El gobierno se apresta a cumplir con las exigencias del FMI. Ajuste fiscal, reforma laboral y previsional, son algunas de las clásicas demandas del organismo. Se trata de una estafa descomunal: pagar con más ajuste la millonaria fuga de capitales. Junto a diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales, nos hemos movilizado este sábado 11 de diciembre en distintas ciudades del país para repudiar al FMI y decir NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA.
En las pasadas elecciones legislativas se evidenció una expresión de bronca generalizada y un claro rechazo a las políticas actuales del gobierno nacional. A pesar de haber logrado remontar y recuperar algunos votantes con respecto a las PASO, el Frente de Todos claramente sufrió una derrota electoral.
Tras esto, el gobierno nacional anunció que llegará a un acuerdo con el FMI que tratará de involucrar a diversos bloques políticos patronales. La noche de la derrota electoral del 14 de noviembre, Alberto Fernández anunció el envío para la primera semana de diciembre de un “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”. A pesar de que se afirma que el acuerdo con el Fondo se realizará “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”, la larga historia del ciclo de endeudamiento de nuestro país –como de todos los países dependientes- evidencia todo lo contrario.
El gobierno pretende alcanzar un arreglo con el FMI antes de fin de año, que permita postergar los pagos de intereses, dado que de lo contrario nuestro país deberá pagar en los próximos cuatro meses un total de 8.741 millones de dólares, teniendo en el Banco Central reservas de libre disponibilidad por u$s 5.000 millones.
Como se viene haciendo hasta ahora, cada dólar que ingresa a las arcas estatales se usará para pagar al Fondo. Este año la balanza comercial tuvo un superávit de 15.000 millones de dólares; sin embargo, ningún dólar de ese superávit fue a fortalecer las reservas del Banco Central. Se fueron en pago de intereses externos y fuga de capitales.
Cualquier cálculo hace evidente que la premisa de pagar la deuda choca de frente con la premisa de sostener una política de “crecimiento económico e inclusión social”. Al contrario, el gobierno se encamina a profundizar las políticas de ajuste, recortando los gastos sociales, el presupuesto en salud y educación, y a llevar adelante una reforma laboral e impositiva que garantice los intereses capitalistas. Las reformas tributarias, previsionales y laborales, el achicamiento del llamado “gasto público”, una mayor desregulación del mercado y la quita lisa y llana de derechos a trabajadorxs y jubiladxs son exigencias estructurales del FMI. Destinadas a cercenar conquistas, se presentan cínicamente desde el discurso oficial del Fondo como medidas para facilitar la “inserción laboral” y “quitar peso fiscal a los empleadores”: las recetas que una y mil veces demostraron que sirven para rebajar costos para el empresariado a expensas de mayor explotación, y que ni siquiera redundan en una recuperación sustancial de índices de empleo formal.
Para ello, el gobierno cuenta con el aval de las distintas fuerzas políticas y sociales, oficialistas y opositoras, de empresarios y sindicalistas burócratas. Más allá de las disputas mediáticas, estas líneas de acción forman parte de la hoja de ruta de los partidos patronales, peronismo y oposición de derecha. En cualquier escenario, el gobierno se encamina a pagar la deuda fraudulenta que dejó el macrismo, y a administrar las reformas que el FMI impondrá. Tanto TODOS como JUNTOS han perdido electores con respecto a 2019. Ambas coaliciones están fraccionadas y en disputas internas tanto a nivel nacional como provincial. Pero están “Todos Juntos”, en pos de lograr un acuerdo de gobernabilidad, de pago al fondo y de garantizar orden social que en todos sus aspectos empeorará las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Los números actuales de inflación, un 53,2 % de aumento de los alimentos en el acumulado de los últimos doce meses, se incrementarán luego de una devaluación que se prevé será al menos del 20%, desvalorizando aún más las jubilaciones y los salarios. También se prevé un incremento en las tarifas de los servicios de gas, luz, agua.
Mientras tanto, el propio Banco Mundial anuncia que el 20 % de la población argentina no puede acceder a la mínima canasta alimentaria y sufre hambre, que la informalidad ha crecido y los salarios son menores que antes de la Pandemia; y que un 24 % de la población que estaba empleada hoy está desocupada.
Resta ver la letra del proyecto que el oficialismo enviará en breve al Congreso para empezar a develar la magnitud de ese ajuste. Pero la supuesta discusión que se dará en el Congreso sabemos no implicará una defensa de nuestra soberanía ni los intereses del Pueblo, y en nada se modificará el rumbo de endeudamiento, de sometimiento al imperialismo, de fomento del extractivismo en nuestra economía dependiente.
Realidades, actos y tribunas
Ante una Plaza de Mayo muy nutrida, el gobierno conmemoró el 10 de diciembre el “Día de la Democracia”. Con la presencia de exmandatarios como Lula y Mujica tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández realizaron comentarios supuestamente críticos hacia el FMI. Pero en cada una de sus alocuciones ratificaron que Argentina pagará esa deuda pese a que se reconoce como ilegítima y se reconoce que financió una escandalosa fuga de divisas.
Los discursos oficiales regaron la Plaza de cinismo. «La Argentina del ajuste es historia» sentenció el presidente; «no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social del país» agregó. Y sentenció que a partir de ahora, sí: “vamos a construir otra Argentina, la Argentina que queremos, justa, libre y soberana”. La vicepresidenta también había recorrido esa línea discursiva. Luego de señalar que el FMI se llevó puestos a dos presidentes radicales, hizo un singular pedido: «necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar los dólares de los paraísos fiscales, donde se han ido miles de millones de dólares». La plata fugada, de ser repatriada, sería para solventar el pago de deuda. Un sinsentido completo, basado en una premisa que nunca sucederá y coronado por una conclusión igual de absurda: los dólares que el FMI se llevará provendrán del ajuste sobre el presupuesto 2022.
Mientras se agita para la tribuna un discurso pretendidamente soberano, se avanza con el pago de intereses de deuda y las consecuencias están a la vista. Las políticas de ajuste que el gobierno está aplicando y aplicará con mayor énfasis a partir de ahora, no pueden llevarse adelante sin un incremento de los niveles de represión y persecución a quienes luchan. Por un lado, se pretende disciplinar al conjunto de la clase, golpeando a cualquiera que luche en las calles contra estas políticas de ajuste. Las condenas a Arakaki y Ruiz son expresión de ello. Pero también, se busca desarticular las expresiones que puedan lugar al surgimiento de un movimiento con perspectiva revolucionaria. El encarcelamiento de Facundo Molares, internacionalista requerido por el narcogobierno colombiano, apresado con la venia del Ejecutivo argentino y como ofrenda al imperialismo yanqui, evidencia la política de subordinación del gobierno a los mandatos del departamento de estado norteamericano. La política represiva a los pueblos originarios, la designación de Aníbal Fernández, y las acciones de la policía de Sergio Berni que ejecuta desalojos de familias y cooperativas en la provincia de Buenos Aires, muestran que tampoco hay grietas entre un kirchnerismo progresista al estilo “Kicillove” y el albertismo/massismo duro. La plaza de la “democracia” del viernes 10 de diciembre, tuvo a varios ausentes de la propia fuerza peronista, que ha dejado tras las rejas a militantes de su propio riñón, como es el caso de Milagro Sala.
Unidad en las calles, pero para la lucha
Nuestro país soporta niveles de pobreza e indigencia difíciles de tolerar. Cuatro de cada diez personas son pobres, una indigente. Las políticas de ajuste que exige el FMI y el gobierno se apresta a aplicar junto a las burocracias sindicales sólo pueden agravar ese panorama. La oposición reaccionaria no hace más que correr el fiel de la balanza para promover que ese ajuste sea más intenso y veloz.
Nuestra gran debilidad es que la clase trabajadora en forma masiva no se expresa aún en la disputa política. Los sindicatos en su mayoría están estatizados y conducidos por mafias enquistadas en la CGT. Los movimientos sociales mayoritarios, lejos están de defender los intereses históricos de la clase trabajadora y lxs trabajadores excluidos, y han creado su propia burocracia para administrar las políticas de contención social dirigidas desde las oficinas del Estado, como lo han demostrado recientemente en la reunión de respaldo a las políticas del gobierno nacional.
Se avecinan peleas en las que el pueblo deberá expresar en las calles nuevamente su voluntad de defender derechos y conquistas, como sus condiciones de trabajo, sus jubilaciones, su derecho a la salud, a la educación. Más temprano que tarde se desarrollarán seguramente estallidos sociales. Vendrá un momento en que efectivamente el pueblo dirá Basta. Las clases dominantes lo saben y por ello los aprestos represivos y el crecimiento de los grupos fascistas.
Nuestra izquierda ha conseguido una representación parlamentaria digna. Pero la prueba de fuego para ella y para el pueblo en general será, nuevamente, si estamos en condiciones de enfrentar con la acción directa y la movilización popular a una derecha que ha perdido la inhibición y a un gobierno lanzado abiertamente a aplicar las recetas del FMI y traer más ajuste. No echaremos al Fondo con proyectos o declaraciones parlamentarias.
Para lograrlo, es imperioso que se den pasos firmes en la articulación unitaria de las fuerzas de izquierda, como se logró para llevar adelante la manifestación del pasado 11 de diciembre. Una unidad de acción importante, que derivó en un acto multitudinario. No exenta de fricciones internas, esa articulación que surgió como iniciativa del FITU logró poner en la calle una alternativa al discurso oficialista que cacarea contra el FMI pero compromete su subordinación completa al imperialismo. Pero esa unidad deberá plasmarse en la lucha de calles. Será imperioso que esa iniciativa cobre continuidad con nuevas acciones de protesta. No lograremos enfrentar al imperialismo, al FMI y sus lacayos locales solo con actos, sino con barricadas que enciendan la llama de la lucha popular.
Para avanzar a una nueva situación es necesario construir una opción revolucionaria de poder que promueva y organice la Rebelión Popular, que tome las calles, impulse la acción directa. Que tenga unidad programática antiimperialista y socialista, anti –extractivista, feminista y plurinacional y que postule un nuevo régimen social y su deriva institucional desde el protagonismo de las masas.
Venceremos – Partido de Trabajadores