Guernica fue el emblema para millones de personas en todo el país que anhelan tener una vivienda digna. Pese a la represión las familias organizadas siguen luchando y presentando iniciativas que no son escuchadas.
Faltan solo algunos días para que se cumpla un año del desalojo de Guernica. Durante todo este tiempo el gobierno del Frente de Todos ha intentado instalar la versión de que el problema habitacional de dichas familias tuvo solución y acompañamiento por parte del Estado. Pero la realidad es muy distinta, ya que hasta el momento no se ha cumplido con ninguna de las adjudicaciones de lotes pautadas. El Frente de todos, una vez más, se transforma en la encarnación de las promesas incumplidas.
En la actualidad todas las familias que firmaron las actas de pre-adjudicación de lotes se encuentran a la espera de su entrega, pero los plazos pautados por el gobierno se han vencido y aún no hay avances concretos. Esto genera una gran incertidumbre y por eso uno de los reclamos inmediatos es poder acceder a alguna garantía de pre escritura o asignación de manzana con número de parcela para cada persona.
Hace menos de un mes el gobernador Axel Kicillof junto con la intendenta de Guernica, Blanca Canteros, y otros funcionarios realizaron un acto en el predio, donde anunciaron que planean construir un plan de viviendas allí mismo, donde en octubre del 2020 desplegaron a 4 mil policías para apalear, reprimir y quemar las pocas pertenecías de las 1400 personas que permanecían en el predio y no tenían donde vivir.
“Kicillof dijo algo así como que había que desalojar para ordenar” relata Yamila, una de las delegadas de la recuperación de tierras, pero para todas las personas que vivieron ese proceso significó “reprimir para luego cortar una cinta que haga parecer que están ayudando al pueblo” agrega con indignación. “Entendemos que fue una decisión política, que Guernica representaba el qué hacer en cuanto a las tomas, ya que si ganábamos se podían generar otras situaciones. El mismo día que nos desalojaron a nosotros, se hacen en simultaneo una cantidad enorme de desalojos en otros barrios”. No hay dudas, Guernica intento ser un aleccionamiento.
En aquel momento, el cuerpo de delegadxs, organizaciones sociales y una Comisión Asesora de Urbanismo conformada por arquitectxs y geografxs de la UBA y de la Universidad de La Plata, habían desarrollado una propuesta de urbanización enmarcada en la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Entre otras cosas, se proponía aplicar el artículo 51 que establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ceder el 10% de los terrenos al Estado para la construcción de viviendas sociales. De esta manera, el planteo era que el proyecto de barrio cerrado de la empresa Bellaco SA debía cumplir con esa Ley.
Por eso, escuchar a los funcionarios vanagloriarse de que aplicarán dicha normativa parece un chiste luego de todo lo sucedido. “Te queda una sabor agridulce (…) por un lado te da una bronca terrible que te desalojen para llevarte al mismo lugar, solamente para dar la imagen pública de que ellos son firmes y ordenan, pero por otro lado también evaluamos que ese proceso hizo que se cumpliera esta Ley y que un barrio cerrado tuviera que ceder esa tierra, algo que el gobierno jamás hubiese hecho sin semejante movilización. Entonces el conflicto de Guernica dio una herramienta para poder accionar esa ley 1449 que estaba dormida. Tuvo un efecto, una conquista” dice Ricardo, militante del FOL y uno de los geógrafos que estuvo en el diseño del proyecto de urbanización.
Un junco que se dobla pero siempre sigue en pie
Las organizaciones, movimientos y familias que fueron parte de Guernica piensan en grande y van más allá de su reclamo puntual. La idea de que el gobierno construya las viviendas otorgándoles la potestad a constructoras privadas no lxs conforma. “Queremos discutir la premisa de que en realidad la plata que maneja el Estado no es ni suya ni de las empresas privadas, sino que es un excedente generado por la clase trabajadora, y entonces deberían ser lxs trabajadorxs lxs que decidan e intervengan en su gestión y no ser meros receptores pasivos de un producto terminado” explica Ricardo.
Con esta idea como horizonte, diversos espacios que empalmaron con un histórico reclamo de otras organizaciones y cooperativas, que piden impulsar una Ley Nacional por la Autogestión de la Vivienda. El antecedente en el cual se basaron para pensar dicho proyecto existe en la Ciudad de Buenos Aires con la normativa 341, la cual fue sancionada en el 2002, y desde la asunción de Macri como jefe de gobierno en el 2007 duerme en un cajón con presupuesto cero. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ya presentó una iniciativa similar al congreso en dos instancias, en el 2016 y en el 2019, pero la misma fue cajoneada y perdió estado parlamentario. Por lo que el próximo 4 de octubre, en el marco del Día Mundial del Hábitat, todas las organizaciones presentaran nuevamente el proyecto.
Lo que plantea la Autogestión de la Vivienda es algo radical y profundo, que tiene diversas aristas positivas. Establece que los fondos que el Estado destina a las constructoras y empresas privadas monopólicas para edificar viviendas sociales feas y de baja calidad sean destinados en cambio a cooperativas, mutuales o sociedades de ayuda mutua para que sean estos espacios los encargados de la construcción. Esas cooperativas podrían ser conformadas por muchas de las familias que luego van a habitar el barrio y por otrxs miembros de la comunidad.
Esto implica un gran empoderamiento y apropiación del proceso. “No es lo mismo cuando a una persona que se anotó en una lista le das una casa terminada y la recibe pasivamente, a que esa persona participe del proceso de construcción, de debate de cómo va a ser el barrio y las casas. Tiene un simbolismo, una carga muy diferente. Además en el medio profesionalizas a lxs compañerxs que están en las cooperativas, permite dar un salto cualitativo, algo mucho más prefigurativo y además generas trabajo” argumentó con firmeza Ricardo.
Pero esto no es todo, sino que también conlleva una gran ventaja económica. Esto se debe a que con las cooperativas sin fines de lucro se ahorran los sobreprecios que establecen las grandes empresas para obtener un plus en sus ganancias. Ese menor precio que posibilita la estructura cooperativa y el aporte de trabajo por ayuda mutua habilita la posibilidad de comprar mejores materiales para las viviendas, poder destinarles un par de metros cuadrados más y a su vez subsidiar a nuevxs trabajadorxs que no saben el oficio para que de forma paulatina lo vayan aprendiendo, algo que una constructora jamás haría.
Todas estas propuestas están en pleno debate con los distintos niveles de gobierno y para varias con miles de idas y vueltas por parte de los funcionarios. El problema es que discutir, sancionar y aprobar un proyecto de Ley conlleva mucho tiempo. Pero las organizaciones no se rinden, y para seguir buscando alternativas (que debería ser tarea del Estado) presentaron un programa al Ministerio de Vivienda de la Nación, a cargo de Jorge Ferraresi, que plantea que se destine un 10% del presupuesto de dicha cartera a la autogestión de las viviendas mediante un programa específico que no necesite tener una Ley aprobada.
En conclusión, la pelota está hoy en día del lado del gobierno y está en sus manos resolver una situación estructural que afecta un derecho básico y fundamental de millones de personas en todo el país, y frente a la cual los movimientos y las mismas familias afectadas han dado todo por arribar a una solución.
Fuente: http://folweb.com.ar/nota/1988/tierra_para_vivir_el_sueno_de_una_promesa_incumplida/