El presidente Alberto Fernández dispuso mantener hasta el 21 de mayo las medidas de prevención contra el avance de la pandemia actualmente vigentes. “Hemos contenido el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el AMBA”, afirmó el mandatario, pero remarcó que “las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras; debemos continuar con las medidas”.
“La situación no se encuentra de ninguna manera resuelta. La cantidad de casos es realmente muy elevada” señaló y expuso que “la situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria”.
“Hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica, donde el sistema de salud está muy tenso. Allí se restringirá circulación y actividades locales hasta 19 horas y el dictado de clases exclusivamente será a distancia”, anunció el Presidente.
Fernández afirmó que “el esfuerzo colectivo vale la pena” para enfrentar la segunda ola de coronavirus y dijo que comprende las “dificultades económicas y educativas”.
Además, informó que enviará “un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para establecer criterios científicos claros y precisos que faculten al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.
Las medidas
Alberto Fernández indicó que las medidas surgieron del diálogo con gobernadores y gobernadoras de todo el país y de las sugerencias de los expertos y expertas, y se toman “en base a criterios epidemiológicos y sanitarios, considerando en primer lugar la cantidad de casos sobre la población; después, el aumento o no de casos en las últimas semanas; y por último, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva”.
Diferenció así “cuatro situaciones en distintos lugares del país en relación al riesgo. Hay zonas de bajo, medio y alto riesgo epidemiológico y sanitario. Y existe una cuarta categoría, aquellas zonas en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.
En estas últimas “zonas el sistema de salud está muy tenso y la proporción de casos sobre la población es muy alto. Debido a esto se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo”.
“Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 hs la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio. Durante el día, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre”, recordó y señaló que “no se puede circular entre las 20 horas y las 6 de la mañana del día siguiente” y que “el dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia”.
El Presidente expresó que está al tanto “de las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación”.
Agregó que el desafío es “retomar en estas zonas la presencialidad cuidada cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios lo permitan”.
En tanto, “en las zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios”, detalló.
En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario el DNU establecerá “suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 hs. Y no se podrá circular entre 0 hs y las 06.00 de la mañana de cada día”.
Vacunas
En su mensaje, el Presidente explicó que “todo el Plan del gobierno nacional frente a la pandemia contempla tres dimensiones. Por un lado, las medidas de cuidado y las restricciones a la circulación. En segundo lugar, todas las acciones sanitarias de fortalecimiento del sistema de salud. En tercer lugar, todas las medidas para proteger la situación social y la actividad económica”.
Asimismo, destacó el avance del “plan de vacunación más grande de la historia argentina” luego de que hayan llegado “ya al país más de 10 millones de dosis”, y detalló que “ya hemos vacunado con al menos una dosis a más del 95% del personal de salud. Terminamos el mes de abril con más del 70% de los mayores de 70 años vacunados y con alrededor del 50% de las personas entre 60 y 69 años vacunadas”.
“El tiempo que ganamos con la prevención lo usamos para vacunar. Con la vacuna, el riesgo de fallecer se reduce drásticamente según todos los datos y se transita mejor la enfermedad”, enfatizó.
“Nuestra prioridad ha sido y es cuidar la salud y la vida. Con ese objetivo trabajamos también preservando la economía de las personas y de las familias”, reflexionó el Presidente.
“También otorgamos un reconocimiento al personal de salud que está abocado a la atención de la pandemia. Ellos y ellas tienen mi agradecimiento y el de todos los argentinos y argentinas”, destacó el mandatario.
Expuso que es indispensable “bajar el nivel de contagio para disminuir la tensión del sistema sanitario” y pidió también “ser solidarios con cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud para aliviarlos frente al enorme esfuerzo que hacen cada día”.
Medidas económicas
Alberto Fernández indicó que se invertirán más de 300.000 millones de pesos en medidas para dar respuesta a la situación social y económica. Se refirió al Programa de Recuperación Productiva a través del cual el Estado Nacional paga una parte de los salarios de los trabajadores en sectores más afectados por la pandemia; del programa Potenciar Trabajo para asistir a los trabajadores del mercado informal y a desocupados afectados por la pandemia y en el Programa “Producir” fortalecemos proyectos en los que participan mujeres y diversidades que hayan atravesado situaciones de violencia de género.
Además, el Estado seguirá apoyando a los sectores de la cultura y del turismo con diversos instrumentos, se extendió el pago de las Becas Progresar, se amplió la AUH y se decidió un nuevo bono para jubilados y jubiladas.
También se extendió hasta el 30 de junio la devolución del 15 por ciento las compras con tarjeta de débito en los sectores de menores ingresos, se amplió la cobertura e incrementó un 50% el valor de la Tarjeta Alimentar, y se reforzó las partidas para comedores escolares, comunitarios y compra centralizada de alimentos.
Judicialización del DNU anterior
El anuncio de enviar un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para establecer “criterios científicos claros y precisos” para la toma de restricciones y medidas de cuidado es una respuesta a la ofensiva que desató la alianza Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) tras los anuncios presidenciales del pasado 14 de abril.
En ese marco, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta judicializó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 en el punto en el que disponía el regreso a la virtualidad de las clases durante quince días desde el lunes 19 de abril mediante una presentación ante la Corte Suprema de la Nación, mientras que grupos ligados al PRO avanzaban con presentaciones en distintos tribunales locales.
Uno de ellos obtuvo el resultado buscado al recibir un fallo exprés el domingo 18, cuando los jueces de la Sala 4 -la denominada “Sala Amarilla” por su alineación macrista- de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, frenaron la suspensión de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo está plagado de irregularidades y reconoce en su texto la propia incompetencia de la Sala para fallar al respecto. Sin embargo, Larreta lo celebró y se consideró obligado a cumplirlo.
No hizo lo mismo, sin embargo, con el fallo que pocas horas más tarde dictó la justicia federal. El martes 20 de abril el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo N°2 revocó la cautelar de la “Sala Amarilla” y dejó sin efecto la presencialidad en las escuelas porteñas.
Pese a ello Larreta determinó desoír este veredicto, tras lo cual se desató una ola de denuncias penales en su contra por los delitos de “violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad”.
Este jueves se sumaron dos novedades.
Por una parte, la Procuración General dictaminó que las causas de la ONG y los padres porteños son competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia y no competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.
La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema Laura Monti definió que los litigios individuales referidos a clases presenciales corresponden a los tribunales federales de primera instancia. Lo hizo en el marco de la causa donde el títular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de la Capital, Esteban Furnari, había admitido el planteo del Estado Nacional para que tramite en ese fuero federal y no en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las causas de una asociación civil y otra de un grupo de padres por clases presenciales.
Por el otro, el eterno Procurador interino Eduardo Casal dictaminó que es “inconstitucional” el DNU 241/2021 que dispuso Medidas Sanitarias porque consideró que “no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud”.
De qué manera Casal -que también acumula denuncias en su contra, en su caso, por enriquecimiento y conflictos de interés– se autoconsidera capacitado para evaluar la fundamentación científica sobre el comportamiento epidemiológico en las escuelas y su impacto en la salud y la vida de niñes y docentes, no está clarificado en su dictamen.
La opinión de la Procuración General no es vinculante sino que, ahora, la decisión definitiva está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más allá de la deriva judicial, el cumplimiento efectivo de la presencialidad impulsada por Larreta en la Ciudad de Buenos Aires fue muy limitado: algunas fuentes lo consideraron inferior al 10%.
Se suman varios factores para que la mayoría de la comunidad educativa no esté yendo a clases presenciales: la fuerza del paro docente que cumple dos semanas de inédita unidad entre gremios, burbujas que ya estaban aisladas, familias que prefieren no mandar a sus hijos, escuelan que decidieron seguir con la virtualidad a pesar de las presiones del Ejecutivo de la Ciudad llevaron a que muchas escuelas estuvieran “prácticamente vacías”.
En este sentido, los sindicatos evaluaron que hubo un 90% de acatamiento de la medida de fuerza en el sector público y un 70% en el de la educación privada.