El 10 de diciembre, la sociedad se despertó conmocionada por la muerte de Luciano Olivera, el joven de Miramar que fue ejecutado por un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En las 24 horas posteriores al hecho, otros dos jóvenes de 15 y 16 años fueron víctimas también del uso letal de la fuerza pública. Agustín Méndez murió tras ser embestido por un patrullero de la Bonaerense durante una persecución que se inició porque no se detuvo en un control vehicular. Facundo Galván fue asesinado a la salida de una fiesta por un efectivo de la Prefectura que estaba de civil. Estos y otros casos ocurridos en las últimas semanas, que provocan muerte o discapacidades graves y permanentes, evidencian un incremento de la violencia policial en los territorios en el marco de intervenciones desmedidas, arbitrarias e ilegales. La CPM hizo presentaciones judiciales en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Luciano tenía 16 años, Agustín 15, Facundo 16, y en menos de 24 horas los tres fueron víctimas del uso letal de la fuerza pública. Los hechos ocurrieron en Miramar, General Rodríguez y Almirante Brown. Se suman a una lista que, según el registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), aún en construcción, ya contabiliza 103 muertes en lo que va del año.
Como había ocurrido pocas semanas atrás con el asesinato de Lucas González en CABA, el crimen de Luciano despertó una enorme conmoción social: su asesinato y la posterior represión a familiares y amigos que reclamaban justicia recibieron toda la atención mediática. El oficial que lo ejecutó de un disparo en el pecho, luego de una persecución injustificada, se defendió diciendo que “el tiro se le escapó”, discurso sostenido por el Ministro de Seguridad de la Provincia que afirmó que se trató de un caso de “mala praxis”, es decir un delito culposo y por lo tanto sancionado con una pena sustancialmente menor.
Ese mismo día, 10 de diciembre, alrededor de las 21 horas, Agustín murió tras ser embestido de frente por un patrullero de la Provincia de Buenos Aires en General Rodríguez. Luego de juntarse con amigos en el centro de la localidad, Agustín y otro compañero volvían en motocicleta cuando comenzaron a ser perseguidos por patrulleros de la bonaerense. ¿La razón de la persecución? No detenerse en un control vehicular, como había pasado pocas horas antes con Luciano.
Agustín murió en el acto producto de las heridas provocadas en la colisión; su compañero fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes. El único imputado en la causa es el joven que acompañaba a Agustín.
Pocas horas después, en la madrugada del 11 de diciembre, Facundo de 16 años fue asesinado a la salida de una fiesta por un agente de Prefectura Naval en Almirante Brown. El prefecto Eber Villanueva, de civil, llegó en su camioneta al lugar y levantó a algunos asistentes a la fiesta. Arrancó y detuvo el vehículo a los pocos metros, descendió y efectuó varios disparos hacia un grupo de jóvenes: Facundo recibió un disparo en el pecho y otro en el glúteo.
El prefecto usó un arma que no era la reglamentaria. Según su versión, adoptada también por la policía, disparó para defenderse de un intento de robo; los amigos de Facundo y la gente que estaba en la fiesta lo negaron.
En la misma madrugada del 11 de diciembre, la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaba en Isidro Casanova otro hecho de violencia en el marco de una intervención desmedida e irracional. Tomás de 22 años fue embestido por un automóvil particular cuando salía de un boliche; mientras el joven estaba tendido en el asfalto, se inició una pelea entre los amigos de Tomás y quienes iban a bordo del vehículo. Esa pelea dio lugar a la intervención policial, el efectivo Gustavo Pedrozo le disparó a corta distancia con la escopeta antidisturbios a Tomás y le provocó heridas que requirieron su internación: el joven tuvo que ser operado para que le reconstruyan la uretra.
Como se excusó Maximiliano González luego de ejecutar de un tiro en el pecho a Luciano, Pedrozo le dijo a la madre de Tomás: “Se me escaparon dos tiros. Si querés, andá a la comisaría”.
El 17 de diciembre en Rafael Castillo, Esteban Daniel López, un joven de 25 años que volvía en moto de trabajar, recibió un disparo en la cara, perdiendo definitivamente su ojo derecho y quedando con su ojo izquierdo en una situación delicada. Además de muerte, las intervenciones policiales ocasionan discapacidades permanentes sobre los jóvenes.
Al tomar conocimiento de estos hechos, la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó pedidos de informes sobre las causas a las fiscalías y juzgados intervinientes, e hizo presentaciones ante la Procuración General y la Auditoría General de Asuntos Internos. En el caso de Luciano, además, se presentó como Particular Damnificado Institucional luego de contactarse con la familia, controlando las primeras medidas y designando un perito de parte para participar de la autopsia.
Las intervenciones ilegales violentas, desmedidas e irracionales por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad son parte de las rutinas policiales en su despliegue territorial. No hay episodios aislados, sino una sistematicidad en estas prácticas fundadas por un discurso punitivista o de mano dura, cuyas consecuencias son el “gatillo fácil”, las ejecuciones policiales o jóvenes con discapacidades permanentes como consecuencia de esas violencias.
Como vienen reclamando organizaciones de derechos humanos, es indispensable y urgente modificar las políticas criminales y de seguridad para prevenir, sancionar de manera efectiva y asistir a estas víctimas de graves violaciones de derechos humanos.