María José Castillo, abogada a cargo de la Dirección Nacional de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, se refirió a los conflictos de tierras en comunidades originarias y el juicio contra la dirigente campesina Lucía Ruiz.
29/05/2021
Desde la Dirección que dirige Castillo se elaboró un informe sobre los conflictos territoriales de los últimos meses y sobre ello comentó: “Es una tarea diaria que asumimos como definición dentro del área y que tiene que ver con abordar las problemáticas de tierras desde la construcción de políticas públicas”.
Reconoció que es una falencia que existe hoy no tener datos oficiales sobre la problemática de tierras que viven las familias campesinas indígenas de la agricultura familiar en el país y a partir de la puesta en marcha del protocolo, se detectó que se agudizaron los conflictos, en comparación a los registros de 2015, que informaba 37 casos en todo el año, mientras que desde septiembre de 2020 hasta la fecha se llevan registrados ya más de 80 casos.
En lo que respecta a Salta, sostuvo que “lamentablemente las provincias del norte son las que mayor conflictividad tienen”. “Salta tiene más de 20 casos y por supuesto que no es la totalidad porque sabemos que hay muchos más, pero son los que desde la Secretaría hemos tomado conocimiento. Salta, Jujuy y Santiago del Estero son las provincias en donde más se registran casos de conflictos”, apuntó.
Agregó que “en la provincia los conflictos territoriales están claramente vinculados al avance de la frontera agropecuaria, negocios inmobiliarios o turísticos”.
En esta parte, destacó las políticas públicas encaradas por el Gobierno Nacional para fomentar el arraigo rural, en el sostenimiento de la agricultura familiar.
Sobre el juicio contra la dirigente campesina Lucía Ruiz, planteó que deja en evidencia la criminalización de quien defiende la tierra y que muestra el modo de operación de los conflictos que sucede también en muchos otros casos. “Desde la Secretaría hemos manifestado esto que tiene que ver con una transgresión de las normas internacionales de derechos humanos que tienden a proteger la labor de dirigentes que defienden el ambiente y la tierra… hay que evitar esta persecución”, remarcó.
Para finalizar, expuso que “la pandemia también ha puesto sobre relieve la necesidad de producir alimentos de calidad y de cercanía a los pueblos, con un modelo sustentable y abaratando costos”.