La firma GP Garden SRL denunció penalmente a una vecina por rechazar el proyecto de torres en el barrio. Desde el Colectivo Colegiales en Acción denuncian hostigamiento judicial y violencia de género.
Por Martín Suárez.
Nuevamente los negocios inmobiliarios y el levantamiento de nuevas torres en la Ciudad son el epicentro. Esta vez la atención se aleja de la zona Sur, y del extremo Norte de la Costanera. El conflicto se centra en el histórico Colegiales, uno de los barrios que, junto a Núñez y Belgrano, conforman la Comuna 13, una de las secciones jurisdiccionales donde viven mayormente vecinos y vecinas de la clase media y alta de la sociedad.
Sobre la calle Gregoria Pérez al 3400, casi esquina Álvarez Thomas, en una de las zonas más pintorescas del barrio, el gobierno porteño habilitó la construcción de torres suntuosas con una altura de hasta 24 metros. Vecinos y vecinas de la Comuna 13 advierten que las inmediaciones de ese lugar están abarrotadas de edificios, y durante todo este tiempo llevaron adelante varias acciones para visibilizar la situación. En las últimas horas, la constructora privada que lleva adelante las obras de edificación, presentó una denuncia penal. La misma la presentó Isaac Diego Cohen, socio gerente de la firma GP Garden SRL, constructora que lleva adelante la obra, y recae sobre una vecina aunque las acciones que llevaron adelante fueron grupales, entre las que se encuentran: plantar un árbol donde la empresa arrancó otro de raíz; pegar afiches con las consignas “No a las Torres en Colegiales y No a los edificios de Altura”; y colgar tres pasacalles en las inmediaciones del lugar. El argumento legal de la denuncia es por supuestos “delitos de daños a la propiedad, amenazas, acosos e intimidaciones reiterados en banda y con planificación previa”, detalla la presentación judicial. “A la empresa no le gustó que los vecinas y vecinos estén organizados y empiecen a visibilizar este tema y su única respuesta fue meterle una denuncia penal a una mujer; no denunciaron a un hombre ni al colectivo. Estamos convencidos que además de persecución judicial hay violencia de género”, afirma a este medio Fabiana, integrante de “Colegiales en Acción”.
A partir de la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, el gobierno porteño habilitó la venta a gran escala de terrenos, al mismo tiempo que empezaron a generar los permisos de obras en tierras públicas. En Colegiales y en otros barrios, habilitaron la construcción en altura con mayor cantidad de metros, “ellos eso lo hacen en Colegiales, pero en Barrio Parque no habilitarían la construcción de una torre de 24 metros y de ocho pisos, donde ellos viven esas construcciones no las permiten”, agrega Fabiana. “Colegiales en Acción” trabaja mancomunadamente con otros colectivos de vecinos gestados en diferentes barrios. Afirman que en los últimos años, en Villa Ortuzar por ejemplo, lindero a Colegiales, se construyeron 59 edificios. El conjunto que integra este colectivo coincide que a partir de esta situación, los vecinos del barrio comenzaron a tomar mayor conciencia del accionar del gobierno porteño: “nosotros y nosotras le dimos el poder a Larreta para que gobernara para los vecinos y terminaron gobernando para ellos mismos y para grupos de empresas constructoras, grandes y pequeñas”.
Falta de espacios verdes en Colegiales
Como ocurre en toda la Ciudad de Buenos Aires, la falta de plazas, parques y espacios verdes, es una constante también en el barrio de Colegiales. En marzo de este año, el gobierno porteño otorgó la licitación a las firmas Fernández Prieto y G&D para que emprendan más construcciones edilicias en el playón ferroviario, ubicado entre la avenida Federico Lacroze y Virrey Avilés, con frentes sobre las calles Crámer y Moldes. En total son 7 hectáreas, y desde hace años, vienen reclamando que en ese lugar se levante un parque público porque es una zona donde se construyeron muchos edificios en el último lustro. El pacto del gobierno porteño, incluye la venta de lotes a la firma Sancor Seguros tras el desembolso de unos 19 millones de dólares en el marco del proyecto urbanístico que se dio a llamar Distrito Colegiales. Cabe señalar que la venta de esos terrenos del Estado nacional es ilegal, ya que no pasó por el Congreso. Viola los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional.