UNA JUSTICIA EN TINIEBLAS
En la novela “El corazón de las tinieblas”, Joseph Conrad describe crudamente las incursiones coloniales en el Congo durante el reinado de Leopoldo II de Bélgica entre 1885 y 1908, las cuales abundaban en atrocidades tales como desmembramientos y amputaciones de la población negra sometida a la esclavitud.
En paralelo a esta monstruosidad, también existía la utilización de la persecución judicial, es decir, el uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control de las poblaciones subalternas. Esta opción consistía en conquistar y controlar a los pueblos mediante el uso coercitivo de medios legales.
Terminada la segunda guerra mundial, estas dos alternativas, agiornadas al siglo XX y quizá con una pizca más de impostado humanismo, fueron las que aplicó el imperio norteamericano en las guerras de Corea y Vietnam.
En el caso de América Latina no hubo necesidad de enviar tropas ya que las fuerzas militares autóctonas siempre fueron serviles a los Estados Unidos y su poder bélico sólo se utilizó en contra de sus propios compatriotas a través de brutales golpes de estado.
Pasada la etapa de tinieblas de las sangrientas dictaduras, hoy se opta por la segunda estrategia, la legal, más conocida como Law Fare o persecución judicial.
Desde hace casi dos décadas observamos perplejos cómo en todos los países del cono sur la judicialización de la política está a la orden del día.
SOMETIDOS AL ESCARNIO PÚBLICO
No hay un solo presidente o ex mandatario de tinte progresista que no haya sido perseguido, encarcelado o desplazado de su gobierno elegido democráticamente a través del voto popular.
Todas las decisiones tomadas por los gobiernos nacionales y populares son pasibles de ser puestas en tela de juicio o desaprobadas, suspendidas, pulverizadas o declaradas inconstitucionales por un ignoto juez de cualquier jurisdicción.
En cualquier país desde el Río Bravo hasta Ushuaia, un sólo juez, cuya legitimidad de origen no la da el voto popular, puede frenar la aplicación de una decisión de un gobierno elegido por millones de voluntades expresadas en los sufragios.
El lawfare es el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de los políticos progresistas en la región, siendo sus verdugos el poder judicial, el mediático, el corporativo y el internacional con EEUU a la cabeza.
Asimismo este proceso actúa inversamente por infra-criminalización para salvar de la muerte política y jurídica a los dirigentes políticos funcionales al poder económico real.
En nuestro país, EEUU financia el Law Fare a través de varias fundaciones manejadas por dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes cumplen la función de someter al escarnio público a quienes realicen políticas públicas orientadas a la soberanía nacional.
Existe un documento publicado el 3 de junio de este año en la Casa Blanca cuyo título es “Memorándum para establecer la lucha contra la corrupción como núcleo de la seguridad nacional de EEUU”.
La clave de esta notificación reafirma la vocación de Joe Biden de seguir financiando redes de ONG que utilizan la máscara de la lucha contra la corrupción para asediar a los gobiernos nacionales, populares o de izquierda que Washington considere peligrosos.
DIFAMAR SIN CONSECUENCIAS JURÍDICAS
EUU destina entre 60 y 70 mil millones de dólares anuales eel corazón de las tinieblasn fundaciones como “Voces Vitales”, liderada por la enamoradiza Laura Alonso, o “Fundación Nueva Democracia” e “Instituto de Ayuda al Exterior”, destinadas a crear líderes republicanos a imagen y semejanza del “sueño americano”.
Otra de las ONG no ligadas a esta red de desarrollo es la “National Endowment for Democracy”, financiada por la CIA e integrada por la intrigante Margarita Stolbizer, la desertora Graciela Ocaña, la inefable Gabriela Michetti y la denunciadora serial Lilita Carrió.
No es casual que estos personajes vivan despotricando y blasfemando en contra del kirchnerismo sin prueba alguna, pues saben con certeza que, protegidos por la embajada norteamericana y un poder judicial putrefacto, sus disparates no tendrán ningún tipo de consecuencia legal.
En conclusión, parecería que nada ha cambiado desde el siglo XIX. Los más fuertes se siguen aprovechando de los más débiles y los pueblos sometidos apenas pueden expresar su dolor en las anodinas convenciones internacionales.
Sólo que el corazón de las tinieblas ya no se encuentra en las poblaciones esclavas del África profunda, sino en el pecho de los mismos seres humanos que, sin pena ni gloria, esperan que algún día, el imperio del norte les otorgue la redención.
Alejandro Lamaisón -Periodista-