La Cancillería de Bolivia denunció un nuevo intento de Golpe de Estado

La Cancillería de Bolivia denunció ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición junto a comités cívicos y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación sobre el contenido de la Ley 1386 de la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”, a fin de repetir el escenario del Golpe de Estado de 2019.

Rogelio Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La Ley 1386 de la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” fue aprobada el pasado mes de agosto con el objetivo de establecer nuevas herramientas para investigar maniobras de capitales ligados al tráfico de sustancias controladas y la trata de personas, entre otros delitos.

Esta medida fue rechazada por sectores opositores que aludían que permitiría al jefe de Estado, Luis Arce Catacora, tener un “mayor poder para hacer inteligencia financiera”, consigna que ha sido utilizada por comités cívicos -copartícipes del Golpe de Estado contra Evo Morales en 2019- para organizar bloqueos que afectan la actividad del país.

En ese marco, la Cancillería boliviana denunció que “estos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo, lo que derivó en múltiples agresiones a la población” y que su objetivo final es cometer un nuevo Golpe de Estado.

Compartimos el comunicado completo:

Denuncia a la comunidad internacional respecto al proceso de desestabilización emprendido por algunos grupos y sectores

El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición junto a comités cívicos departamentales y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación, falsedades y tergiversación  sobre el contenido de la Ley  1386, de “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”, publicada el 16 de agosto de 2021, a fin de repetir el escenario del Golpe de Estado de 2019.

La Ley 1386 es resultado del esfuerzo del  Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del Presidente Luis Arce Catacora, para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, responde estrictamente a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es parte de una serie de normas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Denunciamos a la Comunidad Internacional que éstos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo, lo que derivó en múltiples agresiones a la población. La instalación de puntos de bloqueo de caminos, vías y el amedrentamiento a los ciudadanos que intentan desarrollar sus actividades cotidianas son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, al acceso a la educación, al trabajo y la salud, más aun en medio de una crisis sanitaria global, llegando incluso a incitar públicamente a “tumbar el gobierno”, que fue democráticamente electo con amplio apoyo de la población boliviana.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, exhorta a la Comunidad Internacional, Organismos Internacionales y a los defensores de los derechos humanos a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional.

La Paz, 13 de noviembre de 2021

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