Panorama sindical. Acuerdo Gobierno-FMI. Hoja de ruta: ajuste sobre el ajuste
Mario Hernandez
Habrá una reducción del déficit fiscal equivalente a U$S 4.300 millones entre 2022/3. Hasta llegar al déficit 0 en 2025. La cuenta total sería de aproximadamente U$S 13.000 millones en 4 años, y no en 6 como pretendía el gobierno.
La emisión para financiar el desequilibrio fiscal bajará del 3,7% del PBI de 2021 al 0,6% en 2023. Con alrededor del 0% proyectado para el 2024. Unos U$S 12.700 millones en tres años. Monetarismo puro y duro.
¿Cómo se repartirán los costos?
El año pasado el gasto público en jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales “ahorraron” $ 759.000 millones. Frente a una inflación del 51% las partidas destinadas a esos fines crecieron 32,6%. Perdieron 18,4 puntos.
Quedan atrás las promesas a la tribuna respecto de alargamiento de plazos y disminución de tasas. A cambio de un Acuerdo de Facilidades Extendidas sin reformas estructurales. No obstante, lo que se firme habrá que cumplirlo cada tres meses ante cada supervisión, previa a cada desembolso.
Cuando se empiece a aplicar el programa dólar, tarifas y tasas subirán. La inflación también. Entonces, el único ancla que tendrá el gobierno para morigerar la suba de precios serán las paritarias, no cumplir con la movilidad para las prestaciones sociales o no aplicar ajustes suficientes en aquellos programas que no contemplen una suba automática.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sobre la base de datos del ministerio de Hacienda y el Indec, sumando gasto primario e intereses de deuda el gasto total se redujo en términos reales un 8,4%, entre 2017 y 2021, lo que en plata de diciembre del año pasado significó $ 1,14 billones. Solo los planes Progresar y Argentina Trabaja, entre otros, registraron un aumento real del 360% respecto a 2017, que equivale a $ 717.000 millones. Todo el resto de prestaciones sociales tuvo un recorte real de gasto. Quienes más perdieron comparando los dos períodos mencionados, son los gastos relacionados a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas y las prestaciones del PAMI, que tuvieron caídas reales entre ambos períodos comparados del 16%, 23,5% y 21%, respectivamente. El gasto en estos rubros fue el equivalente a $ 1 billón menos si se coteja 2021 con 2017.
El gasto en salarios evidenció también un fuerte ajuste, equivalente al 26% en moneda constante. El año pasado este gasto resultó $ 447.000 millones inferior, en moneda actual, al de 2017.
El gasto de capital cayó un 30%, equivalente a $ 323.0000 millones a moneda constante, explicado por menores transferencias a las provincias (70%) y menor inversión real directa (30%).
En el caso de las provincias, a la caída de transferencias de capital debe sumarse la de las transferencias corrientes, que fue del 0,3%, equivalente a $ 1.400 millones. Las transferencias totales a provincias cayeron un 26% entre 2017 y 2021, equivalente a $ 227.000 millones.
Finalmente, los intereses pagados en 2021 fueron un 29% menores que los abonados en 2017, lo que equivalió a bajar este gasto en $ 338.000 millones a moneda constante.
La letra chica
Edad jubilatoria
La alternativa de que el acuerdo con el FMI incluye la “evaluación de los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria laboral de las personas”, no pasó inadvertida en el ámbito sindical. El párrafo del borrador de Economía alude a la vieja discusión sobre la modificación de la edad jubilatoria.
El referente de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, analizó: “Una de las necesidades del país pasa por incrementar los puestos de trabajo. Ya sea con la reducción de jornadas laborales y mejorando los ingresos de trabajadores y trabajadoras. La prolongación voluntaria laboral no aparece como una buena medida”, dijo.
Sobre la reducción de los llamados regímenes de privilegio consideró que la solución no pasa por reducir ese gasto. Incluso citó que los propios informes del Gobierno al Congreso sobre mejoras a los jubilados reflejan un retraso en dichos aumentos bajo rigor inflacionario, ya que los mismos se otorgaron en cuotas. “El esquema que se plantea hoy es continuar con lo mismo, y no veremos mejoras. Las explicaciones no deberían abundar sobre cómo no va impactar el acuerdo con el Fondo en un nuevo ajuste. El foco debería estar claro en cómo se van a mejorar los ingresos de jubilados ya que el 80% de ellos cobra beneficios por debajo del nivel de la indigencia”.
Para el abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde la cuestión amerita más que una aclaración: “Es complicado interpretar esta consideración del ministerio de Economía. En primer lugar por que deberíamos saber a qué apunta la prolongación voluntaria”. El letrado se preguntó: “¿Estamos diciendo que una persona debe continuar su labor cumplida su jornada? ¿Se refieren a que continúen trabajando después de jubilarse? Porque en todo caso no estamos ante una concepción republicana, democrática y popular. Es de esperar una aclaración, porque si es lo que interpretamos, Guzmán no parece ser un ministro de un gobierno peronista”.
El adjunto nacional de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, consideró que “además de la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas; se expresa el limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público. Está claro que el Gobierno ocultó detalles cuando presentó el acuerdo con el FMI y tenemos ahora una mayor certeza sobre el fuerte ajuste que está exigiendo”.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que “no hay ningún compromiso con el FMI para modificar las jubilaciones” de los argentinos, aunque aclaró que se va estudiar “cómo mejorar el sistema en cuanto a la equidad y los haberes” y cómo ofrecer incentivos a los trabajadores para continuar su etapa activa.
“Lo que se va a hacer es una serie de estudios para mejorar el sistema en su equidad y en cómo tener claro el financiamiento” de un sistema que representa el 52% del presupuesto nacional, afirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
El ministro como habían señalado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que “en ninguna parte del acuerdo se está comprometiendo a hacer reformas previsionales”.
Consultado acerca de si los estudios previsionales se realizarían con organismos internacionales, Moroni aclaró que “hay suficiente capacidad en la Anses y en la áreas de Seguridad Social, con lo que no hay necesidad de trabajar con organismos del exterior” para realizar dichos análisis.
La letra chica II
El Gobierno autoriza un 36 % de aumento en la tarifa del gas
Esta suba fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el decreto 91/2022, además confirma el adelantamiento de los aumentos tarifarios previstos para el mes de abril, en marzo.
El acuerdo firmado por Martín Guzmán, ministro de Economía, Metrogas y Federico Bernal, de Energas se fijó que este aumento “se produzca durante marzo del 2022”
La excusa para subir la tarifa de gas a la par de decir que no habrá ajuste y se prioriza a los más vulnerables es que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo”.
El decreto detalla “los siguientes ajustes por categoría de usuario y cargo”: para los usuarios residenciales el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%. Y aclara que como el incremento es de uno de los tantos conceptos que abona el usuario, el porcentaje a pagar será menor.
Por último el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.
Esta suba se da pese a la promesa del Gobierno de no superar el 20 % de incremento en los servicios esenciales como son la luz y el gas. Es dar vía libre a los aumentos pedidos por las empresas que vienen facturando millones, y en la perspectiva de achicar el déficit fiscal, por las exigencias del FMI en las negociaciones de la deuda odiosa.
Convenios
Comercio cerró la paritaria anual con una suba del 54%. El piso salarial se eleva de $ 74.733 a $ 90.000 incluido presentismo. El acuerdo contempla un aumento del 13% (3% en febrero y 10% en marzo) que se suma al fijado en julio pasado.
UPCN acordó con el gobierno un 14% de aumento en dos cuotas.
Las tres organizaciones más representativas del sector químico y petroquímico (SPIQyP, FESTIQyPRA y el Sindicato Químico de Pilar) se unieron para solicitar la apertura de la cláusula de revisión de la paritaria vigente.
Por la falta inicial de acuerdo, en el caso de los bancarios se acordó con las Cámaras empresariales un adelanto de suma fija de entre $ 10.000 y $ 30.000 por los meses de enero y febrero como anticipo de las paritarias del presente año. Con ese ajuste, el sueldo mínimo bancario pasará a $ 133.368,38, más $ 3.436,11 de participación en las ganancias, ascendiendo a un total de $ 136.804,49. Durante la segunda quincena de marzo, se deberán retomar las negociaciones para arribar al acuerdo de 2022.
El gremio bancario cerró el año pasado con un aumento del 51%, empatando la inflación del período luego de dos revisiones. Ese mecanismo se generalizó a partir de junio en casi todas las actividades en vista de una inflación que al mes siguiente superó la meta del 29% prevista por el presupuesto 2021.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina alcanzó un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente. El salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a 90.221,88 pesos a partir del 1° de febrero de este año; 100.601,2 a partir del 1° de marzo; 111.778,52 en mayo.
Además, se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 24.000 pesos que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidarán en noviembre y diciembre de 2022.
La asignación extraordinaria será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña, estén o no prestando tareas al momento del cobro; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional.
Asimismo, en el mes de septiembre de 2022 se efectuará una revisión.
La Unión Obrera metalúrgica (UOM) San Nicolás junto a las autoridades de la gigante Ternium, negocian los detalles de lo que será un bono para los trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Ramallo.
Según dejaron trascender, el Premio por Resultado Productivo que pagará este año la firma estará cerca de los 550.000 pesos por operario.
La empresa de acería, propiedad de Paolo Rocca, viene de un 2021 en el que la actividad se disparó. De hecho, según cifras oficiales, la producción de acero del año pasado fue la mayor desde 2014.
El premio sería de algo más de 541.000 pesos. Sobre ese monto, para cada operario, se aplicarían descuentos por Ingresos Brutos y/o Ganancias.
También resta definir la modalidad de pago del bono y las fechas en las que la empresa acreditaría la cifra al personal.
Según el reporte anual que publica la empresa como información general para inversores, durante 2021 Ternium Argentina tuvo un resultado neto de 135 mil millones de pesos de ganancias.
Por el acuerdo realizado, los trabajadores de Siderar percibirán un premio atado a los niveles de produccion. ¿Qué hay detrás de eso?
Finalmente el acuerdo firmado por el premio a la producción o resultado positivo, la suma de casi 550 mil pesos, discriminados en tres cuotas y llevando a un amplio sector de trabajadores como los contratados a un 60% de lo que perciben los efectivos.
Esta modalidad les permite a las patronales un manejo discrecional del nivel salarial, atado a la producción y el manejo discriminatorio sobre los contratados que de por sí perciben salarios de miseria, condenados a 12 o 16 horas con jornadas extenuantes para llegar a fin de mes, ya que el básico de convenio metalúrgico se mantiene por debajo de la línea de pobreza en 55.000 pesos, la mitad de la canasta familiar. Este acuerdo seguramente representa, para los trabajadores de SIDERAR un alivio al nivel de ingresos mensual, y en menor medida a los contratados.
El atar los el nivel de ingreso de los trabajadores a la producción, es un viejo anhelo de las patronales, que si bien lo han venido aplicando en algunas industrias, lo necesitan como ley, en el marco del acuerdo con el FMI que impulsa en su “letra chica” la reforma laboral, que encierra esta y otras “propuestas de borrador”, como reforma jubilatoria sobre regímenes especiales que comprenden a docentes y el régimen de insalubridad o calorías en el caso de las industrias o las jornadas de 12 horas en la planta SIDERAR, o la eliminación de la categoría de peón del convenio metalúrgico, reemplazado por pasantes de la escuela técnica, sin relación de dependencia utilizan las patronales para obtener el “aprendiz” a través de estas prácticas laborales.
En un año postergado por la pandemia, en marzo se desarrollarán las elecciones en la UOM, en distintas seccionales se presentaron listas opositoras al oficialista Antonio Caló, aunque sustancialmente se diferencian en matices a las actuales conducciones.
Un caso aparte se da en Villa Constitución, donde la Comisión interna de Acindar junto a un sector vinculado a Victorio Paulón, dirigente del Villazo se presentan con la 16 de marzo.
Paritaria docente
El Gobierno acordó con las direcciones sindicales docentes un aumento salarial del 45,5 % en tres tramos por debajo del aumento del costo de vida con una inflación en 2021 del 50,9 % y una proyectada para 2022 mayor al 54 %.
De esta manera se mantienen los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, y se consolida la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2015, que suma un 26 % en el sector público.
En el acuerdo al cual se llegó este lunes por la tarde, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, ofreció a las direcciones de los cinco sindicatos, Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, un aumento del 45,45% en cuatro tramos para el salario inicial de los docentes de las y los maestros. La oferta fue aceptada por los dirigentes gremiales sin consulta con las bases, y formalizarían la respuesta en una próxima reunión.
La propuesta incluye cuatro tramos de aumento: 21,21% en marzo ($50.000), 8,08% en junio ($53.333), 8,08% en agosto ($56.666) y 8,08% en septiembre ($60.000). Es decir que incluso esperando a septiembre, el salario inicial se encontrará por debajo de la línea de la pobreza, ya que el costo de la Canasta Básica Total que mide el Indec fue de $ 78.624 para el mes de enero. A la vez, La Junta Interna de Ate Indec considera que las necesidades básicas son mayores y estimó una canasta de consumos mínimos de $ 128.800 para el mismo mes.
Este lunes desde el sindicato docente Ademys se llevó a cabo un paro por 24 horas, en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y movilización, en reclamo de mejoras salariales, falta de vacantes de alumnos y la eliminación de protocolos sanitarios por la pandemia. La decisión fue tomada en asamblea el pasado miércoles 16 de febrero y corresponde a los niveles inicial y primario.
Este miércoles la Unión Docentes Argentinos (UDA) confirmó que, en tanto no se acordó la paritaria en los distritos de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Chubut, Catamarca y Mendoza, sus afiliados no comenzarán con el dictado de clases el próximo 2 de marzo.
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio encabezado por Sergio Romero manifestó que “estudiará la propuesta” de las autoridades porteñas, pero remarcó que “no descarta” medidas de fuerza.
La administración bonaerense de Axel Kicillof ofreció una recomposición del 41,8% a completarse en tres tramos, que lleva el sueldo de maestro inicial de grado a $ 78.549 pesos en septiembre.
La oferta paritaria del gobierno santafecino fue de 41,7% en cuatro tramos (17,5% en marzo, y tres cuotas de 8,08% en junio, agosto y septiembre), con revisión en octubre. En Entre Ríos, en línea con Nación, propusieron un aumento del 45,45% en cuatro tramos (21,21% en marzo y tres tramos de 8,08% en junio, agosto y septiembre), con revisión en septiembre. Finalmente, en Río Negro se propuso un incremento del 21% para el primer semestre (6% en marzo, 4% en abril, 6% en mayo y 5% en junio), con revisión en junio.
Una importante asamblea de la seccional más numerosa de Aten (Neuquén) resolvió con 688 votos en contra, 229 a favor y 7 abstenciones el rechazo a la oferta salarial realizada el lunes por el gobierno de Omar Gutiérrez. También votaron el rechazo las seccionales Centenario, Chos Malal, Las Lajas, Picún, Chañar y Senillosa.
La propuesta defendida por el secretario general de Aten provincial, Marcelo Guagliardo, fue aceptar la oferta del gobierno del MPN, que consiste en un aumento del 10% para los meses de enero y febrero, y actualización por IPC desde marzo. La oferta del gobierno provincial no recupera el ajuste al salario consolidado durante 2020. El acuerdo con el gobierno, por otra parte, profundiza la reforma educativa en el nivel medio y nada dice de los problemas de infraestructura que tienen la mayoría de las escuelas.
Es por eso que las seccionales conducidas por la oposición de Aten Capital, Plottier, Picún Leufú y Chañar habían anticipado su rechazo.
A continuación el pliego completo resuelto por la asamblea:
Recuperación del 50% correspondiente a lo perdido durante la pandemia y actualización por IPC bimestral acumulativo, y pase al básico de las sumas fijas. En camino a conquistar un salario igual a la Canasta Familiar.
Ninguna modificación a las condiciones jubilatorias. No a la reforma de la Ley 611.
Restitución de las licencias por COVID 19, anulación del Memorándum 22/2021. Por un protocolo elaborado por las y los trabajadores. Anulación del sistema SISO.
Creación de todos los cargos y escuelas necesarias.
Arreglo de todas las escuelas, sin condiciones seguras no hay presencialidad.
Justicia por el triple crimen laboral de Aguada San Roque, Mónica Jara presente.
Para mostrar un sindicato fuerte frente al gobierno, Aten Capital debe ingresar a la mesa de negociación, como se hizo históricamente. Que se otorguen las licencias que corresponden a Aten Capital.
Impulsaremos una jornada de protesta frente a ISSN para defender nuestra obra social y caja de jubilaciones. La misma estará a disposición de la convocatoria a votar masivamente por la lista gremial 1. El 17 de marzo paramos para garantizar la votación masiva a la lista gremial 1.
El 8M paramos y marchamos porque la deuda es con nosotras y nosotres. Comisiones directivas de Aten, Capital, Plottier, Picún Leufú y Chañar. Minorías de Cutral Có y Plaza Huincul. Consejeros escolares del Distrito I, VIII. III y X Frente Multicolor Bermellón e Independientes
Ante el rechazo de las asambleas de Aten se abrió una nueva negociación. La nueva mesa de negociación llamada por el gobierno, este miércoles por la tarde, pasó a un cuarto intermedio para el jueves a la mañana sin horario. El viernes habría asambleas en toda la provincia.
Este lunes miles de trabajadores y trabajadoras estatales marcharon hacia la Casa de Gobierno rechazando la propuesta del gobernador Suárez de Mendoza por considerarla insuficiente, porque incorpora sumas en negro y agrega otra extorsión al atar el bono al presentismo. Acompañaron la acción delegaciones de SADOP, UPCN y Sitea.
La medida fue resuelta en los plenarios del SUTE en los que se debatió el rechazo a la propuesta que incluye un bono en negro, atado al presentismo y un aumento de 40% en cuotas, muy lejos de la inflación y de cubrir lo perdido.
Durante la semana anterior hubo un importante debate en las escuelas y plenarios sobre la necesidad de un paro contundente al inicio del ciclo. Pero la conducción Azul Naranja expresó que no era el momento y desestimó esa posibilidad. Pero ante la movilización, desde el escenario, la Secretaria General, Carina Sedano, aseguró que “Hoy empezó el plan de lucha (…) hay que construir un paro, para que este 7 de marzo nos den un aumento que corresponda”.
En la movilización fue notoria la presencia de delegaciones por escuelas, con sus banderas y estandartes, expresando la bronca frente a las propuestas del gobierno que no cubren, ni cerca, la necesaria recomposición y aumento salarial, en medio de la escalada inflacionaria.
Como se expresaron en los plenarios, es necesario pelear por una cláusula que indexe los salarios mes a mes según la inflación como se conquistó en el 2019, es necesario exigir el blanqueo de las sumas en negro y repudiar todo intento de imponer nuevos ítems y sumas atadas al presentismo porque es extorsivo, discriminatorio y ataca derechos elementales.
Salarios
El INDEC dio a conocer su informe trimestral de Cuenta de Generación de Ingresos. El estudio da cuenta de lo ocurrido en los meses de julio, agosto y setiembre de 2021 y abarca tanto a los sectores registrados como también a los informales.
En ese período la remuneración al trabajo asalariado explicó el 42,7% del valor agregado en la producción, cuando, en el mismo período del año anterior, los trabajadores asalariados obtenían un 48,5% del valor agregado. Se trata de un retroceso de casi 4 puntos porcentuales en relación a lo que ocurría un año antes que se verifica en una mejora en la participación del excedente de las ganancias empresarias de 1,7 puntos. Pasaron a representar un 46,7% del valor agregado a un 48,3%.
La evolución regresiva de la participación del producto se combina con un crecimiento interanual de la economía promedio en el período del 11,9%, a pesar que el empleo todavía está atrasado: según datos oficiales, hay 284.000 puestos de trabajo menos que en 2019. Así, los beneficios de la reactivación, redundaron en u incremento de las ganancias de los empresarios.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que hacia fin de mes se convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil: “En 2022 vamos a repetir lo que hicimos en 2021. Vamos a trabajar con una pauta inflacionaria, que estimamos en 40%. Si es necesario renegociar esa pauta, vamos a abrir las paritarias las veces que sean necesarias. Trabajamos en base a una pauta. Prevemos revisiones del acuerdo a los 6 o 7 meses de haberlo firmado”. Esta pauta está lejos de las estimaciones privadas que la calculan en 55%.
A diferencia del salario mínimo que actúa como un piso en muy pocas actividades, aunque es una referencia para el trabajo no registrado, las paritarias inciden en el indicador salarial de los trabajadores registrados (RIPTE), cuya evolución fue:
En 2018, aumentó el 30,6% y la inflación interanual fue del 47,6%. Una pérdida del 11,5%.
En 2019, la suba salarial fue del 44,4% y la inflación del 53,8%. Una pérdida del 6,1%.
En 2020, los salarios subieron 34,9% y los precios el 36,1%. Un retroceso del 0,8%.
En 2021, la suba salarial fue del 53,4% versus una inflación del 50,9%. Una mejora del 1,66%.
En 4 años, la caída salarial es del 16,2%.
A diciembre la remuneración nominal bruta promedio alcanzó los $ 102.589, pero la mitad de los trabajadores asalariados gana menos de $ 80.000 brutos.
Luego de la confirmación por parte del Indec, de la suba de la inflación durante enero, el Instituto publicó las estimaciones de las canastas con las que determina las líneas de pobreza e indigencia. La disparada de los precios de los alimentos se vio reflejada en la Canasta básica alimentaria (CBA) que aumentó un 4,2 % (por encima de la inflación promedio del 3,9 %), siguiendo la línea de los alimentos que en promedio subieron casi un 5 %. Esto afecta de forma directa a las familias trabajadoras y de menores recursos, que gastan la mayoría de sus ingresos en productos de primera necesidad.
La elevada inflación viene produciendo un fuerte deterioro del salario real. El poder adquisitivo del salario se derrumbó el 19 % para el sector privado registrado desde octubre de 2015 a noviembre de este año, y el 26 % para el sector público. En el caso de los trabajadores informales, la caída es del 29 % desde octubre de 2016.
La reciente propuesta del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, al respecto de cómo se van a negociar las paritarias produjeron que algunos gremios rosarinos se manifestaran para expresar su rechazo.
“Vamos a trabajar con una pauta de 40 % y si es necesario, abrir las paritarias las veces que sean necesarias”, afirmó el titular de la cartera laboral, en un contexto en el que las expectativas inflacionarias de este año indican que muy probablemente superen el 50 %.
Así, el secretario gremial del Sindicato de Gastronómicos de Rosario, Sergio Ricúpero, salió al cruce cuando señaló que “las paritarias deben ser libres por cada actividad. Cada gremio sabe lo que puede pedir de acuerdo a cómo esté funcionando el sector”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Correos de la ciudad, Walter Palombi, expresó: “Nuestro último acuerdo paritario superó el 54 %. Ahora vamos con expectativas para este año que comienza nuestra paritaria en abril y la pretensión es ganarle a la inflación”.
Para el dirigente gremial, “poner números no es la manera de negociar sino ir viendo la inflación en el país. Nadie puede aceptar un techo del 40 %”, retrucó.
En tanto, desde el Sindicato de Obras Sanitarias local señalaron, que “poner un techo no es lo más adecuado. Un 40 % parece lejos de lo que se viene reflejando el alza de la inflación”.
A su turno, el delegado gremial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Ariel Batrichevich, expuso: “Creemos que al menos debería respetar la inflación actual que es de un 50 % ya que el 40 % que el ministro pretende pautar nos deja un 10 % abajo y continuamos bajo la línea de pobreza”.
Asimismo, para la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, “pensar en un 40 % de pauta salarial es ir a perder salario. Si el Gobierno pretende manejar ese techo paritario se encontrará con el rechazo del campo laboral y su bronca expresada en las calles”.
La Plata: histórica elección en el Sindicato de Prensa Bonaerense
El pasado 22 de febrero se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) para designar las autoridades gremiales para el período 2022/2026.
María Laura López Silva, delegada del diario El Día, quien encabezó la lista Violeta Unidad y Renovación -única lista que se presentó-, será la primera secretaria general que conducirá la entidad gremial. De un padrón de 400 afiliados, la lista Violeta obtuvo 109 votos.
López Silva estará acompañada por trabajadores y trabajadoras de prensa de medios públicos, privados y autogestionados que dieron grandes peleas por mejores condiciones laborales y salariales en el diario El Día, diario Hoy, El Plata, Grupo Cielo, Pulso Noticias, entre otros medios de la región.
La Comisión directiva contará con un 50% de mujeres y tendrá dos nuevas secretarías: Géneros y Medios Autogestivos y Cooperativos.
Junto a López Silva estarán Nicolás Maldonado como Secretario Adjunto, Mariana Sidoti (Prensa), Gabriela Barcaglioni (Géneros), Estefanía Velo (Medios Autogestivos), Mónica Pérez (Capacitación), Silvina Arias )Derechos Humanos), Andres Sosa (Organización) Mauricio Nievas (Tesorero), David Barresi (Gremial), Gonzalo Calvelo (Administración) y Gastón Luppi (Acción Social).
Como vocales titulares asumirán María Elena Duarte, Magdalena López Pacheco, Noelia Marone y Laura Ribotta y las vocalías suplentes serán ocupadas por Laura Garat, Carolina Villalba, Hipólito “Pico” Sanzone y Sergio Gonzalez.
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Ezequiel Oslé, Julio Laterza y Amparo Maldonado como titulares y Julián Pilatti, Adrián D Amelio y Lorena Cendra como suplentes. Congresales titulares a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa resultaron electos Antonio “Chiche” Guillén, Laura López Silva y David Barresi y serán suplentes Paola Alvarez Tarela, Mariana Sidoti y Sergio González.
“Queremos un sindicato que sea de todxs: de lxs jóvenes, jubiladxs y estudiantes; de lxs periodistas, movilerxs, reporterxs gráficxs, cronistas, community managers, diseñadorxs, diagramadorxs, personal administrativo, maestranzas, mantenimiento y publicidad; de lxs trabajadorxs de medios públicos, privados, cooperativos, comunitarios y autogestivos”, sostuvieron desde la nueva conducción.
Los trabajadores maleteros inscribieron su sindicato y realizaron su primera elección de autoridades después de 70 años de trabajo en la informalidad y cobrando solo las propinas
Por Lucas Schaerer
El trabajo de levantar, acomodar y controlar las valijas o encomiendas de los pasajeros en el estómago metálico de los grandes ómnibus de larga distancia es una de las actividades que se evidencian esenciales para miles de turistas durante las vacaciones de verano.
Mozos del cordel, como se los conoce en el norte de nuestro país a estos trabajadores, realizan la actividad hace 70 años en la informalidad total y sólo cobrando del piadoso pasajero por sus propinas. Se podía estar peor. Fue en el confinamiento por el covid-19. La actividad se paralizó de manera total.
Pero la organización pudo torcer la historia. Liniers, Retiro, Once, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Trelew, Santiago del Estero, Córdoba, La Plata, entre otras terminales, se unieron en la pandemia con más fuerza logrando que cada maletero y sus familias tuvieran acceso a la comida. Marchas al ministerio de Trabajo, presentaciones judiciales, cortes y bloqueos en las terminales. Ruido, ruido, ruido, para ser escuchados.
El primer cónclave de los maleteros llegó en el año 2018. Por primera vez fraternizaban en un mismo espacio para discutir cómo tener un sindicato que hiciera realidad la utopía de tener derechos, el primero cobrar un sueldo con un recibo salarial.
Los reclamos y la organización maletera quedó principalmente sobre el cuerpo y el alma de Guido Mengia, quien traccionó con el núcleo de SITMARA (Sindicato de Trabajadores Maleteros de la República Argentina) no sólo el alimento también los útiles escolares, el acceso a terminar los estudios, el cobro del IFE ante la actividad paralizada, hasta capacitaciones laborales o colonias para los niños. Todas estas reivindicaciones fueron posibles pese a las distancias y las condiciones de sobrevivencia, su salario es la propina. Una red de dirigentes sindicales y políticos ayudaron a sostener a la familia maletera y la posibilidad de enfrentar una pandemia que mataba por enfermedad y por la crisis económica. De abajo para arriba, desde el último al primero, desde la periferia al centro, en esta tierra hecho raíces el nuevo sindicato.
El maletero toma sus riesgos. Lo demuestran los fallecidos por Covid, como Walter Escobar, delegado-trabajador en Formosa. También los heridos como ocurrió en Retiro cuando la tapa de la bodega pegó hace pocos días atrás en el maletero quien fue derivado al hospital público porteño donde se desmayó y desangró ante la demora en la atención y finalmente terminó con tres puntos en la cabeza.
Los maltratos patronales en las terminales eran cotidianos antes de la organización sindical. Al punto que los empresarios le exigían un “diezmo” para trabajar y otros los obligaban a cubrir la limpieza de los baños.
El estado reconoce al maletero
El 31 de agosto de 2021 por la Resolución 519/2021 publicada en el Boletín Oficial, figuran los maleteros con su inscripción gremial. Ahora todo se avizora diferente. Los trabajadores contarán con recibo de sueldo, aportes, aguinaldo, vacaciones pagas, y todo lo que existe en materia de leyes laborales.
Su reciente y último gran paso fue el pasado 8 de febrero cuando realizaron la primera elección de autoridades del sindicato en todo el país. El padrón nacional de maleteros contabiliza 9.874 y votaron el 89 % de los afiliados en SITMARA, quienes en su mayoría se acercaron a votar junto a sus familias, esposa/o e hijos, porque este fue un momento histórico en la vida de estos trabajadores.
La segunda en la conducción de SITMARA es Cristina Novas de la terminal Zacarías, de Puente La Noria en Lomas de Zamora. Ella vende pasajes, “boletera o agenciera” es la jerga de los laburantes, que por estatuto es incorporada por cargar encomienda.
Los maleteros tienen sus figuras destacadas en todo el país: Gamboa, el maletero cantautor en la terminal de Luján y devoto de la Virgen patrona de la Argentina. En la ciudad patagónica de Trelew está hace 14 años Marcelo cargando maletas y encomiendas con una sola mano, la izquierda, por tener amputada la derecha. En el medio de la elección apareció un joven en bermudas de jeans y chancletas, Iván Tierno, que juega en primera de Huracán, por ahora suplente. Él entraba a las seis de la mañana en la terminal de Liniers y al mediodía se iba a tomar el colectivo 46 para ir a la práctica en la Quemita. Otro destacado maletero en Liniers es el tío del jugador de fútbol, Carlos Tévez, quien no regresó a la actividad a raíz del coronavirus.
Los trabajadores maleteros tuvieron distintos caminos para mejorar sus condiciones laborales. Por un lado, algunos planteaban el formato de cooperativa, lo llamativo que eran propuestas de las patronales o algún funcionario local, para legalizar el fraude desvirtuando la herramienta que significa las cooperativas de trabajadores, pero los maleteros se dieron cuenta que esto era trabajo no remunerado, porque sobraba reconocimiento, ya que las terminales marcaban los horarios de entrada y salida, la CNRT les daba los ticket que se ponen en los equipajes de los pasajeros, tenían ordenados los andenes con cada maletero, como llegar a figurar en los pliegos de la concesión de las terminales.
A partir de ahora empieza una historia nueva para estos trabajadores de las periferias y sus familias. Sumando un nuevo capítulo a la historia de organización del pueblo-trabajador argentino que vuelve a poner en vigencia la importancia de organizarse y pelear por mejores condiciones de trabajo y de vida.
Conflicto en Latam
El lunes trabajadores y trabajadoras de la empresa LATAM realizaron una nueva movilización a Aeroparque para exigir que se cumpla el compromiso de reinstalación de los despedidos y denuncian la impunidad con la que sigue operando la empresa. «Dicha empresa sigue lucrando con los cielos argentinos después de haber dejado a miles de familias en la calle. También reclamamos que el ministerio de Transporte y Trabajo cumpla con las actas firmadas donde se comprometía a la continuidad laboral en el rubro aeronáutico para todo el personal de LATAM. Nuestra movilización se da en momentos de una pujante reactivación de la industria aerocomercial. Dicha reactivación es reconocida por todos los actores de la industria aerocomercial. Como dijimos desde el primer día la reactivación es con todos adentro», explicaron mediante un comunicado.
Desde hace dos años que se encuentran reclamando la reinstalación de todos los despedidos.
La empresa chilena despidió a más de 3.000 trabajadores desde el inicio de la pandemia violando todas las leyes laborares y comerciales, denuncian los trabajadores.
Y agregaron «como dijimos desde el primer día la reactivación es con todos adentro. Nuestra acción busca visibilizar la injusta situación que están viviendo nuestras familias. En tal sentido la movilización apunta a señalar la ilegalidad e impunidad de la empresa LATAM. El colectivo de trabajadoras/es de LATAM en lucha lejos está de intentar entorpecer la llegada y arribo de pasajeros, por el contrario, solo buscamos una solución a nuestro reclamo de trabajo».
Criminalización de la protesta social
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Juez Sebastián Casanello, sobreseyó a los delegados y trabajadores de Latam, la caratula se refería a “Saab, Eduardo y otros/entorpecimiento de servicios públicos (Art.194)”. La misma había sido armada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal junto a autoridades de Latam ante la protesta que los trabajadores despedidos de Latam realizaran el pasado 19 de octubre del 2021 en el Aeroparque Jorge Newbery.
Fueron los trabajadores los que tuvieron que dar cuenta ante la justicia, en un claro ataque al derecho de protesta, acusándolos de entorpecimiento de servicios públicos cuando realizaran un corte de la Costanera Norte y luego realizaran una protesta frente al Check-in de Latam retrasando los vuelos de la empresa en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo, citando el dictamen del Fiscal Ramiro González, reconoce que la medida de fuerza realizada por los trabajadores “…no debería ser sujeto a medidas tan gravosas e intensas como su criminalización, porque ello conduciría a la penalización de manifestaciones sociales pacíficas que no encajan exactamente en las normas penales y que son desarrolladas en ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son la libertad de expresión, de petición y reclamo a las autoridades, de reunión, asociación, etc…”.
El dictamen sigue “…Una sociedad democrática reconoce a las protestas como uno de sus principales motores para el bienestar común. Sin reclamos de esta naturaleza la sociedad dependería de la buena voluntad de sus autoridades para la realización de sus derechos. La tolerancia es el precio que esa sociedad deberá pagar si pretende gozar de derechos elementales (…) En consecuencia, el caso de autos se refiere a una protesta que, si bien se desconocen sus características particulares, puedo asegurar que se trata de un mero ejercicio de un derecho constitucional.”
Al mismo tiempo, este fallo es un espaldarazo a la lucha que, luego de dos años, sigue vigente y viva en la organización de los trabajadores, mientras siguen exigiendo que se cumplan las actas de compromiso de reinstalación que firmara el Gobierno nacional.
En la mañana del viernes 18 se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Serpaj para anunciar la presentación de la apelación a la sentencia que condena a 3 años y 3 años y 4 meses de prisión a César Arakaki y Daniel Ruiz. “Los que deberían estar presos son los que estafan a los jubilados, los que ajustan y atacan trabajadores. Deberían estar presos quienes mandan a reprimir y a quienes reprimen trabajadores, ni Daniel ni yo, que lo único que hicimos fue manifestarnos para defender el derecho de los trabajadores y jubilados”, afirmó Arakaki.
“No soy ningún delincuente, si me condenan a mí condenan a todas las movilizaciones que van a venir. Sobre todo ahora con el ajuste que va a significar y viene significando el acuerdo de este gobierno con el FMI”, agregó.
Además de Arakaki estuvieron su abogada Liliana Alaniz, dirigentes del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, del movimiento piquetero y organizaciones de Derechos Humanos como CORREPI, CELS, Serpaj y el Encuentro Militante Cachito Fukman.
“Cesar es condenado por delitos que no existieron. El de ‘lesiones en agresión graves al policía’ no fue probado, de hecho el policía Escobar se baja de la querella al ver las imágenes porque reconoció que ni César ni Daniel fueron los responsables. Asimismo se les adjudica absurdamente ‘intimidación pública’ y ‘agresiones’ contra los manifestantes con quienes compartían el reclamo. Cuando es evidente que la única intimidación y violencia fue de la policía hacia los manifestantes. Con este fallo quieren afectar nuestro derecho a manifestarnos. Desde el inicio denunciamos que esta era una causa política y una persecución política a los luchadores del 14 y 18 diciembre de 2017, lo cual se vio en el tiempo que estuvieron detenidos César y Daniel y con la persecución a Sebastián Romero. Es una condena política con prisión efectiva que pretende aleccionar a los trabajadores que luchan. Esta condena es la que estamos apelando. Vamos a pedir a la Cámara que la audiencia sea pública así podemos contar con la presencia y el apoyo que siempre brindaron los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales de trabajadores”, expresó la abogada Alaniz.
Carlos Magno y Daniel Murphy de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), y Gerardo Coronado y Verónica Rosales de ATE habían sido llevados a juicio oral y público por movilizaciones realizadas en la Ruta 26, que une Comodoro Rivadavia con Cerro Dragón en 2018, en rechazo al pago escalonado propuesto por el gobernador Mariano Arcioni.
Los dirigentes sindicales estaban acusados de violar el artículo 194 del Código Penal por participar de las manifestaciones realizadas en abril y mayo de 2018. Este artículo señala: “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Cabe recordar que durante estas protestas, los manifestantes fueron reprimidos por la policía local.
El juicio había comenzado a mediados de febrero y este lunes el juez federal Guido Otranto absolvió a los dirigentes sindicales de ATECh y ATE.
El lunes, en horas de la tarde y en medio de una fuerte lluvia, la policía de la provincia de Tucumán desalojó por la fuerza a enfermeras del SiProSa que reclaman desde hace semanas por su salario, estabilidad y sobrecarga laboral. El operativo dejó a varias de ellas golpeadas y heridas.
Reproducimos el comunicado de la Agrupación Salud desde las Bases:
“La policía de Tucumán desalojo y reprimió a enfermeras que estaban reclamando contra la precarizacion laboral. Trabajadoras de distintos hospitales de la provincia, decidieron instalar hoy a la mañana una carpa en Plaza Independencia para visibilizar su reclamo, una lucha que hace semanas vienen llevando adelante por salario, contra la precarización y contra la sobre carga laboral. Al no tener respuestas favorables, decidieron instalar una carpa frente a Casa de Gobierno, por la tarde fueron violentamente desalojadas y golpeadas.
En un operativo con decenas de policías y bajo la lluvia, desalojaron la carpa y golpearon a enfermeras que estaban defendiendo su legítimo derecho a la protesta. El gobierno de Tucumán, ataca a las trabajadoras de la primera línea, que vienen reclamando por el pase a planta permanente de reemplazantes.
Son decenas las enfermeras, que trabajan precariamente hace años en las áreas fundamentales como de Neonatología del Hospital de la Maternidad y del Hospital de Niños. Este desalojo y represión a las trabajadoras se da horas antes de que comience a debatirse en la provincia la paritaria de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
En un contexto nacional atravesado por el ajuste que se viene imponiendo tras las negociaciones del gobierno con el FMI, esta represión se da en este marco, dónde los trabajadores están saliendo a luchar. Es importante rechazar de manera contundente este ataque de parte del gobierno, que es contra todos los trabajadores de la salud. Es urgente que los sindicatos, en primer lugar los de la salud (ATSA, Sitas, SUMAR) y las organizaciones políticas y sociales acompañen a las enfermeras en su reclamo, partiendo de rechazar la represión, organizando la solidaridad en todos los hospitales y centros de salud, expresando el rechazo en las calles”.
Ledesma sigue despidiendo trabajadores accidentados
Según denunció la seccional de UATRE Ledesma, la empresa se mostró intransigente y respondió al pedido de revisión de los casos con nuevos despidos.
En un comunicado oficial, la Seccional N° 877 de UATRE denunció que mientras tenían la reunión en el ministerio de Trabajo, la empresa Ledesma estaba enviando nuevos telegramas de despidos a trabajadores que tuvieron accidentes laborales. Asimismo, el comunicado sindical remarca que siempre se tuvo voluntad de diálogo, pero que la empresa es la que se mantiene inflexible despidiendo a todos aquellos que por realizar sus tareas sufren problemas de salud. ¡No somos descartables! titula el comunicado de prensa.
De la audiencia en el ministerio de Trabajo provincial también participó el delegado provincial de UATRE, Alfredo Yusgra, quien previamente en asamblea de trabajadores se había comprometido a acompañar todas las acciones del sindicato, una vez agotadas las instancias de dialogo. Visto que la empresa respondió al pedido de diálogo con nuevos despidos, resta ver si el referente provincial de UATRE cumplirá con su palabra.
El mensaje es claro, aquel que muestra algún inconveniente para trabajar, aunque sea por responsabilidad de la empresa, va a ser despedido y será condenado a la desocupación y miseria. Pero la perspectiva no es diferente para quienes siguen el mandato de trabajar a cualquier costo, como lo muestran las muertes de trabajadores de la empresa a causa de Covid, siendo la empresa industrial que más fallecidos tuvo por esa causa en todo el país. Entre ellos, trabajadores que por afecciones pre existentes deberían haber estado aislados, pero por temor al despido fueron igual a trabajar.
Como denuncian los trabajadores citrícolas, la intención de la empresa no busca despedir sólo a estos trabajadores, sino que quiere implementar una reforma laboral de hecho, donde los trabajadores no tengan derecho siquiera a denunciar los accidentes laborales o las enfermedades profesionales.
Por supuesto que esta política es imposible que pueda llevarse adelante sin complicidad estatal. El ministerio de Trabajo, que suele imponer conciliaciones obligatorias cuando los trabajadores deciden realizar alguna medida de fuerza, deja pasar estos despidos discriminatorios sin siquiera realizar una inspección de las condiciones laborales en Ledesma.
Esto tiene una sola explicación, y es que el gobernador Gerardo Morales está en campaña electoral, y quiere mostrarles a los empresarios de todo el país que su modelo no es sólo el de la persecución y represión a los opositores sindicales, sociales o políticos, sino también el reino de la libertad de los empresarios para imponer sus propias leyes laborales.
Por su parte el sindicato de trabajadores rurales de Ledesma informó que continuarán defendiendo a los despedidos y que, de acuerdo a lo resuelto en la última asamblea, impulsará una reunión junto a otros sindicatos y organizaciones sociales para enfrentar en unidad estos ataques.
Abrazo al Teatro Colón para exigir la reincorporación de dos trabajadoras
Este domingo trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón, realizaron un abrazo al edificio para reclamar contra el despido de Maia Bernztein e Inés del sector de sastrería.
Maia trabaja en la sastrería del Colón hace tres años y cursa un embarazo de seis meses. Hace una semana, el domingo 13 de febrero, hizo una denuncia en redes: “me despidieron por estar embarazada”.
“Tanto mi Jefa Stella Maris López como Recursos Humanos tenían pleno conocimiento de mi gestación.
Me enteré de mi despido al saber que se habían renovado todos los contratos menos el mío y el de una compañera que solicitó un aumento salarial, a pesar de haber sido informadas de que retomaríamos actividades en febrero de 2022.
Siempre cumplí con mi trabajo a la par de mis compañeras de planta, pero bajo una forma de contratación sumamente precaria: con un sueldo de $ 42.000, al que debía descontar $ 4.260 de monotributo, sin percibir vacaciones, aguinaldo, bono, ni herramientas o un uniforme de trabajo”, aseguró en su descargo público.
Haciéndose eco de su pedido de solidaridad para lograr la reincorporación, trabajadores y trabajadoras del Teatro llevaron a cabo esta acción en las inmediaciones del edificio, con la consigna “basta de precarización laboral”.
“El maltrato que se sufre en la Sastrería es harto conocido, pero no se había llegado al punto de dejar sin trabajo a una mujer embarazada, a pocos meses de parir, con todo el estrés, la urgencia y los daños que me está generando.
El día en que el área de sastrería se reincorporaba a trabajar, con mi compañera presentamos una nota dirigida a las autoridades solicitando que se aclare nuestra situación y continuidad laboral.
Ya pasaron 15 días, y más allá de las negociaciones que están llevando adelante delegados, no recibimos información fehaciente sobre nuestra reincorporación, ni por parte de la directora María Victoria Alcaraz, ni de ninguna otra autoridad responsable”, detalla Maia en su denuncia en redes.
La Justicia obligó a una ART a pagar una indemnización a una trabajadora bancaria por estrés laboral
La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la trabajadora que padeció estrés laboral tiene derecho a percibir las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, aun cuando se trate de un padecimiento no incluido en el listado de enfermedades profesionales.
En el caso «Becalli Rosana Elsa c/ Banco Comafi S.A. y otros/ accidente – ley especial», la mujer señaló que prestaba tareas en distintas áreas, como atención a clientes, secretaria de sucursal, ejecutiva de cuentas, ejecutiva de inversiones, secretaria bursátil, entre otras. Indicó que su tarea era por demás estresante, con una exigencia desmedida, con malos tratos, con demasiada presión en busca de mejores resultados económicos para la compañía, lo que derivó en un cuadro de burnout y estrés.
Encuadró su enfermedad profesional en las leyes 24.557 y 26.773, planteó la inconstitucionalidad de los arts.6 inc.2; 8 inc.3, 20 inc. 2o, 21, 22, 40, 46, 49, 50 y las disposiciones adicionales primera, tercera y quinta de la Ley 24.557 y art. 8 y 17 Decreto 472/14.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por considerar que los padecimientos psicológicos de la trabajadora, constatados en las pericias no guardaban relación de causalidad con las tareas desarrolladas.
Asimismo, consideró que los testigos carecían de idoneidad para acreditar los extremos invocados.
La trabajadora apelóy los camaristas Luis Raffaghelli y Graciela Craig indicaron que los testigos fueron compañeros de trabajo de la reclamante durante extensos periodos de tiempo, dentro de los 10 años de la relación laboral que ella tuvo con la empleadora.
Los testigos explicaron que «el estado de salud de la actora era delicado», que la vieron desmejorarse físicamente y psiquiátricamente, con pérdida de peso y del pelo por el estrés y que sufrió crisis de nervios, con llantos y otros padecimientos, durante el cumplimiento de sus tareas.
Y además afirmaron que, en alguna oportunidad, creyeron que se trataba de una cuestión personal, entre algunos jefes o superiores para con ella, ya que había un gerente en particular que, si bien tenía malos tratos para con la mayoría, con la reclamante hacía mucho hincapié.
De los dichos de los testigos, los jueces dedujeron que, durante el periodo trabajado por la actora, existió en el banco demandado, un ambiente hostil, agravado por la inseguridad y el temor que generaba la posible pérdida del puesto de trabajo.
«Ambiente de hostilidad incompatible con condiciones y medio ambiente satisfactorias de labor», añadieron.
Por ello, consideraron acreditado el nexo causal de las tareas desempeñadas por la reclamante y la enfermedad sufrida.
De esta manera, admitieron el reclamo de la prestación dineraria del art. 14.2.a. de la Ley 24.557 porque se acreditó que la dependiente padeció estrés laboral o síndrome de bornout y que el empleador demandado no adoptó medidas para prevenir situaciones de ambiente hostil en el establecimiento ni tampoco realizó exámenes médicos periódicos, responsabilidad que también le compete a la aseguradora.
«El síndrome de bornout si bien es una enfermedad no incluida en el listado del Dec. 658/96, la inclusión de enfermedades laborales originadas en los factores de riesgos psicosociales del trabajo fue reconocida por la OIT en el año 2010, incorporándose nueve años después en un Convenio, en ejercicio de su facultad legisferante global», añadieron.
«A su vez la Recomendación 206 aprobada por la OIT en la misma sesión de su Conferencia Internacional estableció en el art. 8 que los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo deben tener en cuenta los factores que aumenten las probabilidades de ocurrir, con especial atención en las condiciones y modalidades de trabajo, su organización y la gestión de los recursos humanos», agregaron.
La Anses concedió la jubilación a 140.000 amas de casa
Por Natalí Risso
Suman 140.000 mujeres las que accedieron a una jubilación gracias al programa que reconoce aportes por tareas de cuidado que implementó la Anses hace seis meses. Gracias al plan, mujeres que hoy no cuentan con los treinta años de aportes registrados por haberse dedicado a la crianza de sus hijos e hijas, pueden acceder a este derecho.
El «Programa Integral deReconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado» reconoce a las tareas de cuidado y crianza como un trabajo y suma años de servicios previsionales por cantidad de hijos y licencias por maternidad de la persona gestante. La titular de la Anses, Fernanda Raverta, junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le otorgaron la jubilación número 100.000 a Francisca Angélica Bonavota, de 61 años.
“Reconocer aportes por tareas de cuidado significa reconocer que las madres hacen un esfuerzo enorme para que nuestras hijas e hijos puedan crecer y ver cumplidos sus sueños y deseos. También implica entender que ese cuidado tiene un rol central en la reconstrucción de la Argentina», expresó Raverta durante el encuentro.
El Programa reconoce a los fines jubilatorios un año por hijo o hija para mujeres y personas gestantes con hijos o hijas nacidas vivas y un año adicional por cada hijo con discapacidad. Además, contempla dos años por hijo o hija adoptada siendo menor de edad. A las mujeres que hayan sido titulares de una Asignación Universal por Hijo y el niño haya percibido este derecho por lo menos durante doce meses se les computarán dos años adicionales. Por último, a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá dicho plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.
Esta política cuenta con un gran peso simbólico y práctico. Por un lado, significa un histórico reconocimiento del Estado a una de las banderas más flameantes del movimiento feminista, sobre un trabajo que nunca termina: el de los cuidados. Al mismo tiempo, permite que las mujeres puedan contar con jubilación para «reparar las condiciones de desprotección de una población que, históricamente, ha sufrido las consecuencias directas de las desigualdades en el acceso al mercado laboral, así como obstáculos y una mayor precarización por cuestiones de género», explicaron desde Anses.
No es amor
Bajo el lema «eso que llaman amor es trabajo no pago», el colectivo de mujeres y disidencias visibiliza desde hace años una problemática que constituye un pilar fundamental sobre el que se construye la desigualdad de género, y es la distribución desigual de las tareas de cuidado, que recaen mayormente sobre las mujeres.
La carga que tienen las mujeres sobre tareas de cuidado no remuneradas, que implica dedicar menos tiempo al desarrollo profesional, representa una de las razones que dificultan el ingreso de las mujeres al mercado laboral formal y, luego, su inclusión en el sistema previsional. Según una encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo realizada por el Indec en 2013 (último dato disponible), la mayor carga de trabajo doméstico no pago recae sobre las mujeres, 76 versus 24 % de los hombres.
La brecha de cuidados es la contracara de la brecha salarial y la feminización de la pobreza porque, además, las que más cuidan son las más pobres. De acuerdo al último dato publicado por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en el último trimestre del 2020, del 10 % de personas con menores ingresos en Argentina, 7 (la mayoría) eran mujeres.
Fuentes: Clarín, Clarín Económico, Diario Popular, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Anred, Redacción EDA, Diario Bae