecto, el 23 de febrero el Programa Justicia y Seguridad Democrática de la CPM presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás con “el fin de acompañar la petición de habeas corpus preventivo realizada por la defensora oficial Dra. María Celina Berterame a favor de Leandro Elías Aragón y su hermana Martina Javiera Aragón, ante el sufrimiento de hostigamiento y apremios por parte de las fuerzas de seguridad, habiendo sido Leandro privado ilegalmente de su libertad”.
“Como bien se ha descripto en la presentación de la Dra. Berterame, Leandro y Martina refieren ser hostigados por personal policial: el último hecho de violencia institucional ocurrió el miércoles 17 de febrero de 2021, cuando Leandro fue golpeado y privado de su libertad en la Comisaría 1º de San Nicolás”, señalando como causa del hostigamiento la participación de los hermanos y su familia en las protestas de enero en el parque Aguiar.
Asimismo, la CPM incorpora un análisis y describe el crítico escenario en las comisarías del distrito, resaltando que durante casi todo el año 2020 se alojaron personas por encima de la capacidad prevista.
En el petitorio del escrito se solicita que “se tomen las medidas adecuadas a fin de garantizar la libertad plena de circulación (con los límites propios de las medidas dictadas en razón de la pandemia de COVID-19) de Leandro Elías Aragón y Martina Javiera Aragón y se omita toda detención, investigación, persecución sin orden judicial correspondiente, por parte de los miembros de las fuerzas policiales o de seguridad”.
El otro habeas corpus fue presentado por Hugo Damián Caballero, la propia víctima de nuevos hostigamientos policiales, y sobre estos hechos la CPM notificó a la fiscalía 6 de San Nicolás para que no sólo que se investiguen estas prácticas policiales sino también para exigir que Caballero no pueda ser requisado en la vía pública sin orden judicial previa.
Al igual que en enero con los sucesivos inicios de obra y frenos por orden judicial, entre el 13 y el 15 de marzo el municipio intentó continuar el ensanchamiento de la calle en plena reserva natural y, en cada ocasión, los vecinos y ambientalistas del CoNA realizaron la denuncia judicial.
No obstante, en el tercer día y luego de grabar con su celular lo que ocurría con las máquinas, Hugo Caballero se retiró del lugar junto a su padre Juan Alberto Caballero y otro vecino con rumbo a la Comisaría 3º para realizar la denuncia correspondiente. Extrañamente fueron interceptados por un patrullero de aquella dependencia policial en el cruce de la Avenida Illia y Caseros. Los obligaron a descender a los tres, los requisaron a ellos y al vehículo y en pocos minutos llegaron entre 8 y 9 móviles policiales más.
En el escrito de la CPM a la fiscalía 6 se informó que los agentes los “invitaron a concurrir” a la Comisaría 3º con el fin de aclarar la situación del Parque Aguiar pero, una vez allí y debido a la demora, Caballero quiso salir con dirección a un kiosco cercano y le impidieron la salida.
Del mismo modo, el vecino y amigo que acompañaba a Hugo Caballero y su padre debía salir para tomar la medicación prescripta por un padecimiento mental. Tampoco se lo permitieron. Más tarde, con la llegada de un abogado a la Comisaría, los efectivos aclararían que los tres hombres no estaban aprehendidos y Que podían retirarse del establecimiento.
“Reiteramos nuestra preocupación por la persistencia de los hechos de hostigamiento policial a las personas reprimidas en el Parque Aguiar el 26 de enero”, señaló la CPM, que advierte una grave y flagrante dilación y parálisis judicial en investigaciones penales que tienen como implicados a las fuerzas de seguridad y a sectores del Estado municipal de San Nicolás por su accionar frente a las legítimas protestas de ambientalistas y vecinos.