Murió Lucas González, el joven de 17 años que recibió dos disparos en la cabeza al ser interceptado por agentes de la fuerza de seguridad porteña; el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas que circulaban de civil y en un auto sin identificación; luego de salir de un entrenamiento en el club Barracas Central con sus amigos, quienes a su vez fueron detenidos.
La versión policial habló de enfrentamiento, de presencia de armas en el auto de los jóvenes. Relatos que se fueron desmintiendo con el correr de las horas. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, los agentes fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo. La justicia investiga sucedido pero los policías permanecen en libertad. Sin embargo, los amigos de Lucas estuvieron detenidos 24 horas, acusados de querer escapar del lugar.
Los jóvenes explicaron que al ver a los tres hombres de civil bajando de un auto armados creyeron que les querían robar, por eso huyeron e incluso se acercaron a una agente uniformada para pedirle ayuda, pero fueron reducidos, acusados ellos de delincuentes.
Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Lucas, su mamá Cintia habló con los medios a la salida del Hospital El Cruce de Florencio Varela: “La Policía me lo mató, yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. ¿Yo ahora como sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo (…). Ustedes (por los policías implicados) me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza, así que lo único que quiero es Justicia y que mi hijo descanse en paz”.
En tanto, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el legislador electo Gabriel Solano reclamó la interpelación al ministro D’Alessandro”: “Debe explicar por qué hay policías circulando en autos sin identificación, si eso responde a una política del ministerio de seguridad y que órdenes tienen los policías”, expresó.
Desde la Correpi también se manifestaron al señalar: “(…) Mientras los carteles de tránsito lucían las felicitaciones de Horacio Rodríguez Larreta a su policía por cumplir 5 años, en Barracas, desde un auto sin identificación, efectivos de esa fuerza dispararon a cuatro chicos de 17 y 18 años. (…) La policía intento disfrazar el asunto como un enfrentamiento, pero rápidamente esa versión fracasó. (…). El mismo día, circularon imágenes de policías de la Ciudad disparando contra una persona a plena luz del día en una plaza de la ciudad. Once disparos le dieron e hirieron a otra persona que pasaba por el lugar. Estas semanas hemos tenido que soportar, horas y horas de discursos pidiendo mano dura, ‘bala, bala y bala’ en las barriadas y hablando de ‘la seguridad’. Estos hechos que han cobrado visibilidad masivamente muestran de manera contundente que la inseguridad son ellos, es la policía con poder de fuego en las calles”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también emitieron un pronunciamiento: “Una vez más, quienes habitamos y amamos nuestro país nos vemos conmovidos por el homicidio de un adolescente a manos de agentes policiales, en este caso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No es ciertamente el primero, y quisiéramos que sea el último. Pero las circunstancias de este caso nos confrontan con la peor de las causales: el prejuicio, el abuso, la incapacidad que provocan el asesinato de un inocente.
Policías sin uniforme, identificación ni placa, pero con armas letales disparan a mansalva y matan a un joven, cuyo único delito era su origen humilde y su deseo de jugar a la pelota. Y por si fuera poco, el intento, una vez más, de acusar a las víctimas, “plantando” un arma para tratar de justificar lo injustificable.
Pero no son esos policías los únicos responsables. Un poder judicial que horas después seguía manteniendo en cautiverio a las víctimas y sueltos al homicida y sus cómplices.
También tienen parte aquellos políticos que hace unos días reclamaban “meta bala”, que avalaron el gatillo fácil, que nos quieren hacer creer que la inseguridad se combate con más muertes.
Y una sarta de mal llamados periodistas que alientan e insuflan odio, que convocan a la violencia diciendo que piden la paz, que buscan crear en la población un clima de venganza, y que hablan de inseguridad frente a un hecho delictivo, pero que no reconocen la inseguridad que brota de un accionar irresponsable de las fuerzas de seguridad, o cuando esa inseguridad nace del miedo a la represión indiscriminada. O la inseguridad que produce la pobreza, privando de futuro a los más humildes.
El estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ha albergado, instruido y dado las armas a estos homicidas debería ser el primero en reaccionar y aplicar todo el rigor de la ley. Y quienes tienen la conducción política del mismo deben asumir la parte que les toca en este horrendo e injustificable asesinato, cometido por agentes bajo su mando.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) defiende la vida, el derecho a vivir con dignidad para todos y todas, todes, sea cual sea su condición social, origen étnico, su lugar en la sociedad, su edad, género o condición laboral. Por eso nace en nosotros la más absoluta indignación y pedido de justicia, cuando quienes debieran proteger y garantizar esos derechos son los que los violan, cercenando vidas y enlutando a la población. Más aún cuando ello diezma a quienes ya han sido privados de otros derechos por un sistema injusto y desigual”.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/34448-otro-gatillo-f%C3%A1cil-de-la-polic%C3%ADa-de-la-ciudad