El jueves 16 de diciembre murió en la impunidad, Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, a la edad de 99 años y con ella, un legado de crímenes de lesa humanidad, redes de corrupción y el saqueo de un País durante la dictadura.
Masacres, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones, conspiraciones, crímenes contra miles de personas cuya acción fue para el control del estado y para el saqueo de un País a favor de un selecto grupo económico.
Esa fue la tónica de fondo del golpe del 11 de septiembre de 1973 y todo el periodo de la dictadura cívico militar en Chile hasta 1990, cuyo modelo y régimen político sigue aún reinando hasta el presente, basado en la privatización de la naturaleza como las aguas, mar, la explotación minera, la explotación forestal, la explotación pesquera y acuícola, como también, en la mercantilización de la educación, la salud y el sistema previsional.
Con el golpe de estado, la mayoría de los erarios, bienes y servicios, empresas estatales y naturaleza, fueron otorgados con amplios beneficios y ventajas a un grupo de privados, con la posterior apertura y desregularización de los mercados, los que se abrieron en la administración de los gobiernos de la Concertación, principalmente de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes por medio de una serie de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales multilaterales, posibilitaron su expansión, consolidando a esta elite.
Otra herencia, que estaría llegando a su fin, es la actual Constitución Política heredada de la dictadura militar, que no tiene un origen democrático, no expresa el sentir, intereses y necesidades colectivas. Fue impuesta de manera coercitiva que, en diversos aspectos, excluye o limita derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal, basado en el lucro y explotación desenfrenada.
Lucía Hiriart y Cema Chile
Según reportaje de Ciper Chile, Fueron 113 los inmuebles que el Estado cedió gratuitamente a la Fundación CEMA entre 1973 y 1991. De los decretos de transferencias a la entidad sin fines de lucro, que hasta ahora dirige Lucía Hiriart, sólo dos no llevaron la firma de Augusto Pinochet. Gran parte de esas propiedades fueron vendidas. Los destinos de 38 de los bienes raíces que la Fundación obtuvo en Santiago: 26 de ellos fueron vendidos en operaciones que reportaron casi US$ 7,7 millones. No hay registro de esos ingresos en CEMA.
Una de las frases de Lucía Hiriart, fue: “Si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido, indudablemente. Desde ya tendría en estado de sitio a Chile entero”.
Un golpe para masacrar y saquear a un País
El empresario que encabezó los enlaces con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para la planificación del golpe de estado en Chile y la instalación de Augusto Pinochet en el poder, fue Agustín Edwards Eastman, quien fue propietario de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., que publica los diarios chilenos El Mercurio y La Segunda, entre otros. Las acciones de conspiración en Chile incluyeron medidas para la desestabilización del gobierno, campañas comunicacionales, la polarización del País, la promoción de la violencia civil, sabotajes, entre otras.
No existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, sin embargo se estima en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.
El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
El año 2002, Codepu daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas: Cecilia Miguelina Bojanic Abad (23 años), María Cecilia Labrin Lazo (25 años), Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29 años), Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27 años), Michelle Peña Herreros (27 años), Diana Arón (24 años), Gloria Lagos Nilsson (28 años).
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), señaló 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes. El informe presenta 75 casos de niños detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños asesinados por militares durante la dictadura.
Un informe de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche) junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2016, identificó 171 los casos de personas la Nación mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura militar. Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.
Se estima en más de 250.000 las personas detenidas durante los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.
Control del estado y saqueo del País
725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos como los señalados anteriormente. Se estima también, que al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el año 1991 en medio de diversos sabotajes, el que fue complementado y reactualizado durante 2004/2005, que además incluyó el servicio de las deudas a grupos privados, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, Ponce Lerou, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide.
El dictador Augusto Pinochet por su parte, murió con una fortuna estimada en 26 millones de dólares, cuya mayoría provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, buena parte de su fortuna habría estado vinculada por los favores concedidos a los grupos económicos que han saqueado al País.
En los últimos años se han destapado diversas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), el propio Cema Chile, como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos como: Casos Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras, actos de delincuencia que precarizaron los derechos sociales de la población y que ha involucrado a diversos partidos políticos que por décadas han sido parte del sistema político del duopolio.