El 25 de mayo pasado el gobierno de Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional ecuatoriana, el proyecto de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación. Desde diferentes sectores sociales, organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y medios comunitarios manifestaron su preocupación por los aspectos regresivos que contiene.
La Red de Medios Alternativos (RNMA) entrevistó a Hernán Reyes, profesor universitario, vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, entre 2013 y 2015 y Secretario General del Centro Superior de Estudios de la Comunicación de América Latina, CIESPAL, entre 2017 y 2018, para profundizar en los cuestionamientos que hacen desde este amplio abanico social al proyecto de comunicación del ejecutivo.
¿Cuáles son las objeciones que hacen al proyecto de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación enviada por el presidente Guillermo Lasso?
Entre las principales objeciones y críticas que se pueden hacer al proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, se cuenta en primer lugar la sustitución prácticamente y el olvido de los derechos de comunicación e información, que son derechos previstos en la Constitución ecuatoriana en los artículos del 16 al 20 y el artículo 384 que habla de la necesidad de que exista un sistema de comunicación en el país.
Este elemento es fundamental porque el proyecto enviado por el gobierno sustituye estos derechos de comunicación e información por la alusión, a nivel de principios generales, de la libertad de expresión. El hecho de que se incluyan como principios, casi como una retórica en la que todos podemos estar de acuerdo, pero que finalmente no se precisa como se va a operativizar el cumplimiento de una serie de disposiciones para que los titulares de los derechos, en este caso, todos los ciudadanos y ciudadanas del país puedan efectivamente tener un campo comunicacional donde tengan acceso a mayor y mejor información, donde tengan acceso sobre todo los grupos más invisibilizados y carentes de voz acceso a medios propios, a medios comunitarios donde haya una comunicación pública que finalmente llene esos vacíos que la comunicación privada de carácter concentrada no quiere abordar porque no es rentable. En ese sentido, este el principal defecto que tiene este proyecto de ley.
Si bien es cierto que la libertad de expresión es el término más usado a nivel de los estándares internacionales de los convenios y acuerdos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es menos cierto que la constitución ecuatoriana da un paso más allá con la inclusión de estos derechos de comunicación y de información. Derechos por los cuales se ha dado una larga pelea allá por el inicio de los años 80 con el Informe Mc Bride cuando se anotó que había una enorme desigualdad y asimetría en el flujo de información a nivel mundial ya que estaba concentrado en pocas manos la información. En ese sentido se abogaba por medidas por parte de los estados, de los gobiernos para poder equilibrar y democratizar este espacio.
¿Qué impactos tiene este proyecto de Ley sobre el sector de los medios comunitarios, populares, alternativos e independientes de Ecuador?
La aprobación de este proyecto de ley implicaría: en primer lugar se daría la posibilidad de que continúe un mapa mediático tremendamente concentrado en medios privados.
Los medios privados de comunicación tienen ahora alrededor del 90 al 92 por ciento del espectro radioeléctrico. No se ha avanzado prácticamente nada en la distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión en el Ecuador. Según la ley vigente, todavía, aunque no tiene reglamente por que también fue derogado por el gobierno de Lasso, se debe llegar a un horizonte donde los medios privados tengan el 33 por ciento del espacio radioeléctrico, los medios públicos el 33 por ciento y los medios comunitarios el 34 por ciento.
Una ley como esta que ni siquiera menciona el tema de la distribución de frecuencias, finalmente abogaría y apoyaría que se mantenga esta enorme concentración en manos privadas de la comunicación.
Por otro lado, la circulación de contenidos a nivel de medios privados, medios públicos y medios comunitarios no contaría con una ley de este tipo, con ninguna regulación en la práctica.
Se exhorta a que los medios actúen desde la autorregulación. Ya hemos visto en el Ecuador como los medios privados, fundamentalmente aquellos que disputan con más fuerza una porción del mercado, no actúan obedeciendo a una autorregulación.
Muchas veces existe y ya hemos visto en el caso de Perú, por ejemplo, hay medios que autocensuran a los propios periodistas de esos medios que toman una posición parcial desde su línea editorial.
En este sentido, tampoco se defiende en este proyecto de ley la objeción de conciencia, no se defiende la reserva de la fuente, no se defiende la estabilidad laboral de los propios periodistas.
Además, no se regula desde la prohibición expresa que tiene la actual ley vigente los contenidos violentos, de contenidos discriminatorios que sobre todo a nivel de determinadas programaciones televisivas, y en algunos casos radiales, han afectado históricamente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubios del Ecuador, así como a colectivos, como por ejemplo, de distinta orientación sexual o a las propias mujeres. Hay mucha comunicación sexista, mucho racismo en la comunicación todavía y eso finalmente quedaría al libre albedrio de los medios desde esta idea de autorregulación.
Los medios alternativos, populares y comunitarios también estarían en desventaja con un proyecto de esta naturaleza, puesto que se eliminan de un tajo todas las acciones afirmativas que permitían, por ejemplo, garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios a través de la exención de tributos en la importación de equipos para radio y televisión, exclusivamente de esos medios comunitarios. O a través de la concesión de créditos en condiciones favorables para que esos medios que generalmente están muy ausentes de poder recibir muchas veces publicidad, sobre todo del sector privado y muchas veces inclusive del propio estado, puedan sostenerse financieramente.
Además, no hay ninguna alusión a lo que significaría la distribución equitativa de las frecuencias y prácticamente se bloquearía la posibilidad de que haya concursos futuros para la asignación de frecuencias para medios comunitarios, las cuales ahora ya están o han competido en los últimos concursos en condiciones de desventaja con respecto a los medios privados en términos económicos y en términos de facilidades que estos concursos daban a medios que funcionaban con una lógica de mercado.
¿Cómo se están organizando para rechazar colectivamente el proyecto de Ley?
Finalmente, en Ecuador hay varios grupos que desde distintos lugares estamos saliendo a confrontar esta ley por los riesgos que acabo de mencionar, entre ellos la academia. Hay evidentemente una necesidad de defender la formación profesional de periodistas. Este proyecto de ley abre la posibilidad para que nuevamente cualquier persona, no solamente aquellos trabajadores de medios comunitarios, como actualmente está en la Ley Orgánica de Comunicación, sino en cualquier medio público o medio privado, cualquier persona se dedique a la tarea informativa.