Si el acuerdo con el FMI, aprobado por el Congreso, era de difícil cumplimiento, con el impacto de la guerra de Ucrania ya casi es papel mojado y deberá ser renegociado.
Alto, fuerte y lejos es una fórmula descriptiva utilizada por los relatores de fútbol cuando un equipo está arrinconado sobre su arco y los defensores no tienen otro recurso que tratar de colocar la pelota lo más lejos posible de la zona de peligro de gol. Algo similar podríamos decir del acuerdo con el FMI. Hay consenso general que se ganó tiempo, que se patearon los vencimientos para adelante, pero también hay consenso en que esos vencimientos no cayeron muy lejos. En 2025-2026 habrá que refinanciar nuevamente la deuda con el Fondo y tal vez reestructurar otra vez con los fondos de inversión y los bonistas, también renegociar las metas de corto plazo. Si el crecimiento de la economía no generara a futuro los excedentes necesarios para comprar los dólares y hacer frente a los vencimientos, nuevos refinanciamientos y reestructuraciones se sucederán. El ominoso camino de Grecia estará en el horizonte.
Pagar o pagar.
El acuerdo en el Congreso no sorprendió a nadie, más allá de las negociaciones de último momento y las crisis internas, lo que predominó es que “las deudas hay que honrarlas”. Así las fracciones de la burguesía que se alternan en el poder político y las clases dominantes coincidían en que era “el acuerdo o el abismo”, a lo sumo los más audaces proponían estirar los plazos más allá de los 10 años, conseguir una rebaja en el cargo de las sobretasas y tal vez negociar mejor algunos indicadores macro. Algo que aliviaría la carga de la deuda pero que no resolvería el problema estructural. A nadie, salvo a la izquierda, se le ocurrió repudiar o suspender los pagos e investigarla.
Trazos del acuerdo.
Se trata de una combinación entre un Stand By, para “estabilizar” la economía y un Facilidades Extendidas, para refinanciar los vencimientos llevándolos a 10 años con cuatro y medio de gracia. Los trazos gruesos determinan que se convalida una deuda ilegal, ilegitima y odiosa tomada por el gobierno de Macri y se la reemplaza por una deuda tomada por el gobierno de Fernández convalidada por el Congreso, se aceptan condicionamientos macroeconómicos a un programa de gobierno que estará sometido a la tutela del Fondo, que analizará desvíos y propondrán correcciones. Exige incrementar las reservas, lo que en el primer año se garantiza con los aportes del organismo. De los 9800 millones de dólares del primer desembolso, parte son para pagar vencimientos en estos días y el resto, poco más de 6.000, se acumula.
El programa muestra algunas particularidades. Por primera vez el plan de financiamiento no incluye (al menos por ahora) reformas estructurales regresivas y el de estabilización no parte con una fuerte devaluación inicial. Permitiría expandir el gasto dentro de ciertos límites (el social no podrá aumentar su participación más allá del 40 por ciento del gasto total; el incremento de los salarios públicos estará ligado al aumento del PBI (productividad); mientras que la Asistencia Social deberá focalizada financiada con préstamos del BM y BID (más deuda).
Los trazos finos definen un sendero decreciente del déficit fiscal primario 2022/23/24 (-2,5; -1,9 y -0.9 respectivamente). Una brusca reducción de la emisión monetaria y financiamiento del déficit en el mercado de capitales local junto con una aceleración de la tasa de devaluación y tasas de interés positivas. Todo debiera cerrar con un descenso de la inflación en el mismo período (38/48; 34/42 y 29/37 respectivamente). Sin embargo el programa es inflacionario: la suba de tarifas, el encarecimiento del financiamiento a las empresas, el ajuste del tipo de cambio impulsan la indexación de los precios y el deterioro de los ingresos fijos. Todo opera sobre una inflación ya fuera de control agravada por la disparada del precio de las materias primas y los productos energéticos. En los próximos años el crecimiento de la economía será de baja intensidad, no traccionaría ni el empleo ni los salarios. Es un modelo de acumulación basado en las exportaciones.
Si el programa Stand By era de difícil cumplimiento, con el impacto de la guerra de Ucrania ya es papel mojado e incumplible. En poco tiempo deberá ser renegociado nuevamente.
Costos políticos.
Si bien la aprobación por el Congreso estaba cantada, no es menos cierto que implicó costos políticos para el gobierno y el Frente de Todos. El equipo gobernante tuvo una fuerte derrota cuando debió aceptar todas las modificaciones propuestas por la oposición derechista, desglosando la aprobación del financiamiento del programa condicionado por el FMI (fue rechazado tanto por Juntos por el Cambio como por el kirchnerismo que responde a CFK). Derrota que es continuidad de los resultados del 14N pasado y que liberó las tensiones acumuladas en la coalición oficialista desde su asunción. Para la aprobación el FdT dependió del voto de la oposición, que por si fuera poco fue mayoritario en ambas cámaras. De los 202 votos positivos en Diputados 111 los aportó JxC, mientras que de los 56 a favor en Senadores el aporte fue de 33. Los votos negativos alcanzaron 37 en Diputados (sumando 4 de los Libertarios y 4 del FIT-U) y 19 abstenciones. Mientras que en Senadores fueron 13 y 3 respectivamente. En la llamada cámara alta los gobernadores impusieron su apoyo al presidente y por primera vez se votó según las necesidades del gobierno y no según los criterios de la vicepresidenta.
El acuerdo con la oposición evitó el default (como si esto fuera garantía de algo) pero dejó un gobierno más débil de lo que ya era, un FdT fracturado -con un cristinismo que crece en las críticas y pensaría en un bloque propio- y un ascenso del peronismo federal. Todo puede redundar en que para aprobar algunas leyes el oficialismo tenga que recurrir a JxC y negociar también con el nuevo bloque. El horizonte electoral del 2023 aparece así complicado para el FdT.
Sin embargo para las grandes masas obreras y populares todo aparece como disputas palaciegas expuestas, muy alejadas de los sectores sociales cada vez más agredidos por la crisis. Encerrada en sus peleas intestinas la dirigencias política, en cualquiera de sus variantes, no se muestra a la altura de los desafíos de la crisis local y mundial.
*Integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI).