El pasado viernes 23 nos enteramos de la muerte del Ministro de Transporte, Mario Meoni, durante el viaje a su casa en Junín con un vehículo oficial, propiedad de Trenes Argentinos, alrededor de las 21.30.
Volvió a reavivarse el tema de lo que va a ocurrir con la llamada Hidrovía del Río Paraná, por cuanto el decreto 949/20 abre la licitación a manos privadas otra vez.
En unos días vence la concesión actual, hace unos meses había aparecido la posibilidad de que en lugar de concesionar el río, volviera a estar en manos del Estado, después de 25 años, a través de la creación de una empresa pública que se haga cargo de la administración y control de lo que en la hidrovía sucede.
Incluso, dentro del propio Frente de Todos el senador Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, le había pedido explicaciones, al entonces ministro Meoni, de porqué se abría la concesión a empresas privadas, y que explique “las razones por las cuales se desestimó la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado”, puesto que a mediados de 2020 se había impulsado la creación de la Administradora a través del Acuerdo Federal hidrovía.
Pero como una de las características del gobierno es primero anunciar la recuperación de soberanía y luego preferir la postura colonial, este caso no podía ser la excepción, ya estaba el antecedente de Vicentín que marcaba la impronta.
Y como para que no queden dudas el entonces ministro Meoni, el 8 de este mes, firmó un acta de compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, la misma que nos tiene colonializados con las pruebas PISA) será para que gobierne la próxima licitación (es decir la entrega) de la hidrovía (es decir los ríos).
El tema es mucho más complejo, porque importa la decisión de los canales de circulación, Punta Indio, a cargo del Puerto de Montevideo y el que pretenden las cerealeras como Dreyfus, Cargill y Bunge y el canal Magdalena que mantiene las embarcaciones en aguas argentinas con salida por el Puerto de Buenos Aires.
De acuerdo con el decreto mencionado, las obras de dragado y balizamiento se realizaran en el canal Punta Indio.
En conclusión, y más allá del aspecto económico para beneficiar a los que se han beneficiado siempre con estos modelos productivos; ni siquiera el gobierno se plantea el tema de que el Estado tenga el control geoestratégico por donde sale el 75% del comercio exterior del país y las múltiples veces denunciado contrabando.
Para finalizar y pensar: ¿acaso no llama la atención que el subsecretario de Puertos y Vías navegables, responsable del Consejo Federal de la Hidrovía sea Leonardo Cabrera Domínguez?
Quien además de que fuera operador de Dreyfus, “cuenta con un incondicional apoyo de la empresa belga Jan de Nul Group (con fuertes intereses en la Hidrovía), la adhesión de la pastera UPM (ex Botnia) y el visto bueno del actual presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro…”, según el portal El Argentino de Gualeguaychú.
Parece que en el Frente de Todos también tienen “agentes” de los dos lados del mostrador.
¿Y la soberanía?