Boletín de empresas recuperadas y movimientos sociales al 30.8.2021

Organizaciones sociales contra el ajuste

Mario Hernandez

 

Organizaciones sociales se movilizaron el miércoles 18 de agosto, desde el Puente Pueyrredón hacia el Obelisco, para exigirle al gobierno respuestas ante la caída del poder adquisitivo de los salarios de los y las trabajadoras. Hubo manifestaciones en distintas plazas y rutas del país. Fue bajo las consignas: “¡Basta de salarios de indigencia! Por un salario mínimo igual a la Canasta Básica”.

 

Compartimos comunicado:
Paritarias a la baja y una inflación sin control, vienen pulverizando nuestros sueldos. Como sector cooperativista debemos contentarnos con un ingreso mensual de $12.000, que nos hunde en la indigencia y la pobreza. Este, a su vez, es un problema del conjunto de la clase trabajadora que ha venido sufriendo la pérdida de sus ingresos, cuestión profundizada durante la pandemia.

Pese a los pronósticos del gobierno, la suba de precios no merma y en julio llegó a un 3% redondeando un incremento de los valores del 29,1% en lo que va del año, número que da por tierra las previsiones del gobierno nacional. Una familia tipo necesitó al menos percibir $66.488 para no caer en la pobreza, llegando a casi el 50% de la población la condición de pobres o indigentes. En ese sentido, 6 de cada 10 niñes son pobres.

En ese marco, la desocupación y precarización del empleo ha sido una de las características de estos últimos meses, teniendo los grupos empresariales locales la total libertad para despedir o incrementar los niveles de explotación sobre la clase trabajadora.

Desde los movimientos sociales hemos estado en la primera línea de la pandemia, garantizando la alimentación y luchando contra la propagación del virus, mientras la clase dirigente desarrollaba “Vacunatorios Vip” o infringía las mismas restricciones que disponían para el grueso de la sociedad.

Así y todo, hemos mantenido los comedores barriales abiertos, atendiendo a las familias damnificadas por el Covid y volviendo a poner de pie nuestras cooperativas tras el parate inicial generado por la pandemia. Con un salario de indigencia, somos quienes hacemos el mantenimiento de nuestros barrios, montamos proyectos productivos, y desarrollamos un sinnúmero de actividades pese a la precarización y desvalorización de nuestros salarios.

Hoy miles de personas no solo pierden más derechos en sus trabajos sino que pierden los trabajos mismos, por lo que vemos indispensable que se garantice un ingreso para cada familia desocupada que ve peligrar la posibilidad de llevar un plato de comida a su mesa. No somos los sectores populares los que tenemos que seguir esperando una solución que nunca llega o llega en forma de represión como ocurrió en la lucha por la vivienda que se dio en Guernica. Es momento que quienes se han beneficiado con o sin pandemia sean los que asuman los costos de una crisis que ellos, junto a los gobiernos de turno, generaron. Es necesario que se avance en un esquema impositivo que grave a las riquezas y ganancias de manera constante y no por única vez.

Por otro lado, en las últimas semanas nuestras organizaciones se han venido movilizando en la exigencia de presupuesto para que se implementen políticas públicas integrales con perspectiva de géneros, al tiempo que reclamamos el reconocimiento a las promotoras territoriales de géneros y una efectiva implementación del cupo laboral travesti y trans, entre otras medidas.

La situación pareciera empeorar con el paso de las semanas. Mientras el gobierno consolida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y vuelve a ceder derechos ante los organismos internacionales, los sectores populares debemos tolerar una vez más que la frazada corta cubra los intereses de los buitres financieros, corresponsable de la situación que atraviesa el país.

En defensa de nuestro trabajo y nuestros derechos, contra el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación, las organizaciones sociales salimos a la calle en busca de respuestas que modifiquen el escenario actual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Convocan: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Mulcs-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social)- Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma) – FAR-Copa en Marabunta – OLP “Resistir y Luchar”.

Tras la  movilización de miles de jóvenes precarios, de trabajadores y trabajadoras sin empleo, que tuvo lugar el miércoles 18 al ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Federal Guillermo Marijuán denunció a dos organizaciones sociales por “posible extorsión” a las personas asistentes.

Se trata del Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria, que llevaron adelante la marcha en la que se pudo observar cómo militantes de estas agrupaciones llevaban un registro de los presentes. Para Marijuán esto “constituye un delito”. En la presentación, el fiscal menciona las imágenes que emitió TN con una cobertura desde el lugar donde se desarrollaba la protesta.

Para Marijuán, “el propósito de estas marchas en las que se exigía la concurrencia de los beneficiarios, consistía en obtener algún beneficio por parte del ministerio de Desarrollo Social”.

Además, pidió que se libre oficio al ministerio de Desarrollo Social para que deje sin efecto “cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo” a las organizaciones denunciadas, con la salvedad que esto no implique dejar sin planes sociales a las personas que integran esos movimientos sociales, “toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes”. También le solicitó al ministro Zabaleta que continúe con la ayuda, pero que lo haga “personalmente, sin intermediación de organizaciones o terceros”.

La discusión sobre cómo se administra la asistencia social es un debate abierto, que tiene que desarrollarse entre quienes forman parte de las mismas organizaciones, de manera democrática y sin la injerencia del Estado o el reaccionario Poder Judicial, del que forma parte Marijuán.

La de este miércoles fue una jornada de lucha nacional, por parte de trabajadoras y trabajadores sin empleo y cooperativistas en 20 provincias y 100 ciudades del país.

La movilización principal partió desde la Estación Kosteki y Santillán (Avellaneda) y se dirigió al ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las importantes columnas marcharon hacia el centro porteño. Esto fue lo que decidió cubrir en vivo TN.

“Una y otra vez los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales en trabajo. Qué quiere decir esto en la voz de un ministerio que sostiene la precarización laboral de lxs compañerxs que cobran programas sociales por realizar labores comunitarias y de obra pública en los municipios, y no es otra cosa que trabajo precarizado, con una remuneración que está por debajo de la mitad de salario mínimo vital y móvil”, denunciaron en un comunicado los convocantes.

Sin embargo, “tras el informe de TN, la Justicia investigará por extorsión a dos organizaciones piqueteras que controlan las asistencias a las marchas”, informó el canal del Grupo Clarín. La campaña pone el foco en el método de las organizaciones, buscando deslegitimar el reclamo de quienes perciben, con suerte, subsidios que rondan los 12.000 pesos, como le respondió una de las manifestantes a una movilera.

A los medios empresariales no les preocupa el “clientelismo”. Su objetivo es criminalizar la protesta de los sectores más empobrecidos y más castigados por la crisis, así como desalentar la movilización callejera. Con el énfasis puesto en el método implementado por las organizaciones, buscan deslegitimar el reclamo de quienes más sufren el ajuste en un país con un 42 % de la pobreza, un desempleo del 11 %, una precarización laboral que en la juventud alcanza al 70 % y una inflación de alrededor del 50 % que impacta más que nada en el valor de los alimentos y carcome el poder de compra de salarios y subsidios.

Esta es una pelea que tiene que unir al conjunto de la clase trabajadora, entre ocupados, desocupados, efectivos, contratados y precarios.

La Unidad Piquetera responde: «Gobierno y oposición vuelven a criminalizar a las organizaciones sociales»

 

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, que protagonizaron la impactante jornada de lucha nacional el pasado miércoles 18, realizaron a una conferencia de prensa el viernes en el Obelisco, con el propósito de responder a las tergiversaciones y manipulaciones mediáticas contra el movimiento de desocupados.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, comenzó la conferencia afirmando que al término de la jornada de lucha “comenzó un operativo político de encubrimiento de los reclamos que estamos haciendo, encabezado por algunos medios, hegemónicos en algunos casos, y oficialistas”, en respuesta a las acusaciones de TN y Télam, entre otros.

El pasado miércoles 18, las corporaciones mediáticas buscaron deslegitimar la movilización piquetera y las reivindicaciones urgentes de los trabajadores desocupados, montando una operación que buscaba presentar a las organizaciones convocantes como responsables de supuestas prácticas punteriles.

Esta operación fue acompañada, luego, por el resto de los programas “informativos” dependientes de los grandes grupos capitalistas, y llegó incluso al lanzamiento de una persecución judicial contra las organizaciones piqueteras.

Desde la Unidad Piquetera destacaron en un comunicado que: “Las prácticas punteriles, que rechazamos de plano, son las que combatimos todos los días en los barrios y que tienen como primeros actores a los punteros de los intendentes que manejan las cajas del Estado al servicio de la dominación de los barrios obreros”.

“Esto tiene el objetivo de ocultar el reclamo que estamos haciendo en un país con un 50% de pobreza; en un país que no tiene trabajo y que no discute cómo crear trabajo; en un país que tiene programas sociales de $12.000: la mitad de la canasta de indigencia y programas que están cerrados. El que da bajas es el Estado”, denunció Belliboni, trasladando la responsabilidad a los verdaderos artífices de los recortes y el ajuste.

Juan Grabois: Unos sentimientos…

 

Reproducimos parcialmente declaraciones de Juan Grabois* después de la marcha convocada por “Los Cayetanos” el pasado 7 de agosto

La transversalidad gorila ataca de nuevo. Lanata y Verbitsky. Dos desgraciados. El mismo día, con la misma mirada. No son individuos sueltos. Expresan las ideas de dos sectores que nos odian. Los dueños de la pelota de uno y otro lado. Verbitsky a pesar de las múltiples pruebas de su inmoralidad, abusos de poder, misoginia, sigue siendo como un gurú para la primera plana del Frente de Todos. Lo mismo puede decirse de Lanata. Tienen ese talento. Léanlos, escúchenlos, esto es lo que les sale después de la más masiva marcha del pueblo pobre y trabajador en los últimos años. Una marcha llena de emoción y mística donde los de abajo sólo piden un pedazo de tierra, un techo, un laburo digno. Pero ellos no pueden ver eso. Ven “planeros”. Ven “gente arriada”. Ven dirigentes que les caen mal. No pueden ver el fenómeno social que expresa. Hay una obsesión histérica contra los «planes sociales»; nos ponen a nosotros como responsables de la pobreza del país porque organizamos a la gente que los recibe. Los más descarados dicen que nosotros tenemos la gente como rehenes. Los más amables repiten que hay que «convertir los planes en trabajo». Y siguen tratándonos como mierda. Los de adentro y los de afuera. Los trabajadores que cobran el Salario Social Complementario en el marco del Programa Potenciar Trabajo TRABAJAN. Trabajan, trabajan, trabajan. Dejen de mentir con que no trabajan lpm. Trabajan más que muchos ministr@s, diputad@s, funcionarios, intendentes, gobernadores y la infinidad de ñoquis que tienen con sueldos diez veces superiores a los de las doñas que sostienen el comedor de lunes a lunes o de los cartoneros que empujan la carreta bajo la lluvia. Se tienen que lavar la boca antes de hablar de nosotros burócratas de la política, ustedes inmorales, ustedes vendidos y coimeros. Y también tienen que cuidarse más del chusmerío despectivo, abrir los ojos y las orejas a los dirigentes políticos comprometidos, las personas de buena voluntad. No repitan prejuicios. No tienen ni la más reputa idea de lo que pasa entre los marginados, lo que hacen las organizaciones, lo que cuesta, las horas de sacrificio que cuestan organizar una cooperativa, un polo textil, una casa comunitaria, un centro barrial. Si te cae mal el dirigente estás en tu derecho, pero no podés desvalorizar toda esa obra de amor hecha en favor del pueblo. ¿Saben las juventudes que han quemado su vida en esta tarea? Les aseguro que es muchísimo más difícil organizar una cooperativa de doscientos cartoneros o un polo textil de cincuenta costureros que negociar una lista electoral, ocupar un cargo, sacarse fotitos pelotudas o ir a la tele a repetir las boludeces que te enseñó un coach. Y aun siendo difícil, lo hemos logrado en muchas ocasiones. Creamos trabajo de la nada. Trabajo tan digno y genuino como cualquier otro. Porque nos desvalorizan todo el tiempo sin siquiera conocernos. Y para los que dudan honestamente, si quieren, vengan a verlo. Está todo abierto. Todo para mostrar. No son pruebas pilotos. Son actividades a escala masiva con miles y miles de hombres y mujeres laburando. Hay que salir de la calle con asfalto nomás. A varios compañeros de la alta política que también subestiman y desprecian a los movimientos populares los invité personalmente. Los sigo esperando. Por lo menos hasta que no vengan a ver, dejen de tirar mierda. La famosa «caja» del Potenciar Trabajo es el 0,097% del Presupuesto nacional, es una política pública bastante miserable, amarreta, que además tiene todas las cámaras encima. No se obsesionen. Nadie se hizo rico con el Potenciar Trabajo. El salario social complementario y la ayuda para los proyectos productivos la sacamos por una ley aprobada por unanimidad. Es poquito, casi nada, pero le ha dado una tabla de salvación a un millón de personas. No entiendo por qué le pegan tanto a esto, lo ponen en la picota como si fuera el mayor mal de la Argentina… pero no se habla de la pauta oficial de los medios, las comisiones de los intermediarios financieros, los pagos de la deuda externa que hace unos meses catalogábamos como ilegítima, el costo exorbitante de un Poder judicial principesco o los subsidios a las grandes empresas en los que se van miles de miles de millones, por no hablar de otros organismos. No, de eso no, hay que contarle las costillas a los muertos de hambre. Hay que ser canalla para meterse así con los más débiles. ¿Pero será cierto que tenemos la culpa de la pobreza? ¿Tienen alguna idea mejor que la Economía popular? ¡Claro! El trabajo en el sector privado. Avanti. Todos de acuerdo. Firmamos. Vamos por ahí. Pero ¿mientras tanto? Porque les comento que hay otros once millones de personas en edad laboral sin trabajo registrado que no reciben el Potenciar Trabajo ¿El problema es el millón de personas que sí lo recibe? ¿El problema es que los movimientos sociales “manejan” ese programita que no llega al 0,01% del Presupuesto nacional? No jodamos. Miren el presupuesto. ¿Saben qué es el rubro «Sustentabilidad del Mercado Eléctrico»? bueno eso vale treinta veces más que el programa de los malos de la película ¿Esa quién la maneja? ¿Los “piqueteros”? Con ese dinero podríamos crear un salario universal, sacar de la indigencia a cuatro millones de argentinos y reducir significativamente la brecha de pobreza permitiendo que once millones de personas tengan un salario de base. Pero bueno, el Mercado Eléctrico es muy importante así los chetos que nos acusan de planeros pagan más barata la factura de luz, Techint tiene la energía subsidiada para vendernos la varilla de acero más cara de lo que la exporta, Siderar tiene la energía subsidiada para que la chapa que necesitan nuestros ranchos estén a precio dólar, Loma Negra tiene la electricidad subsidiada para acopiar bolsas de cemento, Cargill tiene la electricidad subsidiada para exportar soja, las empresas de megaminería tienen la electricidad subsidiada para hacer pelota el país y llevarse el oro, Galperin tiene la electricidad subsidiada para destruir el mercado interno, los casinos tienen la electricidad subsidiada para sus maquinitas, Puerto Madero tiene la electricidad subsidiada para sus habitantes, etc. Muy importante. Genera mucho «trabajo genuino». Pero nosotros sí. Somos los peores. Que llevamos a la gente arreada, que la tenemos de rehén, que la usamos para la política. Sí, obviamente, entre un millón de personas que están en el Potenciar Trabajo algunos avivaditos piden coima, abusan de su poder y hacen cosas aún peores. Los hay. Entre cientos de organizaciones sociales hay algunas que tienen prácticas inaceptables. Las hay. Más o menos en la misma proporción que los hay en los medios de comunicación, las empresas transnacionales, los partidos políticos, las familias patricias. Pero nosotros estamos ahí, peleándola, para que el trabajo sea cada vez mejor, estos abusos sean cada vez menos y las organizaciones comunitarias cada vez mejores. […] Les juro que nunca jamás desde el MTE movilizamos a los compañeros por otra cosa que no sea la lucha por tierra, techo y trabajo. Nunca movilizamos a los compañeros trabajadores y trabajadoras de la Economía popular por otra cosa que conseguirles un terreno, un laburo, un plato de comida o algún mango para el bolsillo. No es que la movilización política esté mal, pero al menos nosotros tenemos absolutamente claro que el objetivo principal de los movimientos populares y la UTEP es arrancar en la lucha cada derecho que no se reconozca en la política. Sobre todo les juro, les recontra juro, que mientras nos quede una gota de sangre, con este gobierno, como con el que pasó y como con el que venga, con el intendente amigo, con el intendente macrista, donde haya una necesidad insatisfecha y no haya una respuesta adecuada vamos a seguir movilizando para conseguir las pequeñas cosas que podamos para ayudar a los de abajo y mitigar su sufrimiento hasta que algún día haya una política social y económica que incluya a todos y nada de eso haga falta. Bueno Juan puede ser, así serán ustedes pero ¿y los otros? Todos los movimientos sociales realizan una tarea impresionante en los lugares donde nadie quiere estar. Todos. Cada comedor, cada olla popular. Ahí hay amor. Ahí está Dios. Y sí, se mezcla todo. Jesús con los publicanos y pecadores. Y sí efectivamente hay dirigentes de movimientos populares que tienen aspiraciones políticas, cargos, etc. Qué gran drama ¿no? ¿Los presidentes de los clubes de fútbol no las tienen? ¿Los grandes empresarios no las tienen? ¿Los funcionarios que manejan presupuestos millonarios no las tienen? ¿Los zares de la obra pública no las tienen? ¿Los sindicalistas no las tienen? ¿Los dueños de los medios no las tienen? ¿Con ese argumento nos van a descalificar? Bueno Juan pero los troskos, los troskos son funcionales a Macri, viste lo de Lomas, viste que cortan la ruta me dijo uno ayer. Mirá, los troskos a mí no me quieren ni compartimos mucho, pero ¿qué es lo que están pidiendo? Juguetes para el Día del niño, alimentos para los comedores, útiles para los estudiantes… ¿Está mal? Avívense: tienen razón, están pidiendo comida, juguetes y útiles para los niños hambreados… tienen razón sean guevaristas o seguidores de Gandhi. Tienen razón. Lo que está pasando no se aguanta y si se aguanta peor todavía porque quiere decir que nos acostumbramos al horror de la miseria generalizada. Pero bueno. Para qué tanta palabra. Nos odian. Nos desprecian. La razón por la que nos odian es porque les recordamos a los negros de mierda que ustedes desprecian o que ignoran o que no priorizan, con los que no pueden compartir ni 20 minutos sin sentirse incómodos; porque les mostramos en la cara que la sociedad que construyeron ustedes, sí, ustedes, los copropietarios del sistema, es la mierda de sociedad que tenemos. Eso no nos da la razón. Eso no nos exime de errores. Ni si quiera nos hace mejores. Pero, por favor, dense cuenta, eso nos da derecho a que hagan un esfuerzo por entender qué somos y dejen de acusarnos de lo que no somos. Otro sí digo: yo no me pienso hacer cargo, ni pienso permitir que hagan cargo, a ninguno de mis compañeros sobre todo los jóvenes que jamás ejercieron el poder, que con suerte coordinaron algún pequeño programa social, del desastre de este país. Gerentes de la pobreza la pindonga. Luchadores contra la pobreza. Servidores del Pueblo. Los mejores. Las mejores. O muéstrenme gente mejor que la nuestra porque yo no la conozco. Para nosotros esto no es joda. Acá dejamos la vida y nos vamos a morir luchando.

*dirigente social, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande.

 

La nota de Verbitsky a la que hace referencia Grabois

La soga y el ahorcado

El jueves, movimientos sociales de izquierda intentaron tomar el municipio de Lomas de Zamora, en demanda de mayores recursos para los comedores que mantienen. Afirman que son discriminados en favor de otras organizaciones más afines al gobierno. Al mismo tiempo, grupos del Polo Obrero acamparon frente al Ministerio de Educación, reclamando computadoras y conectividad. La campaña electoral agudiza las demandas sociales, cuya contención es uno de los activos de los que puede jactarse el gobierno. Ayer el Movimiento Evita y otras organizaciones que giran en su órbita, marcharon desde una iglesia católica de Liniers hasta la Plaza de Mayo. Sus principales líderes son secretarios de Estado, uno en la jefatura de gabinete, otro en el ministerio de Desarrollo Social, lo que les ha permitido acumular un poder que supera al de casi todos los intendentes y gobernadores del país. Lo que no consiguieron es que eso se reflejara también en la integración de las listas electorales. La aversión de algunos de sus jefes a Cristina no es compartida por sus bases, por lo que deben manifestarla con sordina.

El profesor universitario Juan Grabois, referente de algunas de las organizaciones de Trabajadores excluidos, explicó el malestar con el gobierno por las negociaciones en las listas en las que «no se alcanzan los objetivos de mínima».  En un mensaje a sus colaboradores que culmina con el pedido de no difundir, dice que  les ofrecieron que una de sus militantes «ingrese por dos años con los corrimientos de dos diputadas, una vinculada a la Bancaria y otra a Barrios de Pie. Eso sería admisible si hubiera lugar para otros postulantes; pero no sucede».  En la provincia de Buenos Aires les ofrecieron un puesto posterior al 24° de la lista de diputados, cuando «este año entran 16 con suerte». En la Plata, donde entrarían cinco concejales, les ofrecieron el sexto puesto, y en la CABA dos «lugares no expectables». En las elecciones provinciales «no nos ofrecen nada por ahora».  Sobre Córdoba,  Entre Ríos y Santa Fe,  «silencio de radio». El docente de la UBA y la UNSAM también describe «una reunión muy mala» con el diputado Máximo Kirchner a la que Grabois asistió junto con el diputado nacional Itaí Hagman, un ex dirigente estudiantil. «Se nos dijo que teníamos muchos planes sociales y hubo una referencia a [la ex ministra de Macrì, Carolina] Stanley. En ese momento, me retiré de la reunión realmente indignado». Agrega que le escribió a Cristina para «informarle la situación. Sin respuesta por ahora».  En consecuencia, el «Frente Patria Grande deberá revaluar su marco de alianzas y estrategia; desde luego, también su conducción política empezando por quien suscribe». La marcha fue extensa, pero no de gran densidad. Durante los discursos, la mitad de la Plaza de Mayo estaba vacía. Entre los oradores, el chinoista Juan Carlos Alderete dijo «No queremos que vuelva Macrì». Esta prueba de fuerza fue presentada como una expresión de apoyo al gobierno, donde la sucesión de Daniel Arroyo recae en el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

El integrante de una organización que no comulga con Los Cayetanos, lo reinterpretó: “Es cierto. Sostienen al gobierno, en el mismo sentido que la soga al ahorcado”.

Libertad condicional a Luis D’Elía

 

La justicia concedió la libertad condicional desde el próximo 24 de agosto a Luis D’Elía, en la causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca en junio de 2004, por decisión de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer.

El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022.

Pero el 4 de abril de 2020 se le concedió arresto domiciliario en la causa en la que fue condenado en 2017 por «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación».

La condena se dictó, trece años después (sic), a raíz de la toma de la comisaría 24 el 25 y 26 de junio de 2004, en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de un referente de su agrupación, Martín ‘Oso’ Cisneros.

En la resolución la jueza Namer destacó que D’Elia se presentó «a estar a derecho una vez que la sentencia recaída a su respecto se tornó ejecutable, lo que también se vio reflejado en los informes de control de la prisión domiciliaria agregados al legajo y en la no comisión de nuevos delitos verificada en autos».

Cerámica Neuquén

 

El juez Cosentino,  que entiende en la causa por el conflicto en Cerámica Neuquén,  había convocado para el viernes 20  a una mesa para retomar el pre acuerdo entre las tres partes,  los obreros de la Cooperativa Cerámica Neuquén, la ex patronal y  los ex trabajadores que reclaman indemnización, patrocinados por el abogado MPN,  José Brillo. Pero ni la patronal ni este último se hicieron presentes por lo que la mesa no pudo realizarse.

En asamblea junto al sindicato ceramista los trabajadores  convocaron a  las organizaciones, sociales, sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles y a la comunidad que viene acompañando su lucha, a una multisectorial  que se realizó el día lunes 23 en la fábrica y el  martes 24 dieron  una conferencia de prensa  en Casa de Gobierno.

Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista, dijo en la conferencia que: “Sigue en riesgo nuestra fuente de trabajo. Es muy brutal que se quiera rematar una fábrica. Es muy brutal que no haya participado la patronal que es justamente a la que queríamos escuchar, está el  proyecto para que la fábrica quede en manos de los compañeros, para que se vendan algunos terrenos y puedan cobrar los ex trabajadores que hicieron juicio. Es una solución que abarca a todos los que necesitan cerrar este conflicto tan complejo pero que no se presenten es un problema. Pero otro problema es que el gobierno de la provincia no diga nada. No puede ser que están en plena campaña electoral el gobierno de la provincia, hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una fábrica. Entonces ellos se paran desde el poder para impulsar su campaña, nosotros nos paramos desde la necesidad de mantener nuestra fuente de trabajo. Vamos a seguir movilizados con todas las organizaciones acá de la zona, a nivel nacional que tenemos mucho apoyo y bueno, ese va a ser el camino pero no vamos a cesar de buscar una solución definitiva porque esta fábrica tiene que seguir produciendo así que le vamos a pedir reunión al poder político y vamos a seguir insistiendo para poder lograr una solución definitiva  a nuestro conflicto”.

Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa, afirmó que fueron a la mesa con la posición de que se resuelva por medio del acuerdo “pero la mesa no pudo avanzar porque faltaron actores importantes, fuimos los únicos que nos conectamos vía zoom con el juez. El gobierno tiene que intervenir en este sentido porque nosotros hemos hecho mucho para lograr un acuerdo, hemos trabajado bastante, hemos armado una mesa de diálogo, hemos logrado que gente importante se pronunciara, la misma Legislatura sacó un pronunciamiento votado unánimemente, no al remate de Cerámica Neuquén y que se resuelva por vía del acuerdo pero cuando llegan estas instancias importantes para poder avanzar vemos que hay sectores o personas que tienen que estar para tomar determinaciones y decisiones no se hacen presentes”

De la gestión obrera de Cerámica Neuquén, gestada luego de la recuperación de la fábrica en 2015, viven  80 familias que están en riesgo de perder su fuente de trabajo.

 

MadyGraf: 7 años de lucha sin patrones

 

Un 11 de Agosto del 2014, los gerentes de Donnelley se iban y querían dejar 400 familias en la calle. Sobre la puerta de la gráfica se recibía la peor noticia, un cartel con un 0800: la fábrica quebró llamen a este número.

El 12 de agosto de 2014, el Ministerio dicta la conciliación. La patronal no la cumple. Los trabajadores sí: abren las puertas y comienza una nueva gesta.

Poco tiempo después, arrancan las rotativas. Luego las cosedoras se ponen nuevamente en marcha.

Luego vendrán las marchas; la pelea por la expropiación; los festivales, campeonatos, la juegoteca y la Comisión de mujeres; la unidad con Zanón y cada lucha que surgiera en el país; los cuadernos para donar a las escuelas y la solidaridad con las familias sin techo; los encuentros obreros; las asambleas y cientos de historias que ya son parte de las páginas más combativas de la clase trabajadora.

¡Viva MadyGraf bajo gestión obrera!

Reapertura de la Juegoteca

 

Hace más de siete años que las mujeres de Madygraf se ocupan de la producción y administración, junto a sus compañeros, de la fábrica gráfica ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. En un primer momento, la Juegoteca era un espacio en el acampe que hacían las familias sobre la colectora de la Ruta Panamericana Km 36,7 en la puerta de la fábrica para defender los puestos de trabajo y no permitir que se quiebre por el hambre, armando bolsones de comida para las más de 200 familias de la ex Donnelley.

Con el avance en su organización se fueron poniendo nuevos objetivos: juntar útiles escolares, huevos de pascua, pañales y los bolsones de alimentos, que era lo que más les preocupaba. “Eran momentos durísimos de alacenas vacías. Eso nos llevó a soñar, y luego a ponernos como un nuevo objetivo luchar por tener la Juegoteca para nuestros niños y niñas”, señaló Erica, una trabajadora de la Comisión de Mujeres.

Desde hace 7 años que pusieron en pie la Juegoteca, la cual durante todo este tiempo ha ido transformándose. Durante la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, sin embargo, aprovecharon ese tiempo para acondicionarla y realizar las modificaciones necesarias para volver a abrirla en función de los niños y niñas que la necesitan.

Hoy la Juegoteca vuelve a abrir sus puertas con un proyecto que combinará educación no formal, basada en el juego, la reflexión, la experimentación, el destierro de estereotipos y prejuicios sociales, con talleres de Educación Sexual Integral, y las comidas necesarias para los chicos.

Una larga lucha por no caer

 

Luego del cierre del hotel Cacique Pismanta en San Juan, el referente del Bauen, Federico Tonarelli, advirtió la necesidad de resolver el problema de la propiedad inmueble en estas experiencias: “Cuando el Estado tiene la posibilidad de solucionar, no debe perder tiempo. Era vital tanto para ellos como para el Bauen tener solucionado esto de manera definitiva”.

Y añadió: “Nosotros logramos votar una Ley de expropiación, Macri la vetó, y habría que haber ido por la solución como mínimo del problema que tuvimos durante 17 años que fue la posibilidad permanente de desalojo”.

La salida de los trabajadores y trabajadoras de Pismanta del inmueble y la caída del hotel transcurrió con una larga agonía que finalizó en junio pasado: “Fue sin violencia, de mutuo acuerdo. Estábamos muy alicaídos, y encima, desde Barrick Gold usaron el hotel de campaña por el tema Covid. Se terminó una concesión de 15 años que nos había dado el gobierno provincial en 2006, y no se pudo continuar por cinco años más porque no contábamos con el dinero suficiente para hacer las obras requeridas, no contábamos con recursos para desarrollar nuevas instalaciones de luz, agua, etc.”, explicó Nicolás, socio de la cooperativa.

Si bien no lograron cumplir con todos los requerimientos, en Pismanta habían avanzado con algunos cambios cuando creían que aún podían salvar el emprendimiento: “Logramos poner en todas las habitaciones del hotel televisores Led de 32 pulgadas, pusimos sommier; la cocina la reformamos toda con acero inoxidable. Esto fue en plena pandemia, no nos dejaban abrir el hotel sin eso”, agregaron desde la coordinación del hotel, y descartaron en principio que las 20 familias que compartían la gestión de la cooperativa continúen en algún emprendimiento de forma conjunta.

 

La vida de Pipinas 

 

Como contraste positivo a los cierres, se ubica la experiencia de Pipinas Viva Ltda: “En este momento estamos más fortalecidos que nunca porque en 2017 pudimos firmar una renovación de contrato a 30 años, sin tener que estar con el temor de la renovación cada cuatro. Es la primera vez que nos ponernos a planificar el negocio de verdad”, narró Claudia Díaz, síndica de la cooperativa.

Díaz subrayó que el inmueble en el que gestionan el hotel fue obtenido es propiedad de la municipalidad de Pipinas, fue cedido por la empresa Loma Negra y fue obtenido al “ganar una licitación pública inversa”.

Pipinas logró resistir los cuatro años del gobierno de Macri y la pandemia, pero no sin dificultades: “Tuvimos que cerrar el hotel de lunes a viernes, tenemos una deuda de luz que aún no podemos saldar y quedamos afectados. Pudimos gestionar algunos Salarios Sociales Complementarios (Potenciar Trabajo) y eso nos permitió aguantar los tarifazos y la baja del calendario turístico”.

La síndica destacó que en tiempos de cuarentena lograron aprovechar para “pintar el hotel con un subsidio de la municipalidad, y acordamos con el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para alojar a la selección nacional de Taekwondo, una burbuja deportiva que nos permitió abrir el hotel y sostener los puestos de trabajo”.

Además, en noviembre próximo será sede del Primer Encuentro de “Mujeres Muralistas”, en el marco del Museo de Cielo Abierto de Murales, donde exhibieron recientemente obras de Serafín, vecino del pueblo que ilustró el último libro del “Indio” Solari: La vida es una misión secreta.

 

Turismo en red, turismo socio-comunitario

 

“En 2010 nos conocimos con el Bauen, Pismanta, otros hoteles de Mendoza, de Rosario; muchos fueron cerrando por distintas problemáticas. Quisimos construir la Red de Hoteles cooperativos, pero todo el esfuerzo fue a pulmón y nunca logramos instalar al turismo cooperativo”, reconoce Díaz quien, sin embargo, reivindica los principios del turismo comunitario: “No lo concebimos como el tradicional, que viene, invierte y se la lleva; nosotros priorizamos el arraigo, generamos pertenencia, y buscamos que los servicios los preste la propia comunidad. Las mermeladas y las pastas de nuestro hotel las hacen cocineras de nuestro pueblo, acá hay trabajo autogestionado y emprendimientos familiares”.

Pipinas Vive es parte del programa “Pueblos Turísticos” en provincia de Buenos Aires, en el que participan más de 30 localidades del distrito; y participa de la Incubadora de Turismo socio-solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

La disputa por la subsistencia de los emprendimientos hoteleros cooperativos no ha sido ni continúa siendo sencilla, y para Tonarelli, la disputa sigue estando en la forma de pensar y reconocer al sector: “De una vez nos tienen que tomar como lo que somos: generadores de trabajo genuino, promotores de una gestión democrática y participativa; defensores de la producción nacional, la distribución equitativa y la reinversión absoluta de todo el excedente. Ojalá las nuevas experiencias que se dediquen a la hotelería cooperativa tengan solucionadas estas cuestiones”.

Beneficios destinados a cooperativas y mutuales

 

La organización Trabajando para la Economía Social (TES) reflexiona sobre “Renovar”, la propuesta que presentó el INAES:

La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1000/2021 emitida por el INAES, la cual fue presentada en el predio de Tecnópolis, con la participación funcionarios/as del gobierno nacional junto a representantes de cooperativas y mutuales.

La resolución Renovar -como fue bautizada- viene a dar respuesta a necesidades emergentes de los distintos sectores del cooperativismo y mutualismo, a la vez que marca un nuevo rumbo a seguir en la política pública que el INAES promueve para el sector. Los principales ejes se asientan en la “simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento por parte de las entidades”.

En ese sentido, sobresale como novedad la segmentación de entidades, lo que permitirá dirigir de forma más eficiente y direccionada la elaboración, implementación e impactos de políticas públicas para el sector, por ejemplo, otorgando beneficios a las entidades de menor envergadura -micro y pequeñas-, asumiendo el Estado la responsabilidad de promover el cumplimiento de las obligaciones.

Resulta ejemplo de ello la unificación de los regímenes de información en una declaración jurada única anual, facilitando el cumplimiento para las entidades micro, con una capacidad administrativa reducida.

Por otro lado, se destacan los cambios en la constitución de entidades, tendientes como ya dijimos a facilitar los trámites que las entidades realizan con el Instituto.

Mencionamos en primer término la celebrada novedad de la reducción del mínimo legal para cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales a 3 (tres) integrantes, dando respuesta a las realidades sociales y económicas que llevan la fluctuación de las relaciones a marcos más pequeños de asociaciones.

En cuanto al trámite de constitución, se establece la transformación del curso de capacitación en cooperativismo -para las nuevas entidades y aquellas que a la fecha lo adeudan-, reemplazándolo por un esquema de acompañamiento. Se destaca el cambio de paradigma, que ya se había visto con la Resolución 485/2021 sobre asambleas a distancia, donde el Instituto busca la asistencia y promoción por sobre la obligación que resulta un obstáculo para las entidades. También se establece la simplificación del “informe de iniciadores” que supone la Ley 20.337, al incluir dicho requisito en los estatutos modelos. Del juego de ambas cláusulas se consagra un cambio de paradigma: la idoneidad para conformar una cooperativa viene dada por su voluntad de conformarla, toda vez que cuenten con capacidad jurídica, el mismo requisito que se entiende para conformar una sociedad comercial. En otros términos, el cambio de paradigma presupone entender la matriculación como un derecho.

Resaltamos también el trámite con formulario proforma para la constitución de entidades, una herramienta en la que se ha incursionado brevemente en sociedades comerciales, y que el INAES con atino e inteligencia toma y aprovecha en favor de las entidades sector. El trámite fue diseñado de manera tal que permite a las organizaciones realizarlo en forma más ágil y eficiente, reduciendo al mínimo los posibles errores en su constitución. Todo ello es acompañado con modelos de estatutos y actas constituidas que prevén la posibilidad de elegir entre casi 40 objetos sociales según la actividad a desarrollar. Dichos objetos ya han sido aprobados por el INAES, y se encuentran como anexos de la propia resolución 1000/21 facilitando así la tarea a las entidades al momento de confeccionar el famoso “artículo quinto” de los Estatutos sociales.

En esta línea de aprovechar herramientas disponibles en el derecho comercial, se inscriben las asambleas autoconvocadas unánimes para cooperativas, que toma las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2015, el cual, permite la celebración de asambleas de cooperativas sin aviso previo, siempre que concurran todas las personas que las integran y exista unanimidad sobre el orden del día a tratar. Sin dudas esto facilitará la vida de las entidades, acercando la norma a la realidad de las organizaciones.

En la línea de facilitar las constituciones de entidades, e incorporando las palabras del presidente del organismo quien señala que para las nuevas autoridades la “matrícula es un derecho”, la nueva normativa trae la novedad de la emisión de certificados online y gratuitos, por medio de los cuales las entidades acreditarán ante terceros su vigencia, sus autoridades y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo.

Otra de las novedades que ya habían sido anticipadas en distintos eventos de testeo, era la creación de un registro en línea de personas asociadas a cooperativas de trabajo, que exime a la entidad del libro físico. Esta opción es de uso optativo para cooperativas micro y pequeñas y obligatorio para las medianas y grandes. Este registro permitirá informar altas y bajas de manera manual y masiva e imprimir distintos reportes, además cuenta con un módulo para informar las retribuciones que se paguen a cada persona asociada e imprimir el recibo de retribución respectivo.

Mediante este sistema el Instituto busca formalizar distintos aspectos de la vida diaria de quienes trabajan de manera asociativa en cooperativas de trabajo, dando un paso fundamental en el reconocimiento del trabajo asociativo, contemplado en la figura “el trabajo en sus diversas formas” que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Por otro lado contará con datos cuali y cuantitativos en tiempo real y en línea que permitirá un diseño más inteligente de política pública; la representatividad del registro dependerá del nivel de adhesión con que cuente el registro entre el sector.

Además de los cambios ya abordados, la resolución cuenta con distintas novedades como son la posibilidad de formalizar la asociación por medios digitales, incorpora la rendición de viáticos para autoridades de cooperativas y mutuales, y crea un programa para la adjudicación de los libros sociales de manera gratuita para aquellas entidades que se encontraren inscriptas en el registro nacional de efectores sociales.

Habiendo hecho un repaso por los puntos más relevantes, consideramos que se ve

reflejada en esta resolución una comunión de las funciones del Instituto: promoción en la fiscalización.

Lanzan la Federación de Cooperativas Comercializadoras

La Federación de Cooperativas Comercializadoras Alta Red fue lanzada en un acto que se llevó a cabo en el Mercado Central de Buenos Aires.

El evento contó con la presencia de referentes del sector, funcionarios y funcionarias, organizaciones dedicadas a la producción de alimentos y las cooperativas integrantes.

En este marco, desde la Federación recordaron que luego de una década de trabajo asociado y la construcción de confianza mutua, en 2018 las comercializadoras cooperativas comenzaron a formalizar una agenda común con 23 grupos productivos de todo el país para trabajar una comercialización conjunta.

“Somos 12 organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria las que formamos parte de la Federación de Cooperativas Comercializadoras. La gestión colectiva de un espacio así es una característica sin precedentes en Argentina”, dijo Leidy Ortiz, presidenta de la Federación e integrante de la Cooperativa Despierta Voces.

Las cooperativas que participan en la Federación de Cooperativas Alta Red son: la Cooperativa de Trabajo Nuestra América (Caracoles y Hormigas), Productores a Consumidores (PAC), Mercado Territorial, Central Cooperativa (Cooperativa Despierta Voces y Universidad Nacional de Quilmes), Cooperativa de Trabajo Vínculos Productivos (Más cerca, más justo), Proyecto Colsol (Colectivo Solidario), Cooperativa de Trabajo Frente Darío Santillán (Mecopo), Cooperativa de Trabajo La Ciudad (Séptimo Varón), Cooperativa Almacoop, Kolmena y Mercado Transformador.

Actualmente, Alta Red distribuye más de 50 toneladas de alimentos mensuales y se vincula con doce provincias: Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

“Un fin básico de este espacio es acercar alimentos sanos y agroecológicos a la población formando un vínculo lo más cercano posible entre quienes producen y quienes consumen con el objetivo de encontrar precios justos”, explicó Francisco Caputo, secretario de Alta Red e integrante de la Cooperativa de Trabajo Vínculos Productivos.

A su vez, señalaron que la organización apuesta a la agroecología como sistema de producción en pos del cuidado del medioambiente ya que contempla las condiciones sociales y políticas de toda la cadena de valor de los alimentos que comercializan.

“Hoy buscamos darle representación y formalizar este recorrido a través de la Federación, como forma de consolidar una estructura que nos permita ir por más. Buscamos la representación de nuestro trabajo, el reconocimiento del Estado y la articulación con organizaciones del sector”, dijo Bruno Chiodi, tesorero de la organización e integrante de Cooperativa de Trabajo Nuestra América.

Por otra parte, explicaron que Alta Red trabaja con un listado de más de 60 alimentos a gran escala: frutas y verduras agroecológicas, yerbas con estacionamiento natural, azúcar rubia mascabo, línea de aceites y productos secos, entre otros. La Red incide en el fortalecimiento de alrededor de 200 puestos de trabajo (sólo considerando las doce comercializadoras que la integran) sin incluir a las familias de cada grupo de comercialización.

La presentación pública de la Federación de Cooperativas fue transmitida en vivo a través del canal de youtube: Alta Red Cooperativa.

 

Los bloqueos en Vaca Muerta

 

Informamos a la opinión pública y en particular a las autoridades gubernamentales, que es nuestro deber como pu mapuce proteger el agua, la salud, el territorio y nuestra cultura. Necesitamos sacar a la luz una vez más, y con urgencia, los enormes daños a la naturaleza y, en consecuencia, el directo impacto a la población de la región, el mal manejo y descontrol de la industria hidrocarburífera y del fracking. 

Les hablamos desde el centro de esa contaminación, donde desde la madrugada de hoy (13/8) hemos iniciado un conjunto de acciones directas. Hemos bloqueado el acceso a distintos puntos de nuestros territorios, a saber: Fortín de Piedra (Lof Wirkalew y Lof Campo Maripe), Loma la Lata, Ruta 51 (Lof Kaxipayiñ), Area Loma Campana (Lof Fvta Xayen), Puesto Hernandez (Lof Newen Kura). Vamos a poner un límite al desastre que dejan a su paso los yacimientos, las torres de perforación, los basureros petroleros y las bases de las distintas operadoras, que han sido instalados en nuestros territorios comunitarios. Queremos denunciar nuevamente que hay responsables de tanto daño y desastre, y que continúan sin escuchar nuestra demanda presentada con sobradas pruebas ante el órgano de aplicación que es la subsecretaría de Ambiente.

Sobre la denuncia penal a las “supuestas tratadoras” de la basura petrolera, la justicia nos ha entretenido hasta la fecha y a pesar del pedido para que se formule cargos a los responsables, ningún resultado hemos logrado. Las actividades industriales siguen con dramática “normalidad”, mientras el silencio y despreocupación cómplice entre empresas, tratadoras y gobierno provocan: más basura, más sismos, más crisis hídrica y sequía, y más muerte.

Como Pueblo Mapuce defendemos los territorios y todas las vidas que integran el Ixofil Mogen (medio ambiente). Anunciamos que las medidas que hemos tomado a la madrugada son parte de un plan de acción que iniciamos ante una publicitada producción petrolera con la que se llenan de mérito las políticas energéticas y los falsos discursos del desarrollo.

En plena crisis sanitaria por la pandemia, remarcamos que en “Vaca Muerta” la salud es la última de las prioridades: están vaciando los ríos que proveen de agua a toda la región. Están haciendo temblar la tierra con sus explosiones, provocando terror y en especial a nuestros niños y niñas. Siguen contaminando la tierra, el agua y el aire con el no tratamiento de los residuos. Siguen haciendo más precarias las vidas en pos del progreso, que es sólo para ellos. Con todo eso no hacen más que atentar contra la vida, contra la seguridad, contra la cultura, contra la cosmovisión, contra el Kvme Felen o Buen Vivir, tanto de la sociedad mapuce y como la de la región.

Por todo esto, convocamos e invitamos a toda la sociedad y sectores de la región a que apoyen decididamente nuestro pedido de justicia:
– A la Fiscalía y a la Justicia Federal: procesamiento penal a responsables del desastre ambiental: funcionarios públicos (subsecretario de Ambiente; Ceo´s de las empresas operadoras y supuestas tratadoras de la “contaminación petrolera”)
– Consulta y Consentimiento ante cualquier proyecto a instalar en territorios comunitarios
– A las autoridades gubernamentales: Urgente ejecución de política de remediación al daño generado por la “contaminación petrolera”, temblores de tierra y daño ambiental/cultural en territorios comunitarios
– Relevamiento y titularización de las tierras comunitarias
– Convocatoria urgente al presidente de YPF a la localidad de Añelo para que asuma compromisos ante las autoridades mapuche por las consecuencias generadas hasta la fecha.

No hay otra forma de garantizar una vida sana y libre de esta contaminación que nos está matando sino accionamos.

¡¡¡Por los territorios, la salud, el aire y el agua!!!

¡MARICIWEW! MARICIWEW!

Comunidades mapuche de Vaca Muerta / Confederación Mapuche de Neuquén

 

Chubut: en defensa del agua y contra la zonificación minera

 

Organizaciones y asambleas ambientales nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se manifestaron leyendo una declaración conjunta el 23 de agosto en Trelew, Esquel, Lago Puelo y Epuyén. Con la consigna «No es sequía, es saqueo», la jornada de lucha fue en defensa del agua, contra la zonificación minera y el tipo de Declaración de Emergencia Hídrica que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni.

En la declaración conjunta acordada, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) expresaron: «¿Qué pasa con el agua en Chubut? La falta de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera, el aumento de las temperaturas y el impacto de lo que el norte global viene nombrando como ‘cambio climático’, en diferentes partes de nuestro país preocupa a toda la población. Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del Paraná o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuquén; los medios masivos no lo muestran, pero vecines recorren el Paraná a remo en travesía por la Ley de Humedales, y en Neuquén las comunidades mapuche salen a las rutas bloqueando los accesos a Vaca Muerta para denunciar la situación del agua. En nuestra provincia, circulan imágenes de vecines caminando por los lechos secos del embalse Florentino Ameghino, el lago Colhue Huapi, la Laguna del Aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua. La charla cotidiana entre vecines sobre la bajante de ríos, arroyos, lagos, la remisión de agua en pozos, y la acuciante situación de poblaciones como la aldea Yala Laubat en la meseta central, nos llevaron a afirmar, en el último documento de la UACCh que ‘Chubut se queda sin agua’ «, alertan.

Y señalan: «en las últimas semanas, replicando lo actuado por los gobiernos de Neuquén y Río Negro (pero también por el gobierno nacional respecto de la cuenca del Paraná entre otras), el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para la sanción de una Ley de Emergencia Hídrica que se basa en el reconocimiento de la crisis hídrica que atravesamos. Se suma a otro proyecto de diferente autoría, que coincide en declararla Emergencia Hídrica».

Desde las asambleas y organizaciones ambientalistas apuntan contra el tipo de declaración que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni, dados sus antecedentes de acompañamiento e impulso del extractivismo y de la zonificación minera en la provincia: «¿Qué puede aportar una declaración de emergencia hídrica a un Estado que se ha demostrado contrario a la defensa del agua como bien común? ¿Cómo puede querer resolverse una crisis hídrica a la vez que impulsan un proyecto de zonificación minera que da vía libre a la contaminación de millones de litros de nuestras cuencas subterráneas? ¿En qué medida puede aportar al cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes corporaciones extractivas petroleras? Hace años que nos niegan los estudios sobre el agua del Río Chubut en la zona cercana a la explotación uranífera de los años ’70 (Los Adobes, en cercanías a Paso de Indios); se han negado a controlar los efluentes de las pesqueras generando un desastre ambiental en el valle; ¿y ahora quieren que le demos al zorro las llaves del gallinero?», se preguntan.

«No nos saca del problema quien nos metió en él – continúa la declaración – El IPA ha mostrado ser un organismo completamente ineficiente para el cuidado del agua. Si repasamos su formato institucional y la historia de su creación, previa disolución de la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendemos que es parte de un plan que tiende hacia la privatización del agua: es una entidad sin presupuesto propio que sólo interviene en aquellos casos en los que un privado lo solicita y garantiza el financiamiento de su intervención. Su histórico director, Gerardo Bulacios, ha sido denunciado públicamente por sus manejos fraudulentos de esta doble cabalgadura público-privada. Su actual director, Ingeniero Nicolás Cittadini, viene de ser corrido de Vialidad Provincial por las y los trabajadores de la dirección, por su nefasto rol en los atropellos laborales hacia trabajadores del sector. Pero además, ¿cuáles han sido las propuestas del IPA en el último tiempo para garantizar el acceso al agua de todes les chubutenses? En el segundo semestre del año 2020 el IPA autorizó un nuevo permiso de uso de agua para Minera Argenta (Pan American Silver) para un campamento minero en la zona de La Rosada. La minera utiliza esos permisos para seguir vaciando los afluentes subterráneos de la cuenca del Sacanana en su afán de seguir realizando exploraciones en el territorio que ocupa. ¿Alguna relación con la remisión de las napas en la zona que denuncian vecines de la comunidad de Yalalaubat? Todas. Y sin embargo, el IPA desoyó las miles de presentaciones de recursos de oposición a ese permiso de uso de aguas para la minera, presentadas por vecines y organizaciones de toda la provincia en defensa de la producción, la salud y la biodiversidad».

Asimismo, desde la Unión de Asambleas señalan: «Vuelven a la carga con los proyectos hidroeléctricos en Corcovado, en el río Senguerr y en la zona de Gualjaina, ampliamente rechazados por les vecines y comunidades mapuche tehuelche en ambos territorios. A la vez proyectan financiar mega obras de compuertas de riego, para beneficiar a los espurios intereses de grandes terratenientes en El Maitén, y dan por hecho el Azud (un dique de contención) en el lago Fontana para intervenir sobre la cuenca del Senguerr».

En ese sentido, plantean que «es francamente alarmante que habiendo permitido que las petroleras, con sus tomas de agua clandestinas, sequen por completo el lago Colhue Huapi y estén secando el vecino lago Musters, el Estado se permite tamaña intervención sobre el nacimiento del río que alimenta ambos cuerpos de agua, estando en discusión si la construcción de un azud es el mejor plan en tiempos de sequía». «Con esos antecedentes, y con la probada voluntad predatoria que tiene el gobierno de Chubut hacia nuestros territorios y nuestras comunidades, ¿podemos confiar en su declaración de emergencia hídrica?», se preguntan. «Basta leer las prioridades que han establecido para el uso de agua (se estipulan por artículo 42 del Código de Aguas de la Provincia del Chubut) para comprender que se trata de una herramienta más para el saqueo de nuestros bienes comunes. Si bien el primer lugar es para el uso doméstico y residencial como el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en orden de prioridad: agrícola, pecuario, industrial, minero, energético, terapéutico y, por último, turístico y recreativo», destacan desde la UACCh.

Es por eso que, con respecto al contenido de la declaración que impulsa el gobierno de Arcioni, señalan: « […] a pesar de reconocer la existencia de ‘más de 3.000 productores’ (según Cittadini) de los que no se tiene registro alguno. Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras ancestrales de la Patagonia: el grupo Benetton y su Compañía de Tierras del Sud. Este grupo económico transnacional es responsable de los principales emprendimientos ilegales con el fin de acaparar agua en el curso de los ríos Chubut, Lepá, Gualjaina y sus afluentes; a su vez, es corresponsable -junto con diversos estamentos del estado provincial y nacional- de la invasión de especies exóticas como el pino en toda la zona de las nacientes del río Chubut y sus afluentes. El negociado de la pinificación tiene probados efectos negativos en el agua: baja el nivel freático y deseca manantiales, mallines y pequeños arroyos, mientras merma el caudal de otros cursos de agua».

Además, agregan: «el proyecto del ejecutivo también proyecta declarar responsables legales de la custodia de las compuertas, a los propietarios de los predios donde se instalen los dispositivos de aforo y transmisión. Más poder de control del agua, a los mismos grupos. No se planean obras en los municipios para garantizar agua. Este dinero es sólo para megaproyectos, lo que -sabemos- trae aparejada la ‘megacorrupción’ que ha devastado al estado provincial. Toda declaración de emergencia genera una nueva caja, reduciendo los controles, generando la posibilidad de hacer compras directas, sin licitaciones ni control previo de organismo alguno (ni hablar de controles ciudadanos o transparencia)».

En este contexto, desde la UACCh consideran «de vital importancia compartir» esta información con vecinos y vecinas de Chubut «para poder seguir articulando acciones de defensa del agua, fuente de vida para nuestros territorios y nuestras comunidades». Por lo que denuncian «la sistemática violación del gobierno de Chubut a los convenios internacionales en términos de consulta previa, libre e informada al mundo indígena (Convenio 169 OIT) y a los suscriptos recientemente sobre participación ciudadana en materia ambiental (Acuerdo de Escazú), ambos con rango constitucional en nuestro país».

Por todo lo señalado, finalizan exigiendo: «la disolución del Instituto Provincial del Agua -IPA-, como lo venimos haciendo desde el Parlamento por el Agua en El Maitén en febrero de 2020. Demandamos la jerarquización de la problemática en un marco institucional apropiado a la caracterización del agua como bien común y la generación de una política hídrica acorde a los principios rectores de la autoridad federal en la materia, el Comité Hídrico Federal (COHIFE). ¡Ninguna autorización de uso de agua que no sea para la vida y el cuidado de la mapu! Entendemos que la única garantía para evitar que nos sigan robando el agua es la organización comunitaria que nos permita caminar con autonomía hacia el buen vivir, y es por eso que convocamos a todos y todas las vecinas, vecines y vecinos de Chubut a sumarse a las asambleas de sus localidades, a articularse en las redes de asambleas y a salir a luchar con todas las herramientas que tengan para ponerle un freno a los intereses de estos gobiernos y de las corporaciones que quieren saquear nuestro territorio. Todas las estrategias son válidas y la salida siempre es colectiva».

Fuentes: Anred, Resumen Latinoamericano, Trabajando para la Economía Social (TES), Confederación Mapuche de Neuquén, Ansol, argentina.indymedia.

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