Las familias de los jóvenes detenidos de Puan esperan que la Cámara de Apelaciones les apruebe el cese de la prisión preventiva que les negaron desde el Juzgado de garantías N° 2 de Bahía Blanca en marzo. La causa está plagada de irregularidades desde su inicio. Además de denunciar el uso político del caso subrayan la necesidad de un nuevo paradigma que distinga entre narcotraficantes y consumidores.
Los detuvieron a mediados de diciembre por “comercialización y tenencia de estupefacientes”. Lo más cercano a eso es la tenencia de plantas de marihuana para uso personal y medicinal. Sus familiares insisten: “nuestros hijos no son narcos ni pertenecen a una banda peligrosa y delictiva” y piden su excarcelación a 5 meses de las detenciones.
En un comunicado enumeraron las irregularidades de la causa que se inició cuando alrededor de 200 policías allanaron en simultáneo unas 20 viviendas de Bahía Blanca, Pigüé y Puan, y realizaron las detenciones por orden del juez de Garantías Guillermo Mércuri, la madrugada del 15 de diciembre. “A lo largo de los meses se ha demostrado que es totalmente armada las defensas han solicitado la nulidad absoluta”, aseguran las familias y enumeran los puntos que cuestionan comenzando por la declaración testimonial que da inicio a la investigación: es falsa.
El joven supuestamente denunciante se presentó junto con su padre en los Tribunales de Bahía Blanca para desmentir que él hubiera declarado contra los jóvenes que terminaron detenidos y denunciar hostigamiento policial. La Comisión por la Memoria, que ha asesorado a las familias en su carácter de Mecanicismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó en la causa en calidad de amicus curiae, y pidió protección para el joven testigo, así como que se aparte a la policía bonaerense de la investigación sobre el hostigamiento y las amenazas que sufre, acorde a la resolución 1390.
Tras su nueva declaración los defensores realizaron un planteo a los juzgados por todas estas irregularidades y pidieron la nulidad del acta donde constaba esta declaración y solicitaron el cese de la prisión preventiva. El juzgado de garantías N° 2 de no hizo lugar al pedido y los abogados apelaron esa decisión a fines de marzo.
“A lo largo de estos meses hemos venido insistiendo que las prisiones preventivas que dictó el juez no corresponden a este caso, como se ha dicho desde organismos de derechos humanos, su uso es para casos que nada tienen que ver con las conductas de los chicos: las pruebas no son contundentes, no presentan riesgo de fuga, no entorpecen la investigación. Según el principio de inocencia, ellos tienen derecho a estar en libertad mientras siga la investigación”, explica el comunicado. Esta semana los familiares esperan noticias de la Cámara de Apelaciones.