Su historia como víctima de la violencia y arbitrariedad del poder punitivo bonaerense es paradigmática respecto a las personas que padecen años y hasta décadas de encierro penal sin juicio justo ni pruebas en su contra. En diálogo con ANDAR, Martín Muñoz rememora la felicidad e incredulidad que sintió la semana pasada, específicamente el 9 de marzo, cuando lo notificaron de un fallo de la Cámara de Casación Penal que lo absolvía de la imputación en su contra y ordenaba su liberación luego de tanto tiempo de permanecer en el encierro.
La conversación telefónica con Martín se dificulta, se entrecorta y se reinicia por problemas de señal o del ruido que provoca el viento en el micrófono de su celular. Él está en una playa concurrida de Mar del Plata con su familia y amigos, y repite su extraña sensación de poder estar sobre la arena de la costa atlántica después de tantos años de cárcel.
“Hoy estoy en libertad, algo que cuesta asimilar todavía, pero esta cuestión por la que tuve que pasar no termina de saldarse. Permanece la incertidumbre o incluso se incrementa. Fueron muchos años de mi vida por una causa armada, por causas armadas, en realidad”, describe el joven que fue detenido el 24 de septiembre de 2008.
La mención en plural a “las causas” tiene que ver con una serie de hechos delictivos –entraderas a comercios y robos en viviendas- que habría cometido en aquel año la “banda de los encapuchados” en las localidades bonaerenses de Francisco Álvarez y General Rodríguez. Tanto Martín como otras cuatro personas recibieron allanamientos simultáneos en sus domicilios porque la policía los consideró parte de la banda delictiva.
“Cuando soy llamado por la fiscalía, me informan sobre las armas que habrían encontrado en mi casa y los delitos por los que me habían detenido. Por supuesto, esas armas no eran mías, las había plantado la policía”, asegura.
Entre las irregularidades que tuvo que padecer por parte de la fiscalía y la policía, se destaca una de las imputaciones en particular: el 10 de junio de 2008, dos horas antes del primer robo a una vivienda, él y un amigo suyo se trasladaban en moto cuando tuvieron un accidente y quedaron internados en un hospital de Moreno. Su recuperación completa llevaría más de tres meses, incluyendo en ese período otros de los hechos que se le imputaban. “Por eso, al poco tiempo de ser detenido logramos obtener los registros de internación del hospital y presentarlos en la causa. A la fiscalía se le empezaban a caer varias de las imputaciones”, explica.
Martín estuvo injustamente detenido 13 años bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense: padeció la violencia institucional, con requisas vejatorias, alimentación escasa y de mala calidad, aislamientos extensos y amenazas.
También fue trasladado constantemente por distintas unidades penales: estuvo en la UP 15, luego en la 13, en la 2 de Sierra Chica, en la 36, la 35, la 28, la “Nueva”, la 39 y finalmente los últimos siete años los pasó en la UP 1 de Olmos.
Mientras hace memoria y enumera sus tortuosos periplos, agrega: “Estuve también en Mercedes, en Dolores… pasé por muchos lugares y muchas secuencias violentas durante estos años”.
Pero, más allá de todo el dolor y la pérdida de una parte valiosa de su vida, pudo completar sus estudios secundarios y luego, en la unidad penal 1 de Olmos, graduarse en 2017 de abogado en el pabellón de estudiantes universitarios. Incluso en 2021 completó sus estudios para recibirse de escribano.
Martín está agradecido a su familia, a sus amigos y compañeros que lo contuvieron y dieron fuerzas durante todos estos años; hoy disfruta nuevamente del contacto con sus hijos (tiene tres: un varón de 24, una hija de 21 y la más pequeña de 11) “que sufrieron un montón, tanto como yo, por no poder vernos”.
“Creo que el problema es estructural y hay muchas cuestiones que del poder punitivo se tienen que resolver urgentemente. La legislación punitiva es grave, también la ideología y los valores culturales que tienen y ejercen los operadores judiciales que repudian la aplicación del derecho y la limitación al poder punitivo”, reflexiona.
También deben producirse cambios en el SPB, en las leyes de ejecución penal y del patronato de liberados. Se debe resguardar y garantizar la dignidad de las personas y terminar con tanta violencia institucional, lo que incluye el armado de causas”, concluye.